Descargo de responsabilidad: Taylor Landis es una experta independiente en derechos humanos que trabajó en Myanmar de 2013 a 2020. Es autora de este artículo en nombre de una persona en el norte de Birmania que deseaba colaborar pero que no puede ser identificada debido a las graves amenazas de seguridad a las que se enfrenta actualmente. Las opiniones expresadas aquí son únicamente las de la persona no identificada en el norte de Birmania y no reflejan las de ninguna institución a la que Taylor esté afiliada.
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A través de un videochat encriptado, una antigua dirigente de la sociedad civil de una de las muchas comunidades remotas del norte de Myanmar afectadas por el conflicto reflexiona sobre la vida en medio de la última crisis del país. «Tenemos suerte de ser de aquí», explica, refiriéndose a su pequeña aldea situada en un valle entre lo que serían montañas pintorescas. Explica que cada uno de los cinco picos más cercanos está ocupado por una entidad armada diferente: cuatro organizaciones armadas de las minorías étnicas (EAO, por sus siglas en inglés) controlan uno cada una y el quinto es territorio del ejército de Myanmar (o Tatmadaw). Las laderas boscosas están contaminadas con minas terrestres, y las carreteras que atraviesan el valle están salpicadas de puestos de control de las EAO y el Tatmadaw, donde soldados bien equipados controlan estrechamente todos los movimientos. Con esta disposición, entrar y salir de la aldea era peligroso y desalentador antes de que los militares tomaran el poder el 1 de febrero. Ahora, con los nuevos puestos de control, es aún más difícil. Las EAO de esta zona llevan décadas en conflicto con el Tatmadaw, algunas desde la independencia del país en 1948. En los últimos años, la escalada de violencia armada entre las EAO ha eclipsado sus batallas con el Tatmadaw. A lo largo de la vida de esta dirigente de la sociedad civil, se han sucedido los alto al fuego, las alianzas y las nuevas entidades armadas, pero la lucha activa nunca ha estado lejos. «Realmente tenemos suerte», continúa, «crecimos oyendo disparos. Ahora somos más resilientes».
Cuando el Tatmadaw desplegó tanques y tropas en las ciudades tras el golpe de estado del 1 de febrero, la comunidad de la mujer siguió con nerviosismo las noticias, al igual que otras en todo Myanmar. Las masivas protestas urbanas que tenían lugar en todo el país se mantuvieron pacíficas durante semanas. Luego, el Tatmadaw comenzó su represión. Después de haber visto a más de 700 personas muertas y más de 3.000 detenidas por las fuerzas de seguridad en todo Myanmar a finales de abril, sus colegas de Rangún se han visto sorprendidos por el nivel de violencia del Tatmadaw que presencian cada día. Como la mayoría de los habitantes de Rangún, la mayor ciudad de Myanmar, sus colegas nunca habían visto al Tatmadaw en acción antes de febrero de 2021.
«Se quedaron impactados cuando vieron por primera vez cómo un francotirador del Tatmadaw apuntaba a una mujer que sólo estaba comprando snacks en la calle, y vieron cómo le disparaba en la cabeza a pesar de que ni siquiera estaba participando en la protesta pacífica». Hace una pausa y continúa: «Para nosotros, en las zonas de conflicto, hemos visto los abusos de derechos humanos del Tatmadaw. Sabemos que disparan a matar. No estamos sorprendidos. Estamos tristes, pero no estamos conmocionados».
En las comunidades de minorías étnicas como la suya, la experiencia de primera mano con la crueldad del Tatmadaw ya era habitual [y estaba bien documentada] antes de la crisis provocada por el golpe de estado de 2021. Al haber sufrido la violencia del Tatmadaw, muchas personas en las comunidades étnicas han buscado durante mucho tiempo la protección de las EAO y las han apoyado, considerándolas una barrera protectora entre sus comunidades y la violencia del Tatmadaw. Sin embargo, no todo el mundo comparte esta opinión. Con el cansancio de la violencia armada, siempre constante en sus territorios, algunas personas tienen poca paciencia con cualquier entidad que participe. En su comunidad, la dirigente de la sociedad civil dice que las opiniones de la gente sobre las EAO varían mucho, pero que nadie apoya al Tatmadaw.
Mientras las protestas en otros lugares se volvían violentas, la situación se ha mantenido en calma en su zona. Ahora es más seguro en los pueblos pequeños, dice. En las ciudades, las campañas de «castigo social» en internet identifican y avergüenzan a las personas que perpetran y se benefician de la represión, y animan a emprender una serie de acciones contra ellas, desde el lanzamiento de boicots a los negocios familiares de los soldados del Tatmadaw hasta el llamamiento a las universidades extranjeras para que rechacen los pagos de las matrículas realizados en nombre de los hijos de los generales. Pero estas campañas de castigo social sólo proporcionan un control limitado, en el mejor de los casos, del uso excesivo de la fuerza por parte del Tatmadaw.
