Mientras gran parte de los países del mundo redoblan sus esfuerzos, para combatir la pandemia del covid 19, en otras regiones la lucha contra la enfermedad va a la par de las refriegas en el campo de batalla, las limitaciones en los procesos migratorios, el lucro militar y el tráfico de personas.
Acciones de lucha, ya sea contra grupos terroristas, agresiones de coaliciones internacionales, ocupación y colonización de territorios, como también la necesidad de escapar de esas guerras que originan millones de muertos, heridos, la destrucción de infraestructura de esas naciones, como también millones de refugiados, que buscan mejores perspectivas de vida y desplazados de sus lugares de origen. Guerra en Irak, Afganistán, Siria, Yemen, Libia, Sudán del Sur. Operaciones de desestabilización, sanciones, bloqueos, embargos contra Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Irán, El Líbano. Ocupación y colonización de Palestina y la República Árabe Saharaui Democrática.
Un panorama que debe contender, además, con las dificultades para acceder a equipamiento, fármacos, apoyo internacional, que les permita bregar con plenitud contra la pandemia. Un escenario que además presenta ejemplos maravillosos, en que a pesar de esas dificultades, países como Cuba, no sólo hacen frente a la pandemia, sino que son capaces de apoyar con sus brigadas médicas y su conocimiento a países desarrollados y aquellos más afectados por su deficitaria condición económica y social. También, en este contexto de crisis internacional, desde el punto de vista sanitario y económico, nos encontramos con entidades y regímenes, que suelen beneficiarse del drama y el dolor de las sociedades. Siempre buscando la oportunidad de llenar sus arcas con dinero gracias a la venta de suministros, equipamientos y artefactos de guerra y seguridad, aunque este tenga un origen basado en el sufrimiento y miseria de millones de seres humanos.
Tal es el hecho relacionado con los inmigrantes, que desde el continente africano y en específico desde costas libias suelen embarcarse en sus precarias y frágiles barcazas para buscar una mejor vida al otro lado del mar Mediterráneo. Según el enviado especial para el Mediterráneo central de ACNUR, Vincent Cochetel, las salidas desde Libia aumentaron un 290%, 6.629 intentos entre enero y finales de abril de este año 2020, en comparación con el mismo período del año pasado, y en el caso de Túnez estas aumentaron un 156%.
Donde el horizonte vislumbra dolor, lágrimas, separación de familias, incertidumbre, otros ven ganancias al dedicarse al tráfico de personas o proporcionar elementos de vigilancia para que se impida que esos inmigrantes lleguen a mejor destino y sean detenidos, previo a subir a sus frágiles embarcaciones o en plena navegación, cuando la suerte permite que no los haya tragado ese enorme cementerio para hombres, mujeres, entre ellos niños, muertos anónimos, en que se ha convertido el otrora Mare Nostrum. Uno de esos oportunistas, en la zona del Magreb en específico, es la industria militar, que no ha dejado de hinchar sus bolsillos con la guerra, la intensificación de las agresiones y la catalización del conflicto en Libia, que vive hoy la fragmentación de su territorio. Una confrontación entre sus dos gobiernos alentados por países que entregan su apoyo financiero, militar –incluyendo la venta de armamento en su más amplia diversidad de uso- presencia de tropas y mercenarios, que ha convertido al que hasta hace una década era considerado el país con mejores indicadores de desarrollo humano de África en un remedo trágico de aquella realidad.
Un lustro atrás, refiriéndome a Libia, su invasión, la destrucción de su tejido social, daba cuenta de la hipocresía de un Occidente que a pesar de haber desintegrado un país, desestabilizado toda la zona del Magreb y Oriente Medio y generado el mayor número de desplazados y refugiados en los últimos 70 años, desea continuar el trabajo de destrucción, de crímenes y sometimiento para millones de seres humanos. En el caso específico de Libia, la presencia de intereses políticos, militares y económicos de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Turquía, Catar, Egipto, Arabia saudí, Emiratos Árabes Unidos e Italia, principalmente, no es para hacer florecer la democracia estilo occidental, es lisa y llanamente para usurpar el crudo libio, tanto el que se produce como apropiarse de sus reservas. Además de frenar la salida de decenas de miles de hombres y mujeres que a riesgo de sus vidas zarpan desde puertos libios para ingresar a la fortaleza europea. La meta es reflotar a Libia como gendarme a punta de barcos, tropas y drones.
