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Ecuador y la Constituyente

La derecha busca frenar la Asamblea

Fuentes: APM

El Parlamento con mayoría derechista esquiva la aprobación del referéndum constituyente, pese a la voluntad del pueblo ecuatoriano. A su vez, el presidente Correa denunció que la oposición busca un escenario para destituirlo.  Tras los disturbios de la jornada de ayer donde los manifestantes reclamaban contra los legisladores, exigiendo la aprobación de una consulta popular […]

El Parlamento con mayoría derechista esquiva la aprobación del referéndum constituyente, pese a la voluntad del pueblo ecuatoriano. A su vez, el presidente Correa denunció que la oposición busca un escenario para destituirlo. 

Tras los disturbios de la jornada de ayer donde los manifestantes reclamaban contra los legisladores, exigiendo la aprobación de una consulta popular que abra paso a una asamblea constituyente de plenos poderes, el gobierno y el congreso iniciaron un acercamiento al diálogo.

El ministro de Gobierno, Gustavo Larrea y sectores políticos del congreso se reunieron ayer, en su primer acercamiento en semanas tras los hechos de acontecidos.

El ministro acudió al congreso y habló por más de una hora con el presidente del legislativo, el diputado opositor Jorge Cevallos, y los jefes de los partidos políticos.

Larrea indicó que su visita buscó «dar un mensaje claro» de que el gobierno «garantiza el pleno funcionamiento del parlamento ecuatoriano y más allá de las discrepancias que podamos tener, el país requiere vivir en convivencia pacífica».

Rechazó la jornada de violencia del día anterior cuando manifestantes ingresaron por la fuerza a los patios del Congreso y se enfrentaron con policías, dejando casi media docena de heridos, lo que provocó la salida abrupta de los diputados.

A su vez, el ministro de Gobierno reiteró su llamado a los legisladores para que den paso a la consulta popular para que la ciudadanía decida si se instala o no una asamblea nacional.

Por su parte, Cevallos agradeció y felicitó la visita de Larrea porque permite «iniciar un diálogo que va dirigido a encontrar la paz, la tranquilidad que el pueblo ecuatoriano necesita».

Sin embargo, en ningún momento se refirió a la respuesta que tendrá el parlamento sobre el referéndum siendo esta la principal razón de las diferencias.

Más temprano, a l horas de la tarde, en lo que fue la segunda jornada de protestas frente al Congreso ecuatoriano, estudiantes se enfrentaron a la Policía en los exteriores de la sede del Legislativo en reclamo de la consulta popular y una Asamblea Constituyente.

Los enfrentamientos, que se tornaron violentos poco después del mediodía, se registraron tras el paso por frente al edificio del Parlamento de una marcha de Seguro Social Campesino, que demandó igualmente el derecho del pueblo a cambiar el país sin los diputados.

Con banderas rojas y gritos contra los parlamentarios, a quienes llamaron ratas, campesinos e indígenas continuaron su caminata hasta el Palacio de Gobierno, donde fueron recibidos por el ministro del Ejecutivo, Gustavo Larrea.

Poco después llegaron otras cientos de personas que se concentraron en las afueras de la sede legislativa, mientras en el interior los parlamentarios revocaron el apoyo a Francisco Cucalón, el fiscal general, quien renunció a su cargo.

Movimientos sociales y políticos que el martes protestaron frente al Parlamento e intentaron tomar el control de ese edificio anunciaron que continuarán sus movilizaciones.

El dirigente del movimiento Alianza País Cesar Rodríguez advirtió que los congresistas deben ahora aprobar la convocatoria urgente a un referendo que dé paso a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna.

De lo contrario, volveremos a la calle para sacar a los diputados y enviarlos a su casa por no acatar la decisión de la mayoría de los ecuatorianos, concluyó.

Anta la situación, Cevallos no descartó, en caso de nuevos reclamos violentos contra del Congreso, que los diputados puedan realizar sus sesiones en otras ciudades como Guayaquil, Manta y Portoviejo porque tiene la obligación de proteger la integridad física de los legisladores.

Por parte, el secretario de la administración, Vinicio Alvarado, advirtió que «cuando hay una demanda social incontenible, creo que no puede haber fuerza pública que pueda contenerla«.

Agregó que los hechos de la víspera «son alertas que hay que tomar en cuenta para tomar las respectivas medidas«.

La vocera del gobierno, Mónica Chuji, señaló que el gobierno defenderá la libertad de expresión de la ciudadanía pero que el gobierno ratifica «su más enérgico rechazo a cualquier forma de violencia«.

Por otro lado, de acuerdo a declaraciones del subsecretario de Gobierno, Eduardo Paredes, reproducidas por la agencia ecuatoriana Cre, será difícil que la consulta pueda llevarse a cabo el próximo 18 de marzo ante el poco tiempo que existiría para la realización del referéndum.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció que el Congreso opositor «está configurando el escenario para destituirlo», acusándolo de instigar a la violencia durante la movilización social en favor de su proyecto de Asamblea Constituyente.

Con dos semanas en el poder, Correa señaló que los diputados pretenden involucrarlo con los disturbios que obligaron al desalojo del helicentro el martes, para culparlo luego de «atentar contra la seguridad del Estado y proceder a su destitución».

«Están preparando el escenario para destituir al presidente, lo cual es imposible porque estos señores no entienden que más allá de sus leguleyadas este es un problema político donde el gobierno, gracias a la generosidad del pueblo ecuatoriano, tiene más del 80 por ciento del apoyo popular», declaró Correa en rueda de prensa.

A su vez, el mandatario replicó las declaraciones del jefe del Congreso, el derechista Jorge Cevallos, que lo señalan como el instigador de la violencia durante la movilización contra ese órgano y la cual dejó tres heridos, incluida una reportera gráfica.

«Los únicos que están atentado contra la seguridad son 60 ó 65 legisladores y cuatro vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al ir en contra de la voluntad de 13 millones de ecuatorianos», sostuvo.

En ese sentido, el mandatario aseguró que los legisladores quieren «imponer su voluntad de la forma más mañosa, antiética y antidemocrática».

Finalmente el Jefe de Estado ecuatoriano expresó: «Hago un llamado encarecido para que las marchas sean pacíficas, pero el único que puede resolver este problema es el Congreso sometiéndose a sus mandantes y no a los caciques de los movimientos políticos».

Las políticas impulsadas por Correa en favor de la voluntad del pueblo no son del agrado de la derecha local. Las amenazas de destitución se escucharon incluso antes de que el mandatario asumiera su cargo.

De ese modo la derecha bananera, representada por los legisladores del magnate y ex candidato presidencial Álvaro Noboa, y el resto de la partidocracia con mayoría en el Congreso Nacional de Ecuador, desplegaron una ofensiva que tiene como objetivo frenar las transformaciones estructurales que se propuso el flamante gobierno de Rafael Correa.