Del 11 al 14 de diciembre de 2017, Buenos Aires será sede de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Diversos movimientos sociales ya tienen este acontecimiento en la mira de su agenda política. Pero, más allá de la agenda que se viene manejando desde hace años -como el compromiso siempre […]
Del 11 al 14 de diciembre de 2017, Buenos Aires será sede de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Diversos movimientos sociales ya tienen este acontecimiento en la mira de su agenda política.
Pero, más allá de la agenda que se viene manejando desde hace años -como el compromiso siempre postergado de la OMC de tratar temas de desarrollo y la negación de los países más ricos a discutir los subsidios agrícolas-, una nueva amenaza se perfila para los países del Sur, ya que, desde julio del año pasado, la meta principal que vienen planteando los países del Norte en el marco de este organismo es lograr un acuerdo -en lo posible ya en la Conferencia de diciembre- para iniciar negociaciones sobre el comercio electrónico, o e-commerce, a pesar de ser un área en la cual la mayoría de países del Sur aún no están en condiciones de competir.
Es un hecho que hoy el comercio en bienes y servicios digitales está remplazando, aceleradamente, el comercio en bienes y servicios físicos, en numerosas áreas. En pocos años, y en particular con la expansión de la «Internet de las cosas», llegará a representar un alto porcentaje del comercio mundial, convirtiendo muchos productos en servicios. Tan solo para dar unos ejemplos, muchos servicios de atención de salud (incluida la cirugía) se podrán contratar a distancia en otro país. O alguien en Buenos Aires podrá comprar en amazon.com la maqueta de un par de zapatos diseñado a su gusto y a la medida a su pie, y luego imprimir los zapatos localmente en una impresora 3-D.
Esta evolución implica sin duda que será necesario contar con un marco básico internacional para regir este nuevo ámbito del comercio, máxime considerando que se trata de transacciones que cruzan las fronteras con mucho más facilidad que los bienes físicos. El problema es que las potencias mundiales tienen un desarrollo mucho mayor en productos y servicios digitales; y quieren asegurar su acceso a todos los países del mundo, no solo para la venta libre, sin aranceles ni restricciones, sino también para poder extraer sin trabas los datos generados por estos servicios. Y es que los datos en masa (o «big data«) constituyen la materia prima de la nueva economía digital: alimentan los algoritmos y la inteligencia artificial, conformando una especie de «cerebro social» que permite controlar los más diversos sectores.
Vale recalcar: no es que sea malo en sí desarrollar el comercio electrónico, como tampoco la inteligencia artificial; de hecho podrían ser muy beneficiosos en muchos ámbitos; es más, su avance es sin duda imparable. Más bien el problema radica justamente en el hecho de que el comercio electrónico es controlado en un alto porcentaje por un puñado de empresas transnacionales (principalmente 4 ó 5 de Silicon Valley, EE.UU.), y son estas empresas las que están empujando para que se establezcan reglas vinculantes en la OMC que les favorezcan y les permitan aumentar aún más su control monopólico del mercado.
En cambio, ningún país en desarrollo, salvo China, ha establecido niveles significativos de soberanía en tecnologías digitales. Entonces, de aceptar la apertura total que se está planteando en la OMC, significará ceder soberanía en un sinfín de áreas, lo que prácticamente equivale a una nueva forma de colonización.
Las propuestas del Norte
Entre las principales propuestas que plantean los países desarrollados se incluyen:
– La prohibición total de tarifas aduaneras a los productos digitales; y principios de no discriminación.
– Ninguna restricción a los flujos transfronterizos de datos; y ninguna obligación de almacenar datos en servidores locales.
– La prohibición de regulaciones que obliguen a las empresas a transferir tecnología, procesos de producción u otra información propietaria.
– Ninguna obligación para una empresa de utilizar tecnología local en lugar de la tecnología que ella prefiere.
– La prohibición de introducir nuevas regulaciones al e-commerce, más allá de las ya existentes en la OMC para los servicios y bienes físicos.