En lo descrito existen acciones que generan aún más indignación y ello se refiere a las operaciones encaminadas a impedir el libre tránsito de las personas, imposibilitar la búsqueda de nuevas oportunidades, vigilarlas aún antes que comiencen su tránsito a tierras desconocidas, como también en sus travesías e incluso en aquellos lugares donde logran desembarcar y de ese modo dar a aviso a las fuerzas policiales y militares para aprehenderlos, encerrarlos y devolverlos a sus lugares de origen.
Los impedidos de circular no son soldados, agentes de inteligencia o comandos especializados en atacar objetivos específicos, sino seres humanos que arriesgando todo, dejando atrás familias, sus escasas pertenencias y su terruño, se aventuran en un viaje sin certeza de llegar a término. Seres humanos que vienen desde el África Subsahariana, de países del Sahel y del mismo Magreb, que se aventuran a llegar a Libia para tratar de ocupar alguna de las embarcaciones que después del pago de miles de dólares los lleve a la frontera sur de Europa.
Se ocupa esta ruta pues Ceuta y Melilla, enclaves coloniales españoles ubicados en territorio de Marruecos, están convertidas en fortines casi inexpugnables, que sólo tiene alguna posibilidad de uso, tanto ellas como las zonas cercanas, como trampolín de salida de las pateras con inmigrantes, cuando la monarquía marroquí desea presionar a España en materia de conseguir ventajas en sus acuerdos comerciales con Europa. Al igual que la llamada Ruta Canaria, que cada vez tiene menos importancia en materia de número de salidas de inmigrantes al continente europeo.
Una de las entidades involucradas en conseguir los mayores réditos en sus ventas de armas, sistemas de vigilancia y otros aparatos que ha conseguido insertar en el multimillonario comercio de armas y seguridad en el mundo es el régimen israelí, que aprovechando sus vínculos con las castas gobernantes y círculos militares en los organismos políticos europeos logra suculentos contratos, como el firmado con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, signada con el nombre de Frontex y la Agencia Europea de Seguridad Marítima, conocida como EMSA.
Ambas, según reportes de prensay denuncias de organismos defensores de derechos humanos como la ONG Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, que en palabras de Ramy Abdo, presidente de esta organización “llevan dos años invirtiendo millones de euros en drones con fines de control fronterizo. Son, principalmente, drones fabricados por las empresas israelíes Elbit Systems Ltd. e Israel Aerospace Industries”. Empresas que además suelen estar implicadas en hechos de corrupción como ha sido en el caso de sus vínculos con las fuerzas armadas chilenas (1).
Esta empresa israelí se adjudicó, en el mes de noviembre del año 2018, una licitación por 60 millones de euros para hacer entrega de drones a EMSA durante dos años. Drones del tipo Hermes 900 cuyo testeo fue realizado contra seres humanos en la agresión contra Gaza del año 2014 que se saldó con 2350 palestinos asesinados y 10.000 heridos. Para Abdo “Esta compra alentaría e incentivaría a Israel a ejercer más brutalidades contra los palestinos para demostrar la efectividad de su armamento a compradores potenciales. Además evitarían a las agencias de la UE la responsabilidad moral y legal de tener que rescatar a los migrantes angustiados en el mar”.
