Rusia se enfrenta a una delicada situación económica, al descenso de la población y la disminución de su potencial científico y productivo (hoy, su economía representa aproximadamente la quinta parte, en PPA, de la estadounidense, según el Fondo Monetario Internacional), además del retroceso industrial y el permanente acoso de Estados Unidos y sus aliados a través del despliegue militar y de las sanciones económicas, junto a la presión en su periferia, y lo hace con una Constitución heredada de Yeltsin que no responde a las necesidades populares, aunque se haya reformado. Las sombras, los problemas, son muy numerosos, y de gran envergadura.
El gobierno de Putin, dirigido por Mijaíl Mishustin, declara que Rusia ha resistido bien la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19, pero no es así: en 2020 la economía se redujo más de un tres por ciento, y los salarios de los trabajadores se han reducido en los últimos años; veinte millones de personas viven bajo el umbral de pobreza, según las cifras del propio gabinete. Y la insatisfacción aumentó cuando el gobierno elevó la edad de jubilación pese a la oposición de los comunistas y el rechazo de la mayoría de la población. Los comunistas hacen responsable al partido gobernante, Rusia Unida, de la regresión económica y el alza de precios, del empobrecimiento y de la crítica situación del sistema sanitario y educativo. En el periodo de los últimos cuatro años, Rusia Unida, el partido que sustenta a Putin, ha perdido mucha influencia entre la población, pero sigue siendo el soporte fundamental del capitalismo ruso (que el Partido Comunista identifica en una línea ideológica que va desde Yeltsin, Chubais y Gaidar hasta Putin) que es incapaz de resolver los problemas del país. Incluso el éxito de las tres vacunas rusas para combatir la Covid-19 se debe a la herencia científica soviética. En septiembre de 2021 deben celebrarse las elecciones a la Duma, el parlamento ruso.
La Duma, controlada por el partido de Putin, ha rechazado todas las iniciativas parlamentarias comunistas para nacionalizar la riqueza del país. Sin embargo, es imperativa la reindustrialización del país y la incautación de las posesiones de los oligarcas, beneficiarios del gigantesco robo de la propiedad pública soviética y de sus recursos naturales. El relevo en el gobierno, en enero de 2020, con la salida del primer ministro Medvéded y la llegada de Mishustin, ha defraudado también las esperanzas de cambio, mientras Putin intenta mantener equilibrios imposibles: abre el Centro Yeltsin en homenaje al criminal artífice del golpe de Estado y la matanza de 1993 y del retorno al capitalismo y, al mismo tiempo, consciente de la sensibilidad de la mayoría de la población, impulsa desde 2015 las marchas del Bessmertniy Polk (“Regimiento Inmortal”) del 9 de mayo con miles de fotografías de las víctimas y los símbolos soviéticos, la hoz y el martillo, para conmemorar la victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, y preside el desfile en la Plaza Roja… ocultando el mausoleo de Lenin; asiste a celebraciones de la Iglesia Ortodoxa y favorece a la nueva burguesía pero mantiene que la desaparición de la Unión Soviética fue un desastre para el país y para la humanidad. En 2021, en la celebración del día de la victoria, Putin hizo un revelador discurso donde señaló que los nazis atacaron a “nuestro Estado y nuestro pueblo”, pero, por primera vez, señaló también que su objetivo era el sistema soviético, indicando que la patria abarca desde el Kazajastán y Asia central hasta el Cáucaso, el Báltico y Ucrania. Insistió en que el Ejército rojo había liberado a Europa del fascismo, y solo faltó que proclamase la vigencia del Partido Comunista de la Unión Soviética: fue un discurso dirigido a la población, un mensaje interno y, también, un aviso a Estados Unidos y sus aliados.
