El reconocimiento por Rusia de la independencia de Osetia del Sur y Abjasia ha provocado una vehemente reacción en Occidente. De Londres a Washington, pasando por Berlín y París, los gobiernos han condenado la decisión rusa, acusando a Moscú de violar el Derecho Internacional y diversas resoluciones de Naciones Unidas, que mandaban respetar la integridad […]
El reconocimiento por Rusia de la independencia de Osetia del Sur y Abjasia ha provocado una vehemente reacción en Occidente. De Londres a Washington, pasando por Berlín y París, los gobiernos han condenado la decisión rusa, acusando a Moscú de violar el Derecho Internacional y diversas resoluciones de Naciones Unidas, que mandaban respetar la integridad territorial de la República de Georgia. No fue distinta la reacción ni distintos los argumentos de Belgrado ante la imposición, manu militari, por un puñado de países europeos, de la independencia de la provincia serbia de Kosovo.
En su sentencia en el caso del Canal de Corfú, de 1949, la Corte Internacional de Justicia señaló que el respeto a la soberanía territorial de los Estados era una de las bases esenciales de las relaciones internacionales. Por tal motivo, la extensa resolución 1244 sobre Kosovo, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en junio de 1999, imponía una serie exhaustiva de medidas dirigidas a restablecer la paz y los derechos humanos en esa provincia, desde «la adhesión de todos los Estados al principio de la soberanía e integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia».
Aunque mandaba el retiro de las tropas yugoslavas, establecía que, en un tiempo prudencial, podrían volver a Kosovo autoridades civiles y militares yugoslavas, así como todos los refugiados que habían huido de la guerra. La misión de la ONU, en fin, debía procurar «una autonomía y un autogobierno sustanciales en Kosovo», teniendo plenamente en cuenta «la integridad territorial de Yugoslavia».
Nada de eso fue cumplido por la OTAN. Ni las autoridades yugoslavas ni los refugiados y desplazados serbios pudieron volver, ni se movió un dedo para establecer el régimen de autonomía. Todo lo contrario. Las acciones de las fuerzas ocupantes apuntaron a forzar la independencia de Kosovo, violando flagrantemente la resolución 1244. Finalmente, impusieron el nacimiento de un Estado sobre criterios étnicos, devolviendo a Europa al siglo XIX y otorgando legalidad a un arcaico y nocivo nacionalismo, origen de tantos males.
Un fatal precedente
Kosovo venía a establecer un fatal precedente en un continente aquejado, desde hace siglos, por movimientos ultranacionalistas, separatistas y racistas. Dado el hecho de que no existen Estados étnicamente puros y de que, en el mundo, se hablan más de 6.000 lenguas por un número similar de etnias, la forma en que se imponía a Serbia la independencia de su provincia venía a abrir la caja de los truenos.
Si se creaba un nuevo mini-Estado sobre la limpieza étnica y un criterio racial, en contra de lo decidido por la ONU y ley internacional ¿qué podría impedir que, en el futuro, otros grupos étnicos que se declarasen oprimidos dentro de un Estado nacional reclamaran su propio Estado? Flamencos y valones en Bélgica, escoceses en el Reino Unido, corsos en Francia, húngaros en Rumanía y, claro, rusos en Letonia, Estonia o Ucrania.
Osetios y abjasios, por más que grite Occidente y se critique a Rusia, no han hecho otra cosa que imitar el modelo de Kosovo, impuesto por la OTAN a la agredida y, entonces, aislada Serbia. Por eso mismo, resulta, cuando menos, patético ver a los gobiernos de los países que promovieron, valiéndose de su superioridad militar, la independencia de Kosovo, acusar a Rusia de violar resoluciones de la ONU y el Derecho Internacional. Una forma, por indirecta no menos clara,
de reconocer que lo actuado en Kosovo constituye una gravísima violación del orden jurídico mundial.
Como no hay dos derechos internacionales, uno para la OTAN y otro para Rusia, si lo actuado por Rusia en Osetia del Sur y Abjasia es ilegal, nulo y no puede ser admitido por la sociedad internacional, lo actuado por la OTAN en Kosovo es igualmente ilegal y nulo, y Kosovo debe ser reintegrado a la República de Serbia. Si la medida vale para el ganso, debe valer para la gansa. Otra concepción o percepción es imperialismo puro y duro.
La espiral delirante en la que ha entrado un puñado de países, encabezados por EEUU, de pretender atajar la decisión rusa con medidas de fuerza, lleva a otro callejón sin salida. No hay opción posible de fuerza contra Moscú. La OTAN, atrapada en Afganistán, necesita perentoriamente el apoyo ruso para evitar un naufragio mayor en el país centroasiático. El gas y el petróleo ruso son vitales para Europa (no para EEUU, dato a tener en cuenta). Rusia es el único país con capacidad real de influencia en Irán. Rusia, por último, comparte con EEUU el extraño privilegio de poseer el mayor poder nuclear del mundo. ¿Adónde llevaría una agudización de la confrontación, sino a nuevos y mayores ámbitos de conflicto, que podrían desestabilizar al planeta entero?
Violencia y guerra
El problema de romper la legalidad internacional para sustituirla por políticas de fuerza (como viene haciendo la OTAN de forma sistemática desde 1999) es que, rota dicha legalidad, el campo queda abierto para la violencia y la guerra. Fue eso
lo que advirtió la CIJ en su sentencia de 1949.
Las políticas de fuerza, señaló la Corte, están reservadas, por la naturaleza de las cosas, a los Estados más poderosos y dan lugar a los mayores abusos; por esa razón no pueden tener cabida en el Derecho Internacional. Kosovo abrió una puerta a un sinfín de incertidumbres. El reto que hoy enfrenta Europa no es tanto cómo responder a Rusia sino cómo retornar al camino del Derecho, cuyo foro central no es la OTAN, sino la ONU. De lo que se decida dependerá buena parte del futuro
de este continente, que ha regalado al mundo dos guerras mundiales.
AUGUSTO ZAMORA es profesor de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid y embajador de Nicaragua en España