A finales de mayo, los periódicos españoles daban cuenta de un «Informe de Seguridad Nacional» con relevantes conclusiones que fueron subrayadas y facilitadas a la prensa en una calculada operación. El informe, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional de la presidencia del gobierno español con la participación de los ministerios de Defensa, Asuntos Exteriores e Interior, entre otros, fue aprobado en abril de 2025. En él, han colaborado 408 personas del «Sistema de Seguridad Nacional», es decir, civiles y militares que trabajan en órganos del Estado, muchos de los cuales están al servicio del complejo militar-industrial y tienen ramificaciones y contactos en las empresas de armamento españolas y estadounidenses, en el opaco mundo de los comisionistas y en el cabildeo de empleos bien remunerados en ministerios, entidades públicas y empresas de armamento: un lobby que intercambia informaciones confidenciales, favores y negocios, que presiona para comprar armamento, y que con frecuencia asesora a los organismos españoles como hacen sus homólogos comunitarios para definir la política militar de la Unión Europea, siempre en busca del beneficio de las empresas de armamento y sin tener en cuenta el interés de la población. La elaboración del discurso y su difusión en la prensa y en redes sociales son pasos obligados para persuadir a los ciudadanos sobre el «imprescindible aumento de los gastos militares».
Junto a las obligadas referencias sobre crimen organizado, emergencias, epidemias y pandemias, cambio climático y problemas económicos, el informe destaca las «amenazas» de Rusia y China, obviando a otros países. Las acusaciones que lanza el Departamento de Seguridad Nacional español sobre Moscú y Pekín van desde las «amenazas híbridas», con «campañas de propaganda y desinformación» orientadas a «socavar la unidad occidental y desestabilizar a las potencias atlánticas», hasta la promoción de partidos extremistas y contrarios a la OTAN. El informe se abstiene de ofrecer pruebas, citando siempre «dominios», «sitios web» y «cuentas» de redes sociales, sin mayores detalles. Según la Seguridad Nacional, quienes protagonizan esa desinformación y campañas son «canales oficiales del gobierno ruso», «activistas pro-Kremlin», «agentes o entidades proxy«, y «sitios web en distintos idiomas». Acusa también al Kremlin de injerencias en Estados Unidos, Moldavia, Rumanía y Georgia, y al «aparato de propaganda chino» de lanzar «campañas de desinformación» buscando el descrédito de otros países y causando «tensiones regionales». Aumentando las alarmas, el informe mantiene que la inteligencia artificial generativa puede ser utilizada «por determinados actores» para difundir informaciones falsas, y en su «mapa de riesgos» destaca en primer lugar «la vulnerabilidad del ciberespacio», y tras ella, «las campañas de desinformación; los flujos migratorios irregulares; la tensión estratégica y regional; el espionaje y las injerencias desde el exterior; la inestabilidad económica y financiera y el terrorismo y la radicalización violenta». Es revelador que de los cinco riesgos señalados por el informe que tendrán una evolución más peligrosa en los próximos cinco años, cuatro justifican el rearme y el aumento de los presupuestos militares (campañas de desinformación, vulnerabilidad del ciberespacio, tensión estratégica y regional y espionaje e injerencias desde el exterior). El quinto riesgo son los «flujos migratorios irregulares».
Junto a la inquietud por Ucrania y Oriente Medio, el informe muestra preocupación por el «aumento de la capacidad militar de China» que puede hacer que el Mar de China meridional y el estrecho de Taiwán se conviertan en un «punto de conflicto». En cambio, no ve ningún riesgo por la constante activilidad de Estados Unidos en esa región, hasta el punto de que ni siquiera cita su apabullante despliegue militar. Como era de esperar, alerta también sobre la «penetración de Rusia y China en África» y en el análisis de riesgos considera que en los próximos cinco años aumentarán los peligros para la seguridad nacional.
