Es indudable que México ha sido víctima de una elección fraudulenta que tiene el respaldo abierto de las grandes potencias encabezadas por Estados Unidos. Bajo la responsabilidad directa de Vicente Fox, ex gerente de Coca Cola; del gobierno que encabeza con antiguos empleados de compañías trasnacionales; del Partido Acción Nacional, controlado por quienes han traicionado […]
Es indudable que México ha sido víctima de una elección fraudulenta que tiene el respaldo abierto de las grandes potencias encabezadas por Estados Unidos. Bajo la responsabilidad directa de Vicente Fox, ex gerente de Coca Cola; del gobierno que encabeza con antiguos empleados de compañías trasnacionales; del Partido Acción Nacional, controlado por quienes han traicionado sus propios proyectos de democratización; apoyado por los grandes patrones, los medios electrónicos y la gran prensa de México y el extranjero, el poder dominante ha impuesto como verdad la gran mentira de que Felipe Calderón -otro hombre de negocios público-privados- «triunfó» (mentira) en unas «elecciones transparentes» (mentira), que se niega a reconocer un líder «populista» (mentira), que «debería respetar las reglas de la democracia, y que por ambiciones personales no lo hace» (sarta de mentiras), el cual cuenta con el apoyo de «grupos de alborotadores que quieren imponer su voluntad sobre la de la mayoría, a los que alienta una «izquierda anticuada» que no corresponde a lo que (según ellos) debería ser «la izquierda moderna», y a quienes en realidad encabeza una plebe que ignora lo que es la democracia y la ciudadanía (sarta de mentiras de «segundo orden» en que se pretende «representar» lo que el depredador está usurpando).
En realidad, la gran mentira sobre los resultados electorales de 2006 oculta el proyecto de saqueo del petróleo y otros recursos naturales; la privatización de la electricidad y los servicios de salud y seguridad social, así como un nuevo aumento a la carga impositiva que pesa sobre la población de escasos recursos y sobre los pobres de México.
La gran mentira es parte de un proyecto de conquista y colonización del mundo, en que a las murallas de Jerusalén se añaden otras, como las que está construyendo el gobierno de Estados Unidos en más 3 mil kilómetros de la frontera con México. Esa muralla no sólo se construye tras el saqueo a que fue sometida la República Mexicana por Estados Unidos con el llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte; es también un claro indicador de las medidas complementarias con que la mismas fuerzas piensan ahora empobrecer todavía más al país y arrebatarle el resto del capital nacional y social que genera empleos.
La inmensa muralla que levanta Estados Unidos en la frontera con México corresponde a la decisión de reprimir «a como dé lugar» («as necessary«) a los millones y millones de mexicanos y mexicanas sin trabajo que pretendan salir de la ratonera de inseguridad, insalubridad, analfabetismo y miseria en que muy bien saben que van a convertir a México, como «efecto lateral» del gran saqueo y represión que ya anuncia el presidente electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en discursos dizque «institucionales», «conciliadores» y «democráticos» que, como primera opción, parecen partidarios de un «saqueo legal y pacífico».
La gran mentira entraña también declarar una «guerra justa» al pueblo de México y a una ciudadanía que ha dado muestras de combatividad y creatividad ejemplares.
México, como ya ha ocurrido antes en su historia, está realizando una aportación notable a la historia universal. Hoy, el pueblo se encuentra en un proceso de redefinición de la democracia electoral. Al defender el voto como lo hace, bajo el clamor de «Sufragio efectivo y no imposición», lucha contra la democracia enajenada y por rescatar el poder del pueblo y la ciudadanía, que desde hace tanto tiempo detentan las mafias de las antiguas y nuevas oligarquías.
El pueblo mexicano también lucha (entre contradicciones) por estructurar su propio poder en formas no autoritarias, ni populistas ni totalitarias, y con profundo sentido democrático, nacional y de justicia social.
El voto, en un país de ciudadanos cuya inmensa mayoría está constituida por pobres y muy pobres, y por empobrecidos cada vez más numerosos, entraña un significado de libertad y justicia.
El voto, en un país de pobres no puede elegir -y no eligió- a un abierto representante de las mafias político-económicas del gran capital y las potencias imperialistas, que ayer como hoy atacan al pueblo y la ciudadanía de México desde Estados Unidos, España y Francia.
En las elecciones de 2006, Andrés Manuel López Obrador, para millones de mexicanos, ofrece una esperanza nacional y social frente a la abierta y agresiva amenaza de quien antes de llegar a la Presidencia usurpada, como Felipe Calderón, ya prometía entregar todo lo que él y los suyos no han podido malvender de México a las megaempresas imperiales y sus asociados y subordinados locales.
No cabe la menor duda de que el voto de la ciudadanía fue favorable a Andrés Manuel López Obrador. Defender su triunfo ha sido tarea de un pueblo pobre, de una ciudadanía de pobres apoyados por inmensos sectores de las clases medias empobrecidas, todos animados por los valores de la libertad, la justicia y la soberanía.
