El 31 Agosto 2004, 1000 agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía (FEP) se presentaron con armamento pesado, tanquetas y demás material bélico para desalojar a 1500 familias campesinas de la finca Nueva Linda, Champerico, Retalhuleu.Ante la resistencia de los campesinos a abandonar la finca, la policía disparó con fusiles de asalto contra los […]
El 31 Agosto 2004, 1000 agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía (FEP) se presentaron con armamento pesado, tanquetas y demás material bélico para desalojar a 1500 familias campesinas de la finca Nueva Linda, Champerico, Retalhuleu.
Ante la resistencia de los campesinos a abandonar la finca, la policía disparó con fusiles de asalto contra los campesinos cayendo los primeros muertos. Algunos campesinos defendieron sus vidas con armas de fabricación casera y escopetas simples. Durante más de 4 horas la policía atacó y disparó contra la población, asesinando al menos a 6 campesinos. 3 policías también resultaron muertos. La gente salió huyendo a una finca cercana donde un contingente del Ejército fuertemente armado se hizo presente creando más temor entre la población.
La policía quemó 500 viviendas de los campesinos. Hay más de 30 campesinos heridos. Hasta ahora no hay confirmación de la identidad de los campesinos asesinados y se teme que se pudieran encontrar más cuerpos de campesinos, incluso se teme que una mujer con sus dos niños fuera también asesinada por elementos policiales. Hay un número indeterminado de campesinos detenidos, alrededor de 20, que podrían estar sufriendo torturas u otro tipo de violaciones a sus derechos humanos.
Agresiones contra periodistas y asesinatos a quemarropa de campesinos:
Los periodistas que filmaban y tomaban fotografías de las agresiones policiales también fueron atacados y amenazados de muerte por policías dirigidos por el oficial de las FEP, Boris Morales. Al menos 5 periodistas de televisión y prensa escrita fueron atacados y su equipo con las evidencias de las agresiones decomisado por agentes policiales.
Nuestro Diario publica hoy que un periodista, del que se omite su nombre, declaró: «un agente de la policía me dijo: si tomás fotos te voy a matar como a este; y acto seguido apuntó con su pistola a un campesino que tenían detenido y lo mató».
«Los agentes estaban fuera de si y mataron a sangre fría al menos a 3 campesinos; es más a un campesino luego de darle un tiro en la cabeza le descargaron 5 más y luego saltaron sobre el cadáver gritando ¡Victoria!», publica hoy Prensa Libre.
Antecedentes del conflicto: empresarios españoles ordenan secuestro
Carlos Vidal Fernández, terrateniente de origen español y supuesto propietario de la mencionada finca, junto con el también finquero español Virgilio Casado ordenaron el secuestro el 5 Septiembre 2003 de uno de los dirigentes campesinos y anterior administrador de la finca, Héctor René Reyes Pérez. Este hecho, provocó que los campesinos ocuparan la finca Nueva Linda, desde septiembre del 2003 a la que rebautizaron como «Comunidad Héctor René Reyes».
Los campesinos habían manifestado en varias ocasiones pidiendo la liberación de su compañero secuestrado y desaparecido por los terratenientes, pero nunca fueron escuchados por las autoridades. Incluso aseguraron ante las cámaras de televisión hace una semana que si les entregaban a su compañero ellos desalojaban pacíficamente el área.
Declaraciones de Organizaciones Campesinas:
Ursula Roldán, de la Plataforma Agraria manifestó: «estos hechos ya se venían venir y son consecuencia de la falta de solución a la crisis agraria y la falta de justicia ante el secuestro de un dirigente campesino que fue secuestrado hace 11 meses y se presume fue asesinado por el propietario de la finca Carlos Vidal Fernández».
Carlos Arriaga de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) declaró: «Este Gobierno representa al sector empresarial y demuestra una vez más que no tiene intención de solucionar el problema agrario. Lo ocurrido ayer en la finca Nueva Linda fue una auténtica masacre, al igual que ocurrió en 1978 en Panzós donde el Gobierno asesinó a más de 100 campesinos, esta masacre fue premeditada, con alevosía y ventaja atacando a campesinos que luego se les acusa de estar vinculados con el crimen organizado. Eso es mentira. Es más ellos son lo que están vinculados con narcotráfico y crimen organizado.»
Rafael Chanchavac, también de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) responsabilizó al Gobierno por las muertes ocurridas en la finca Villa Linda y llamó al movimiento social, campesino e indígena a solidarizarse con las comunidades que están siendo objeto de represión.
Rafael González del Comité de Unidad Campesina (CUC) manifestó que con esta acción se rompe el diálogo entre movimiento campesino y Gobierno y que las comunidades estarán analizando que tipo de medidas de hecho tomarán de aquí en adelante.