Las alarmas del informe se añaden a decisiones gubernamentales anteriores. El Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional que aprobó el gobierno Sánchez-Díaz en 2021 pretende «sensibilizar» a los ciudadanos sobre la «cultura de Seguridad Nacional». Es un proyecto donde trabajan todos los ministerios, el Departamento de Seguridad Nacional, DSN, y el Centro Nacional de Inteligencia, CNI. Todos sus objetivos y orientaciones están ligados a los compromisos con la OTAN y Estados Unidos, y tras la negativa de Washington aquel mismo año a abordar las preocupaciones de seguridad de Moscú, a los compromisos adoptados con el régimen de Zelenski en Ucrania. Para persuadir a la sociedad española y que acepte la visión del gobierno y la OTAN, los tres ámbitos en que se ha puesto mayor énfasis en llevar las campañas e iniciativas del Plan Integral son la administración pública, los centros de enseñanza, y las empresas y sindicatos.
En muchos aspectos, el informe es tan sesgado y manipulador que llega a afirmar que «en este marco de la proliferación nuclear, cabe destacar como evolución especialmente negativa la retirada rusa de su ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) a finales de 2023, lo que ha supuesto un paso atrás en el objetivo de su entrada en vigor y universalización.» Los autores del informe ocultan que Rusia firmó el Tratado en 1996 y lo ratificó en 2000, mientras que Estados Unidos lo había firmado en 1996 pero nunca lo ratificó. Es decir: Moscú llevaba veinticinco años esperando que Washington ratificase el Tratado para que pudiera entrar en vigor, por lo que retirar su ratificación (porque no ha abandonado el Tratado) parece justificado a la vista de la falta de reciprocidad estadounidense. Pero el informe no busca la equidad ni el equilibrio: además de acusar a Rusia de «erosionar el régimen internacional de no proliferación y desarme» y de insinuar su posible utilización de armas nucleares, el informe no emite la menor crítica al proceder de Estados Unidos que ha abandonado la mayoría de los acuerdos nucleares de desarme; lanza alarmas sobre la doctrina nuclear china, señala que «el arsenal nuclear chino se está incrementando a un ritmo acelerado», y omite que Israel posee armamento nuclear. Los autores del informe son alumnos aventajados en la difusión de la propaganda y las mentiras de Estados Unidos y la OTAN.
Porque, aunque a veces Sánchez muestre inofensivas reticencias, su gobierno aplica disciplinadamente las decisiones de Washington y del cuartel general de Bruselas. Al día siguiente del encuentro del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con Scott Bessent, secretario del Tesoro en el gobierno Trump, Sánchez anunció el compromiso de su gobierno de aumentar hasta el 2% del PIB el gasto bélico en este mismo año 2025: el plan aprobado por el gobierno Sánchez-Díaz supone gastar más de 10.500 millones de euros adicionales en el presupuesto militar. La fantasía para devotos de que ese despilfarro disparatado no implicará recortes sociales es apenas el velo con que Sánchez quiere esconderse. Su compañero el británico Starmer ya está amputando gastos sociales y ayudas a pensionistas para dedicar más presupuesto al ejército: afirmó «prepararse para la guerra» y construirá doce submarinos nucleares de ataque. Además, España tiene varios miles de soldados en el Este de Europa, y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha asegurado que no tiene ninguna duda de que España llegará al 5% del PIB en gastos militares, lo que supondría gastar más en los ejércitos que en la educación. Rutte, que pidió a la OTAN que «cambie a una mentalidad de guerra», ya anunció que los ciudadanos europeos deben «aceptar sacrificios» y recortes en pensiones, sanidad y sistemas de seguridad: “Por término medio, los países europeos gastan fácilmente hasta una cuarta parte de su renta nacional en pensiones, sanidad y sistemas de seguridad social, nosotros necesitamos una pequeña fracción de ese dinero para hacer nuestra defensa mucho más fuerte y preservar nuestro modo de vida. Dar prioridad a la Defensa requiere liderazgo político. Puede ser duro y arriesgado a corto plazo, pero es absolutamente esencial a largo plazo.” El severo Rutte, que siendo primer ministro holandés se negaba a apoyar en la Unión Europea ayudas para combatir la crisis de la pandemia y exigía auditorías a los países del sur europeo, y cuyo ministro de finanzas, el socialdemócrata Jeroen Dijsselbloem, había acusado antes a los países mediterráneos de la Unión de gastar el dinero «en mujeres y copas», no ve inconveniente alguno en recortar pensiones para comprar armamento.
