La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, rechazó ayer la argumentación del Gobierno salvadoreño ante el incumplimiento de las recomendaciones que se le hicieron para esclarecer el asesinato, a manos de un escuadrón de la muerte, del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, el 24 […]
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, rechazó ayer la argumentación del Gobierno salvadoreño ante el incumplimiento de las recomendaciones que se le hicieron para esclarecer el asesinato, a manos de un escuadrón de la muerte, del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980. El Gobierno salvadoreño esgrime la Ley de Amnistía General de 1993 para perdonar a los criminales y justificar una transición pacífica tras la guerra civil. Pero la CIDH considera que precisamente la amnistía ha impedido que se haga justicia en el caso de Romero y de otros crímenes.
La posición de la CIDH fue emitida en el curso de su 130º periodo de sesiones, en la que funcionarios del Estado salvadoreño trataron de justificar la vigencia de la Ley de Amnistía, al argumentar que esa legislación ha permitido que El Salvador transitara «de la guerra a la paz y de la democracia al desarrollo», según lo expresado por Óscar Santamaría, ex canciller de El Salvador y enviado por el Gobierno a las sesiones del organismo internacional.
Sin embargo, en la sede de la CIDH, el comisionado Víctor Abramovich recordó al Estado salvadoreño que «tres recomendaciones fueron incumplidas» y que las recomendaciones «son de carácter obligatorio». Es decir, el Estado no puede sustraerse de las recomendaciones de la comisión; ésta continuará evaluando el nivel de cumplimiento de El Salvador con respecto a las recomendaciones aprobadas en el caso Romero.
Incumplimientos
En concreto, las recomendaciones no cumplidas desde hace siete años son: investigar y procesar a los autores (materiales e intelectuales) de la muerte de Romero; efectuar las reparaciones preceptivas a consecuencia de los hechos, y adecuar la legislación salvadoreña a la Convención Americana, lo que implica dejar sin efecto la amnistía de 1993, promulgada por el entonces presidente, Alfredo Cristiani.
En declaraciones a EL PAÍS desde Washington, el abogado que representa a Tutela Legal del Arzobispado y a la familia de Romero, David Morales, señaló que la CIDH «también estableció claramente que el escuadrón de la muerte que lideraba Roberto D’Aubuisson, fundador del actual partido oficialista Alianza Republicana Nacionalista [Arena], fue el responsable del magnicidio».
Morales reiteró que «el Estado salvadoreño está en total desacato de las resoluciones de la CIDH; por lo tanto, se le debería imponer un fuerte llamado de atención y elevar un informe sobre el caso a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos», algo que la embajadora ante dicho organismo, Abigail Castro, ha pedido que no se ejecute «porque no existe tal desacato».
El asesinato del arzobispo Romero, cuya beatificación prepara el Vaticano, fue uno de los detonantes de la guerra civil salvadoreña (1980-1992). Óscar Romero fue asesinado en medio de una misa que el religioso celebraba en la capilla de un hospital para tuberculosos.
Sin embargo, en El Salvador cualquier proceso judicial al respecto está vedado. Sólo en Estados Unidos un tribunal civil logró judicializar el caso y condenó al ex capitán Álvaro Saravia, que residía en California, a pagar a la familia del arzobispo una cantidad superior a los 10 millones de dólares, después de que se comprobara su participación, junto a D’Aubuisson, en el crimen. D’Aubuisson murió de cáncer en febrero de 1992, poco después de que se firmara la paz entre Gobierno y guerrilla.
«Derogar la amnistía y permitir abrir un juicio para que se conozca la verdad en el asesinato de Romero significaría el fin de la impunidad histórica en El Salvador», apunta María Silvia Guillén, directora de la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho (Fespad), quien agrega que «hasta el momento no ha sido posible el imperio de la verdad y la justicia porque el Gobierno sabe que muchos de sus funcionarios y fundadores de su partido, en especial D’Aubuisson, fueron quienes cometieron esa atrocidad y muchas otras. Vencerlos significaría restaurar la dignidad de El Salvador».