El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en declaraciones a BBC Mundo tras la elección del cardenal Bergoglio como nuevo papa, negó de forma tajante las acusaciones de que Bergoglio habría tenido vínculos con la dictadura militar que gobernó a Argentina entre 1976 y 1983: «hubo obispos que fueron cómplices de la dictadura, […]
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en declaraciones a BBC Mundo tras la elección del cardenal Bergoglio como nuevo papa, negó de forma tajante las acusaciones de que Bergoglio habría tenido vínculos con la dictadura militar que gobernó a Argentina entre 1976 y 1983: «hubo obispos que fueron cómplices de la dictadura, pero Bergoglio no».
Esquivel no ofrece mucha evidencia para tal conclusión, limitando aparentemente su argumentación a la siguiente observación: «A Bergoglio se le cuestiona porque se dice que no hizo lo necesario para sacar de la prisión a dos sacerdotes, siendo él el superior de la congregación de los Jesuitas. Pero yo sé personalmente que muchos obispos pedían a la junta militar la liberación de prisioneros y sacerdotes y no se les concedía».
Pero a pesar de que los motivos ofrecidos por Esquivel para una afirmación tan contundente son muy poco convincentes, y servirían a lo sumo para argumentar que los presuntos vínculos de Bergoglio con la dictadura no han sido demostrados, más bien que para descartarlos, tales declaraciones son muy importantes debido a la enorme reputación del Premio Nobel de la Paz como defensor de los derechos humanos, lo que otorgaría también credibilidad a la tesis esgrimida por el Vaticano de que esas acusaciones son solamente el producto de una campaña de difamación promovida por una cierta «izquierda anticlerical» en Argentina. Por ejemplo, el conocido teólogo brasileño Leonardo Boff aseguraría luego que tampoco cree en tales acusaciones con estas palabras: «No sé nada sobre este tema. Me oriento por Pérez Esquivel, quien fue duramente torturado y conoce bien a Bergoglio». A pesar de que reconoce que no sabe «nada sobre ese tema», Leonardo Boff va aún más allá y declara también que Bergoglio «salvó y escondió a muchos perseguidos por la dictadura militar».
Pero la credibilidad de Adolfo Pérez Esquivel para ese tipo exculpaciones es bastante discutible. Veremos abajo como en su día Esquivel llegaría también a exculpar al gobierno de Gerard Latortue en Haití, que se extendió de marzo de 2004 a junio de 2006, de inúmeros crímenes contra los derechos humanos que fueron debidamente recogidos en varios informes y estudios muy fiables.
Entre los días 3 y 9 de abril de 2005 Haití recibe la visita de un extenso grupo de defensores de los derechos humanos de América Latina que componían la llamada Misión Internacional de Investigación y Solidaridad con Haití, y que resultaría en un informe final intitulado «Haití: Soberanía y Dignidad» (1). La Misión estaba conformada por «veinte representantes de significativas redes, movimientos e instituciones sociales, de derechos humanos, religiosos, culturales y políticos de América Latina, el Caribe, Norteamérica y África. Fue encabezada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto con Nora Cortiñas de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Entre las organizaciones integrantes, en su mayoría de carácter regional, se encuentran Jubileo Sur, que coordinó la Misión junto con las organizaciones responsables en Haití; la Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de la Deuda Ecológica; la Alianza Social Continental; la Asociación Americana de Juristas; la Asociación Caribeña de Investigación y Acción Feminista; el Comité por la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo; la Confederación Parlamentaria de las Américas; el MST/Via Campesina; el Parlamento Andino; la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; el Servicio Paz y Justicia en América Latina; el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas y la Iglesia Evangélica Luterana de Brasil; y el Movimiento de Documentalistas de Argentina».
El informe explica que durante su estancia en Haití la Misión se reunió con «representantes de unos 60 movimientos y organizaciones de base, entre ellos sindicatos, partidos políticos, grupos de mujeres y de campesinos; organizaciones sociales, religiosas, de derechos humanos y de desarrollo así como otras organizaciones no-gubernamentales; autoridades del gobierno nacional interino; autoridades de la universidad estatal, profesores y estudiantes; representantes de la OEA, de la ONU y de sus distintos organismos y programas; el comandante en jefe de las fuerzas militares de la Misión de la ONU para la Estabilización de Haití (MINUSTAH); embajadores y representantes de varios países de la región y del mundo; la cárcel central; infraestructura social como escuelas, hospitales y la universidad pública; barrios populares del capital Puerto Príncipe, comunidades rurales en el Valle de l’Artibonite, la ciudad de Cabo Haitiano y la Zona Franca de Ouanaminthe». El informe no especifica si la Misión se reunió también con la fuerza política con mayor apoyo popular en el país, el movimiento Fanmi Lavalas de Aristide. De hecho, Lavalas solo es mencionado unas pocas veces a lo largo de sus 44 páginas.
