Los países del Sur en desarrollo pierden como mínimo un billón (millón de millones) de dólares cada año por la evasión fiscal y la corrupción, facilitadas por las leyes permisivas del Norte industrial, según un estudio que aumenta la presión para que los gobernantes acuerden reformas sustanciales en una cumbre internacional a celebrarse en noviembre. […]
Los países del Sur en desarrollo pierden como mínimo un billón (millón de millones) de dólares cada año por la evasión fiscal y la corrupción, facilitadas por las leyes permisivas del Norte industrial, según un estudio que aumenta la presión para que los gobernantes acuerden reformas sustanciales en una cumbre internacional a celebrarse en noviembre.
Estas pérdidas provocarían un máximo de 3,6 millones de muertes al año, según Campaña ONE, una organización que lucha por mitigar la pobreza en África. La recuperación de solo una parte de este dinero en África subsahariana permitiría educar a más de 10 millones de niños y niñas o adquirir 165 millones de vacunas adicionales cada año según ONE.
«Cuando a la corrupción se le permite prosperar, inhibe la inversión privada, reduce el crecimiento económico, aumenta el costo de los negocios y puede provocar inestabilidad política. Pero en los países en desarrollo, la corrupción es asesina», afirma un informe de la organización, publicado el 3 de septiembre.
Añade que «cuando a los gobiernos se los priva de los recursos propios que tienen para invertir en el cuidado de la salud, la seguridad alimentaria o la infraestructura básica, eso cuesta vidas, y el mayor precio lo pagan los niños».
El análisis se centra en el blanqueo de capitales, soborno y evasión fiscal de parte de actores privados que actúan ilegítimamente y funcionarios públicos. El dinero perdido no corresponde a la ayuda destinada al desarrollo, sino más bien a las ganancias empresariales no declaradas, una evasión fiscal que genera menos fondos para financiar los servicios públicos esenciales.
El comercio internacional ofrece un punto clave para la manipulación, y las industrias extractoras son especialmente vulnerables, según la Campaña ONE. Solo en África, las exportaciones de los recursos naturales se quintuplicaron entre 2002 y 2011, lo que brindó grandes oportunidades de lucro a la corrupción.
En ese lapso «fuimos testigos de un aumento exponencial de las corrientes financieras ilícitas en todo el mundo», señaló Joseph Kraus, un experto en transparencia de la Campaña ONE, a IPS.
«Sin embargo, mientras que todos estamos familiarizados con la corrupción de los países en desarrollo, el tango se baila de a dos. Ese dinero a menudo termina en los centros financieros de los países del Norte. Esos bancos, abogados y contadores son, en esencia, facilitadores de la corrupción. Para llegar a la raíz del problema tenemos que ir detrás de los problemas allí», recomendó.
Oportunidad real
La sociedad civil, incluida la Campaña ONE, aumenta la presión sobre los países industrializados para que adopten medidas de transparencia.
Algunos de esas medidas apuntan contra la corrupción en los países en desarrollo, como el fortalecimiento de leyes que obligan a las industrias extractoras a declarar sus ganancias y las normas de libertad de información que permiten a los ciudadanos un mayor control de las actividades de sus gobiernos.
Otras medidas tendrían que adoptarlas los países industrializados, en particular los principales centros financieros, como Estados Unidos y Gran Bretaña.
Entre estas se incluyen normas que exigen el intercambio automático de información fiscal entre los Estados, la publicación de información sobre la propiedad de las empresas y la obligación de las transnacionales de informar sobre sus ingresos en cada país.
«Hace 18 meses, nadie hablaba de las empresas fantasmas ni las compañías ficticias anónimas. Sin embargo, estas cuestiones adquirieron mucho impulso en un breve lapso», expresó Kraus.
Esto se debe a la inquietud de las economías avanzadas por la reducción de los presupuestos públicos como consecuencia de la crisis económica mundial, aunque son los países en desarrollo los que se beneficiarán más con estas reformas.
Los defensores de estos cambios esperan avances en la cumbre que celebrará el 15 y 16 de noviembre en Australia el Grupo de los 20 (G-20), integrado por las 20 economías avanzadas y emergentes más grandes del mundo, y también en dos reuniones previas de ministros de Finanzas.
El G-20 representa cerca de dos tercios de la población, 85 por ciento del producto interno bruto y más de 75 por ciento del comercio del planeta.
Los miembros del G20 son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.
El G-20 asumió un papel destacado en cuestiones de estabilidad financiera mundial y, más recientemente, en abogar por el intercambio automático de información fiscal entre los gobiernos. En noviembre, sus ministros podrían aprobar una norma internacional en ese sentido.
«Durante demasiado tiempo, los países del G-20 hicieron la vista gorda a la fuerte salida de fondos de los países en desarrollo que se canalizan a través de cuentas bancarias extraterritoriales y empresas secretas», afirmó John Githongo, un activista contra la corrupción en Kenia.
«La introducción de políticas inteligentes podría ayudar a acabar con este escándalo de billones de dólares y cosechar grandes beneficios para nuestra gente, prácticamente sin costo. El G-20 debe adoptar esos cambios ya», aseguró a IPS.
Respuesta coordinada
De hecho, muchos países del G-20 instituyeron algunas de estas reformas por su cuenta. El gobierno británico, por ejemplo, decidió de manera unilateral publicar la información sobre la propiedad de las empresas, mientras que Estados Unidos fue el primero en aprobar rigurosos requisitos de transparencia para las compañías transnacionales extractoras.
Estas leyes nacionales pueden llevar a otros países a la acción, pero muchos sienten que solo un enfoque integral generará un impacto sustancial. Además, varios gobiernos se comprometieron a actuar, pero todavía no cumplieron.
«Las corrientes financieras ilícitas son un ejemplo perfecto de un problema transnacional, ya que se tienen dos regímenes jurídicos en los que se explotan las lagunas jurídicas», dijo Josh Simmons, asesor de Integridad Financiera Mundial, una organización estadounidense que proporcionó datos para el informe de la Campaña ONE.
«Cuando un órgano de cooperación internacional logra identificar estas lagunas, puede hacer que los países miembros reaccionen en sincronía para abordar la situación. Pero si solo un país trata de hacerlo, las empresas probablemente se trasladen a otro lugar», advirtió.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2014/09/evasion-y-corrupcion-cuestan-un-billon-al-ano-a-paises-del-sur/
Editado por Ronald Joshua / Traducido por Álvaro Queiruga