«Aquí sería mucho más fácil, ya que todo el mundo se conoce», explica, sugiriendo que las fuerzas de seguridad de su zona dudan en utilizar el tipo de violencia extrema contra personas de la comunidad que ahora se ha convertido en rutina en otras partes del país. «Si el Tatmadaw dispara a una persona civil, sabremos qué comandante dio la orden. Sabríamos quién apretó el gatillo. Sabríamos dónde están sus familias. La gente podría vengarse fácilmente». Hasta ahora, en estas zonas del norte rural, la policía y los soldados del Tatmadaw han parecido más comedidos en su trato con la población civil, quizá recelosos de que una violencia excesiva por su parte pudiera desencadenar consecuencias inmediatas dirigidas a sus propias familias que viven en y entre las comunidades donde están destinados. Pero en estas zonas, no es sólo la amenaza de la población civil enfadada lo que mantiene al Tatmadaw bajo control. Son las EAO.
En su aldea, todo el mundo ha oído que los comandantes cercanos del Tatmadaw recibieron una carta de advertencia de al menos una EAO, aunque nadie dice cuál. Se entiende que la carta contiene una advertencia contundente: si el Tatmadaw ataca a la población, la EAO quemará las bases del Tatmadaw y la comisaría de policía del pueblo, todas ellas construidas en el límite de las zonas forestales donde se sabe que operan las EAO. «Las EAO están protegiendo ahora a la gente de las zonas rurales», dice. «Si el Tatmadaw dispara a la gente, saben que las EAO podrían atravesar fácilmente la selva y quemar sus bases».
Ésta no es ni mucho menos una amenaza vana. Tanto en el estado Kachin como en el Shan, por ejemplo, las EAO empezaron a atacar posiciones del Tatmadaw y de la policía en marzo en respuesta al trato cada vez más violento que las fuerzas de la junta daban a la población civil. Las EAO han continuado estos ataques en abril y principios de mayo. El Tatmadaw ha respondido con múltiples ataques aéreos, y al menos un helicóptero de combate del Tatmadaw ha sido derribado por fuego de EAO. La escalada de violencia, sin embargo, ha desplazado a casi 17.000 personas, según las estimaciones de la ONU, lo que ha supuesto un alto coste para la región, cansada del conflicto, que albergaba a unas 105.000 personas desplazadas internas antes de la crisis actual.
En su casa, en la relativa «seguridad» de su zona conflictiva natal, la dirigente de la sociedad civil dice que podría salir, pero ya no lo hace. Últimamente, agotada por el dolor y el trauma de su trabajo, deja las compras en manos de otras personas en la familia, pero le preocupa que sea cada vez más difícil. Unirse a los boicots que se están llevando a cabo en todo el país contra todos los productos vinculados al Tatmadaw no la afectó demasiado: no bebe cerveza, nunca utilizó las redes de telefonía móvil estatales y no juega a la lotería. Al no poder viajar, no hay riesgo de que apoye a las aerolíneas y hoteles respaldados por el Tatmadaw.
Pero el nuevo boicot a los productos y servicios chinos podría cambiar las cosas en su zona. Al igual que muchas personas en su comunidad, dice que en principio está de acuerdo con los esfuerzos que se están llevando a cabo para protestar por el constante apoyo de China al Tatmadaw, el supuesto apoyo al golpe de estado y la protección actual de Myanmar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, las opciones en su valle son limitadas. «Aquí todo viene de China; ¿qué comeremos si dejamos de comer alimentos chinos?».
Hasta febrero, iba a menudo al mercado más cercano para apoyar la venta local que se tambaleaba por el impacto económico de los cierres del coronavirus. Comprando mucho más de lo que su familia podía comer, distribuía las verduras sobrantes a las personas necesitadas. «Nunca gasté mucho dinero, sólo 500 kyats ($0,35 dólares) aquí, 500 allí, para que las personas vendiendo tuvieran dinero en efectivo y la gente local sin trabajo pudiera cocinar algo con su arroz».
Pero con los bancos cerrados desde el golpe de estado y el dinero en efectivo difícil de conseguir, ya no puede permitirse esa generosidad. Ahora sólo puede retirar una pequeña cantidad de dinero semanal de su cuenta en un banco cerrado, gracias a la amabilidad del personal que suspende discretamente su propia participación en el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC) durante unas horas cada semana para abrir servicios vitales para el vecindario. Con tanta incertidumbre y tan poco dinero, ha dejado de ir al mercado. Le entristece mucho ver a vendedores con más de lo que pueden vender, mientras habitantes con hambre del pueblo no pueden permitirse comprar. «Tal vez si consigo una tarjeta de cajero automático, para que sea más fácil conseguir dinero en efectivo, pueda volver a ir», dice esperanzada, a pesar de conocer los nuevos y cada vez más bajos límites diarios de retirada de dinero en los cajeros automáticos y la escasez de moneda en las máquinas de todo Myanmar. «Aun así», se preocupa en voz alta, «de todos modos todo lo que hay en el mercado es de China».