En 2016, la Unión Europea aprobó la Estrategia Global, EUGS (el recambio de la Estrategia Europea de Seguridad de 2003), como referencia estratégica para su acción exterior y sus decisiones militares y de seguridad. La previsión de la Comisión Europea hasta 2030 presenta a China como un «rival sistémico» que está dispuesto a «romper el orden internacional», y a Rusia como una amenaza porque estaría en disposición de lanzar en 2029 un ataque militar global contra los países de la OTAN. El tramposo recurso a la «amenaza rusa» no se sostiene: el gasto militar conjunto de los países miembros de la Unión Europea llegó a los 326.000 millones de euros en 2024, superior al de Rusia (123.000 millones, según el SIPRI), y al de China del mismo año (203.000 millones), y ello sin tener en cuenta el presupuesto militar estadounidense (880.000 millones) y británico (71.000 millones). Para mantener esa ficción, organismos occidentales como el británico International Institute for Strategic Studies, IISS, se apresuran a exagerar el gasto militar ruso y chino para justificar el rearme de la OTAN.
La Unión Europea hace tiempo que habla con un lenguaje guerrero y está atada a los lobbies y grupos de presión de las empresas de armamento, aunque con consumada hipocresía ha rebautizado su estrategia militar como Readiness 2030, (¡Disponibilidad 2030!) para ocultar su reveladora denominación original, ReARM Europe, siguiendo las recomendaciones de Sánchez (que dijo rechazar el término «rearme») y otros dirigentes socialdemócratas europeos. La previsión es que ese plan estará dotado de 800.000 millones de euros. En la militarización europea, Alemania vuelve a recorrer la historia: tras su victoria electoral, Merz anunció planes de rearme incluso recurriendo al endeudamiento. Merz, al frente de un gobierno de democristianos y socialdemócratas, aseguró que Alemania trabajará con Ucrania para fabricar misiles de crucero, que podrán alcanzar territorio ruso, y drones. Al mismo tiempo, adoptará lo que denomina «ambigüedad estratégica», es decir, no declarará los envíos de armamento al régimen ucraniano.
A finales de mayo de 2025, el Consejo de la Unión Europea autorizó la creación de un fondo denominado Instrumento de Acción por la Seguridad de Europa, SAFE, de 150.000 millones de euros, aprobado en marzo por el Parlamento Europeo, y que es el primer programa de inversión militar a gran escala, y supone un paso más en la militarización. La justificación de la presidencia de turno polaca del Consejo Europeo fue que el acuerdo quiere «aumentar la capacidad militar europea», pero en realidad servirá también para seguir armando al régimen de Zelenski en la guerra por delegación contra Rusia en tierras ucranianas. La Unión Europea pretende fabricar nuevos sistemas de defensa antiaérea, sistemas antimisiles, drones y aviones, además de reforzar con inteligencia artificial los dispositivos de guerra cibernética y electrónica. Junto a la retórica sobre la necesaria autonomía europea, la Unión sigue apostando por albergar las armas nucleares estadounidenses que están operativas en cuatro países, Alemania, Italia, Holanda y Bélgica, además de las que guarda en Turquía, y que el Pentágono ha modernizado sustituyéndolas las anteriores por las bombas B-61-12, las más temibles del arsenal nuclear estadounidense. Y sin olvidar el armamento nuclear de Francia y Gran Bretaña. Los países que las albergan ni siquiera conocen con precisión el número de bombas guardadas en los silos, que según distintas fuentes oscilan entre 150 y 500, además de las enviadas en secreto por Washington, recurso que el Pentágono ha utilizado con frecuencia: una rigurosa investigación de la revista científica estadounidense The Bulletin of the Atomic Scientists, examinando documentos secretos desclasificados del Pentágono, llegó a la conclusión de que Estados Unidos durante la dictadura franquista llegó a desplegar en España doscientas bombas atómicas. El accidente de las cuatro bombas nucleares de Palomares estuvo ligado a ese despliegue secreto.