Orlando Blanco del Colectivo de Organizaciones Sociales (COS): «Nos retiramos de la mesa de diálogo, el Gobierno ha tirado por la borda el Convenio del 8 Junio».
Por su parte Justo Mendoza, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CONIC) declaró hoy a la prensa: «No es conveniente romper el diálogo con el Gobierno, ha habido algunos avances en la negociación durante este periodo de 90 días y vamos a tener una reunión el 8 y 9 Septiembre con el Gobierno. Hay que recompensar económicamente a los campesinos que fueron desalojados».
Declaraciones de la Procuradoría de los Derechos Humanos:
Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos manifestó: «Responsabilizamos al Gobierno por no encontrar una salida dialogada a este conflicto a pesar que han tenido casi un año para hacerlo. Además el Gobierno es responsable por incumplimiento de los Acuerdos de Paz y Convenios Internacionales que Guatemala ha firmado en materia de desalojos; cuando se produce un desalojo el Gobierno tiene que garantizar la reubicación de los desalojados y su seguridad alimentaria.»
Declaraciones del sector empresarial:
Carlos Enrique Zúñiga Fumagali, Presidente de la Cámara del Agro manifestó hoy en televisión: «La propiedad privada debe ser respetada. Es igual que si alguien entra en la propiedad de algún televidente; que nadie diga que no tiene derecho a sacarlo. La policía se presentó desarmada al lugar y los campesinos usaron bastones chinos y fusiles AK 47 de los que usaron en el conflicto armado hace apenas 10 años y que han desenterrado».
Declaraciones del Gobierno:
Carlos Vielman, Ministro de Gobernación, aseguró: «Esos no eran campesinos, eran un grupo de delincuentes vinculados al crimen organizado. Ya hay capturados 9 ó 10 campesinos, el delito del que se les acusa es por asesinato y sedición,… y si no fueron ellos que digan quien fue». Al preguntarle por la causa de muerte de los 6 campesinos asesinados (ya que la policía según dijo estaba desarmada) respondió: «murieron por el fuego de sus propios compañeros».
Por su parte el Presidente de Gobierno Oscar Berger declara: «El grupo de campesinos de la finca Nueva Linda no eran miembros de CNOC ni de la Plataforma Agraria. Ellos actuaron al margen de la ley, actuaron contra una orden judicial. Son parte de una facción del crimen organizado y vamos a combatir a la facción clandestina. Aunque se derrame sangre inocente el Gobierno está dispuesto a combatir a los criminales. El diálogo con el movimiento campesino no se rompe, al contrario se fortalece. En estos 90 días hemos resuelto 20 casos y esta semana podemos resolver 100 casos más de invasiones y conflictos laborales. Yo me voy a poner al frente del tema agrario. Queremos seguir el diálogo con quienes quieren aportar a la mejora de las condiciones de vida de todos los guatemaltecos. Si algunos líderes se van a poner del lado de los que delinquen pues que lo digan abiertamente..»
A modo de conclusión:
Con este terrible desalojo, el Gobierno incumple el convenio firmado entre el movimiento campesino y el Presidente de la República el pasado 8 Junio 2004 de respetar un plazo de 90 días sin desalojos ni ocupaciones para encontrar una solución dialogada a la conflictividad agraria en Guatemala donde hay 900 conflictos de tierra, 130 fincas ocupadas y 50 órdenes de desalojo pendientes de ejecución.
El Gobierno ha demostrado que lejos de buscar una solución dialogada a la conflictividad agraria, sigue los postulados del sector empresarial, criminaliza al movimiento campesino y lo reprime con las fuerzas de seguridad del estado.
Esto podría ser el comienzo de una nueva oleada de desalojos violentos en el campo. A tenor de las declaraciones del Presidente de Gobierno y de algunos dirigentes campesinos, también podría ser parte de una estrategia del Gobierno de dividir al movimiento campesino entre los que, a pesar de los hechos, quieren seguir el diálogo con el Gobierno y los que no. Los «buenos» , serían entonces las organizaciones cuyos dirigentes dialogan y no ocupan fincas: sus comunidades no sufrirán desalojos violentos sino negociados, lograrán algunos regalos como créditos para arrendamientos de tierras, abono químico y semillas transgénicas. Los «malos», serán las organizaciones cuyos dirigentes ante la evidencia de los sangrientos hechos, ya no tienen nada que dialogar con el Gobierno.
Guatemala 1 Septiembre 2004
Comisión Internacional de Acompañamiento
por el Respeto a los Derechos Humanos (CIARDH)
Con información de Noti 7 (noticiero oficial de televisión), Emisoras Unidas (radio oficial guatemalteca), Nuestro Diario y Prensa Libre (prensa escrita oficial guatemalteca) y CNOC (Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas).