Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
Para Julian Assange las opciones legales están prácticamente agotadas y podría ser extraditado a Estados Unidos en cualquier momento. Si fuera condenado en aquel país, cualquier informe sobre el funcionamiento interno del poder se convertirá en delito.
El juez del Tribunal Superior Jonathan Swift -que anteriormente trabajó para diversas agencias gubernamentales británicas como abogado y dijo que sus clientes favoritos son «las agencias de seguridad e inteligencia»- rechazó la semana pasada dos solicitudes de los abogados de Julian Assange para recurrir su extradición. La orden de extradición fue firmada en junio del pasado año por la ministra del Interior, Priti Patel. El equipo jurídico de Julian ha presentado una última solicitud de apelación, la última opción disponible en los tribunales británicos. Si se acepta, el caso podría pasar a una vista pública ante dos nuevos jueces del Tribunal Superior. Si se rechaza, Julian podría ser extraditado inmediatamente a Estados Unidos, donde será juzgado por 18 cargos de violación de la Ley de Espionaje, cargos por los que podría ser sentenciado a 175 años, esta misma semana.
La única posibilidad de bloquear una extradición, si se rechaza el recurso final como supongo que ocurrirá, vendría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El brazo parlamentario del Consejo de Europa, que creó el TEDH, junto con su Comisario de Derechos Humanos, se oponen a la «detención, extradición y procesamiento» de Julian porque representa «un precedente peligroso para los periodistas». No está claro si el gobierno británico acataría la decisión del tribunal -aunque está obligado a hacerlo- en caso de que se pronunciara en contra de la extradición, o si el Reino Unido extraditaría a Julian antes de que se pueda presentar un recurso ante el tribunal europeo. Una vez enviado a Estados Unidos, Assange sería juzgado en el Tribunal del Distrito Este de Virginia, donde el gobierno estadounidense ha ganado la mayoría de los casos de espionaje.
La jueza Vanessa Baraitser del Tribunal de Magistrados de Westminster se negó a autorizar la solicitud de extradición del gobierno estadounidense en enero de 2021 debido a la gravedad de las condiciones que Julian soportaría en el sistema penitenciario estadounidense.
«Ante las condiciones de aislamiento casi total sin los factores de protección que limitaban su riesgo en [la prisión de Su Majestad] Belmarsh, estoy convencida de que los procedimientos descritos por EE.UU. no impedirán que el Sr. Assange encuentre la forma de suicidarse», dijo Baraitser al dictar su sentencia de 132 páginas, «y por esta razón he decidido que la extradición sería oprobiosa por razón de daño mental y ordeno su puesta en libertad».
La decisión de Baraitser fue anulada tras un recurso de las autoridades estadounidenses. El Alto Tribunal aceptó las conclusiones del tribunal inferior sobre el mayor riesgo de suicidio y las condiciones inhumanas de la prisión. Pero también aceptó cuatro garantías de la Nota Diplomática de EE.UU. nº. 74, entregada al tribunal en febrero de 2021, en las que se prometía que Julian sería bien tratado. El gobierno estadounidense afirmó que sus garantías «responden totalmente a las preocupaciones que llevaron al juez [del tribunal inferior] a poner en libertad al Sr. Assange». Las «garantías» afirman que Assange no será sometido a Medidas Administrativas Especiales (SAM, por sus siglas en inglés). Prometen que al ser ciudadano australiano podrá cumplir su condena en Australia si el gobierno de aquel país solicita su extradición. Prometen que recibirá atención clínica y psicológica adecuada. Prometen que, antes y después del juicio, Julian no será recluido en el Centro de Internamiento de Máxima Seguridad (ADX, por sus siglas en inglés) de Florence, Colorado. Nadie es retenido antes del juicio en ADX Florence. Pero suena inquietante. ADX Florence no es la única prisión de máxima seguridad en los EE.UU. Assange puede ser recluido en cualquiera de las otras instalaciones similares a Guantánamo en una Unidad de Gestión de Comunicaciones (CMU, por sus siglas en inglés). Las CMU son unidades altamente restrictivas que reproducen el aislamiento casi total impuesto por las SAM.
Ninguna de estas «garantías» vale ni siquiera el papel en el que están escritas. Todas vienen con cláusulas de excepción. Ninguna es jurídicamente vinculante. Si después de ofrecer estas garantías Julian hiciera «algo que cumpla los requisitos para la imposición de SAM o la designación de ADX», estará sujeto a estas formas más duras de control, admitió el tribunal.
