Traducido para Rebelión, Tlaxcala y Cubadebate por Chelo Ramos
La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) ha apoyado sin ningún pudor a las fuerzas de la derecha, incluso a la policía haitiana, y ha abusado sistemáticamente de los derechos humanos de los pobres, los partidarios de Aristide y a su partido Lavalas, escribe Ben Terrel.
Ahora que Kofi Annan comienza una nueva vida después de la ONU, es importante revisar el poco discutido «cambio de régimen» que el gobierno de Bush diseñó con la ayuda de Annan. Los defensores del secretario general saliente señalan que Annan hizo lo que pudo para dejar en claro que no estaba de acuerdo con la Invasión a Iraq, pero en el caso de Haití en realidad colaboró para facilitar una sanguinaria agenda imperial.
La MINUSTAH, la misión de la ONU en Haití, se creó con el objeto de apoyar el régimen ilegal instalado después del golpe de estado que derrocó al gobierno democráticamente elegido del presidente Jean-Bertrand Aristide en febrero de 2004. Los países que participan en la misión de la ONU en Haití, cuyo mandato está en proceso de renovación, se congraciaron con Washington para subsanar las desavenencias que tenían con el gobierno de Bush por la guerra de Iraq. Muchos observadores consideraron la participación de Brasil como parte de su proyección para lograr un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Brian Concannon, director del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití y ex observador de derechos humanos de la ONU en ese país, señala que «hasta el año 2004 la ONU, por buenas razones, solamente había desplegado fuerzas de paz en aquellos lugares donde había que hacer cumplir un acuerdo de paz. Únicamente en Haití ha desplegado el Consejo de Seguridad cascos azules para hacer cumplir un golpe de estado contra un gobierno electo. Con la FMP (Fuerza Multinacional Provisional) primero y la MINUSTAH después, la ONU abandonó medio siglo de principios y de sentido común, con resultados predecibles.» Desde que reemplazaron a los infantes de marina usamericanos en julio de 2004, las tropas de la ONU han apoyado a la policía haitiana en sus arremetidas contra los seguidores pobres de Aristide y su partido Lavalas en las ciudades.
Brian Concannon ha señalado que «en contraste con su acción contundente en Cité Soleil, la MINUSTAH ha sido tolerante con los grupos paramilitares de derecha. Durante meses después de su despliegue, la MINUSTAH se negó a desalojar de las comisarías de policía a los grupos paramilitares que habían ayudado a derrocar el gobierno. En agosto de 2005, un grupo paramilitar llamado el Ejército Pequeño Machete asesinó a plena luz del día a docenas de espectadores de un partido de fútbol cerca del lugar donde se encontraba un puesto de observación de la MINUSTAH. La MINUSTAH ni siquiera intentó detener la masacre o perseguir a los paramilitares, aunque durante más de dos años este grupo ha aterrorizado el área de Grande-Ravine.
Desde febrero de 2004, miles de activistas pacíficos y otros civiles han sido asesinados, detenidos, torturados y exilados por el régimen instalado después del golpe. Este hecho fundamental nunca aparece en los análisis de los medios sobre Haití, por lo que muy pocos en Usamérica entienden por qué algunos haitianos se han armado para defender sus vecindarios. En defensa de las operaciones que están realizando en los barrios más pobres de Puerto Príncipe, los comandantes de la ONU en Haití manifiestan que sólo atacan cuando han recibido disparos. Pero durante una visita de una semana que hice a Haití en agosto de 2006, me contaron una historia distinta.
El 24 de agosto presencié en Simon Pele (comunidad que linda con el enorme barrio costero de Cité Soleil) una operación de la ONU que ignoró por completo los peligros de usar armas de fuego de alto calibre en un área densamente poblada. Las ONU había realizado estas operaciones en Simon Pele durante todo el mes de agosto, en una campaña para «asegurar» el área. En un video filmado por un fotógrafo que también se encontraba en el área se ve a un soldado brasilero disparando desde la parte de arriba un vehículo blindado. Vi a soldados brasileros que corrían desde dos vehículos s blindados hacia Simon-Pele. Los soldados que estaban en el barrio también disparaban sus armas.
Uno de esos soldados mató a un joven con cuya madre hablé cuatro días después. Adacia Samedy me contó que su hijo Wildert estaba arreglando un radio en el techo de la casa familiar, cuando francotiradores de la ONU le dispararon. La Sra. Samedy me dijo, «mi mensaje para la ONU es éste: gracias por matar a mi hijo. No entiendo cuál es el sentido de su trabajo, vienen, disparan y pueden matar a quien esté pasando por el sitio.» Le pregunté si algún miembro de la ONU había regresado para verificar si habían muerto civiles o para ofrecer alguna clase de ayuda. La ONU ni siquiera había reconocido su pérdida. Las preguntas que le he hecho al vocero de la ONU respecto al asesinato de Wildert Samedy siguen sin respuesta.
Otra familia, la de William Mercy, un civil en silla de ruedas, me contó que también habían sido ignorados por la ONU después de un ataque a la sección donde viven en el barrio de Bel Air en Puerto Príncipe. En junio de 2005, tropas brasileras que recorrían el callejón donde se encuentra su casa y le dispararon en la cabeza al jefe de la familia Mercy. Ese mismo día asesinaron a otros civiles desarmados.
Entrevisté a un señor mayor que estaba sacando a su familia del área, la cual, me comentó, no tiene nada que ofrecer a la juventud del lugar más que miseria. Le pregunté acerca de los grupos armados contra los que la ONU dice luchar. Me contestó «lo único que puedo decirle al respecto es que en este barrio mucha gente ha sido herida y asesinada por la ONU. Ninguna de esas personas estaba relacionada con grupos armados, todos eran trabajadores.»
Cerca de la vivienda cubierta de balas de la que estaba sacando los muebles, había una iglesia con las marcas de los disparos de las fuerzas de la ONU. Un periodista haitiano me dijo que la ONU afirmaba que en la iglesia se refugiaban miembros de un grupo armado, pero en vista de la importancia del catolicismo para los residentes, ningún combatiente armado usaría la iglesia para esconderse. En esa misma calle una escuela también fue destruida por armas de alto calibre.
En el año 2005, la Asociación de Estudiantes de Derecho de Harvard Defensores de los Derechos Humanos y el Centro de Justicia Global de Brasil concluyeron que «la MINUSTAH ha servido para ocultar los abusos cometidos por la Policía Nacional de Haití (PNH) durante sus operaciones en los barrios pobres e históricamente tensos de Puerto Príncipe. En lugar de asesorar e instruir a la policía para que mejore sus prácticas y vigilar sus errores, la MINUSTAH ha sido la celestina de sus abusos.»
Unos meses antes, un informe de la Escuela de Derecho de la Universidad de Miami concluyó que «ambas fuerzas admitieron que cuando la PNH realiza una operación en un barrio pobre hay confusión y desorden porque la HNP y las fuerzas de la MINUSTAH no comparten radios pero, aunque lo hicieran, no hablan el mismo idioma.» Admitieron que cuando realizan operaciones en los barrios no tienen una estrategia ni un objetivo claro y que al final todo se resume en un «dispara antes de que te disparen».
En 2004 y 2005 las tropas de la ONU actuaron como espectadores mientras la policía disparaba sobre manifestantes pacíficos que exigían el regreso de Aristide. En abril de 2005, Amnistía Internacional señaló que «Se ha informado que funcionarios de la Policía Nacional de Haití (PNH) usaron repetidamente armas letales contra los partidarios de Lavalas mientras manifestaban frente a la sede de la misión de la ONU en Boudon, Puerto Príncipe.»
Para algunas prominentes figuras de la derecha en Puerto Príncipe, sin embargo, no era suficiente permitir que la policía haitiana mate civiles. En reuniones con funcionarios de la ONU, los medios propiedad de las élites y conocidos oponentes de Aristide hicieron una campaña de demonización de los barrios pobres de tal magnitud, que a un activista le recordó la propaganda difundida antes del genocidio ocurrido en Ruanda en 1994. En enero de 2006, Reginald Boulos, presidente de la Cámara de Comercio de Haití y uno de los principales defensores del golpe de 2004, declaró en Radio Metropole «No se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Pensamos que los generales de la MINUSTAH tienen que hacer planes para limitar los daños colaterales. Pero nosotros en el sector privado estamos listos para crear un fondo de asistencia social para ayudar a todos los que serán las víctimas inocentes de la acción necesaria y valiente que hay que realizar en Cité Soleil. Cuando los terroristas ocupan algunas zonas sin ley, siempre hay víctimas inocentes.» En otra parte de la entrevista, Boulos pidió a las tropas de la ONU que ayudasen a la policía a «neutralizar a todos los delincuentes y terroristas armados que aterrorizan el área metropolitana.»
La mayoría de los adultos pobres de Haití recuerdan claramente el terror de los escuadrones de la muerte entre 1991 y 1994, después del primer golpe en contra de Aristide, cuando alrededor de cinco mil personas fueron asesinadas. Esa historia fue recordada con frecuencia durante el «Encuentro Solidario con el Pueblo de Haití», organizado por activistas de Lavalas en agosto de 2006, al que asistieron visitantes internacionales que deseaban compartir puntos de vista y experiencias políticas con los haitianos que estaban luchando en el país. Jacques Delpechin, autor de «Silencios en la historia de África: Entre el síndrome del descubrimiento y de la abolición» y director ejecutivo de la Alianza Ota Benga para la Paz, la Curación y la Dignidad en la República Democrática del Congo, quien habló varias veces en la conferencia, me dijo «Es importante que la gente entienda que Aristide y los miembros de Lavalas están conectados, a través de las generaciones, con la triunfante revolución de los esclavos de hace 200 años.» Luego, mientras compartíamos un automóvil en Puerto Príncipe, me comentó que «el problema de Haití es realmente un problema estructural: no estaban supuestos a triunfar o, peor aún, a sobrevivir y seguir resistiendo.»
En lo que concierne a las «grandes potencias», Depelchin señaló que «no debemos hacernos ilusiones: [la ONU] es un club de estados, estructuras que no pueden
respetar ni siquiera sus propios convenios (por ejemplo, la Convención de Ginebra contra el Genocidio, aprobada en 1948). En el caso de que la ONU vacile, ahí está el G8 para asegurarse de que el poder definitivo lo ejerza el más poderoso. Los radicales del mundo deben pensar en términos de la clase de política de emancipación que llevó a los esclavos a derrocar el sistema de entonces. La democracia al estilo de Usamérica/Francia/Canadá no es más que el consenso político en torno a una agenda establecida por intereses económicos y financieros. Esa agenda quiere asegurar que lo que ocurrió entre 1791 y 1804 se olvide para siempre o que, si se llega a recordar, sea una historia escrita y difundida por las potencias existentes.»
El líder revolucionario haitiano Touissant L’Overture escribió en una ocasión que cualquier intento de los dueños de plantaciones por restaurar la esclavitud «sería intentar lo imposible: supimos enfrentar los peligros de obtener nuestra libertad, sabremos desafiar la muerte para mantenerla.»
René Civil, dirigente de Lavalas que pasó la mayor parte del período del golpe en el exilio, hizo la misma relación cuando señaló: «El pueblo de Haití, que cree en la libertad, que ha probado la libertad, nunca aceptará este criminal sistema esclavizante.» Civil también denunció el sistema global que «impone la guerra económica, política, militar y social al mundo» e impide que naciones pobres como Haití ejerzan sus independencia.
René Civil fue detenido momentos después de hablar en la conferencia, con base en acusaciones que Brian Concannon califica de «dudosas». Aunque inicialmente afirmaron que solamente querían someterlo a un interrogatorio de rutina, las autoridades han trasladado a Civil a la penitenciaría del centro de Puerto Príncipe. En Haití, los disidentes temen por la seguridad de Civil y también les preocupa que su detención sea el comienzo de una nueva ronda de acoso judicial a los activistas.
Dave Welsh, sindicalista usamericano que asistió a la conferencia de solidaridad, me dijo «Haití todavía está bajo ocupación militar. Los ocupantes esperan que la etiqueta de la ONU le dé legitimidad a los planes de Francia, Usamérica y Canadá de beneficiarse de la mano de obra y los recursos de la nación, controlar el estado haitiano e impedir la restauración de la soberanía y la democracia en Haití. Países como Brasil, que suministran a la ONU tropas que repetidamente y sin compasión matan civiles en sus casas, sin duda tienen sus razones para apoyar durante dos años esta brutal ocupación.» Welsh también estuvo en Haití en 2005 como parte de una delegación de derechos laborales y humanos que documentó las secuelas de una masacre en la cual soldados brasileros asesinaron a 60 residentes de Cité Soleil cuando perseguían a un líder comunitario militante de Lavalas. (También hablé con sobrevivientes de esa masacre, incluso con una mujer embarazada a la que las tropas de la ONU le dispararon desde un helicóptero. Fue salvada por Médicos sin Fronteras, pero perdió la criatura).
Brian Concannon me ha comentado que en conversaciones recientes ha oído «una y otra vez a haitianos pobres decir que quieren el desarme en sus barrios, siempre que al mismo tiempo se desarmen los vecindarios ricos que son la principal fuente de las armas que llegan a los barrios pobres, y también los escuadrones de la muerte y antiguos soldados que impunemente matan a los partidarios de Lavalas.»
