Para evitar la derrota, el régimen militar está privando a la juventud del país de medios de subsistencia y oportunidades educativas
El 10 de febrero, la junta militar de Myanmar anunció que ordenaría el servicio militar obligatorio por primera vez desde la aprobación, en el 2010, de la Ley del Servicio Militar Popular. Según esta ley, todos los hombres de entre 18 y 35 años y las mujeres de entre 18 y 27 pueden servir en las fuerzas armadas durante al menos dos años.
La orden de reclutamiento forzoso ha conmocionado a todo el país y provocado un temor generalizado entre la juventud, cuyo futuro es cada vez más incierto en medio del conflicto. Los combates se han intensificado en los últimos meses, provocando pérdidas sin precedentes de la junta militar en varias partes del país. Además, los avances de la resistencia han provocado un aumento de las deserciones militares en todo Myanmar.
En particular, el servicio militar obligatorio está provocando una ansiedad generalizada en los estados Mon, Kayin (Karen) y la región de Tanintharyi. La mayoría de jóvenes, hombres y mujeres, buscan ahora trabajo o estudian en el extranjero para evitar servir bajo el régimen.
La comunidad internacional, incluidos países vecinos como China, India y Tailandia, debe responder con compasión a quienes cruzan las fronteras, y defender el derecho de asilo y los procedimientos de determinación de la condición de persona refugiada.
La Fundación de Derechos Humanos del Territorio Mon (HURFOM, por sus siglas en inglés), un grupo de la sociedad civil que documenta los abusos contra los derechos y los ataques del ejército de Myanmar en el estado Mon, el estado Kayin y la región de Tanintharyi, ha descubierto pautas de tácticas preocupantes utilizadas por la junta militar para alistar por la fuerza a hombres y mujeres jóvenes bajo la ley de reclutamiento.
En el último documento informativo de HURFOM, titulado «Forzados a combatir», el grupo informó de que al menos 600 jóvenes están recibiendo actualmente entrenamiento militar forzoso por parte de la junta en todas sus zonas objetivo. Las autoridades también han iniciado el registro preliminar de un segundo grupo de reclutas.
El servicio militar forzoso está claramente diseñado para reforzar el poder de la junta y proteger sus intereses. Pero está provocando una destrucción generalizada y graves violaciones de los derechos humanos.
En el estado Mon, trabajadores de campo de HURFOM cubren seis municipios, 90 distritos y 140 aldeas. En todas las zonas objetivo, la junta insiste en que la mayor parte del reclutamiento militar ha sido, hasta el momento, voluntario, representando el 60 por ciento de todos los esfuerzos de reclutamiento. Sin embargo, según los datos de HURFOM y la autoría del informe, estas cifras son una gran sobreestimación, ya que menos del 5% de la juventud reclutada es voluntaria.
Además, en las estrategias de reclutamiento de la junta se utilizan comúnmente las falsas promesas de ayuda económica y salarios lucrativos para los soldados alistados. Según un residente de Mawlamyine, «las autoridades respaldadas por la junta prometen dinero y luego los alistan a la fuerza en el servicio militar con menos ayuda económica de la acordada».
El éxodo de jóvenes que huyen del país y o que se unen a las fuerzas revolucionarias ha creado efectos dominó negativos. Su huida ha dejado una escasez de mano de obra que está siendo cubierta por niños y niñas que se han unido a la mano de obra para mantener a sus familias. HURFOM ha documentado violaciones de trabajo infantil que afectan a menores de entre 12 y 16 años, y sus salarios también son explotados por diversos sectores, desde las tiendas de té y las fábricas de caucho hasta las pequeñas industrias. Los propietarios de las tiendas de té se encuentran entre los que con más frecuencia violan los derechos de la infancia. Los menores que trabajan allí a menudo tienen que empezar la jornada a las 3 de la mañana y continuar hasta las 11 de la noche, ganando sólo entre 3.000 y 4.000 kyats (entre 1,50 y 2 dólares) al día.
Por miedo al reclutamiento, los padres también están sacando a sus hijos de la escuela y enviándolos a los países vecinos en busca de oportunidades de trabajo.
«Ni los hombres y mujeres jóvenes, ni sus padres apoyan la ley de reclutamiento obligatorio», declaró a HURFOM en marzo un joven del municipio de Mudon, en el estado Mon.
«El Nuevo Partido del Estado Mon (anti-dictadura) y otras fuerzas revolucionarias se han pronunciado en contra y han apoyado la decisión de la juventud de no luchar. Esto nos ha animado mucho», dijo un joven que habló con HURFOM.
La resistencia dentro del estado Mon se opone con vehemencia a estas leyes de reclutamiento, advirtiendo a los funcionarios que hacen cumplir las directivas de la junta militar que se tomarán medidas decisivas para detener el reclutamiento forzoso. Los organismos prodemocráticos, como el Consejo Consultivo de Unidad Nacional, el Gobierno de Unidad Nacional y varios ejércitos revolucionarios han declarado que harán lo mismo.
Tras estas declaraciones, algunos administradores y comités en las aldeas del municipio septentrional de Ye dimitieron de sus cargos, alegando temor por su seguridad. Aun así, la junta sigue adelante con su campaña de reclutamiento forzoso, mientras sus administradores son atacados y asesinados por quienes se oponen a la ley.
«Sólo quedan unos pocos hombres jóvenes en mi aldea del municipio del norte de Ye. Muchos están aterrorizados ante la posibilidad de que les obliguen a hacer el servicio militar y han huido a zonas controladas por organizaciones revolucionarias de las minorías étnicas o han escapado a países vecinos como Tailandia a través de diversos servicios de intermediarios y rutas ilegales», declaró a HURFOM una persona residente de Dawei.
A pesar de la resistencia, las campañas de reclutamiento persisten en todo el país. Según los informes, más de 5.000 personas jóvenes han sido reclutadas en la primera oleada de alistamiento y ya han sido enviadas a 15 escuelas militares para recibir formación.
Para compensar sus pérdidas militares, el régimen está robando a la juventud oportunidades de educación y medios de subsistencia. La comunidad internacional debe intervenir para poner fin no solo a las peligrosas estrategias de reclutamiento de la junta, sino también para ofrecer protección a la gente joven y que no se vea obligada a portar armas y luchar contra la oposición.
Deben redoblarse los esfuerzos de supervisión de la situación de los derechos humanos relacionada con el reclutamiento militar en Myanmar e informar periódicamente a legisladores internacionales y a los organismos de las Naciones Unidas. Es necesario apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en su labor de proteger a las personas del reclutamiento forzoso.
Además, actores globales deben apoyar y financiar campañas de sensibilización, tanto dentro de Myanmar como a escala internacional, sobre las implicaciones del reclutamiento forzoso y otras prácticas militares injustas.
El compromiso con administradores locales, incluido el Gobierno de Unidad Nacional, las organizaciones revolucionarias de las minorías étnicas y los organismos establecidos a nivel local, es fundamental para garantizar que la respuesta al reclutamiento forzoso se lleve a cabo con urgencia. Deben recibir los recursos necesarios y el respaldo internacional para mantener su eficacia sobre el terreno.
Por último, la ayuda humanitaria debe llegar urgentemente a las regiones profundamente afectadas por los conflictos y el reclutamiento. Sin esta ayuda, la juventud seguirá enfrentándose al riesgo de una profunda inestabilidad, traumas emocionales y condiciones potencialmente mortales.
Fuente original en inglés: https://thediplomat.com/2024/05/military-conscription-in-southeastern-myanmar-demands-international-intervention/