Las protestas y manifestaciones contra el fraude están redefiniendo el proyecto de Nación por miles y millones de habitantes.
Protestas y manifestaciones han puesto al orden del día la necesidad de llevar a la práctica una revolución democrática y pacífica que, partiendo de una democracia auténticamente representativa, se fortalezca con una democracia participativa y con una democracia de autonomías, cuya articulación permita organizarse desde los gobiernos locales hasta el nacional, con posibilidad de ampliaciones regionales y universales, objetivos que desde el siglo XIX hasta nuestros días se han planteado los pueblos mestizos e indígenas de México y América Latina y sus grandes líderes, desde Hidalgo, Bolívar y San Martín.
El nuevo movimiento ha redefinido la lucha. En su profundización, Andrés Manuel López Obrador ha mostrado innegable capacidad de liderazgo, que le ha permitido seguir las demandas del pueblo y de la ciudadanía. Tomarlas en cuenta para encauzar los nuevos pasos requiere una organización ciudadana que mantenga su autonomía y señale el rumbo del proceso.
En medio de contradicciones que un movimiento tan amplio entraña, el conjunto del actual proceso histórico revela, día a día, la creciente presencia del pueblo pobre y de las fuerzas progresistas y revolucionarias de México. De la resistencia muchos son los que han pasado a planteamientos que renuevan los grandes episodios de la historia nacional, desde la lucha de Benito Juárez contra los «imperialistas» y «retrógrados» de su tiempo, pasando por las de los revolucionarios que en Aguascalientes convocaron a una Convención Constituyente con las fuerzas de los más pobres entre los pobres, hasta las luchas representadas por la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO).
La historia se recrea, no se repite. En su recreación hace suyas las luchas del movimiento más avanzado de los pueblos de México, la de los pueblos indios encabezados en gran medida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hoy también organizados en el Congreso Nacional Indígena (CNI). Que los zapatistas busquen mantener la autonomía de su movimiento merece gran respeto. No los mueven razones o sentimientos mezquinos, y quienes así lo creen están muy equivocados. Desde las luchas por la Independencia de este país, en l810, todos los movimientos populares han convocado a los indios a la hora de las batallas y los han traicionado u olvidado a la hora de los triunfos. Los zapatistas de ayer y de hoy han vivido en su propia vida y en la de sus hijos el amargo sabor de la traición. Comprender y respetar su decisión de seguir su marcha -que es la nuestra- es una obligación fundamental, mínima, para la formación de un bloque histórico en México.
Hacer que las promesas de hoy se cumplan hoy, al iniciar los trabajos de la Convención Nacional Democrática (CND), no sólo consiste en formularlas verbalmente o en convocar a los pueblos indios a que participen. Consiste en el compromiso práctico de darles un lugar de mando en todas las decisiones nacionales, en demostrarles día a día que no se negocia con ellos para cooptarlos, que se asume con ellos la necesidad de incluirlos en las grandes decisiones con todos los pueblos y ciudadanos de México. Significa poner en práctica los acuerdos de San Andrés y reconocer el esfuerzo de unidad y representatividad del Congreso Nacional Indígena. Debemos respetar nosotros los acuerdos de San Andrés para que los respeten los demás. Precisar que son producto del consenso y la consulta amplia y representativa.
Los suscritos -adherentes de la otra campaña– consideramos que el EZLN ha planteado una nueva lucha desde lo local hasta lo global, al iniciar el nuevo movimiento por la autonomía de los pueblos indios, y por su articulación con los pobres entre los pobres, en un proyecto profundo anticapitalista. Ha hecho ver, con razón, que en más 500 años de desarrollo, ese modo de dominación y acumulación, movido por la lógica de las utilidades y el enriquecimiento personal o corporativo, siempre y en todas partes ha subdesarrollado un mundo periférico, marginado, excluido, superexplotado, hoy en gran parte sujeto a políticas de exterminio y saqueo.
Plantear desde ahora la necesidad de construir un sistema alternativo anticapitalista no debe ocultarnos, sin embargo, lo que está al orden del día en las luchas del pueblo mexicano y de muchos pueblos del mundo: construir con la democracia de las autonomías y de la dignidad una verdadera democracia de los pueblos, con los pueblos y para los pueblos, que ponga como uno de sus objetivos centrales la inclusión de los trabajadores organizados y no organizados, formales e informales, manuales e intelectuales en la toma de decisiones, así como el respeto a las distintas religiones, ideologías, civilizaciones, identidades, para una política en que las contradicciones en el interior del movimiento lleven cada vez más a la práctica de la libertad y de la justicia con respeto a los demás, y con un programa que incluya expresamente los principios no negociables.
Saber unirnos en medio de la diversidad es nuestro gran reto personal y colectivo. Lograr en la convención la unidad en la diversidad será su primer logro para el triunfo.