En política exterior, Rusia se enfrenta a un dilema: Putin quiere evitar enfrentamientos con Estados Unidos y resalta los intereses nacionales rusos, trazando líneas rojas en el Donbás o en Bielorrusia, pero Washington no está dispuesto a respetarlas, aunque el presidente ruso amaga con articular un contrapeso al poder estadounidense esa opción solo puede organizarla China. Putin ha basculado desde un intento de acomodo con Estados Unidos, que abandonó parcialmente con el aviso de Múnich de 2007, hasta una creciente aproximación a China. Hay que recordar que todavía en 2012 Putin (entonces primer ministro, aunque acababa de ganar las elecciones presidenciales) defendía incluso la creación de un centro de tránsito de la OTAN en la ciudad de Uliánovsk (ciudad natal de Lenin, en el Volga, cuyo aeródromo cuenta con una de las mayores plataformas de aterrizaje del mundo) con el argumento de que las fuerzas que lo utilizarían servirían para estabilizar Afganistán e Iraq, objetivo acorde con los intereses nacionales rusos y no representaban un peligro para Rusia. La oposición del Partido Comunista y las protestas populares contra la OTAN impidieron su creación, y bloquearon también la llegada de fuerzas norteamericanas a Rusia para participar en ejercicios militares.
Los problemas fronterizos y exteriores de Rusia son numerosos: la agresividad del gobierno de extrema derecha de Ucrania y la utilización por parte de Estados Unidos del país como plataforma de acoso; el intento en 2020 de otro Maidán en Bielorrusia, actualizado ahora con la ofensiva contra Minsk lanzada a propósito de la detención del bloguero Roman Protasevich, un comisionado de los servicios secretos estadounidenses y polacos; la victoria de Maia Sandu, abierta partidaria de la OTAN, en Moldavia; los enfrentamientos en el Cáucaso entre armenios y azeríes, y la amenaza de la incorporación de Georgia a la OTAN. Además, las sanciones norteamericanas y su constante intromisión (del caso Navalni a la supuesta manipulación electoral y los ataques cibernéticos), las difíciles relaciones con los países bálticos, que protegen la memoria de los colaboracionistas con los nazis; y el constante enfrentamiento con Polonia, junto a las expulsiones de diplomáticos (Polonia, Alemania, Suecia, Chequia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, etc) en una evidente coordinación con Wasghinton y Bruselas, y el sabotaje al gasoducto Nord Stream 2.
Ucrania afecta especialmente a Rusia. Estados Unidos la utiliza para acosar a Rusia, y acaricia la hipótesis de disponer en Moscú (como en la última década del siglo XX con Yeltsin) de un gobierno dócil y cliente para utilizar el binomio Rusia-Ucrania contra China. Por eso, Biden ha asegurado apoyo a Zelenski, los drones del Pentágono sobrevuelan constantemente territorio ucraniano y las fronteras rusas, y la OTAN tiene planes para estacionar miles de soldados y aviones en el país. La fuerza aérea norteamericana y británica colabora con Kiev y envían sus aviones al país. Además, Kiev ha suscrito con Estados Unidos la compra de nuevos misiles. En el enfrentamiento con el gobierno derechista de Ucrania, los comunistas exigen al gobierno de Putin que reconozca a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el Donbás ucraniano que se levantó contra el golpe de Estado del Maidán.
Biden continúa el acoso del gobierno anterior. Con Trump, el viaje de Pompeo en enero y febrero de 2020 a cuatro países de la periferia rusa, antiguas repúblicas soviéticas (Bielorrusia, Ucrania, Kazajastán y Uzbekistán) tenía una doble motivación: en Kiev, consolidar sus lazos como Estado cliente de Washington, y en Minsk estimular el distanciamiento de Lukashenko con Moscú. En Minsk, Washington quería aprovechar la oportunidad ofrecida por Lukashenko, que declaró públicamente sentirse engañado por el precio del gas ruso y se había mostrado dispuesto a importar petróleo estadounidense aludiendo al oleoducto Druzhba que, con origen en Samara, atraviesa el occidente ruso, Bielorrusia y Polonia. A su vez, en Kazajastán y Uzbekistán, Pompeo trató de mejorar relaciones, de obtener compromisos para la retirada estadounidense de Afganistán manteniendo influencia en la región, y de alentar la prevención de Astaná y Tashkent hacia China. Pompeo intentaba mejorar las relaciones y vender crudo a Bielorrusia, tras las diferencias de Minsk con Moscú sobre los suministros de petróleo y gas rusos y la decisión de Lukashenko de detener el plan de unión política con Rusia, aunque las elecciones bielorrusas de agosto de 2020 llevaron al gobierno de Trump, secundado por la Unión Europea y la OTAN, a reactivar el plan de desestabilización con un remedo del Maidán ucraniano de 2014. El fracaso de la operación fue un nuevo aviso para Putin sobre los objetivos estadounidenses, y llevó a Lukashenko a reforzar sus lazos con Rusia, aumentado la desconfianza hacia Washington.
