En las últimas semanas, Indonesia ha sido testigo de una ola de protestas masivas y huelgas de trabajadores en respuesta a la nueva llamada Ley Ómnibus del gobierno, la recopilación de enmiendas a las leyes vigentes que están destinadas a despojar a los trabajadores de sus derechos y socavar las normas medioambientales. Con sus más de 900 páginas, el proyecto se convirtió en ley el 5 de octubre, sin que ni siquiera se hiciera público un borrador. Se ven afectadas decenas de leyes existentes, incluidas las regulaciones sobre trabajo, minería y protección medioambiental.
Las principales federaciones sindicales que representan a treinta y dos sindicatos convocaron una huelga nacional de tres días en oposición al proyecto de ley. Decenas de miles de trabajadoras y trabajadores, sobre todo en las zonas industriales, se declararon en huelga. Muchos más se unieron a las protestas en Indonesia en decenas de ciudades del archipiélago. En decenas de ciudades se produjeron enfrentamientos cuando la policía intentó prohibir las reuniones con la excusa de las precauciones sanitarias.
El proyecto de ley se convirtió rápidamente en ley, ya que el público estaba preocupado por la crisis sanitaria que no cesa, agravada por la mala gestión del gobierno. A mediados de febrero, a medida que aumentaban los casos en la región, el ministro de Sanidad de Indonesia afirmó que el país todavía estaba completamente libre del virus gracias a la oración. El recuento oficial de muertos supera los trece mil (mucha gente supone que en realidad es mucho mayor), lo que convierte a Indonesia en uno de los países más afectados de la región. En abril, los sindicatos obligaron al Parlamento a suspender un debate sobre el proyecto de ley. Ahora el proyecto de ley ha quedado aprobado de todos modos.
Las ganancias antes que las personas
La Ley Ómnibus la presentó el gobierno como un paso para desarrollar el país, crear empleos y eliminar la burocracia (o sea, para debilitar las protecciones medioambientales); en un comentario, los acólitos del mercado libre de The Economist elogiaron la nueva ley por recortar las “generosas ventajas obligatorias” de que gozan los trabajadores indonesios y que “desalientan a las empresas de crear puestos de trabajo”.
De manera similar, la Cámara de Comercio británica en Indonesia ha criticado que la mano de obra indonesia es demasiado cara y que la nueva ley posicionaría mejor a Indonesia “como una alternativa genuina y realista a China” para las empresas multinacionales que buscan explotar mano de obra barata.
Las disposiciones de la ley prevén aumentar la jornada laboral, abolir la baja por maternidad remunerada (y la baja por menstruación, una medida pionera de Indonesia), reducir la cuantía de las indemnización por despido y debilitar la protección contra los despidos. La ley también elimina la corrección de la inflación y los criterios del costo de la vida para determinar el salario mínimo, que varía significativamente en todo el archipiélago indonesio.
En temas medioambientales, la nueva ley facilita a las grandes empresas evitar los informes de evaluación del impacto ambiental de sus actividades. Como ha señalado el socialista indonesio Frans Ari Prasetyo, las cláusulas agrarias de la ley “permiten al gobierno construir polígonos industriales, carreteras de peaje o represas en terrenos incautados a sus propietarios individuales, reembolsando al propietario menos del valor de la tierra o, en algunos casos, sin reembolsarles nada en absoluto”.
El movimiento que ahora se moviliza contra estas medidas es tan amplio como la propia ley. Los sindicatos progresistas, los grupos de izquierda y las asociaciones de estudiantes se han movilizado para organizar las protestas. Destaca la participación de trabajadores, estudiantes de secundaria y universitarios.
Poco después de que se aprobara la ley, los trabajadores de todo el país se declararon en huelga y se unieron a las protestas, con carteles con mensajes como “La ley ómnibus mata el futuro de nuestros nietos” y “La colonización ha terminado, pero comienza la colonización de la clase trabajadora”. En las redes sociales han proliferado los hashtags #DPRRIKhianatiRakyat (#HouseBetraysThePeople), #BatalkanOmnibusLaw (#CancelTheOmnibusLaw) y #MosiTidakPercaya (#VoteOfNoConfidence).
La democracia, amenazada
La democracia indonesia ha estado amenazada durante algún tiempo, y la última Ley Ómnibus refleja un programa de la derecha envalentonada. Después de las protestas populares de 1998, que provocaron la caída de la dictadura del general Suharto (quien se autocalificó de Nuevo Orden), menguó el poder político de los militares (Tentara Nasional Indonesia o TNI), un escenario que nunca fue aceptado por completo por los generales, que nunca se han marchado.
El actual presidente de Indonesia, Joko Widodo, más conocido como Jokowi, llegó al poder en 2014 y fue reelegido el año pasado. Aunque se presenta como un reformador, un “hombre del pueblo” y alguien que no tiene vínculos con la elite del antiguo régimen, bajo su gobierno las figuras militares están recuperando su antiguo poder político.
Por ejemplo, en marzo se estableció un grupo de trabajo nacional sobre la Covid-19 que incluía un gran número de oficiales del ejército, tanto de nivel nacional como local. Los líderes militares también han estado tratando de aumentar su poder en el marco de las operaciones antiterroristas del país y de ganar más influencia en la llamada Agencia para la Educación en Ideología Pancasila (BPIP), el organismo establecido por Jokowi a principios de 2018 para promover la Pancasila, la ideología oficial del Estado indonesio.
