Eleazar Blandón, jornalero de 42 años y padre de cinco hijos, falleció el 1 de agosto tras un día de trabajo -en plena ola de calor- en una finca agrícola cerca del municipio de Lorca (Murcia). El empresario para el que trabajaba no le dio de alta en la seguridad social. En declaraciones recogidas por Efe, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, resumía las condiciones en las que laboraba el temporero: “Su jornada se extendió desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas y luego se prolongó en la recolección de melones en una finca adyacente hasta largas horas de la tarde, a una temperatura de 44 grados sin ningún tipo de protección”. La CGT de Murcia denunció en un comunicado que éste es un ejemplo de “trabajo esclavo”, que se extiende “a sus anchas por los campos de nuestra región”.
Las pruebas de ADN confirmaron, el 19 de agosto, que los restos hallados en el vertedero de la empresa Verter Recycling 2002 en el municipio de Zaldibar (Bizkaia) correspondían a Alberto Sololuze; este trabajador de 62 años permanecía sepultado –junto a su compañero, Joaquín Beltrán- tras el derrumbe de la escombrera ocurrido en febrero. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco informó que en 2019 entraron en las instalaciones 510.994 toneladas de residuos (4.235 toneladas de materiales de construcción que contenían amianto). La plataforma popular Zaldibar Argitu ha convocado paros laborales y movilizaciones en la calle, con el fin de que se depuren “todas las responsabilidades” (5.000 personas se manifestaron en febrero en el barrio de Zaldibar donde se localiza el vertedero).
En 2019 Mercadona logró unos beneficios netos de 623 millones de euros, un 5% más que el año anterior. El presidente de esta cadena de supermercados, Juan Roig, se sitúa como la tercera fortuna del estado español y 487 del mundo, con un patrimonio –según la revista Forbes- de 4.100 millones de euros. Una trabajadora de la limpieza -de 36 años y con tres hijos- falleció en octubre de 2019 en el centro logístico de Mercadona en Abrera (Barcelona), donde estaba empleada; el cuerpo sin vida fue hallado por los Mossos d’Esquadra -27 horas después de su desaparición- en una zona de máquinas de la nave, destinada a la producción de pan. Por las mismas fechas, un trabajador de 43 años murió tras ser aplastado por una carretilla elevadora en el Centro Comercial Vidanova Parc de Sagunto (Valencia).
Más allá de los casos concretos, el Ministerio de Trabajo registró en el primer semestre del año 354 muertes por accidentes de trabajo en el estado español, lo que supone un incremento del 21% respecto al mismo periodo de 2019 (ese año se contabilizaron 695 muertes); el mayor aumento de los decesos entre enero y junio se produjo en el sector agrario (109%), seguido de la industria (68%) y con un 25% los servicios (tal vez la reducción del 25% en el sector de la construcción se explique por el parón económico a causa de la pandemia).
El hecho es que, en un contexto de crisis por la COVID-19 y caída del PIB, crece la siniestralidad mortal; entre otras razones, explica en una nota informativa el responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras, Pedro J. Linares, “porque la precariedad laboral cada vez más extendida empuja a renunciar a derechos y asumir peores condiciones de seguridad para mantener el empleo”. Asimismo, el Instituto de Salud Carlos III reporta –con datos hasta finales de mayo- de 52 defunciones entre el personal sanitario del estado español por la COVID-19.
¿Una sangría global? La Organización Mundial del Trabajo (OIT) dedica este año el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de abril) al impacto del coronavirus. Quizá por ejemplos como el de un ingeniero de 51 años, empleado de la constructora qatarí Conspel y fallecido en junio; fue la primera víctima mortal por la COVID-19 entre los trabajadores de las infraestructuras para la Copa del Mundo de Fútbol Qatar-2022; “las autoridades qataríes han detenido y expulsado a decenas de trabajadores y trabajadoras migrantes tras decirles que se los llevaban para hacerles la prueba del coronavirus”, denunció el pasado 15 de abril Amnistía Internacional (además de las condiciones laborales de semiesclavitud, la Confederación Sindical Internacional denunció ya en 2014 que al menos 1.200 migrantes de India y Nepal habían muerto –durante cuatro años- en las obras para el mundial de Qatar). Otro caso relevante es el de Amazon; entre protestas por la falta de medidas de seguridad, huelgas y despidos, tres trabajadores del gigante logístico en los centros de Hawthorne y Tracy (California) y en Staten Island (Nueva York) fallecieron por la COVID-19.
