Con el cuerpo mojado, los músculos ateridos y el miedo todavía a flor de piel. Así son devueltos muchos migrantes que consiguen traspasar las fronteras para alcanzar otro país. La Convención de Ginebra y Estatuto de los Refugiados de la ONU, el Convenio de Derechos Humanos, la Carta Europea de Derechos Humanos y la Directiva […]
Con el cuerpo mojado, los músculos ateridos y el miedo todavía a flor de piel. Así son devueltos muchos migrantes que consiguen traspasar las fronteras para alcanzar otro país. La Convención de Ginebra y Estatuto de los Refugiados de la ONU, el Convenio de Derechos Humanos, la Carta Europea de Derechos Humanos y la Directiva de Asilo, entre otras normativas internacionales, impiden expresamente las «devoluciones en caliente», es decir, expulsar a los migrantes que acaban de traspasar la frontera sin darles opción de indentificarse, pedir asistencia letrada, presentar un recurso o solicitar asilo. Es contrario al derecho internacional, pero ocurre con frecuencia en varias partes del mundo.
En España, también en contra de nuestra propia legislación, la práctica se lleva a cabo en la frontera española con Marruecos desde 1995. El Tribunal de Estrasburgo condenó el año pasado a España por la «devolución en caliente» en 2013 de dos jóvenes de Mali y Costa de Marfil. El PSOE ha estado defendiendo desde la oposición la necesidad de acabar con estas expulsiones ilegales e incluso presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la maniobra del PP para blindarlas legalmente. Ahora, una vez en el Gobierno, los socialistas han reculado y han defendido que estas dos expulsiones realizadas por la Guardia Civil fueron tan solo «una prevención de entrada» , dentro del marco legal porque los migrantes «no superaron la línea policial», una tesis que ya defendió en su día el PP.
Ante la indignación de colectivos, ONG y defensores de Derechos Humanos por el cambio de postura del PSOE, repasamos la situación de otros países respecto a las llamadas «devoluciones en caliente».
1. Grecia y Turquía, el tapón migratorio
En 2016 la UE y Turquía firmaron el polémico trato por el que el país recibió 6.000 millones de euros para que toda persona que llegara de manera ilegal a las islas griegas fuera enviado de vuelta a las tierras turcas. Los países miembro entendieron que Turquía era un destino seguro para los refugiados, aunque según denuncian organizaciones humanitarias el tiempo ha demostrado que la premisa era falsa y que a los Estados europeos solo les interesaba detener el flujo migratorio.
Como resultado de ese acuerdo, miles de personas siguen atrapadas en las islas griegas esperando a que tramiten sus solicitudes de asilo o los envíen a la parte continental del país. Además, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o el Observatorio Sirio de Derechos Humanos documentaron como las autoridades turcas impidieron por el uso de la fuerza que quienes huían de Siria se acercaran a la frontera, así como «devoluciones en caliente» a este país sin importar que pudieran suponer una condena a muerte. Cuando la ruta de los Balcanes era una de las principales vías de escape de los migrantes, se registraron otras devoluciones ilegales en países como Hungría, Bulgaria o Croacia.
2. Italia, de vuelta al infierno
Italia sigue una deriva peligrosa con las «devoluciones en caliente». Con el nuevo Gobierno italiano, atravesado por la xenofobia de la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas, unos cien migrantes fueron devueltos el mes pasado a Libia después de ser rescatados en el Mediterráneo, algo que está considerado ilegal por el Derecho Internacional: no se puede enviar de vuelta a estas personas a países donde su vida pueda estar en peligro.
El Ejecutivo argumentó que la coordinación del operativo no corrió de la cuenta de la Guardia Costera italiana porque fue llevada a cabo por el remolcador ‘Asso 28’, que por cuenta de la petrolera italiana Eni vigila los terminales situados en Libia. La prensa italiana y las organizaciones denunciaron que el barco había recibido órdenes del Gobierno para desembarcar en la costa libia.
No es la primera vez que algo similar ocurre en el país. De hecho, Italia ya tuvo un episodio similar en 2009 que acabó siendo condenado también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En esta ocasión 200 personas fueron rescatadas en aguas internacionales por tres naves de las autoridades italianas, que las llevaron de vuelta a Libia.
3. EEUU y México, la ruta de América del Norte
Uno de los últimos gestos de las políticas racistas y anti-inmigración del presidente estadounidense, Donald Trump, llegó el pasado mes de junio, cuando el presidente anunció en Twitter una propuesta de impulsar oficialmente las «devoluciones en caliente»: «No podemos permitir que esta gente invada nuestro país. Cuando alguien entra, debemos inmediatamente, sin jueces o casos judiciales, enviarlos de vuelta por donde vinieron», indicó el mandatario en Twitter.
Aceptar oficialmente las «devoluciones en caliente» supondría un paso más allá del procedimiento judicial instaurado desde abril con el que son recibidos los inmigrantes que llegan a EEUU, donde los migrantes adultos son detenidos por su situación legal y un magistrado decide si son expulsados o pueden permanecer en el país para solicitar asilo.
Pero el vecino de EEUU ya hace lo propio con los migrantes de los países centroamericanos. Según un informe de principios de este año de Amnistía Internacional, «México incumple sistemáticamente el principio de no devolución, pilar vinculante del derecho internacional y mexicano que prohíbe la devolución de personas a situaciones donde corran riesgo real de sufrir persecución u otras violaciones de Derechos Humanos». Miles de hondureños, salvadoreños o guatemaltecos son expulsados una vez que traspasan la frontera, sin preguntas.
4. Australia, el paso más allá que quieren copiar
Un paso más allá de las «devoluciones en caliente» se encuentra Australia, el único país del mundo que instauró el modelo de Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) fuera de su territorio, en concreto en Papúa Nueva Guinea, un régimen dictatorial en el que se cometen profundas violaciones de los Derechos Humanos. Esta es la propuesta que han recuperado un grupo de países en Europa como Austria, Holanda y Dinamarca, que quieren también centros similares fuera del suelo europeo.
Los barcos se derivan antes de que lleguen a aguas australianas, o incluso ya en aguas australianas, en centros situados en islas pertenecientes a Papúa. Informes de organizaciones humanitarias denunciaron el horror que se vivía en estos centros extraterritoriales (palizas, abusos sexuales, intentos de suicidio por las condiciones…). La práctica fue condenada tanto por la ONU como por los propios tribunales australianos. El Gobierno celebró entonces la estrategia de disuasión, que había logrado frenar la llegada de barcos.