Estos últimos meses se están caracterizando en Filipinas, entre otras cosas, por los movimientos que el gobierno filipino ha emprendido para retomar las negociaciones con algunos de los grupos armados que operan en el archipiélago. En ese sentido, representantes de la administración de Benigno Aquino se han reunido con miembros del Frente Moro Islámico de […]
Estos últimos meses se están caracterizando en Filipinas, entre otras cosas, por los movimientos que el gobierno filipino ha emprendido para retomar las negociaciones con algunos de los grupos armados que operan en el archipiélago. En ese sentido, representantes de la administración de Benigno Aquino se han reunido con miembros del Frente Moro Islámico de Liberación (MILF) en la capital de Malasia, mientras que hacía lo propio con la delegación de la guerrilla del Partido Comunista de Filipinas (CPP) a las afueras de Oslo.
Esta toma de contacto viene a romper la postura mantenida por la anterior presidenta filipina, Gloria Macapagal-Arroyo, quien mientras era recibida con todos los honores y parabienes en Occidente, llevaba a delante una campaña contra la insurgencia, donde la violación de derechos humanos alcanzaba las cifras más altas de los últimos años.
Tras más de 42 años de insurgencia, la guerrilla comunista del CPP, la guerrilla filipina ha hecho frente a la dictadura de Marcos, y a los cuatro gobiernos elegidos en las urnas tras el fin de la misma. En estas décadas el CPP ha atravesado por diferentes fases, tal y como reconocen recientes análisis internacionales.
Desde su fundación en 1968, y durante toda la dictadura de Marcos, la guerrilla creció rápidamente y se fue asentando, con el apoyo de importantes sectores de la población, en buena parte del archipiélago filipino. Los primeros años de la llamada «transición democrática», sirvieron al ejército para impulsar toda una campaña de terror que se extendió a los militantes de las organizaciones políticas y de base que simpatizaban con las demandas del CPP y de su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA).
Posteriormente, la capacidad movilizadora y operativa del CPP-NPA se ha recuperado, y ha venido desarrollando organizaciones que obtienen buenos resultados electorales, mientras afrontaba diferentes intentos de encauzar conversaciones de paz con el gobierno, y hacía frente a la brutal campaña que el gobierno de Arroyo impulsaba.
Los contactos y negociaciones entre los gobiernos de Manila y la guerrilla comunista se han sucedido en las últimas décadas. Desde los primeros intentos hace más de 25 años, bajo la presidencia de Cory Aquino, se han sucedido los acercamientos y los fracasos.
En 1992, se firmó la declaración de La Haya, que estableció una agenda para la negociación de cuatro ejes centrales (reformas socio-económicas, derechos humanos, reformas políticas y constitucionales, ceses de las hostilidades). Tres años más tarde, a través del Acuerdo Conjunto de Garantías de Inmunidad y Seguridad (JASIG), se aseguraba que los representantes y grupo negociador del Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP), una coalición de sindicatos, partidos políticos y otros movimientos, entre los que se encuentra el CPP, no fueran perseguidos por su laber negociadora.
Otra aportación de todos estos intentos negociadores es el Comité Conjunto para la Monitorización (JMC), que se encargaría de investigar las violaciones de los acuerdos, y que fue puesto en marcha en 20045, con la asistencia de un facilitador independiente e internacional, Noruega.
Ese mismo año, la delegación del NDFP abandonará las conversaciones tras la decisión del gobierno de Arroyo de renovar la inclusión del CPP-NPA y de alguno de sus dirigentes en la lista «de personas y organizaciones terroristas», así como por el escándalo que siguió a la reelección de la citada presidenta.
Los posteriores intentos de Gloria Macapagal-Arroyo de combinar la política represiva con falsos intentos de negociación (denunciados por los representantes de NDPF como peticiones de rendición y de reescribir lo acordado en 1992), dificultaron aún más el complejo equilibrio negociador. Todo ello además, acompañado de una política de exterminio de militantes sociales y una política «anti-terrorista» que otorgaba carta blanca a las fuerzas policiales y militares del país.
Los dos últimos años nuevos impulsos han hecho aparición en el complejo puzzle negociador filipino. En 2009, y gracias al trabajo de cocina de Noruega, el gobierno reconoció que un alto el fuego no «era una condición previa para iniciar las negociaciones», al tiempo que reinstauró el JASIG y se planteó la liberación de algunos presos políticos.
El año pasado, con la toma de posesión del nuevo presidente Aquino, el gobierno se mostró dispuesto a un alto el fuego y a retomar las negociaciones. Desde el CPP se rechazó la oferta, pero dejaron la puerta abierta a retomar las negociaciones. De esa manera, el pasado mes de diciembre, tuvieron lugar en Hong Kong contactos y conversaciones que permitieron una tregua en Navidades (la más larga en los últimos diez años).
La continuación de este proceso tuvo lugar el pasado mes de enero en Oslo, en donde se acordó el inicio de conversaciones formales sin condiciones previas., y que han tenido lugar entre el 15 y 21 de este mismo mes.
El camino iniciado estas semanas no será breve, pero es importante que a pesar de las dificultades que irán asomando, algunas ya lo han hecho en forma de detenciones de importantes figuras del CPP, ambas partes parecen dispuestas a profundizar esa vía. También es importante el papel de los mediadores (Noruega) que han continuado apoyando el proceso a pesar de las rupturas puntuales que se han sucedido.
Otra insurgencia armada que opera con fuerza en el sur del archipiélago, el Frente Moro Islámico de Liberación (MILF) también ah iniciado conversaciones en Kuala Lumpur, capital de malasia, con el gobierno filipino. De momento parece ser que ambas partes han acordado renovar el mandato del grupo internacional de monitorización en le sur del archipiélago por otros doce meses. También ha tenido lugar un intercambio de propuestas entre las dos delegaciones y han decidido volverse a reunir los próximos 29 y 30 de marzo.
Al igual que en el caso de la guerrilla comunista, este proceso también puede estar afectado por movimientos contradictorios que pueden poner en un difícil trance el desarrollo de las negociaciones. El pasado año se filtró la posibilidad de que dentro del MILF hubiera tenido lugar un escisión, y estos días parece que la noticia se confirma con el anuncio de la creación del grupo Luchadores Islámicos de la Libertad Bangsamoro (BIFF) que anuncia su intención de continuar la lucha contra los militares filipinos y lograr en Mindanao la instauración de un estado independiente e islámico.
Los obstáculos planean este nuevo escenario. Desde las reticencias e intentos de sabotaje por importantes sectores de los llamados poderes fácticos (militares, empresarios, parte de la clase política), temerosos de perder su privilegiada situación en el actual status quo hasta las tácticas de algunos representantes de la administración que buscan la división de las organizaciones guerrilleras para debilitar su posición ante las hipotéticas fases centrales de la negociación.
Lo que no cabe duda es que para lograra una paz justa y duradera, en Filipinas, como en otros lugares, se deberán afrontar las raíces del conflicto. La política discriminatoria hacia los pueblos indígenas, la venta de los recursos del país a las grandes multinacionales, los abusos de las fuerzas de seguridad y sus aliadas milicias paramilitares, la injusta distribución de la tierra, en manos de terratenientes en grandes zonas del país, o la necesaria reforma agraria, son algunos de los temas que deberán abordar en cualquier intento serio de llevar a delante el proceso de paz que algunos comienzan a vislumbrar en Filipinas.
TXENTE REKONDO.- Gabinete Vasco de Análisis Internacional (GAIN)
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