El inicio anticipado de la campaña electoral (1) debilita la institucionalidad y las políticas de estado, prioriza lo coyuntural sobre lo estratégico e impone lo sectorial sobre lo nacional, una vez más en la política guatemalteca, con consecuencias negativas. Las disputas inherentes a la sucesión presidencial se trasladarán al seno de un ya dividido e […]
El inicio anticipado de la campaña electoral (1) debilita la institucionalidad y las políticas de estado, prioriza lo coyuntural sobre lo estratégico e impone lo sectorial sobre lo nacional, una vez más en la política guatemalteca, con consecuencias negativas.
Las disputas inherentes a la sucesión presidencial se trasladarán al seno de un ya dividido e inoperante Congreso de la República, haciendo más lenta si cabe la labor legislativa. La ley de registro catastral, la ley marco de los Acuerdos de Paz, la política de desarrollo rural, la reactivación del pacto fiscal, no han podido ser impulsadas en el actual periodo de sesiones y, en un marco de diputas no solo inter sino tambien intrapartidarias, pueden estancarse definitivamente.
Segundo hecho negativo (y una de las claves de la presentación de candidatos): el debate preelectoral se prolongará en la discusión del Presupuesto de la Nación 2006. Tres de los candidatos mencionados son responsables de instituciones con amplio y discrecional presupuesto: Luis Flores Asturias, Fondo de Inversión Social y Megaproyectos; Eduardo González, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia; Eduardo Castillo, Ministerio de Comunicaciones. Se prevé que cada uno de ellos apostará por fortalecer, a través del control presupuestario, sus opciones electorales.
En tercer lugar, la discusión de candidaturas podría relegar de la agenda política aquellos temas particularmente conflictivos para el sector económico que apoya al gobierno, específicamente el Pacto Fiscal.
Por añadidura, el destape de candidatos pretende incidir en la conformación del partido Gran Alianza Nacional, GANA: para satisfacer esta necesidad táctica y estrictamente partidaria se abre una dinámica electoral extemporánea, que perjudica una vida política normal.
En fin, el inicio de la campaña coloca a la política guatemalteca y al presidente Berger en un anticipado e incómodo interinato, lo que por otra parte no hace más que confirmar reglas no escritas de la política guatemalteca.
Presidentes interinos
La regla más conocida afirma que ningún partido gobierna durante dos periodos consecutivos. La segunda regla indica que todos los presidentes, desde el fin de las dictaduras militares, han gobernado en la práctica un promedio escasamente superior a los dos años.
Atención a los datos: Serrano Elías ejerció durante dos años y cuatro meses, entre enero de 1991 y mayo de 1993. De León Carpio, dos años y seis meses, desde la caída de Serrano hasta enero de 1996. Antes, la Democracia Cristiana (enero 1986-enero 1991) había ejercido apenas un tercio del poder (Vinicio Cerezo dixit) y por tanto, su gobierno real extendido horizontalmente apenas alcanzaría a cubrir el 33% de cinco años de mandato, es decir, un año y siete meses .
Alvaro Arzú completo su mandato (enero 1996-enero 2000) pero su margen de maniobra se redujo después del fracaso en la aplicación del IUSI (marzo de 1998) y del asesinato del obispo Juan Gerardi (abril de 1998, a los dos años y tres meses de gestión). Por último, Alfonso Portillo medio gobernó (enero 2000-enero 2004) entre la corrupción, la tutela del Congreso presidido por el General Efraín Ríos Montt y las pugnas entre sectores empresariales.
¿Y Oscar Berger? El inicio de la campaña presidencial, si no se le ponen límites, si no se reconduce el debate y el accionar de los partidos, puede en la práctica acortar su mandato y convertirlo en el presidente más decorativo y efímero de la historia de este país. Pero no es el futuro de Berger, su lugar en la historia y su (débil) imagen de estadista lo que nos preocupa sino los retos que un Presidente y un gobierno en transición ya no van a acometer.
Es tiempo de gobernar, no de campañas electorales. Las aspiraciones presidenciales son legítimas en un régimen democrático pero las necesidades nacionales no pasan por conocer ahora quién va a ser el candidato en 2007 sino por desarrollar la agenda legislativa pendiente desde antes del inicio de este periodo de gobierno: desde la firma de la paz, en 1996. Hay tiempo y mucho para definir protagonismos electorales. Para el cumplimiento de los acuerdos de paz y el desarrollo integral, el espacio se está acortando.
(1) Álvaro Colom, Francisco Arredondo, Luis Flores Asturias, Jorge Briz, Eduardo González, Eduardo Castillo, los cuatro últimos funcionarios del actual gobierno, han manifestado sus aspiraciones presidenciales casi tres años antes de la celebración de elecciones.