Lo que por otro lado sí queda claro es que hubo una estrecha colaboración entre la Misión y fuerzas políticas que con toda probabilidad influyeron decisivamente tanto en la elección de los demás contactos de la Misión como en el contenido del informe final, en el que entre otras cosas se puede leer lo siguiente: «En particular, queremos reconocer a los y las colegas de la Plataforma de Lucha por un Desarrollo Alternativo (PAPDA), del Instituto Cultural Karl Lévèque (ICKL) y de la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (POHDH), quienes coordinaron nuestro programa en Haití y aseguraron con su dedicación y cariño, la posibilidad de un contacto amplio y diverso con su país y las luchas y esperanzas de su pueblo. A todos ellos y ellas va también dedicado este Informe, junto con nuestro compromiso de seguimiento».
Analicemos ahora un poco esas tres organizaciones. PAPDA es una organización cuyo líder, Camille Chalmers, «cabildeó por la renuncia de Aristide y escribió una carta calificando a Aristide de ‘dictador’ conjuntamente con otro funcionario del PAPDA, Yves Andres Wainwright, que luego fue nombrado ministro del medio ambiente del gobierno Latortue. Chalmers estableció posteriormente estrechos lazos con la agencia canadiense Alternatives de ‘Democracy Promotion’, que trabaja con la NED y recibe un 50% de su presupuesto de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA)» (2). En otras palabras, PAPDA recibía fondos de uno de los tres gobiernos directamente involucrados en el golpe contra Aristide.
POHDH, por otro lado, es una organización que había sido destacada en un informe del Departamento de Estado de EEUU como una de la «principales organizaciones defensoras de los derechos humanos»(3), y que «recibió fondos de la agencia casi-gubernamental canadiense ‘Rights and Democracy’, socia de la Fundación Nacional por la Democracia (NED)»(2).
POHDH está compuesta por 8 agrupaciones, 5 de la cuales recibieron fondos de la CIDA canadiense durante el gobierno de Latortue por el valor de 250 mil dólares (4). Una de ellas es justamente ICKL, la tercera de las organizaciones que según el informe coordinaron el programa de la Misión.
Canadá, como sabemos, fue unos de los países impulsores del golpe de Estado contra Aristide en 2004, junto con Estados Unidos y Francia. Por otro lado, la NED (Fundación Nacional por la Democracia, por sus siglas en inglés), fue establecida por el Presidente Reagan a principios de los años ochenta, y su función ha sido básicamente «hacer de manera abierta lo que la CIA había estado haciendo por décadas de manera encubierta»(5).
Sobre el gobierno Latortue, en el cual participó PAPDA, un estudio publicado en la prestigiosa revista médica británica The Lancet indicaba que en los 22 meses que duró «8 mil personas fueron asesinadas y 35 mil mujeres y niñas violadas solamente en Puerto Príncipe». Según el estudio, en el caso de los asesinatos «casi la mitad de los autores identificados pertenecían a las fuerzas del gobierno o a actores políticos externos» como los «grupos armados anti-Lavalas y sus partisanos, junto con la Policía Nacional Haitiana y otras fuerzas de seguridad del Estado» (6).
Las conclusiones finales establecidas por la Misión, acompañada en su visita con «dedicación y cariño» por organizaciones financiadas por los países que llevaron a cabo el golpe, fueron las que cabría esperar en tales circunstancias. Aderezadas con una inocua retórica anti-imperialista para consumo de un público de izquierda, el informe acabaría por reflejar, como veremos, la versión propagandística de los impulsores del golpe.