Andrei Ilnitski, asesor del Ministerio de Defensa ruso, ha aludido a la “guerra psicológica” de Estados Unidos contra Rusia, semejante a las denominadas “revoluciones de color” que tuvieron lugar en las antiguas repúblicas soviéticas de la periferia rusa (en Ucrania, Georgia, Kirguizistán) y en Oriente Medio, de las que el apoyo político, financiero y diplomático estadounidense a las manifestaciones en Rusia sobre Navalni son una evidente muestra. No es la única operación en marcha: en abril de 2021, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, denunciaba el traslado de tropas desde Estados Unidos, junto a otras de la OTAN, hacia el Báltico y el mar Negro, resaltando que anualmente la OTAN realiza cuarenta operativos militares en Europa, que solo tienen un destinatario: Rusia. No fue ninguna casualidad que Wang Yi, ministro de Exteriores chino, declarase tras su cita de marzo de 2021 con Lavrov que China colaborará con Rusia para luchar contra las “revoluciones de color”. A finales de mayo, Shoigú denunció que Estados Unidos y la OTAN están quebrando el sistema de seguridad internacional, llevando más tropas a las fronteras rusas, y anunció que, en respuesta, Moscú creará veinte nuevas unidades militares que se desplegarán en el oeste europeo ruso.
Para hacer frente al acoso político y para mantener la disuasión, Rusia limita la actividad y la financiación de ONGs y fundaciones con lazos exteriores, y cuenta con sus fuerzas nucleares. Además del arsenal nuclear de Estados Unidos desplegado en su territorio y en sus bases exteriores, Rusia debe contrarrestar las fuerzas nucleares de Gran Bretaña y Francia, miembros de la OTAN, además del arsenal de unas ciento cincuenta bombas nucleares que se encuentran en cinco bases estadounidenses en Europa: Büchel (Alemania), Kleine Brogel (Bélgica), Aviano y Ghedi (Italia), y Volkel (Países Bajos), además de en la base de Incirlik, Turquía. Según la información intercambiada por Moscú y Washington de acuerdo con las obligaciones del START III, Rusia dispone de 517 misiles balísticos intercontinentales junto con los misiles de submarinos y bombarderos pesados, mientras que Estados Unidos dispone de 651. En número de ojivas (en misiles balísticos intercontinentales, en submarinos y bombarderos desplegados) Rusia cuenta con 1.456, y Estados Unidos con 1.357. En cuanto a lanzadores desplegados y no desplegados, tanto de misiles balísticos intercontinentales como de misiles balísticos en submarinos y bombarderos pesados, Rusia dispone de 767, y Estados Unidos de 800.
Rusia cuenta también con el reforzamiento de la alianza con China. Solo dos días después del duro enfrentamiento público de las delegaciones diplomáticas china y estadounidense en la cita de Alaska, Lavrov viajaba a Pekín, donde acordó con los responsables chinos exigir a Estados Unidos que detenga sus agresivas actividades y no intervenga en los asuntos internos de otros países. Lavrov llamó al reforzamiento de la cooperación científica y tecnológica y a utilizar otras monedas para reemplazar al dólar y poner fin al control estadounidense del sistema de pagos internacional, sugerencia que coincide con los proyectos chinos. En 2021 se cumplen veinte años de la firma del Tratado de cooperación entre los dos países, que ya han decidido renovar.