Al hablar de drones refiero a la estrella de los aparatos de la aviación militar y las agencias de inteligencia. Vehículos aéreos no tripulados, que suelen estar en el centro noticioso por los bombardeos que realizan a enclaves de grupos en conflicto, infraestructuras económicas, industriales, oleoductos, asesinatos selectivos y en el caso que he mencionado al control y seguimiento de los seres humanos en condición de inmigrantes. Herramientas, por tanto, de represión y de apoyo a una política de impedir el libre tránsito de personas, en clara divergencia con esa idea de globalización, que para el poder hegemónico sólo implica el libre tránsito de bienes y dinero, pero no de seres humanos.
Lo vergonzoso del uso de estos aparatos de vigilancia de origen sionista no es sólo que se ocupen en la represión del derecho a la movilidad de los seres humanos, sino que tales artilugios han sido probados en los territorios palestinos ocupados donde su utilización ha sido en el más amplio abanico de posibilidad: espionaje, vigilancia de personas, bombardeos de ciudades de la Franja de Gaza, asesinatos selectivos de cuadros políticos y militares de la resistencia palestina, bombardeos indiscriminados, entre otras actividades.
La Unión Europea y en general los organismos internacionales como la ONU a través de sus instituciones -ACNUR, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos- entre otras, tienen responsabilidades innegables en virtud del derecho internacional, ya sea proporcionando refugio a aquellos que cruzan el mediterráneo, proteger la vida de estas personas y no usar equipos militares contra civiles. Y, en ese marco, resulta absolutamente condenable y necesario sancionar con la aplicación de las herramientas legales que disponemos a entidades, organismos y países que de forma miserable y oportunista se benefician de las guerras, los procesos de inmigración y el tráfico de personas, ya sea mediante la venta de armas y equipos de vigilancia, como también aquellos que lucran de estos hechos y que significa embolsarse cerca de 4.000 millones de dólares en este tráfico que debe cesar.
A Europa poco le importa el número de muertos que el Mediterráneo día a día se lleva a sus profundidades. Escaso interés tiene en ofrecer lo que suele sostener respecto a perspectivas de desarrollo económico, comercio justo, relaciones solidarias con el continente africano que impidan, desde la base, que sus hombres y mujeres abandonen su tierra. Nadie quiere dejar atrás familias, hogares, cultura, amores, sus entrañas, si no es por una necesidad extrema. A Europa no le quita el sueño que cientos de miles de posible de inmigrantes se hacinen en las costas de Zabratha, Misrata, Trípoli o Zuwara esperando el momento de zarpar camino a la frontera sur europea. Y menos le remece la conciencia que mueran cien, mil o decenas de miles de seres considerados de segunda categoría. A Europa lo que verdaderamente le importa es que ninguno de esos “indeseables” toque suelo europeo y para eso usar drones, agencias como Frontex, campos de concentración y luego deportar a los “indeseables” es parte de una realidad que imponen miserables y oportunistas.
Nota:
(1) En julio del año 2018 en una interesante investigación llevada a cabo por Radio Bio Bio https://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2018/07/09/milicogate-descubren-e-investigan-facturas-duplicadas-por-200-millones-de-dolares.shtml. Investigaciones judiciales realizadas en Chile dieron cuenta de una trama de corrupción- facturas duplicadas – que involucraba al ejército chileno junto a empresas de armamentos de diversos países, donde destacaban empresas de armas de Estados Unidos y de Israel, por 661 millones de dólares, realizadas a través de ciento cuarenta y siete proveedores. De ellas, casi un tercio correspondió a facturas duplicadas, provenientes de solo diez compañías. La nómina, según señaló una investigación periodística era encabezada por FAMAE, la maestranza bélica estatal, con cuarenta y cuatro facturas duplicadas por 83 millones de dólares. Eurocopter Chile asomó con cuatro instrumentos duplicados por 29 millones de dólares, Elbit Systems Land and C4 Tadiran de Israel con 22 millones de dólares, Comercial Kaufmann con 20 millones de dólares y la compañía de armamento israelí Rafael Advance Defense System con 19 millones de dólares.