Todo indica que la oposición impedirá la aprobación de un proyecto de ley para conceder el derecho al voto a ciudadanos extranjeros con residencia permanente en Japón. El nuevo proyecto, presentado por el gobernante Partido Democrático de Japón (DJP), ya fue atenuado a partir de propuestas anteriores para permitir que los residentes permanentes voten, pero […]
Todo indica que la oposición impedirá la aprobación de un proyecto de ley para conceder el derecho al voto a ciudadanos extranjeros con residencia permanente en Japón.
El nuevo proyecto, presentado por el gobernante Partido Democrático de Japón (DJP), ya fue atenuado a partir de propuestas anteriores para permitir que los residentes permanentes voten, pero no se postulen como candidatos en las elecciones.
De todos modos, los proponentes dicen que son escasas las posibilidades de que el proyecto se apruebe en 2010, dada la creciente oposición de políticos conservadores populares entre el público. «El proyecto es enormemente impopular, y por lo tanto parece muy probable que la Dieta no lo apruebe este año», sostuvo Marutei Tsurunen, partidario del DJP y primer extranjero en integrar la cámara alta japonesa.
Nacido en Finlandia, Tsurunen se naturalizó japonés en 1979 e ingresó en la política en 1992, cuando se postuló para la asamblea de la occidental localidad de Yugawara.
Aunque el democrático Japón tiene una de las economías globalizadas más grandes, el país continúa resistiéndose a abrirles la puerta a los extranjeros.
Uno de los mayores oponentes a concederles el derecho de voto a los residentes extranjeros es el conservador Partido Liberal Democrático de Japón (LDP), que se mantuvo en el poder durante casi cuatro décadas, entre 1955 y 1993.
Mientras fue gobierno, el LDP rechazó por lo menos 13 intentos de los partidos de oposición de lograr que se aprobara una legislación similar, argumentando que permitir que los extranjeros voten amenazará los intereses nacionales, porque podrían impulsar políticas que favorezcan a sus propios países en vez de a Japón.
En cambio, el LDP propone que los extranjeros que aspiran a sufragar adopten la nacionalidad japonesa como medida de lealtad al país.
Ese sentimiento se ve reflejado en los medios de comunicación y es apoyado por el público japonés, dijo Yasuyuki Kitawaki, director del Centro para la Educación y la Investigación Multilingüe y Multicultural en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio.
Kitawaki señaló que su investigación muestra que una abrumadora cantidad de japoneses se oponen a que los extranjeros voten e ingresen a la política nacional, principalmente por temor y desconfianza. «La educación nacional refuerza el concepto de que Japón es una sociedad homogénea y privilegiada que debe ser protegida a toda costa de los extranjeros», explicó. «El extranjero es visto como un riesgo para este mito cuidadosamente cultivado», agregó.
Según Kitawaki, esto se manifiesta en el hecho de que el gobierno deliberadamente no reconozca a las diversas poblaciones y sus culturas, como los ainu, que durante siglos habitaron la norteña isla japonesa de Hokkaido.
Los expertos sostienen que la resistencia al proyecto sobre el derecho al voto se remonta a los vínculos históricos de Japón con China y Corea, que fueron colonizados por el Japón imperial previo a la Segunda Guerra Mundial, hasta su derrota en 1945. En ese periodo, cientos de miles de chinos y coreanos se asentaron en Japón –la mayoría contra su voluntad– y se emplearon como mano de obra barata para empresas japonesas o se enrolaron en el Ejército Imperial.
Una gran cantidad de estos inmigrantes, que optaron por no regresar a sus países originales pero continúan luchando para que las leyes les concedan un estatus social y político igual al del resto de la población, siguen siendo una espina clavada en la diplomacia japonesa de posguerra con China y Corea.
Hay más de 400.000 inmigrantes, principalmente coreanos, que tienen un estatus de residencia permanente en Japón, un país de más de 127 millones de habitantes.
Según cifras del gobierno difundidas en 2009, la cantidad de otros residentes permanentes aumentó casi en 100.000 el año anterior, para llegar a unas 535.000 personas, apenas un tercio de las cuales tienen ciudadanía china.
«No hay nada malo en que se permita a extranjeros trabajar en Japón. Pero otra cosa es concederles el derecho al voto», sostuvo Yorichiro Ameimishi, funcionario municipal de Musashi Murayama, al occidente de Tokio. «Votar significa hacerse responsables del desarrollo de Japón, pero no puede esperarse esto de los extranjeros», opinó.
Organizaciones que representan a la tercera o cuarta generación de coreanos viviendo en Japón presionan desde hace tiempo para obtener el derecho a voto en las asambleas locales, desatacando que pagan sus impuestos y que sus voces deberían ser oídas en la comunidad.
El meollo detrás de la resistencia pública al proyecto de ley es la protección de la identidad japonesa, señaló Tsurunen. «Si el proyecto se aprueba, les habrá dado a los extranjeros la opción de conservar su nacionalidad mientras participan en la comunidad en que viven», dijo.
Los expertos discrepan con el argumento de que permitir que los extranjeros voten amenazará la seguridad japonesa. «Si los eligen en asambleas locales o votan a candidatos japoneses, eso significará que apoyan el desarrollo y se hacen responsables de la comunidad en la que viven», dijo Lee Young Chang, quien enseña estudios coreanos en la Universidad de Keisen.
Corea, que permite que los extranjeros participen en elecciones locales, vienen presionando a Japón en nombre de los residentes coreanos para que haga lo mismo. La aprobación del proyecto de ley también ayudaría a aliviar la enemistad histórica entre las dos naciones.