Con Biden, Estados Unidos, tras las sanciones aplicadas con diversos pretextos, ha seguido una política de acoso a Moscú. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional, anunciaba en marzo que Estados Unidos estaba investigando los ataques cibernéticos rusos. Otros funcionarios, citados por The New York Times, anunciaron “ataques clandestinos” del USCC (United States Cyber Command, que depende del Pentágono) en represalia y advertencia a Rusia, y sugirieron que se llevarían a cabo también contra China. Aunque Washington anunció tras la reunión de Blinken y Lavrov del 20 de mayo en Reikiavik que renunciaba a aplicar castigos a la compañía Nord Stream 2 AG, al día siguiente anunció sanciones a trece barcos y tres compañías rusas (Mortransservis, el Servicio de Salvamento Marino y el Fondo de Samara) relacionadas con el gasoducto, aunque la cita de Biden y Putin en Ginebra puede traer concesiones por ambas partes. Putin constata que la seguridad internacional se ha debilitado, pero su apuesta por fortalecer y consolidar el estado ruso bajo esquemas capitalistas y con una relación con Estados Unidos basada en el respeto y la igualdad, es intentar la cuadratura del círculo porque tropieza con la negativa de Washington, que solo acepta una relación subordinada.
* * *
Tras diferentes operaciones en años anteriores, Estados Unidos juega ahora la carta Navalni, a quien presentan en occidente como el “principal oponente a Putin”, a sabiendas de la mentira, porque la única fuerza que se enfrenta al entramado del poder ruso es el Partido Comunista que, además, mantiene que el actual sistema es el antagonista de la Unión Soviética. Con impuesta unanimidad, todos los potentes medios informativos y propagandísticos estadounidenses, seguidos en todo el mundo por sus aliados, han elevado a Navalni a la categoría de “personalidad internacional”, preso político y dirigente de la oposición, aunque su influencia en el interior de Rusia es muy limitada. Pese a ello, Washington ha conseguido algunos éxitos notables: el señuelo del video del “palacio de Putin” urdido para la agitación (calificado como “el palacio más caro del mundo”, con un valor de 1.370 millones de dólares), consiguió millones de visualizaciones en las redes sociales, aunque fue un montaje organizado en Baviera por los servicios secretos estadounidenses y alemanes, y su embajada en Moscú llegó a apoyar públicamente los disturbios violentos en la ciudad en enero de 2021. La operación Navalni es un intento de estimular un nuevo Maidán, ahora en Rusia, para imponer en Moscú un gobierno naranja semejante a los de Yeltsin en los años noventa, dependiente por completo de Estados Unidos; una alternativa liberal y pronorteamericana al actual poder ruso oligárquico y nacionalista.
Los comunistas son conscientes de que Estados Unidos quiere apartar a Putin del poder y que la operación Navalni es un instrumento para ello (sin que Washington descarte otras iniciativas, abandonada desde hace tiempo la opción liberal de Yábloko de Grigori Yavlinki, convertida hoy en extraparlamentaria), pero saben que sustituir a los actuales gobernantes por otros, igualmente liberales, pero aliados de Washington no resolvería los problemas de Rusia. Al contrario, pondría al país en una situación límite, dependiente, controlado por Estados Unidos, supondría una nueva oleada de privatizaciones y deterioro económico que afectaría al nivel de vida, aumentaría la represión contra los comunistas y la izquierda, con el riesgo de partición del país, objetivo que sigue acariciando Estados Unidos. No por ello los comunistas ahorran duras críticas a Putin, responsable de una política neoliberal que ahonda la crisis y pone en peligro el futuro del país.