Si Australia no solicitara el traslado «ello no podría ser motivo de crítica a EE.UU., ni razón para considerar que las garantías son inadecuadas para satisfacer las preocupaciones de la jueza», dice la sentencia. E incluso si no fuera así, Julian tardaría entre 10 y 15 años en recurrir su sentencia hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, tiempo más que suficiente para destruirle psicológica y físicamente.
Sin duda, el avión que espera para llevar a Assange a Estados Unidos estará bien provisto de vendas para los ojos, sedantes, grilletes, enemas, pañales y monos utilizados para facilitar las «entregas extraordinarias» llevadas a cabo por la CIA.
La extradición de Julian será el siguiente paso en la ejecución a cámara lenta del editor y fundador de WikiLeaks y uno de los periodistas más importantes de nuestra generación. Garantizará que Julian pase el resto de su vida en una prisión estadounidense. Creará precedentes legales que criminalizarán cualquier investigación sobre el funcionamiento interno del poder, incluso por parte de ciudadanos de otro país. Será un duro golpe para nuestra anémica democracia, que se está metamorfoseando rápidamente en un totalitarismo corporativo.
Estoy tan asombrado por este ataque frontal al periodismo como por la falta de indignación pública, especialmente por parte de los medios de comunicación. El muy tardío llamamiento de The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y El País -todos los cuales publicaron material proporcionado por WikiLeaks- a retirar los cargos de extradición es insuficiente y llega demasiado tarde. Todas las protestas públicas a las que he asistido en defensa de Assange en Estados Unidos cuentan con escasa asistencia. Nuestra pasividad nos hace cómplices de nuestra propia esclavitud.
El caso de Julian, desde el principio, ha sido una completa farsa judicial.
El expresidente ecuatoriano Lenin Moreno puso fin al derecho de asilo de Julian como refugiado político, en flagrante violación del derecho internacional. A continuación, autorizó a la Policía Metropolitana de Londres a entrar en la embajada ecuatoriana -territorio soberano sancionado diplomáticamente- para detener a un ciudadano naturalizado de Ecuador. El Gobierno de Moreno, que revocó la ciudadanía de Julian, recibió un importante préstamo del Fondo Monetario Internacional por su ayuda. Donald Trump, al exigir la extradición de Julian en virtud de la Ley de Espionaje, criminalizó el periodismo de un modo similar a como lo hizo Woodrow Wilson cuando clausuró publicaciones socialistas como The Masses.
Las audiencias, a algunas de las cuales asistí en Londres y a otras por Internet, se burlaron de los protocolos jurídicos básicos. Incluyeron la decisión de ignorar la vigilancia de la CIA y la grabación de las reuniones entre Julian y sus abogados durante su estancia como refugiado político en la embajada, eliminando la confidencialidad abogado-cliente. Solo por esto, el caso debería haber sido desestimado. Validaron la decisión de acusar a Assange, aunque no es ciudadano estadounidense, en virtud de la Ley de Espionaje. Incluyeron contorsiones kafkianas para convencer a los tribunales de que Julian no es periodista. Ignoraron el artículo 4 del tratado de extradición entre el Reino Unido y Estados Unidos, que prohíbe la extradición por delitos políticos. Vi cómo el fiscal James Lewis, que representaba a Estados Unidos, daba directrices legales a la juez Baraitser, que rápidamente las adoptó como su decisión legal.
El linchamiento judicial de Assange tiene mucho más en común con los oscuros días de la Lubyanka [cuartel general de la antigua KGB] que con los ideales de la jurisprudencia británica.
El debate sobre los retorcidos matices legales nos distrae del hecho de que Julian no ha cometido ningún delito en Gran Bretaña, aparte de una vieja acusación de incumplir las condiciones de la fianza cuando pidió asilo en la Embajada de Ecuador. Normalmente esto conllevaría una multa. En cambio, fue condenado a un año en la prisión de Belmarsh, donde lleva recluido desde abril de 2019.
La decisión de solicitar la extradición de Julian, contemplada por la administración de Barack Obama, fue impulsada por la administración Trump tras la publicación por parte de WikiLeaks de los documentos conocidos como Vault 7, que exponían los programas de ciberguerra de la CIA diseñados para vigilar y tomar el control de automóviles, televisores inteligentes, navegadores web y los sistemas operativos de la mayoría de los teléfonos inteligentes, así como de Microsoft Windows, MacOS y Linux.
Assange, como señalé en una columna enviada desde Londres el año pasado, está en el punto de mira por los informes de guerra de Irak publicados en octubre de 2010, que documentan numerosos crímenes de guerra de Estados Unidos, incluidas las imágenes que aparecen en el vídeo Collateral Murder (Asesinato colateral), del asesinato a tiros de dos periodistas de Reuters y otros diez civiles, y de dos niños gravemente heridos.
