Finalmente se produjo el encontronazo. Durante la Cumbre Iberoamericana efectuada en Chile el pasado 9 y 10 de noviembre, los presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner lanzaron duras críticas a las empresas españolas asentadas en América Latina. No fue de gratis. El pleito tiene una larga historia detrás. Eran otros tiempos. La fiebre antimigrante y […]
Finalmente se produjo el encontronazo. Durante la Cumbre Iberoamericana efectuada en Chile el pasado 9 y 10 de noviembre, los presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner lanzaron duras críticas a las empresas españolas asentadas en América Latina. No fue de gratis. El pleito tiene una larga historia detrás.
Eran otros tiempos. La fiebre antimigrante y los prejuicios antisudamericanos no se habían hecho aún epidemia en España. Cuando Evo Morales, el líder cocalero, quiso entrar a Madrid para asistir a una reunión internacional, fue detenido por la policía migratoria. Como no llevaba consigo 500 dólares que acreditaran que no iba a buscar trabajo, no lo querían dejar entrar al país.
«Querían deportarme porque no tenía ese dinero -contó Evo en mayo de 2006, durante la cuarta Cumbre Unión Europea-América Latina, realizada en Viena-. Pero yo les dije que tras 500 años de explotar nuestros recursos, no había 500 dólares.»
Al final, un policía lo despidió con una frase que el hoy presidente de Bolivia recuerda bien: «Esas cosas del pasado hay que discutirlas, debatirlas…»
¡Esas cosas del pasado! España perdió sus últimas colonias americanas en 1898, pero desde hace dos décadas emprendió la reconquista. Frente a las antiguas colonias, la nueva derecha ha desempolvado los arcaicos prejuicios de su sublimada edad imperial.
España es América y América es España funge -nos recuerda Eduardo Subirats- como un arcaico eslogan administrativo, ya no de Guerra Justa contra Indios, ciertamente, pero sí al menos de título implícito de una propiedad intelectual sui generis. América Latina es, para la nueva vieja derecha, «Nuestra América». No la de José Martí, sino la de Hernán Cortés. O, mejor aún, la de las grandes trasnacionales españolas.
Entusiasta con esta relación, Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para América Latina del reino español, declaró al periódico El País (15/9/07): «el futuro de España como país está en América Latina». Y agregó: «en general, las empresas españolas están muy bien en América Latina. A todas les va bastante bien, todas ellas tienen interés en seguir invirtiendo».
Las cifras así lo corroboran. España es el principal inversionista europeo en la región y el segundo global después de Estados Unidos. Las empresas ibéricas se ubicaron en posiciones de liderazgo, aun en mercados usualmente dominados por Washington. En unos cuantos años compañías de base nacional del sector financiero, de energía y comunicaciones, se transformaron, gracias a la reconquista española, en consorcios trasnacionales. Esto da idea de la importancia que han adquiridos las siete empresas que más han invertido en el área: Repsol, Santander Central Hispano (SCH), Banco Bilbao Vizcaya (BBVA), Telefónica, Endesa, Gas Natural e Iberdrola.
Durante 2004, 49 por ciento de las utilidades del BBVA, 41 por ciento de Telefónica y 35 por ciento de SCH provinieron del mercado latinoamericano. Los bancos BBVA y SCH tomaron el control de un tercio de los activos extranjeros en este territorio. Tan sólo Telefónica tiene previsto invertir unos 13 mil 600 millones de dólares en Latinoamérica entre 2007 y 2009. Desde 1990 ha invertido más de 77 mil millones de euros en el continente. En 2009 quiere tener 150 millones de clientes.
Esta situación ha provocado una curiosa percepción sobre estas empresas entre los habitantes de América Latina. La imagen dominante sobre su papel está muy lejos de ser positiva.
Según los encuestados por el Latinobarómetro, a la hora de valorar las consecuencias de las inversiones de capital español 29 por ciento cree que han sido beneficiosas para su país y 36 por ciento que no. Pero, a pesar de estas ganancias extraordinarias, la situación ha comenzado a cambiar. Gerardo Díaz Ferrán, presidente de las cámaras patronales españolas, ha manifestado su preocupación por la inseguridad jurídica que existe en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Intelectuales y medios de comunicación de la península han prendido las señales de alarma ante el «populismo» y el «indigenismo» de líderes políticos.
Y es que la medicina que han comenzado a probar en la región les ha resultado un poco amarga. El primero de mayo de 2006 los teletipos dispararon un escueto cable: «Evo Morales nacionaliza los hidrocarburos». Una de las principales empresas trasnacionales ibéricas, Repsol YPF, la petrolera sin petróleo y gasera sin gas, estaba en capilla.
Con un casco color blanco y un pequeño megáfono, el mandatario boliviano anunció: «Se acabó el saqueo de nuestros recursos naturales por empresas extranjeras». Y explicó cómo la nacionalización se inscribía «en la lucha histórica de las naciones, los movimientos sociales y los pueblos originarios por reconquistar nuestras riquezas como base fundamental para recuperar nuestra soberanía».
Además de su vocación por devolver a su país la soberanía expropiada, a lo mejor Evo recordó que en las elecciones presidenciales Repsol apostó por Tito Quiroga, el candidato de derecha que representaba los intereses de la gran burguesía. Nada nuevo. Esta empresa hizo los mismo en Argentina: respaldó a Carlos Menem contra Kirchner. No en balde el mandatario argentino saliente recordó en la última cumbre que «los empresarios españoles me corrían de todos lados y yo no tuve más remedio que pelear.»
La presencia española en América del Sur se ha vuelto complementaria y, hasta cierto punto, sustituta de la tradicional hegemonía estadunidense. Los nuevos encomenderos vienen no sólo a «hacer la América», sino a quedarse con ella. Desafortunadamente para ellos, hay pueblos y gobiernos que no están dispuestos a permitirlo. Esas cosas del pasado no pueden volverse las del presente.