Aunque Navalni tenga escasa influencia política (que se expresa sobre todo entre los profesionales liberales de Moscú y San Petersburgo, en nuevos empresarios y en la mesocracia atraída por el espejismo capitalista), la prensa occidental lo califica de “principal rival del presidente ruso”, pero la oposición real a Putin la expresa el Partido Comunista. En abril de 2021, el Partido Comunista ruso clausuró la primera ronda de su XVIII Congreso eligiendo la nueva dirección, con Ziugánov de nuevo como primer secretario, renovando otras responsabilidades. En la segunda sesión del congreso, en junio, se abordaron las elecciones a la Duma que se celebrarán en septiembre. El nuevo vicepresidente, Kaláshnikov, se encargará de impulsar la coordinación y fortalecer los lazos con las antiguas repúblicas soviéticas: ha visitado todas ellas, y la UPC-PCUS (Unión de Partidos Comunistas-Partido Comunista de la Unión Soviética) agrupa a todos los partidos comunistas de las repúblicas, aunque en Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Kazajastán y Turkmenistán están prohibidos y actúan clandestinamente. El congreso se celebró entre el fuego cruzado de la prensa y la televisión gubernamentales, que estimulaban escisiones y disputas y difundían bulos sobre supuestos enfrentamientos entre los dirigentes comunistas. En las semanas anteriores al congreso, tanto el gobierno como Rusia Unida, la televisión y los periódicos, como Izvestia, lanzaron una dura campaña contra el Partido Comunista con informaciones falsas destinadas a crear disensiones en la organización, sin que se hubiese detenido la represión: en marzo de 2021, eran ya nueve los diputados comunistas detenidos por participar en las manifestaciones y protestas convocadas por su partido, y en febrero fue arrestado el secretario del Partido Comunista en Samara, Mijaíl Abdalkin, junto a quince militantes, entre muchas otras actuaciones policiales. El gobernador comunista del óblast de Angara (Irkutsk), Serguéi Levchenko, fue destituido, y diputados comunistas han sido detenidos, mientras se limita la libertad de expresión y de reunión y la policía actúa contra los militantes políticos. También se encuentra en detención domiciliaria Nikolái Platoshkin, candidato presentado por el Partido Comunista a las elecciones parciales de la Duma en 2019, y que postula un movimiento denominado Por un nuevo socialismo; ha sido condenado a cinco años de cárcel, de momento en suspenso. Incluso diputados comunistas en la Duma moscovita han sido multados en 2021… por reunirse con votantes. Para hacer frente a ello, el Partido Comunista ha creado un comité contra la represión, que está dirigido por un diputado comunista de la Duma, Yuri Sinelshchikov, antiguo fiscal adjunto de Moscú.
Suele olvidarse que tras la prohibición del PCUS, y a consecuencia de la desastrosa etapa de Yeltsin que propugnó la prohibición, el Partido Comunista reconstituido tuvo que defender su existencia en un proceso ante la Corte Constitucional, y tuvo que reorganizarse tras la destrucción e incautación de todos sus locales y bienes en todo el territorio ruso, padeciendo desde entonces la persecución, el fraude electoral y las constantes campañas de descrédito. Al igual que ha ocurrido en Ucrania, Rusia pudo caer por la pendiente de la persecución de los comunistas y la izquierda, de la llegada de la extrema derecha al poder y del proceso de desintegración ucraniano, que Estados Unidos sigue deseando para Rusia. De hecho, tras la crisis del rublo, con devaluación, bajo Yeltsin en agosto de 1998, fue a iniciativa del Partido Comunista que se articuló el gobierno de Primakov, con Masliukov y Gerashenko, en septiembre de 1998 (hasta mayo de 1999), que permitió superar la quiebra del país y la posible partición.