Van a por él porque hizo pública la muerte de casi 700 civiles que se habían acercado demasiado a los convoyes y puestos de control estadounidenses, entre ellos mujeres embarazadas, ciegos y sordos, y al menos 30 niños.
Van a por él porque sacó a la luz más de 15.000 muertes de civiles iraquíes de las que no se había informado y la tortura y los malos tratos infligidos a unos 800 hombres y niños, de edades comprendidas entre los 14 y los 89 años, en el campo de detención de Guantánamo.
Van a por él porque nos demostró que Hillary Clinton ordenó en 2009 a diplomáticos estadounidenses espiar al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y a otros representantes de la ONU de China, Francia, Rusia y el Reino Unido, espionaje que incluyó la obtención de ADN, escáneres de iris, huellas dactilares y contraseñas personales, todo lo cual formaba parte del complejo esquema de vigilancia ilegal que incluyó escuchas al Secretario General de la ONU, Kofi Annan, en las semanas previas a la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003.
Van a por él porque reveló que Obama, Hillary Clinton y la CIA respaldaron el golpe militar de junio de 2009 en Honduras que derrocó al presidente democráticamente elegido Manuel Zelaya, sustituyéndolo por un régimen militar asesino y corrupto.
Van a por él porque hizo públicos documentos que revelaban que Estados Unidos lanzó en secreto ataques con misiles, bombas y aviones no tripulados contra Yemen, matando a decenas de civiles.
Van a por él porque hizo públicas las conversaciones extraoficiales que Hillary Clinton mantuvo con Goldman Sachs, conversaciones por las que recibió 657.000 dólares, una suma tan elevada que sólo puede considerarse un soborno, así como sus garantías privadas a Wall Street de que cumpliría sus órdenes mientras prometía al público regulación bancaria y reforma financieras.
Solo por revelar estas verdades, es culpable.
El sistema judicial estadounidense es aún más draconiano que el británico. Puede utilizar Medidas Administrativas Especiales, leyes antiterroristas y la Ley de Espionaje para impedir que Assange hable en público, sea puesto en libertad bajo fianza o vea las pruebas «secretas» utilizadas para condenarle.
La CIA se creó para llevar a cabo asesinatos, golpes de Estado, torturas, secuestros, chantajes, difamación y espionaje ilegal. A pesar de las limitaciones que marcan sus estatutos, ha tenido como objetivo a ciudadanos estadounidenses. Estas actividades fueron expuestas en 1975 por las audiencias del Comité Church en el Senado y del Comité Pike en la Cámara de Representantes.
En colaboración con UC Global, la empresa española de seguridad de la embajada ecuatoriana, la CIA sometió a Julian a vigilancia digital y por vídeo las 24 horas del día. Se habló de secuestrarlo y asesinarlo mientras estaba en la embajada, lo que incluía planes de un tiroteo en la calle con participación de la Policía Metropolitana de Londres. Estados Unidos destina un presupuesto secreto de 52.000 millones de dólares al año para ocultar múltiples proyectos clandestinos llevados a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional, la CIA y otras agencias de inteligencia, normalmente al margen del escrutinio del Congreso. Todas estas actividades clandestinas, especialmente tras los atentados del 11-S, se han ampliado masivamente.
El senador Frank Church, tras examinar los documentos de la CIA, ampliamente retocados, entregados a su comité, definió la actividad encubierta de la CIA como «un disfraz semántico para el asesinato, la coerción, el chantaje, el soborno, la difusión de mentiras».
La CIA y las agencias de inteligencia, junto con el ejército, todos los cuales operan sin supervisión efectiva del Congreso, son los motores que impulsan la extradición de Assange. Al exponer sus crímenes y mentiras, Julian les infligió una herida grave. Exigen venganza. El control que estas fuerzas pretenden ejercer en el extranjero es el control que pretenden ejercer en casa.
Puede que Julian Assange sea pronto encarcelado de por vida en EE.UU. por ejercer el periodismo, pero él no será el único.
Chris Hedges es un periodista estadounidense ganador del Premio Pulitzer. Fue durante 15 años corresponsal en el extranjero para The New York Times, ejerciendo como jefe para la oficina de Oriente Próximo y la de los Balcanes. A lo largo de los últimos años estableció una relación personal con Assange y se ha convertido en uno de sus más fuertes defensores: “Lo que está en juego no es solo la libertad de Julian sino la libertad de expresión y de prensa”.
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