Estás clausulas son muy problemáticas para países que aún no tienen desarrollado su capacidad tecnológica. Por ejemplo, significarían que no se podrá discriminar a favor de proveedores locales, ni aplicar tarifas para beneficiar la producción local. Varios países quieren introducir la obligación de almacenamiento local de datos, sea para cuestiones de soberanía y seguridad o para evitar la entrega gratuita de los datos, que son una fuente de valor en la economía digital.
La transferencia tecnológica ha sido una demanda histórica de los países del Sur, para el impulso de su propio desarrollo; la propuesta de prohibir que pueda ser obligatoria contradice incluso otras reglas de la propia OMC. La obligación de usar tecnología local (por ejemplo en telecomunicaciones) ha sido utilizada con éxito por países como China para impulsar su propia industria tecnológica. Y es injusto e ilógico prohibir nuevas regulaciones, sobre todo cuando se trata de cuestiones de interés público, para servicios que aún ni siquiera existen.
Una agenda de desarrollo
Quienes están impulsando estas propuestas en la OMC, con el apoyo de «expertos» en desarrollo, se llenan la boca de un discurso que alaba las ventajas para las pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo, que podrán vender sus productos directamente a consumidores en el Norte. Este discurso, bastante iluso para la realidad tecnológica de tales países, salvo casos excepcionales, busca seducir a los países incautos, escondiendo los intereses que hay detrás de las propuestas concretas planteadas, como las mencionadas arriba.
Para poder desarrollar realmente su capacidad tecnológica, a los países del Sur no les conviene en este momento negociar acuerdos vinculantes de este tipo. Primero, porque se busca marginar otra vez la agenda de desarrollo real, particularmente en torno a los productos agrícolas (que son de los pocos que son menos susceptibles de digitalizarse). Segundo, porque muchos países aún no cuentan con las condiciones necesarias para ello, como el acceso amplio a la banda ancha o incluso a Internet, o un sistema bancario que facilite transferencias internacionales.
Aceptar reglas vinculantes a corto plazo podría constituir más bien un obstáculo para desarrollar capacidad y soberanía tecnológica. Entre los riesgos se incluyen: la pérdida de empleos ante una competencia desleal; mayor vulneración de la seguridad y privacidad; extracción/expropiación de datos sin ningún beneficio económico; evasión de impuestos y pérdida de ingresos fiscales; mayor dependencia tecnológica; disminución del espacio de políticas públicas; limitaciones para la integración y el desarrollo de mercados regionales. Incluso implica un aumento del riesgo de una nueva crisis financiera global, ya que se limitaría la capacidad de regular los servicios financieros.
Vale tener presente también que lo que se quiere introducir en la OMC ya se había negociado en gran parte en el ahora difunto TPP (Tratado Transpacífico); y sigue en negociación en el TISA (Tratado sobre el Comercio en Servicios).
En la OMC, ya existe un Programa de Trabajo en Comercio Electrónico, mandatado para discutir e intercambiar sobre estos temas, desde las distintas perspectivas e intereses; mas no tiene el mandato de negociar nada. Lo nuevo ahora que plantean los países del Norte es que quieren abrir negociaciones.
Claramente es necesario primero un debate abierto y a fondo sobre las implicaciones del comercio electrónico y de acuerdos de este tipo, particularmente para los países en desarrollo, antes de negociar reglas vinculantes que bien pueden inhibir su futuro desarrollo. La poca consideración que los países desarrollados han dado a la agenda de desarrollo de Doha deja serias dudas sobre su voluntad de tomar en serio estas necesidades.
Fuentes:
South Centre. 2017. «The WTO’s Discussions on Electronic Commerce: Analytical Note.» Geneva. https://www.southcentre.int/wp
Deborah James, «Twelve Reasons to Oppose Rules on Digital Commerce in the WTO», http://www.alainet.org/en/arti
Parminder Jeet Singh, «Trading away our digital rights», http://www.thehindu.com/opinio