Concannon agrega, «si las operaciones de la MINUSTAH verdaderamente tuviesen por objeto establecer la ley y el orden, comenzarían por obedecer la ley: detendrían a los sospechosos de poseer armas con una orden de detención válida en lugar de atacar indiscriminadamente a los barrios pobres.»
Pero la ONU no muestra ningún interés en seguir esa dirección. El 19 de agosto, Amaral Duclona, vocero de grupos armados de Cité Soleil opuestos a las fuerzas golpistas, declaró a Reuters, «las tropas de la ONU no quieren la paz y el desarme porque necesitan justificar su presencia aquí.» Duclona preguntó, «¿Cómo podemos entregar nuestras armas mientras las fuerzas de la ONU continúan atacándonos?»
El 19 de octubre de 2006, tropas brasileras derribaron viviendas en Cité Soleil para ampliar una carretera y mientras los residentes manifestaban para detener el proyecto, los soldados dispararon y mataron a por lo menos tres personas. Dos meses más tarde, el Comité de Acción en Haití, con sede en San Francisco, el cual mantiene un estrecho contacto diario con activistas y observadores de derechos humanos en Puerto Príncipe, declaró, «En la madrugada del viernes 22 de diciembre, a partir de las 3 aproximadamente, 400 soldados de las fuerzas de ocupación de la ONU dirigidas por Brasil, en vehículos blindados, realizaron un ataque masivo contra la gente de Cité Soleil, sitiando una vez más a esta empobrecida comunidad.»
Testigos señalan que a las 5 de la mañana comenzó una lluvia indiscriminada de disparos de armas pesadas que continuó durante buena parte del día. Al referirse a los soldados de la ONU y a la policía haitiana, Rose Martel, residente de Cité Soleil, declaró a Reuters, «Vinieron a aterrorizar a la población. No creo que hayan matado a ningún bandido, a menos que nos consideren bandidos a todos nosotros.» El Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití calcula que más de 20 civiles, entre ellos ancianos y niños, fueron asesinados. Sobrevivientes informaron a un médico usamericano que los entrevistó después del ataque que «un helicóptero de la ONU sobrevolaba en círculos [Cité] Soleil y disparaba a las casas de miles de personas.»
La operación del 22 de diciembre fue, en parte, la respuesta a una campaña sostenida de presión de la derecha que culpaba a supuestos líderes de pandillas de Cité Soleil por los secuestros en Haití. Pero Lovinsky Pierre-Antoine, coordinador de la Fundación 30 de Septiembre, una organización que apoya a las víctimas de los dos golpes contra Aristide, me dijo que el secuestro más cubierto por la prensa en las dos semanas anteriores al ataque del 22 de diciembre, el del senador André Riche opositor de Lavalas, había sido un «teatro político». Según Lovinsky, los medios de comunicación de la derecha difundieron incendiarios editoriales sobre el secuestro sin hacerse muchas preguntas esenciales, como por ejemplo por qué a los guardaespaldas del prominente político opuesto a Lavalas, que estaban armados hasta los dientes, no les robaron las armas, y cómo logró Riche escapar ileso del cautiverio. Lovinsky manifestó que los medios que piden que se tomen medidas enérgicas contra Cité Soleil «apoyan plenamente a Michael Lucis», el ex director central de la policía judicial que está implicado en las operaciones de secuestro.
El Comité de Acción en Haití manifestó «Los secuestradores generalmente están bien conectados con las élites y el régimen golpista. Hasta el jefe de la policía, Andresol, admite que la policía nacional participa en gran parte de la ola de delitos, incluso en los secuestros.» El periodista canadiense Anthony Fenton habló con «numerosas fuentes» (que no quisieron declarar en forma oficial por razones de seguridad) que relacionaban al senador Youri Latortue, sobrino de Gerard Latortue, primer ministro del régimen instalado después del golpe, con mafias de secuestradores. En agosto de 2005, el prominente hombre de negocios Stanley Handal, fue detenido por estar implicado en casos de secuestro, informó el Proyecto de Información sobre Haití. «Handal es miembro de una de las familias más acaudalas de Haití que apoyó el derrocamiento de Aristide en 1991 y en 2004. Inicialmente fue detenido junto con ocho miembros de la policía haitiana por manejar una banda dedicada al secuestro, después de que intentó usar una tarjeta de crédito robada a una de sus víctimas. El juez que lo puso en libertad, Jean Péres Paul, es responsable de que el padre Gerard Jean-Juste siga preso y de la detención el 9 de septiembre de los periodistas Kevin Pina y Jean Ristil. Se ha informado que el funcionario de la policía encargado de la investigación inicial del caso Handal ha tenido que ocultarse para protegerse.»