Dos meses antes de la presentación del SAFE, Ursula von der Leyen y Kaja Kallas habían hecho público un Libro Blanco para la Defensa Europea, un documento aprobado para desarrollar la industria bélica europea y para disponer de un proyecto estratégico para la guerra, donde se pide a todos los países de la Unión que envíen armamento a Ucrania y que abandonen los límites para entregar a Kiev equipos sofisticados occidentales. El Libro recoge también un mecanismo para financiar el aumento de los presupuestos militares en todos los países de la Unión, en el marco de ese Plan ReArm Europe/Readiness 2030, con 800.000 millones de euros. La presidenta de la Comisión Europea, sin rubor alguno, afirmó para la ocasión: «La era del dividendo de la paz hace mucho que acabó. La arquitectura de seguridad de la que dependíamos ya no puede darse por sentada.» La Alta Representante, la ultraderechista estonia de disfraz liberal Kaja Kallas, insistió: «Debemos gastar más. Al mismo tiempo, el valor que añadimos al trabajar juntos es incalculable, ya que nos confiere una ventaja competitiva sin rival en cualquier lugar del mundo. En nuestro Libro Blanco para la Defensa Europea presentamos formas concretas de hacerlo. Ya sea al apoyar a Ucrania, al solventar nuestras propias carencias en materia de capacidades o al defender un mundo en el que no impere la ley del más fuerte, siempre tendremos más fuerza juntos.» Y el lituano Andrius Kubilius, comisario de Defensa y Espacio, cerró el coro belicista: «La aprobación del instrumento de préstamo para la defensa SAFE es un paso crucial para reforzar la preparación de Europa […]: envía una señal clara de que Europa está dispuesta a invertir en su propia base industrial, de defensa y resiliencia. Juntos, los Estados miembros también pueden comprar ahora con Ucrania, para Ucrania y en Ucrania.» Los dirigentes de la Unión han llegado a justificar el rearme asegurando que ayudará a reindustrializar Europa. Al deterioro de la libertad, a las carencias democráticas, al intervencionismo y manipulación de procesos electorales como en Rumania o en países limítrofes como Moldavia, a la progresiva incorporación de propuestas de la extrema derecha por los partidos conservadores y la socialdemocracia, al estímulo al nacionalismo más burdo y a la censura (como a los medios periodísticos rusos) y la persecución política de las protestas contra el genocidio en Gaza o contra las manifestaciones contrarias al envío de armamento a Ucrania, se une el horizonte belicista: en 2026, Estados Unidos desplegará misiles de alcance medio en Alemania, y la Unión Europea dedicará cada vez más recursos a la militarización, hasta el punto de que Kaja Kallas parece ya más un general de la OTAN que la responsable de la diplomacia.
La cumbre de junio de la OTAN en La Haya ha sido el marco donde Estados Unidos ha hecho patente su exigencia para aumentar los presupuestos militares hasta el 5 % del PIB, y tiene detrás el objetivo de aumentar las ventas de armamento estadounidense. Para maquillar el despropósito anunciado por el gobierno Trump, que exige que los aliados de la OTAN dediquen el 5 % del PIB a sus ejércitos, Mark Rutte propuso que los países miembros destinen para 2032 un 3’5 % del PIB a los presupuestos militares, con un 1’5 % adicional para presupuestos «casi militares». Rutte ya anunció que ese objetivo sería la principal cuestión a abordar en la cumbre de La Haya, abandonando la anterior meta del 2 % del PIB.
