Las cárceles tailandesas se están llenando de prisioneros políticos, aseguran algunos críticos. Aún se ignora cuántos disidentes fueron apresados desde que los militares pusieron fin en mayo al levantamiento popular contra el gobierno. Activistas por los derechos humanos en Tailandia estiman en cerca de 470 los prisioneros políticos, sólo considerando los registros del centro penitenciario […]
Las cárceles tailandesas se están llenando de prisioneros políticos, aseguran algunos críticos. Aún se ignora cuántos disidentes fueron apresados desde que los militares pusieron fin en mayo al levantamiento popular contra el gobierno.
Activistas por los derechos humanos en Tailandia estiman en cerca de 470 los prisioneros políticos, sólo considerando los registros del centro penitenciario ubicado al norte de Bangkok y los de las principales cárceles de cinco provincias del noreste.
«Nosotros sabemos de 333 personas detenidas por sus actividades políticas desde el 19 de mayo (fecha del fin de la represión) y recluidas en Bangkok», dijo Kwanravee Wangudom, coordinador del People’s Information Centre (PIC), una organización de activistas y académicos formada a mediados de julio para vigilar los derechos humanos de los detenidos durante la represión.
«Hay 136 opositores en cinco cárceles en el noreste», agregó.
En la cárcel central de la provincia arrocera de Udon Thani, donde el apoyo al movimiento de protesta contra el gobierno es profundo, hay 55 opositores, 44 de ellos hombres, reveló el PIC.
Asimismo, en la prisión de Ubon Ratchathani hay 45 disidentes con el Frente Unido para la Democracia y contra la Dictadura, y en la de Mukdaharn 23 manifestantes, la mayoría hombres.
Todos ellos han sido detenidos en virtud del decreto de excepción invocado en 23 provincias y en Bangkok en respuesta al aumento de la tensión política derivada de las protestas callejeras que tuvieron lugar en pleno centro comercial de la capital en marzo.
El decreto, que da a las autoridades amplios poderes de detención, aún sigue vigente en Bangkok y en seis provincias.
Lo que preocupa a activistas, como los del PIC, es que «los arrestos no han cesado» para cargos que van desde incendio provocado, pasando por porte de armas de fuego e infracción de las leyes del tránsito, hasta violación de la ley de excepción.
«El gobierno todavía no ha informado el verdadero número de detenidos por actividades políticas en todas las cárceles», dijo a IPS Kwanravee. «Las detenciones continúan», aseguró.
La cifra oficial de personas aprehendidas en protestas contra el gobierno es mucho más baja.
Han sido arrestadas 241 personas sospechosas de ser «camisetas rojas», como son llamados los disidentes por los colores que caracterizan al Frente Unido, dijo el vocero de gobierno Panitan Wattanayagorn. «Al menos 372 sospechosos continúan en libertad», afirmó.
Las pesquisas realizadas por el Departamento de Investigaciones Especiales (DSI, por sus siglas en inglés) ya han configurado 145 casos de terrorismo, 21 por «amenazas al gobierno» y cerca de 80 por «daños a la población y a los funcionarios», dijo Panitan en una entrevista. «El DSI todavía trabaja en otros casos», agregó.
Al mismo tiempo, el gobierno del primer ministro Abhisit Vejjajiva ha permitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos enviar a sus representantes a las prisiones donde los «camisetas rojas» están detenidos. Estas visitas han incluido cárceles de más de 10 provincias del noreste rural y el norte de este país de 67 millones de habitantes.
«Muchos de los manifestantes recluidos en las cárceles provinciales participaron en mayo en protestas frente a los ayuntamientos, donde los edificios públicos fueron incendiados», dijo Porpen Khongkachonkiet, miembro del subcomité de la Comisión que monitorea a los prisioneros políticos. «Algunos fueron aprehendidos el día del incendio, otros después», agregó. Estos incendios provocados en las provincias fueron similares a los que en Bangkok siguieron a la represión militar de las manifestaciones callejeras de los «camisetas rojas» a mediados de mayo.
Los «camisetas rojas», mayoritariamente integrantes de las clases trabajadoras de las provincias y ciudades, habían ocupado dos lugares emblemáticos de la capital desde mediados de marzo para demandar al gobierno de Abhisit disolver el parlamento y convocar a elecciones anticipadas.
Dos ofensivas en abril y mayo dejaron 91 muertos, 84 de ellos civiles, y 1.800 heridos por el uso de armas de fuego de parte de los militares y una misteriosa organización llamada «camisetas negras», cuyos miembros dispararon contra los soldados.
Las calles de la capital tailandesa están en calma nuevamente, pero la aparente victoria del gobierno en términos de restaurar la reconciliación y la paz política ha sido cuestionada por las noticias de excesos cometidos por funcionarios al amparo de la ley de excepción.
La no gubernamental Mirror Foundation elaboró una lista de 88 «camisetas rojas» que fueron reportados como «desaparecidos» en las primeras semanas posteriores a la represión. Pero según sus estimaciones esta cifra ha bajado a 27.
Muchos de los 88 «camisetas rojas» considerados inicialmente en esa lista habían sido arrestados y recluidos sin informar de ello a sus familiares, revelando un vacío legal en la ley de excepción.
De igual forma, organizaciones como el PIC cuestionan otras tendencias preocupantes en la detención de los disidentes: «Los policías obligaron a los manifestantes a confesar, diciéndoles que el castigo sería mucho más severo si no confesaban. Algunos aseguraron haber sido torturados para admitir los crímenes», dijeron.
«Estar encerrado en una prisión es muy estresante», dijo al PIC un disidente «camiseta roja» de 40 años encarcelado en una prisión provincial. «Tenemos que compartir nuestros días con convictos por drogas, contrabando y asesinato», se quejó.
«Esto va en contra los estándares internacionales en materia judicial y legal, en cuanto al proceso de arresto y la naturaleza de las detenciones», dijo Sunai Phasuk, investigador tailandés de la no gubernamental internacional Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
«No se puede tener doble discurso en lo relativo al debido proceso», agregó.
«El gobierno no ha revelado cómo se ha aplicado el decreto de excepción y cómo esto ha violado los derechos básicos», dijo Phasuk a IPS. «Esta es la esencia de la erosión de la democracia y los derechos humanos en Tailandia», concluyó.