Las esperanzas de un cambio progresivo en Haití fueron alentadas por la elección de René Préval el 7 de febrero de 2006. El triunfo de Préval fue una victoria en circunstancias desfavorables del movimiento popular que en 1990 había llevado a Jean-Bertrand Aristide a la presidencia. Préval, que entre 1996 y 2001 fue presidente de Haití, el segundo elegido democráticamente, apoyado por Espwa («esperanza» en creole), partido formado apresuradamente para las elecciones con muy poca capacidad de organización. En vista de que el gobierno instalado después del golpe se negó a poner en libertad a los presos políticos y de la represión continua a Lavalas, el partido de Aristide (la organización política más grande de Haití) no presentó oficialmente ningún candidato a las elecciones presidenciales. Un año después, sin embargo, tanto el poder judicial como ministerios del gobierno de Préval continúan controlados por golpistas y los principales medios son manejados por las élites derechistas. Aunque Préval ayudó a obtener la liberación de prominentes presos políticos, como Annetee Auguste («So Anne»), Yvon Neptune y otros, cientos de presos políticos encarcelados ilegalmente por el régimen instalado después del golpe continúan presos. Préval tiene muy poco control sobre la misión de la ONU.
En un informe sobre la misión de la ONU en Haití fechado 19 de diciembre de 2006, Annan recomendó que el mandato de la MINUSTAH se prorrogase después del 15 de febrero de 2007. El informe de Annan ignoró las acusaciones de abuso sexual a mujeres y niñas haitianas por tropas de la ONU, así como los asesinatos documentados de civiles en asaltos militares. Según Annan, «el despliegue continuo de la Misión será esencial, pues las fuerzas de desestabilización continúan usando la violencia para lograr sus objetivos.»
Los representantes de la ONU, sin embargo, no parecen estar interesados en la violencia en contra de Lavalas. Un estudio de la prestigiosa revista médica «The Lancet» concluyó que en el lapso de 22 meses después del derrocamiento de Aristide ocurrieron 8.000 asesinatos y 35.000 ataques sexuales solamente en el área del gran Puerto Príncipe. Más del 50 por ciento de estos asesinatos se atribuyeron a facciones de opositores a Aristide y a Lavalas, que incluían grupos armados de opositores a Lavalas, ex miembros del ejército y fuerzas de seguridad del gobierno. El informe también señala que «los encuestados señalaron que soldados de la ONU habían proferido amenazas de muerte, amenazas de lesiones físicas y amenazas de violencia sexual».
Una de las autoras del informe, Athena Kolbe, me dijo que «El verano pasado notificamos a más de una docena de funcionarios de la ONU en Haití acerca del informe y les dijimos que estaríamos en el país y podríamos hacerles llegar anticipadamente una copia del informe y discutirlo con ellos si tenían preguntas. No tuvimos ninguna respuesta de nadie relacionado con la MINUSTAH ni antes ni durante el viaje… Recibimos un correo electrónico de un miembro del personal de la ONU en el que se negaba a reunirse con nosotros porque estaba muy ocupada y decía «no creo que tengan ustedes nada importante que compartir con nosotros.»
A principios de enero, el general brasilero Carlos Alberto Dos Santos se convirtió en el cuarto comandante de las fuerzas de la ONU en Haití (que al 30 de noviembre de 2006 estaban constituidas por un total de 8.360 uniformados). «Vamos a trabajar en la misma dirección en que lo hemos venido haciendo, nada ha cambiado en nuestra misión ni en nuestras obligaciones», afirmó Dos Santos. Desde entonces, las operaciones militares de la ONU han continuado. Entre los civiles muertos por disparos de la ONU en estos ataques, según lo informado por el Proyecto de Información sobre Haití, están Stephanie Lubin, de siete años, Alexandra Lubin, de cuatro años y Boadley Bewence Germain, de nueve años.
En su campaña en contra de la prórroga del mandato de la MINUSTAH, Lovinsky Pierre-Antoine y otros activistas señalan los continuos asesinatos de civiles por las fuerzas de la ONU.
Ben Terrell, escritor que vive en San Francisco, ha visitado Haití cuatro veces desde el golpe de 2004 que derrocó al gobierno elegido democráticamente del presidente Aristide.
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Chelo Ramos es miembro de Rebelión, Tlaxcala y Cubadebate. Esta traducción es copyleft para uso no comercial: se puede reproducir libremente, a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y la fuente.