Haciéndose eco de la doctrina oficial de los golpistas, con argumentos semejantes a los que se utilizaban para exculpar al gobierno de Colombia por acciones de los paramilitares, la Misión exime al gobierno de Latortue de la represión desencadenada tras el golpe con el argumento de que «el gobierno interino es más formal que real, con su propia legitimidad cuestionada y su margen de actuación limitado,» lo que contrasta fuertemente con los datos revelados en el mencionado estudio publicado en The Lancet, así como en varios informes como el de la Universidad de Derecho de Miami, el de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, el de la Comunidad Nacional de Abogados, y el de Amnistía Internacional, que «establecieron la culpabilidad del gobierno interino y de fuerzas paramilitares por violencia extra-judicial». (2)
El informe de la Misión alaba a los haitianos por el «espíritu y movilización que crecieron a lo largo de los últimos años, llevando a cada vez más sectores a rebelarse frente a los errores y violaciones del gobierno de Jean Bertrand Aristide, un gobierno que se había deslegitimado a sí mismo por las acusaciones de fraude electoral, una gestión catastrófica y la traición de los objetivos de su primer mandato. Hacia fines del año 2003, la fuerza de la oposición interna llegó a poner en jaque la continuidad del gobierno, proyectando sus propias propuestas de transición», pero no nos ofrece ninguna aclaración acerca de cuáles habrían sido esos «errores» y «violaciones», o por qué la gestión de Aristide habría sido «catastrófica». Acusaciones de este tipo abundaban también, por ejemplo, en relación al gobierno de Chávez en Venezuela. Tampoco se nos aclara cuáles habrían sido esos sectores y esa oposición «interna» que proyectaba «sus propias propuestas de transición». De hecho, la oposición a Aristide venía básicamente de la ínfima elite haitiana, financiada por organizaciones que poco tenían de «interna». Con ese calificativo el informe parece tratar de ocultar la evidente injerencia exterior en el golpe. Quizá se haga notar aquí la mano de las organizaciones coordinadoras del programa de la Misión, ansiosas por demostrar su presunta independencia de los actores externos que las financiaban.
Esa intención de ocultar a toda costa la participación de los EE.UU. en la preparación del golpe queda patente en la siguiente observación: «fue entonces que EE.UU. reagrupó y financió bandas armadas»; es decir, luego de que «hacia fines de 2003» la «fuerza de la oposición interna» llegara a «poner en jaque la continuidad del gobierno». De ese modo, esas bandas habrían sido financiadas solamente después de que la «continuidad del gobierno» hubiera sido puesta «en jaque» por la oposición «interna», no por injerencia externa. Una falsedad a todas luces, ya que bandas armadas provenientes desde la vecina República Dominicana, país tutelado por los EE.UU., venían haciendo incursiones en Haití ya desde julio de 2001.
Según el informe de la Misión, tales bandas armadas estaban «conformadas entre otros por golpistas y ex soldados del ejército que el presidente había disuelto años antes por medio de un decreto muy problemático», afirmación que parece responsabilizar a Aristide por la formación de esas bandas, y que no aclara tampoco por qué el decreto hubiera sido «muy problemático». De hecho, lo fue para los EE.UU. y las elites de Haití, que se opusieron tenazmente a la medida ya que el ejército haitiano era, de hecho, solamente un instrumento de dominación de esos sectores. Según Peter Hallward la disolución del ejército haitiano fue «una gran victoria en la larga lucha de los pobres contra los ricos – quizá el desarrollo más prometedor en toda la historia de esa lucha desde el asesinato de Dessalines en 1806». (7)
Según el informe «en el año de 1994 el entonces presidente Aristide decide desarticular y disolver el ejército haitiano, por medio de un decreto presidencial ya en ese entonces fuertemente cuestionado tanto por su forma como por su contenido… El descontento y rechazo a esta medida se proyecta a la actualidad». Pero el informe no ofrece ningún tipo de evidencia sobre lo que describe aquí con oraciones impersonales: nada se dice acerca de quiénes estaban cuestionando «fuertemente» el decreto, y tampoco por qué lo hacían no solo por el «contenido» del mismo, sino incluso por su «forma». Peter Hallward echa un poco de luz sobre esa cuestión, aclarando que la medida se enfrentó a «una oposición cerrada de los EE.UU y de la elite» haitiana (8), que quizá sean los agentes que deberían figurar como sujeto en las referidas oraciones impersonales y omitidos con el probable fin de dar así la impresión, evidentemente falsa, de que se trataba de una oposición generalizada y no limitada solamente a una pequeña elite del país. Pero la realidad era muy distinta: la medida contaba de hecho con un amplio apoyo popular, algo ignorado en el informe.