La rusofobia está profundamente enraizada en los medios de comunicación y en los organismos gubernamentales de los países de la OTAN. Hoy, Estados Unidos y su alianza atlántica bregan en dos direcciones: una, seguir acosando militarmente a Rusia en sus fronteras, apoyando a los golpistas del Maidán de 2014 en la guerra por delegación en Ucrania, e imponiendo sanciones económicas con el objetivo de quebrar la economía rusa y estimular la rebelión de sus ciudadanos para, hipotéticamente, desmembrar la Rusia actual como impulsaron la partición de la URSS. Y en segundo término, quieren debilitar la fuerza militar rusa privando así a China de su aliado más próximo, objetivo último de los planes del Estado profundo estadounidense, tanto con el gobierno Biden y como con Trump. La estrategia estadounidense intenta ahora forzar a sus aliados europeos a aumentar sus presupuestos militares, rebajar los dispendios del Pentágono limitando su despliegue en Europa, aunque sin abandonar la mayoría de sus bases, junto a otras medidas domésticas de reducción de gastos para detener el gigantesco endeudamiento estadounidense. Pese a esa voluntad, el déficit presupuestario estadounidense sigue aumentando y con los nuevos presupuestos de Trump y sus rebajas fiscales a los potentados en los próximos diez años se añadirán dos billones más de gasto federal.
Mark Rutte apoya las exigencias estadounidenses del 5 % del PIB y ha presionado a los gobiernos para que la cita de La Haya consolide la estrategia de Washington: ha asegurado a Trump que la alianza militar occidental impulsará el poder de Estados Unidos en el mundo. Sánchez, que se opuso a hablar de «rearme» aunque lo impulse, sigue los pasos de Trump, Hegseth, Rutte, Starmer, Merz, Von der Leyen y Kallas, que hablan de seguridad pero preparan la militarización: a finales de mayo, el Pentágono anunció cambios en el contrato con la empresa de armamento Lockheed Martin Space para desarrollar misiles hipersónicos (Conventional Prompt Strike) que puedan atacar objetivos en cualquier lugar del planeta en menos de una hora.
El último día de mayo, en el Diálogo de Shangri-La de Singapur (la más importante reunión de seguridad de Asia, con representantes de cuarenta países), el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que «la amenaza de China es real e inminente». Hegseth acusó a Pekín de tener «ambiciones en América Latina y en el canal de Panamá», y pidió también a los países asiáticos que incrementen sus presupuestos militares hasta el 5 % del PIB, como exige a los aliados de la OTAN. En Singapur, Macron y Kaja Kallas apoyaron las palabras de Hegseth para aumentar en Europa el gasto militar. Un día después, llegó el ataque con drones ucranianos a las fuerzas nucleares estratégicas rusas en Irkutsk y en aeródromos de Múrmansk, Riazán, Ivánovo y Amur, que solo podía hacerse con la complicidad y la información de Estados Unidos, aunque Washington haya negado conocer el ataque de antemano.
La paz solo puede garantizarse a través de propuestas como la china: objetivos compartidos, cooperación y multilateralismo, aceptando que la seguridad es indivisible y que un país no puede reforzar la suya en detrimento de otros, impulsando el desarme y respeto a los tratados internacionales, la defensa de la no proliferación nuclear, y el rechazo del hegemonismo y la formación de bloques militares. Pero Estados Unidos y sus aliados tienen un plan: asegurar el dominio planetario y proseguir con la rapiña de los recursos ajenos. Washington, la OTAN y la Unión Europea mantienen que su militarización asegurará la paz. Hablan de seguridad con lengua de serpiente.
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