Publicado en 2019, el informe de la OIT Seguridad y salud en el centro del futuro del trabajo señala que cada año mueren por accidentes laborales y enfermedades profesionales 2,78 millones de trabajadores (la mayoría, 2,4 millones -el 86,3%- debido a enfermedades profesionales); en otros términos, cada día pierden la vida mil personas por accidentes del trabajo y otras 6.500 por dolencias profesionales; la cifra representa entre el 5% y el 7% del total de muertes a escala mundial. En cuanto a la tendencia, el documento apunta un incremento en las muertes, ya que los trabajadores fallecidos en 2014 fueron 2,33 millones. Por regiones, en 2014 África y Asia registraron una tasa de accidentes de trabajo mortales por cada 100.000 trabajadores entre cuatro y cinco veces superiores a las europeas.
El sábado 25 de marzo de 1911 se produjo un incendio en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York, en el que perecieron –en sólo 20 minutos- 146 obreras, la mayoría jóvenes migrantes de Europa del Sur y del Este; “recibían bajos salarios, trabajaban largas horas, el sábado en este caso, y las puertas estaban cerradas con llave. No tenían derechos, ni protección legislativa o representación laboral. Era la clásica ‘fábrica clandestina’, a un paso de la esclavitud”, relató en 2011 la directora de la Oficina para la Igualdad de Género de la OIT, Jane Hodges (en noviembre de 1909 tuvo lugar el levantamiento de las 20.000 o huelga de las camiseras de Nueva York, en la que participaron sobre todo trabajadoras migrantes del sector textil). Otro ejemplo de la época, recogido por el informe de la OIT, es el de la explosión ocurrida el 14 de octubre de 1913 en la mina carbonífera de Senghenydd (Gales del Sur, Reino Unido), que se saldó con la muerte de 439 mineros y un rescatador.
Una fuga de más de 30 toneladas de isocianato de metilo, la afección a más de 600.000 trabajadores y habitantes del entorno, y entre 5.295 (cifra oficial) y 25.000 muertes como resultado de la catástrofe; enfermedades respiratorias, daños en el sistema inmunológico y niños con malformaciones, además de trastornos mentales y cáncer entre los supervivientes, familiares y población en general. A ello se suman los impactos ambientales y la contaminación del aire, los suelos y el agua potable. Es el balance del escape de sustancias tóxicas ocurrido en la fábrica de pesticidas de Bhopal (estado de Madhya Pradesh, India), el 3 de diciembre de 1984; la planta era propiedad de la corporación estadounidense Union Carbide (firma adquirida en 2001 por la compañía Dow Chemical); 35 años después, las asociaciones de afectados continuaban reclamando justicia.
El recorrido podría continuar en Dhaka, capital de Bangladesh y, en concreto, en el edificio Rana Plaza. Fue el lugar donde el 24 de abril de 2013 murieron al menos 1.132 personas (trabajadoras de la confección) y más de 2.500 resultaron heridas, al derrumbarse el edificio que acogía cinco fábricas de ropa y locales comerciales. La campaña internacional Ropa Limpia, que en el estado español coordina la ONG Setem, convocó movilizaciones y señaló un año después algunas de las responsabilidades: “Marcas como Adler Modemärkte, Ascena Retail, Auchan, Benetton, Carrefour, Cato Fashions, Grabal Alok, Güldenpfennig, Iconix (Lee Cooper), JC Penney, Manifattura Corona, Matalan, NKD, PWT (Texman) y Yes Zee contaban con producción en alguna de las fábricas del edificio Rana Plaza en el momento del derrumbamiento o poco antes”, denunciaron.