El gobierno de EE.UU. preparó el golpe de Estado financiando a una estridente oposición llamada «democrática» pero con escaso apoyo popular o representación parlamentaria, cuya función era la de crear un clima de tensión que justificase las acciones violentas de grupos armados también financiados por Washington. El Grupo de los 184, por ejemplo, el mayor de la oposición, no logró reunir más que unos pocos cientos de personas en una manifestación contra Aristide llevada a cabo en Puerto Príncipe en noviembre de 2003, solamente tres meses antes del golpe, viéndose desbordados en ese momento por cerca de 8 mil seguidores de Aristide.
A través de un serie de demandas de negociación con el gobierno, y con exigencias cada vez más extravagantes, la oposición «interna» pretendía crear una situación de crisis e ingobernabilidad que justificase un golpe que sería llevado a cabo por grupos paramilitares. Esos grupos, algunos organizados en la vecina República Dominicana, comenzaron a sembrar el caos en todo el territorio haitiano con el fin de entrar en la capital y derrocar al gobierno sin la necesidad de una intervención directa de los EE.UU. Pero la rápida movilización de la población de la capital hizo impracticable esa tarea, por lo que el gobierno de Washington se vio obligado a invadir y derrocar al presidente haitiano directamente, sin intermediarios.
Así es como el informe de la Misión relata estos hechos: hacia fines de 2003 los EE.UU. «reagrupó y financió bandas armadas… Estas entraron a Haití desde la República Dominicana en febrero de 2004… Mientras los gobiernos de la Comunidad Caribeña intentaban negociar un acuerdo entre la oposición y el gobierno, Aristide pidió la ayuda de fuerzas extranjeras y el 23 de febrero, en el año del bicentenario, llegaron nuevamente tropas de Francia y EE.UU., seguidas por las de Canadá y Chile.»
Este trecho del informe, ostensivamente manipulador, merece un análisis detallado. Como vimos antes, las bandas armadas provenientes desde la vecina República Dominicana y financiadas por los EE.UU. venían haciendo incursiones en Haití desde julio de 2001, no febrero de 2004. La afirmación de que Aristide pidió «ayuda de fuerza extranjeras» mientras «los gobiernos de la Comunidad caribeña intentaban negociar un acuerdo entre la oposición y el gobierno» parece haber sido especialmente redactada con el fin de sugerir inflexibilidad por parte de Aristide durante las negociaciones, lo que es totalmente falso. Los gobiernos de la Comunidad Caribeña, representados por la CARICOM, habían abandonado tales negociaciones ya en enero de 2004, y no debido a que Aristide no hubiera sido flexible, sino todo lo contrario. Luego de reunirse con representantes de la oposición «democrática» el 21 de enero de 2004, y más tarde con Aristide el 31 de enero, como señala Peter Hallward «el 2 de febrero Aristide anunció que aceptaba la propuesta de la CARICOM, que le exigía aceptar a un primer ministro designado por la oposición, llevar a cabo nuevas elecciones, tomar medidas adicionales para desarmar a sus simpatizantes y reformar la policía.» Pero la CARICOM abandonó la tarea de intermediación el 5 de febrero «luego de que los líderes de la oposición dijeran que se negarían a negociar con el Presidente Jean-Bertrand Aristide» (9). Como podemos observar por esos hechos, había sido la oposición la que hizo imposible cualquier forma de acuerdo, no Aristide, que llegó a aceptar condiciones que difícilmente otro gobierno en el mundo concedería a una oposición con tan escasa representación parlamentaria. Además, la solicitud de ayuda externa – no de fuerzas «extranjeras» sino de fuerzas internacionales de la ONU y el Consejo de Seguridad – procedían también de la CARICOM, que la presentó el 25 de febrero de 2004 pero que fue bloqueada por Francia y Estados Unidos. Por lo tanto la realidad había sido muy distinta a lo que el informe daba a entender con sus veladas insinuaciones de que Aristide se habría negado a negociar, prefiriendo apelar a la ayuda de «fuerzas extranjeras» sin especificar, e incluso llegando a sugerir que la invasión final de los EE.UU., Francia y Canadá quizá hubiese sido en atendimiento a esa solicitud.