El profesor de estudios del sudeste asiático Jun Honna ha señalado que durante la presidencia de Jokowi, el ejército indonesio ha estado recuperando el terreno perdido en asuntos de seguridad y, gracias a la crisis de la Covid-19, ha podido resistir la presión de la sociedad civil en pro de la reforma. “Parece probable”, escribe, “que estos desarrollos darán forma a la nueva normalidad en la Indonesia pospandémica, porque los legisladores nacionales no tienen ningún incentivo para enemistarse con los poderosos militares en un momento en que disfruta de la aprobación pública por su función de gestión de crisis”.
La carrera del rival de Jokowi, Prabowo Subianto, un exteniente del ejército, refleja la derechización del gobierno. En las elecciones presidenciales de 2014 y 2019, Jokowi se postuló contra Prabowo, el yerno de Suharto. Prabowo, que recibió entrenamiento militar en EEUU, era un comandante del infame Kopassus, las fuerzas especiales de Suharto que constituían el puño de hierro del régimen. Está implicado en numerosas violaciones brutales de los derechos humanos de la población civil por parte de las fuerzas de Kopassus durante la lucha de liberación de Timor Oriental. El propio Prabowo es ampliamente considerado responsable de la desaparición de activistas progresistas durante los turbulentos días finales del Nuevo Orden. Durante las protestas de 1998, Prabowo llegó a simbolizar los crímenes del régimen.
Cuando Jokowi se postuló por primera vez contra Prabowo en 2014, a muchos les pareció una rivalidad entre un demócrata liberal y un remanente autoritario de los años de Suharto. El año pasado, Prabowo, al declarar que quería “hacer grande a Indonesia de nuevo”, profundizó aún más su alianza con las fuerzas islamistas de derechas. Habiendo perdido la votación nuevamente, Prabowo siguió afirmando que le habían robado su victoria. Así, sus seguidores organizaron manifestaciones violentas que provocaron varias muertes. Pero Jokowi, en lugar de despreciar a su rival, lo cooptó, nombrándolo ministro de Defensa. Recientemente, Prabowo también recibió una invitación del gobierno de Trump.
A medida que fue creciendo el movimiento popular contra la Ley Ómnibus, el Estado indonesio respondió con una combinación de propaganda, intimidación y represión violenta. Una circular oficial disuadió a los estudiantes universitarios de unirse a las protestas y pidió a los profesores que promovieran la ley. Los agentes de policía fueron instruidos para organizar la patrulla cibernética y la gestión de medios con el fin de controlar la narrativa. Los organizadores de las protestas reciben visitas personales no oficiales de agentes de policía que intentan disuadirles de continuar con sus actividades políticas. Les amenazan con incluirlos en la lista negra y han trabajadores que han sido detenidos por hacer “huelga fuera de las horas permitidas”.
Especialmente tributaria de los métodos del régimen de Suharto, según el experto en política indonesia Edward Aspinall, ha sido “la respuesta discursiva del gobierno”. En lugar de abordar las preocupaciones de los manifestantes, muchos líderes gubernamentales se han centrado en “la presunta presencia de fuerzas oscuras que los manipulan”. Las acusaciones de un oculto dalang (titiritero) eran un elemento básico de la estrategia de propaganda del régimen del Nuevo Orden.
También es preocupante el uso extensivo de la violencia por parte de la policía indonesia. Los informes de varios ayuntamientos apuntan a que la policía golpea a los manifestantes, utiliza gases lacrimógenos y ataca a médicos y periodistas. Más de seis mil personas han sido arrestadas y cientos de ellas están actualmente desaparecidas.
La lucha que se prepara
El texto definitivo de la Ley Ómnibus, que aún no se ha hecho público, se encuentra ahora en el escritorio del presidente esperando su firma. Los manifestantes están pidiendo a Jokowi que derogue la ley, un llamamiento del que se hacen eco los principales sindicatos. El presidente, por su parte, ha rechazado todas las críticas y ha dicho a la gente que deberían llevar su caso a los tribunales en lugar de unirse a las protestas callejeras. Obviamente, en los tribunales, el gobierno y sus aliados tendrían ventaja sobre los trabajadores y estudiantes.
La actual ola de protestas se produce aproximadamente un año después de una ola similar contra la destrucción de la muy respetada Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) y los intentos de introducir otras leyes regresivas. Si bien el movimiento forzó el aplazamiento de varias leyes propuestas, Jokowi logró que se desvirtuara la KPK, cuya existencia obstaculizaba el tipo de clientelismo y cooptación que Jokowi practica cada vez más. Muchas de las demás leyes a las que se opuso el movimiento del año pasado se han incluido ahora en la Ley Ómnibus.
Jokowi parece pensar que también puede capear el temporal actual. Sin embargo, cada vez más indonesios se están dando cuenta de la realidad del gobierno de Jokowi y su complacencia con los islamistas reaccionarios a expensas de las mujeres, las minorías y las libertades civiles. La lucha de Papúa Occidental por la autodeterminación es tabú para nacionalistas como Prabowo, pero, no obstante, continúa y cuenta con el apoyo de la izquierda indonesia.
La crisis combinada, las amenazas a la democracia indonesia, el estancamiento de los esfuerzos de reforma posteriores a 1998 y los intentos de restringir las libertades civiles y los derechos de las minorías generan ira y oposición. Los activistas sindicales progresistas y la pequeña pero activa izquierda del país están tratando de movilizar el descontento latente. Independientemente del resultado de este último movimiento, esto no es más que el comienzo de la lucha.
Fuente: https://www.jacobinmag.com/2020/10/indonesia-protest-wave-omnibus-law-jokowi-prabowo
Traducción: viento sur