Además, el Partido Comunista ha padecido los reiterados intentos de destrucción desde el Kremlin, que ha estimulado escisiones, ha comprado algunos dirigentes y ha creado otros “partidos comunistas” para introducir el veneno de la confusión y el desánimo. En las elecciones a la Duma de 2016, la suma de Rusia Justa (partido creado por el Kremlin para restar votos comunistas), Comunistas de Rusia, el Partido de los Pensionistas y Ródina, alcanzó el 12 % de los votos, minando el apoyo al Partido Comunista. Comunistas de Rusia, de Suraikin, basó su campaña para las elecciones presidenciales de 2018 en el ataque al candidato presidencial comunista, Grudinin. Junto a Rusia Unida, el partido del poder, también Rusia Justa, Ródina y el Partido de los Pensionistas, apoyaron a Putin en las elecciones presidenciales de marzo de 2018. La última iniciativa del Kremlin para arrebatar electorado al Partido Comunista, lanzada en enero de 2021, es el nuevo partido Rusia Justa-Za Pravdu, que preside el escritor Zajar Prilepin, y que agrupa a la Rusia Justa de Serguéi Mirónov, a Patriotas de Rusia (fundado por Guennadi Semiguin, un diputado expulsado del partido comunista cuando se constató que era un topo de Putin y del gobierno ruso) y Por la verdad (Za Pravdu). La función del nuevo partido quedó clara en las palabras de Mirónov, firme aliado de Putin, declarando que el objetivo es alcanzar el segundo lugar en las elecciones, tras Rusia Unida, agrupando a la izquierda excepto a los comunistas, y se constata también en la intensa actividad y presencia pública de Nikolái Stárikov, un escritor conservador que se ha incorporado al nuevo partido. El Partido Comunista califica al nuevo partido de “criatura del poder burgués ruso”, y desconfía de quienes se miran en la “nueva izquierda” occidental porque consideran que con mucha frecuencia aceptan el sistema capitalista. Así mismo, el Kremlin ha comprado al periodista Maksim Shevchenko, que cuenta con centenares de miles de seguidores en redes sociales y era dirigente del grupo parlamentario comunista en la región de Vladímir. Shevchenko dirigirá ahora un nuevo partido, fruto de la reconversión del “comunista” KPSS (creado anteriormente como señuelo por el Kremlin para confundir a los votantes comunistas) que pasará a denominarse RPSS, Partido ruso de la libertad y la justicia: es otra de las iniciativas de Putin para contener el ascenso comunista.
Por añadidura, el gobierno ruso impulsa una constante propaganda antisoviética desde la televisión pública y los periódicos, financia películas anticomunistas y estimula la difamación del Partido Comunista en las redes sociales, gracias a la actividad profesional de miles de provocadores (trols) pagados con el presupuesto del país. El gobierno ha levantado el Centro Yeltsin, verdadero foco anticomunista, e incluso ha arrebatado la dirección del Teatro de arte de Moscú “Gorki”, a Tatiana Doronina, una de las más célebres actrices y verdadero símbolo de la cultura soviética. En las televisiones públicas Canal 1, en Rossiya 1 (antiguo Canal 2 soviético), en la NTV (fundada por el empresario yeltsinista Gusinski y ahora propiedad de Gazprom) y en los medios privados, es constante el contenido anticomunista y la difamación de la Unión Soviética. Sujetos estrafalarios como Zhirinovski, el dirigente de la extrema derecha, personajes del partido Rusia Unida, o de los partidos creados por el Kremlin, y defensores del capitalismo, llenan la programación televisiva, donde apenas aparecen dirigentes del Partido Comunista. Pese a ello, casi dos terceras partes de la población, incluidos los jóvenes de menos de treinta años, tienen un juicio positivo sobre Lenin, la revolución bolchevique y la Unión Soviética.
Pese a la persecución (en los últimos cuatro años, más de tres mil candidatos comunistas han visto bloqueada su participación en las elecciones locales, regionales o federales) y a la manipulación electoral, con constantes fraudes, el Partido Comunista se ha fortalecido: ha aumentado su militancia y los diputados elegidos en las repúblicas y regiones, mantiene dos periódicos nacionales, Pravda(que dirige Boris Komotski)ySovetskaya Rossiya, además de un centenar de periódicos regionales y locales, y en 2015 creó una cadena de televisión, Красной Линии, (Red Line), que llega a todas las provincias rusas. Desde el XVII Congreso en junio de 2017, el Partido Comunista ha pasado de tener unos 100.000 militantes a 162.000 en la actualidad, cuenta con catorce mil secciones y dos mil cuatrocientas sedes locales, y 42 diputados en la Duma del total de 450, representación en los parlamentos de las 79 repúblicas y regiones de Rusia con 8.569 diputados, y pretende crear un centro informativo que aglutine y organice noticias y contenidos para todos los medios del partido. También impulsa un activo movimiento deportista entre los jóvenes, con miles de seguidores, y cuenta con relevantes intelectuales, como el joven escritor Sergei Shargunov, presidente de la Asociación de Escritores y diputado comunista en el parlamento.
