La visita de un relator de la ONU en materia de ejecuciones extrajudiciales a Filipinas es, según activistas humanitarios, la oportunidad para denunciar lo que consideran una campaña de exterminio contra militantes izquierdistas.Poco antes de la llegada del relator especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Philip Alston, una nueva […]
La visita de un relator de la ONU en materia de ejecuciones extrajudiciales a Filipinas es, según activistas humanitarios, la oportunidad para denunciar lo que consideran una campaña de exterminio contra militantes izquierdistas.
Poco antes de la llegada del relator especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Philip Alston, una nueva víctima se sumó a los ya más de 800 muertos desde el inicio de la segunda presidencia de Gloria Macapagal-Arroyo en 2001.
Dalmacio Gandinao, líder provincial de un movimiento de agricultores de izquierda, fue ejecutado el jueves 8 de noche en Salay, 750 kilómetros al sudeste de Manila, mientras cenaba en su casa con su esposa y sus nietos. Los asesinos huyeron en una camioneta.
«Queremos que Alston vea el patrón sistemático de estos asesinatos», dijo a IPS por teléfono desde Manila Harry Roque, profesor de Derecho Internacional y Constitucional de la Universidad de Filipinas.
«Los mecanismos de defensa de los derechos humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) debe aplicarse a pleno para desprestigiar a Filipinas», añadió.
Alston llegó el lunes a este país, donde la pena capital fue abolida el año pasado, y permanecerá en él 10 días. En ese lapso se reunirá con numerosos amenazados de muerte por sus posturas «anticapitalistas», indicó Roque.
El propio profesor universitario filipino recibió seis amenazas por participar en organizaciones de derechos humanos que acusan al gobierno de Arroyo de alentar la impunidad de estos crímenes.
Aumenta la preocupación ante un posible agravamiento de la violencia, a medida que se acercan las elecciones generales de mayo en que se renovarán los 250 miembros de la Cámara de Representantes, la mitad de los 24 senadores y cientos alcaldes y gobernadores.
A fines de enero, un alcalde fue asesinado en una ciudad del centro de Filipinas, y en diciembre el ejecutado fue un legislador, en la entrada de una iglesia de Manila.
«El clima de impunidad no desaparecerá por la proximidad de los comicios. No me sorprendería que los asesinatos aumenten», dijo a IPS Red Constantino, director de la Fundación de Estudios Nacionalistas, una institución académica con sede en Manila.
Pero las organizaciones de derechos humanos esperan que los asesinatos de políticos no ocupen toda la agenda de Alston, quien, advierten, deberá prestar atención también a las violentas campañas contra otros activistas opuestos a la acción del gobierno o de diversas empresas.
Entre los ejecutados de los últimos seis años figuran sindicalistas, defensores de los derechos humanos y de los campesinos, dirigentes de comunidades indígenas, abogados, periodistas y líderes religiosos.
Alberto Ramento, presidente del Consejo Supremo de Obispos de la Iglesia Filipina Independiente y crítico del gobierno de Arroyo, fue asesinado en octubre en su domicilio de la ciudad de Tarlac, en la septentrional región de Luzón.
Se espera que las conclusiones del relator australiano coincidan con las de una comisión especial designada por Arroyo para investigar las muertes de los activistas de izquierda, divulgadas parcialmente en enero.
El juez retirado José Melo, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la comisión especial, advirtió que un pequeño grupo de soldados está detrás de estas muertes.
Más de 360 de los 800 asesinados eran activistas de izquierda, según la organización de derechos humanos Karapatan, con la que Ramento estuvo estrechamente vinculado.
La creación de la comisión especial dispuesta por Arroyo respondió a la presión de instituciones internacionales que reclamaban una investigación exhaustiva de los asesinatos.
Entre ellas figura la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, que el año pasado acusó a algunos grupos del ejército filipino de participar en la sangrienta campaña.
En noviembre, también se unieron a los reclamos de justicia compañías multinacionales radicadas en Filipinas. Por su parte, la Unión Europea urgió en enero a Manila tomar duras medidas para impedir las ejecuciones, que, advirtó, perjudican «la reputación de ese país».
El gobierno de Arroyo también fue criticado por grupos ambientalistas que identificaron entre los ejecutados a dirigentes comunitarios que protestaban contra la ampliación de la actividad minera a territorios ancestrales indígenas en la septentrional cadena montañosa la Cordillera.
Alston tiene previsto visitar varias comunidades indígenas en algunas regiones montañosas.
El relator de la ONU «debe dedicar tiempo a escuchar sus testimonios», pues las comunidades indígenas «perdieron a muchas de sus miembros en esta violenta campaña», dijo a IPS Jo Villanueva, director ejecutivo del Centro de Recursos Naturales y Derechos Legales, con sede en Manila.
«Las víctimas encabezaban la resistencia comunitaria contra la invasión de las compañías mineras», señaló.
Los ataques contra los activistas de izquierda dieron otra dimensión a la batalla que desde hace décadas mantiene el gobierno contra el Nuevo Ejército del Pueblo, ala armada del proscrito Partido Comunista de Filipinas.
En diciembre se cumplieron 38 años desde que esa organización clandestina lanzó una guerra de guerrillas, en un conflicto que se cobró más de 40.000 vivdas, incluidos civiles, soldados e insurgentes.
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=40110