Un reparto masivo de sobornos en tres continentes durante la última década y media llevó el fin de año al gigante brasileño de la construcción Odebrecht a sendos acuerdos con la justicia en Brasil, Estados Unidos y Suiza. Junto con la petroquímica Braskem, a la que controla en forma indirecta, Odebrecht tendrá que pagar multas […]
Un reparto masivo de sobornos en tres continentes durante la última década y media llevó el fin de año al gigante brasileño de la construcción Odebrecht a sendos acuerdos con la justicia en Brasil, Estados Unidos y Suiza.
Junto con la petroquímica Braskem, a la que controla en forma indirecta, Odebrecht tendrá que pagar multas por unos 3.500 millones de dólares en lo que el el Departamento de Justicia estadunidense llamó «el mayor caso de sobornos extranjeros en la historia». Este caso es independiente del que mantiene en una cárcel brasileña al expresidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, en una de las consecuencias de la Operación Lava Jato.
El nuevo asunto estuvo algo apagado, porque estalló en el umbral de las fiestas navideñas. Pero una somera revisión de los cargos muestra un arco considerable de pistas que disparan dardos en varias direcciones y en varios países, todavía pendientes de esclarecer. Según la autoridad estadunidense, Odebrecht pagó unos 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de gobierno o sus representantes, así como a partidos políticos de varios países, a fin de obtener contratos. La operación estuvo dirigida por los más altos niveles de la compañía y se ejecutó desde una «estructura financiera secreta», a través de una «compleja red» de empresas de tapadera, transacciones sin registro y cuentas bancarias en paraísos fiscales, de acuerdo con la acusación.
Dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos que para 2006 Odebrecht tuvo que crear su División de Operaciones Estructuradas, que en realidad era un «departamento de sobornos». Entre el amplio catálogo de casos están estos:
– Colombia. Entre 2009 y 2014 (gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos), sobornos por 11 millones de dólares para asegurar contratos de obra pública, que dejaron beneficios a Odebrecht por 50 millones de dólares.
– México. Entre 2010 y 2014 (gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), sobornos por 10.5 millones de dólares para obtener contratos de obra pública, que arrojaron beneficios para la empresa por 39 millones de dólares. Un caso particular: entre diciembre de 2013 y 2014, un pago de 6 millones de dólares a «un alto funcionario de una empresa propiedad y bajo control del Estado» para garantizar que la brasileña se adjudicara un proyecto.
– Venezuela. Entre 2006 y 2015 (gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro), sobornos por 98 millones de dólares a funcionarios o representantes del gobierno para obtener contratos.
El informe cita también casos en Angola, Argentina, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Mozambique, Panamá y Perú. Hasta ahora son pocas las reacciones oficiales. Panamá abrió una investigación judicial y canceló la participación de Odebrecht en nuevas licitaciones. Para que vuelva a operar en el país, la empresa tendrá que resarcir el daño al Estado y cooperar con la pesquisa.
Perú también abrió una investigación y exige la devolución del dinero obtenido por la vía de la corrupción. Tampoco permitirá que la compañía entre a nuevas licitaciones, si resulta sancionada.
Colombia requisó documentación de la empresa como parte de una averiguación. En el resto, por ahora, nada concreto…