En su apología del golpe, la Misión también declara también que «el presidente Aristide fue derrocado el 29 de febrero cuando tropas de los EE.UU. lo sacaron del país, presentando luego la renuncia formal que él había firmado. Grandes sectores de la población se habían levantado en un proceso que ganaba fuerza e inclusividad desde hacía muchos meses, reclamando su renuncia». La idea que se intenta dar aquí parece ser la de que el derrocamiento de Aristide habría sido el resultado de un presunto movimiento popular, y que lo que las tropas de EE.UU. hicieron fue solamente sacarlo del país después de que firmara una «renuncia formal». En realidad, Aristide jamás firmó una renuncia formal sino solamente una carta escrita en creole, bajo presión de sus secuestradores, donde en unos términos muy vagos hablaba de retirarse si eso pudiera impedir un baño de sangre en el país: «si hoy es mi renuncia la que impida un baño de sangre, acepto irme con la esperanza de que habrá vida y no muerte»(10). Aristide siempre ha negado consistentemente que hubiese firmado una renuncia formal.
Finalmente, el informe se hace eco también de la versión de los golpistas en relación a las elecciones del 2000, declarando que «apenas el 20% del electorado acudió a las urnas en el año 2000, retornando Aristide a la presidencia en medio de fuertes acusaciones de fraude y la constitución de un gobierno controlado en un 100% por su partido, el Fanmi Lavalas.» Dejando a un lado los ribetes kafkianos de esas «fuertes acusaciones» sin especificar, contrastemos este texto con los hechos conocidos. Que el gobierno de Aristide estuviese «controlado en un 100%» por el partido de Aristide no es de extrañar. En las elecciones legislativas de mayo de 2000 el partido de Aristide ganó 72 de los 83 escaños en el parlamento y 16 de los 17 senadores. Con mucho menos apoyo los partidos de cualquier país democrático suelen «controlar al 100%» sus gobiernos, entrando en coalición con otros partidos solamente cuando no cuentan con una mayoría absoluta. Además, las elecciones legislativas de mayo habían tenido un record de participación en Haití, aproximadamente 65% de electorado había comparecido a las urnas, y fueron elogiadas incluso por el gobierno de EE.UU., que destacó el elevado índice de participación. Finalmente, en noviembre de 2004 se realizaron las elecciones para presidente, pero de esta vez la mayor parte de la oposición, ante una segura derrota, se niega a participar, y Aristide gana con el 92% de los votos. A pesar de la segura victoria de Aristide y la falta de alternativas reales, la Coalición Internacional de Observadores Independientes, así como la mayoría de los observadores independientes, estimaron la participación en las elecciones de noviembre en un 60%. El informe da Misión no ofrece más datos o referencias sobre su afirmación de que solamente un 20% del electorado habría acudido a votar.
Parece evidente que las conclusiones del informe fueron exactamente las deseadas por los grupos que «coordinaron» el programa de la Misión en Haití con «dedicación y cariño», como instrumentos que eran de los países que llevaron a cabo el golpe contra Aristide.
A la luz de todo esto, la credibilidad de Pérez Esquivel en materia de exculpaciones parece, como mínimo, bastante cuestionable.
Notas:
(1) Haití: Soberanía y Dignidad. Informe Final de la Misión Internacional de Investigación y Solidaridad con Haití, 3 al 9 de abril de 2005.
(2) Jeb Sprague y Joe Emersberger, Amenazas de muerte contra investigadora de derechos humanos de The Lancet en Haití, Counterpuch, traducido para Rebelión, 14/09/06. http://www.rebelion.org/
(3) Haiti, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2004, 28/02/05.
(4) Richard Sanders, POHDH: Another Recipient of CIDA Largesse. http://coat.ncf.ca/our_
(5) William Blum, Caballo de Troya: La Fundación Nacional para la Democracia, traducido para Rebelión, 25/05/06. http://www.rebelion.org/
(6) Athena R Kolbe y Royce A Hutson, Human rights abuse and other criminal violations in Port-au-Prince, Haiti: a random survey of households, The Lancet, Vol. 368, No. 9538, pp. 864 – 873, 02/08/06.
(7) Pete Hallward, Damming the Flood, Verso 2007, p. 54.
(8) Hallward, Damming the Flood, p. 53.
(9) Hallward, Damming the Flood, p. 223.
(10) Aristide denies ‘formal resignation,’ plans return, Washington Post, 04/03/04.
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