Mientras está en el interior, intenta mantenerse centrada en su trabajo. «Ahora sólo hacemos actividades para salvar vidas», explica. Defensora de la protección de la infancia y de sus derechos en todo Myanmar, ahora se pasa el día viendo vídeos aparentemente interminables sobre la brutalidad de la policía y el Tatmadaw. Utilizando una red privada virtual (VPN) para eludir la prohibición del régimen en Facebook y revisar las imágenes compartidas en la plataforma de redes sociales, ella y sus colegas trabajan para identificar a menores que son golpeados, detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos. Antes de la represión, iban a los hospitales y a las prisiones e intervenían directamente para garantizar que los menores recibían la atención médica necesaria, podían acceder a los servicios jurídicos y se reunían con sus familias sin demora. Ahora, esto es imposible. «Si vamos en persona ahora, nos detendrán. Sólo podemos remitir los casos a los servicios jurídicos en línea».
En esta nueva realidad, ella y su equipo se pasan los días a solas en sus casas de todo Myanmar, viendo horas de violencia contra la infancia en sus ordenadores y teléfonos, coordinándose por todo el país para determinar qué pueden hacer, si es que pueden hacer algo, para ayudar. Esto se cobra un terrible precio en su salud mental. Algunas personas del equipo trabajan en horarios reducidos y se unen a las protestas; otras se quedan dentro para intentar mantenerse a salvo. Ella se preocupa por todos; ahora se exigen controles de seguridad cada pocas horas, pero sabe que esto no es suficiente. «En el pasado, si nos enfrentábamos a una crisis en un lugar, podíamos enviar un equipo desde otro lugar para apoyar a nuestros colegas allí. Podíamos ir a prestar apoyo técnico y psicosocial. Ahora, la crisis está en todas partes y no podemos movernos. Estábamos atascados por culpa del COVID, y ahora estamos aún más atascados por culpa del golpe».
El perfil bajo que ella y su equipo se han visto obligados a mantener no ha pasado desapercibido para las familias y las comunidades desesperadas por recibir apoyo. Algunas personas acuden a Facebook para arremeter contra ella, sus colegas, su organización o toda la sociedad civil en general. «¿Dónde están ahora las personas trabajando para la protección de la infancia?», exigen. Esto ha sido especialmente duro de soportar. Estas personas trabajadoras de la sociedad civil no pueden responder para defenderse, ni atribuirse el mérito de los pocos esfuerzos por salvar vidas que tienen en marcha. En su lugar, generan nuevos perfiles anónimos para la gestión de casos, las derivaciones y la promoción. Intentan pasar desapercibidas para seguir trabajando. Es agotador y desmoralizante. «Estamos muy, muy frustradas por no poder hacer más. Pero incluso cuando podemos hacer algo, tenemos que ocultarlo. Hacemos lo que podemos, pero es muy peligroso».
Ella y su equipo están ideando formas de apoyarse a distancia, pero hasta ahora ha resultado difícil. A principios de marzo, nadie quería participar en actividades de apoyo psicosocial en equipo a través de Zoom, después de un día entero de mirar fijamente las pantallas de sus ordenadores, analizando el trato brutal de las autoridades a menores. Ahora que nuevos obstáculos bloquean el acceso a internet para la mayoría de la población de Myanmar, muchos de sus colegas ya no pueden ni siquiera conectarse para trabajar. Con su equipo tan necesitado de apoyo psicosocial pero incapaz de proporcionárselo entre ellos, no se les puede pedir que proporcionen apoyo psicosocial a las familias de sus comunidades, incluso si fuera seguro hacerlo. «Cuando no estamos bien nosotros, ¿cómo podemos actuar por el bienestar de la infancia?», se pregunta. Cuando los miembros de la comunidad en crisis acuden a Facebook para desahogarse, acusando a ella y a su equipo de estar ausentes cuando las comunidades más los necesitan, duele. Pero para los que tienen acceso, permanecer desconectados no es una opción. «Sin Facebook, ni siquiera podemos llevar a cabo actividades para salvar vidas».
Cuando los miembros de su equipo cierran por fin sus ordenadores a la 1 de la madrugada, o cuando el Tatmadaw apaga internet y las redes móviles, pocos duermen. «Para ellos, es duro escuchar los disparos y las redadas policiales cada noche», explica la dirigente. Aunque en todas partes la gente está en vilo durante los apagones nocturnos de las comunicaciones, es más fácil de soportar en el campo, dice. «Aquí sabemos cómo dormir a pesar de los disparos». Es consciente de la ironía al reiterar: «Tenemos suerte de pertenecer a la zona de conflicto».
Fuente original en inglés: https://www.justsecurity.org/76016/beyond-the-coup-in-myanmar-a-northern-view/