Pese a las constantes manipulaciones electorales, el poder ruso no ha podido impedir algunas victorias comunistas significativas: la experiencia de gobierno del Partido Comunista en el óblast de Irkutsk (con superficie equivalente a la suma de España, Gran Bretaña e Irlanda), en Novosibirsk (capital de Siberia y tercera ciudad rusa, gobernada por el alcalde comunista Anatoli Lokot), o en la república de Jakasia (mayor que Suiza), así como la dirección de empresas colectivas creadas por los comunistas les ha dado pericia en la gestión. No ha cesado de combatir el anticomunismo, tan presente en los medios de comunicación, ni ha dejado de defender a la Unión Soviética. Hoy impulsa un movimiento denominado Por una patria socialista fuerte, justa, y por la URSS, y otras iniciativas impulsadas por la Unión de Oficiales soviéticos y el Komsomol, y con otros sectores promueve la creación de un Frente Popular que haga frente a la represión política y agrupe a toda la izquierda para hacer posible un nuevo rumbo, abandonando las recetas neoliberales.
Rusia ha pasado de ser una potencia industrial a un país exportador de materias primas, sobre todo hidrocarburos, y el Estado es un instrumento de los grandes oligarcas que controlan también el sistema financiero ruso. En 1990, la Unión Soviética era una de las dos mayores economías del mundo, y representaba casi el diez por ciento del PIB mundial; hoy, Rusia no llega al 2%. La matanza y el golpe de Estado de Yeltsin de 1993 culminaron un experimento criminal que consolidó la desintegración del país soviético, el colapso de la economía y la ciencia, la educación y la sanidad pública, y que ha configurado un “sistema completamente corrupto”, según define el Partido Comunista. Se han deteriorado los niveles científicos, tecnológicos e intelectuales, como constató en febrero de 2021 la Conferencia Científica Internacional «Imagen del futuro»,organizada en la Universidad de Oriol por miembros de la Academia de Ciencias. La evasión fiscal y la fuga de capitales no se ha detenido, con la connivencia de las autoridades: en 2020, los rusos adinerados evadieron del país 50.000 millones de dólares.
Los problemas a que se enfrentan los comunistas y la izquierda son muchos, y el desempleo, la habilidad de la propaganda burguesa y de los resortes y campañas anticomunistas, el fraude electoral, han sumido a buena parte de los trabajadores rusos en un estado de apatía política. El Partido Comunista, que rechazaba la Constitución impuesta por Yeltsin (que incluso Putin se mostró abierto a reformar en su discurso a la Asamblea Federal en enero de 2020), y que considera al gobierno ruso el garante de la propiedad de los oligarcas, fue la única organización que se opuso a la reforma constitucional que permitirá a Putin seguir al frente del país. En sus enmiendas, exigía que se asegurase la propiedad pública de los recursos naturales y de su explotación, que se financiase una sanidad y educación pública universal y gratuita y que el pago de los alquileres no excediera del diez por ciento de los ingresos familiares. Todas las propuestas comunistas fueron rechazadas por el bloque de poder. El secretario Ziugánov denunció que esa reforma constitucional (aprobada en el referéndum de junio de 2020) no respondía a los intereses populares y consagraba la “autocracia presidencial” y el poder de la oligarquía: permite además dos nuevos mandatos presidenciales de seis años para Putin. La reforma constitucional tampoco afrontaba los problemas del país, por lo que los comunistas han presentado un plan de acción contra la crisis que contempla la planificación estatal y la nacionalización de las industrias estratégicas, del sistema bancario y de los resortes e instituciones financieras, la recuperación de los derechos sociales y del sistema sanitario y educativo soviético, y exige que el gobierno renuncie a la reforma de las pensiones, volviendo a la edad estipulada en la Unión Soviética (60 años para hombres y 55 para mujeres), y acabe con las exenciones de impuestos a las grandes empresas.
Obligados a combatir la voracidad de la nueva burguesía, los comunistas exigen al gobierno ruso que se enfrente con decisión al imperialismo estadounidense y a sus actividades en la periferia rusa, y cambie la política económica, pero son conscientes de que el actual poder capitalista articulado alrededor de Putin es incapaz de iniciar una nueva etapa de desarrollo económico y social y, mucho menos, de apostar por el socialismo. Las sombras crecen, y el tiempo corre desbocado.
Fuente: https://www.elviejotopo.com/revista/el-viejo-topo-num-402-403/