El informe, que estudia los casos de Los Ángeles, Barcelona, París y Jerusalén, analiza cómo se impone de forma creciente el marco securitario -con las narrativas y medidas que lo acompañan- para garantizar los intereses de los poderes establecidos y abordar conflictos y problemáticas sociales con medidas autoritarias, represivas y de control con el uso de la fuerza y las nuevas tecnologías.
El estudio concluye que la aplicación de medidas securitarias es responsable de la vulneración de derechos humanos y multiplicación de violencias al tiempo que desatiende las causas de los fenómenos que dice abordar. Como alternativa, el informe propone un modelo de “seguridad” centrado en garantizar y promover el ejercicio de los derechos humanos, especialmente en lo que se refiere al acceso al espacio urbano, a los servicios básicos y a un hogar seguro, al acceso a documentación como precondición del ejercicio de derechos y el acceso a servicios, y por supuesto en lo que respecta a la necesidad de acabar con las políticas discriminatorias, de control, vigilancia, represión, etc.
La
seguridad en la ciudad requiere de una voluntad política y social en la
que las personas tienen jurídica y efectivamente garantizado el
disfrute pleno de sus derechos y libertades, con igual importancia de
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y
ambientales de las personas y las comunidades. Prácticas como el aumento
de la fuerza policial y el uso por parte de ésta de armas y otros
dispositivos como cámaras o drones, las identificaciones sistemáticas,
el uso de nuevas tecnologías en las calles con fines de vigilancia u
otras medidas securitarias no son la respuesta que se requiere para el
goce de todos los derechos y libertades y, en algunos casos, se acaban
convirtiendo en una amenaza más para colectivos ya vulnerabilizados en
las ciudades.
Así lo concluye el nuevo informe del Centre Delàs de Estudios por la Paz
con la colaboración del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña que,
bajo el título “Securitización en las ciudades. Estudio de cuatro casos y análisis desde una perspectiva de paz, derechos y seguridad humana”,
pone el foco en las ciudades de Los Ángeles, París, Barcelona y
Jerusalén, y señala que, si bien se puede observar que la implementación
de las políticas de securitización varía entre cada ciudad analizada de
acuerdo con las especificidades y casuísticas propias, las motivaciones
que utilizan los gobiernos de cada una de éstas para justificar su
implementación se arraigan en la perpetuación de las propias
discriminaciones históricas y en la defensa de los intereses de las
clases dominantes.
- En Los Ángeles, se identifica como principal consecuencia del proceso de securitización en la ciudad la falta de acceso a recursos básicos y en el hogar, en particular por parte de personas racializadas e históricamente discriminadas, marcando la importancia de garantizar estos derechos para romper con los multiplicadores de otras violencias en una ciudad consolidada como “objeto de consumo” desde mediados del siglo XX. Paralelamente a esta crisis de acceso al hogar, el informe señala cómo la ciudad ha desplegado políticas cada vez más duras de persecución de las personas sin hogar, aumentando la inseguridad de aquellas personas que no pueden acceder a la vivienda.
- En París se ha identificado una aceleración de las dinámicas de securitización aprovechando grandes eventos de visibilidad internacional, como es el caso de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024. Durante este tipo de eventos, se han documentado vulneraciones de derechos humanos, como la expulsión de las personas residentes y desahucios a favor de la gentrificación (aproximadamente 400 personas trabajadoras migradas han sido desahuciadas para poder habilitar más espacios para los JJOO y al menos 60 espacios ocupados han sido desalojados), la militarización del espacio público y la vulneración del derecho a la intimidad y la libertad de expresión de la ciudadanía a favor de la aplicación de nuevas tecnologías de vigilancia y prácticas de seguridad. Destaca en este sentido, la ley relativa a los JJOO, la medida más controvertida adoptada en este contexto, que autoriza la introducción de sistemas algorítmicos en las cámaras de videovigilancia de la capital y de otros municipios con el objetivo de garantizar la seguridad en la consecución del evento. Tal y como han alertado reconocidas organizaciones como Amnistía Internacional, estos sistemas amenazan la intimidad y las libertades de la ciudadanía, a la vez que pueden tener sesgos que conduzcan a la estigmatización y la discriminación.
- En Barcelona se centra el análisis en el caso de la venta ambulante en la calle y/o el Top Manta como paradigma de la aplicación de un marco securitario en nuestro país. Se identifican diversas prácticas securitizadoras (la saturación del espacio público y el decomiso de productos, vigilancia e identificaciones por perfil racial, etc.) y que vulneran los derechos de las personas en situación administrativa irregular, que ya se encuentran en una situación de especial desprotección y exclusión social. El análisis busca impulsar un abordaje desde las políticas públicas y competencias municipales a largo plazo que tenga en cuenta las causas estructurales y promueva los derechos humanos por encima de la securitización.
- El caso de Jerusalén se analiza como un caso extremo de securitización dada la situación histórica –y actual- de ocupación militar ilegal, apartheid, colonialismo de asentamientos y genocidio y limpieza étnica continuadas. Aquí, las medidas de securitización están ligadas al proyecto sionista basado en el racismo y la discriminación sistemática de las personas no-judías. Jerusalén, por su importancia estratégica y simbólica, se convierte en un laboratorio de prácticas securitarias de control, vigilancia y segregación que después pueden ser exportadas a otros lugares. El informe recoge prácticas como la construcción y ampliación del muro, los checkpoints y la expansión de asentamientos o la amplia presencia de policía, ejército y colonos armados que son conocidas, pero también la política sistemática de desahucios, demoliciones y expolio de tierras y viviendas o -en los últimos años- el despliegue de tecnologías de control, espionaje y vigilancia tanto en el espacio público como en la vida privada de los palestinos.
Por último, se destaca que con el fin de promover una transformación de las estructuras injustas y de establecer una paz positiva en las ciudades es clave construir modelos de seguridad que se centren en garantizar y promover el ejercicio de los derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a el acceso al espacio urbano, a los servicios básicos y a un hogar seguro (e.g. Los Angeles, París), al acceso a documentación como precondición del ejercicio de derechos y el acceso a servicios (e.g. Barcelona), y por supuesto en lo que respecta a la necesidad de acabar con las políticas discriminatorias, de control, vigilancia, represión, etc. (e.g. en el caso extremo de Jerusalén estamos ante un régimen de apartheid, ocupación militar, colonialismo de asentamientos y genocidio/limpieza étnica).
“Sin embargo, no basta con garantizar los derechos sobre el papel, se deben elaborar e implementar herramientas y medios que permitan acceder en equidad de condiciones a estos derechos, evitando que la ciudad se convierta en un objeto de consumo, ya que esto comporta fuertes dinámicas de violencia que erosionan la construcción de paz y seguridad en las ciudades”, apuntan las autoras. Añaden que trabajar por la construcción de una paz positiva en las ciudades implica romper con las dinámicas jerárquicas de discriminación y opresión y fomentar una cultura de diálogo, inclusión y justicia social, donde la promoción y la protección de los derechos humanos es el núcleo de las estrategias de seguridad.