La magnífica y conmovedora exposición Dones, Mujeres, Women. Afganistan, preparada por la Asociación para los Derechos Humanos en Afganistán (ASDHA), con fotografías de Gervasio Sánchez y textos de Mònica Bernabé, abierta en Barcelona y que recorrerá después España, es el último grito angustioso de ayuda que nos llega desde un país que padece una guerra […]
La magnífica y conmovedora exposición Dones, Mujeres, Women. Afganistan, preparada por la Asociación para los Derechos Humanos en Afganistán (ASDHA), con fotografías de Gervasio Sánchez y textos de Mònica Bernabé, abierta en Barcelona y que recorrerá después España, es el último grito angustioso de ayuda que nos llega desde un país que padece una guerra que dura ya treinta y cinco años. ASDHA fue fundada en el año 2000, por Mònica Bernabé, una periodista que ha vivido en Afganistán como reportera independiente, entre 2007 y 2014, para un diario de ámbito nacional.
Las fotografías recogen historias como las de Alia Azimi, una mujer que no puede olvidar cómo lloraba su madre, sin que ella supiera la razón, hasta que llegó un coche a su casa y dejó un féretro ante la puerta: era su padre muerto, asesinado por los talibán. Ahora es maestra. También, la vida de Rangina Hamidi, que animó a su padre a volver del exilio para colaborar en la reconstrucción de Afganistán, y sólo encontró la muerte, en 2011, asesinado. O la vida de las chicas que empezaron a practicar boxeo, gracias a la contribución internacional que les pagaba un euro y medio por cada día que boxeaban, aunque la reducción de las ayudas ha hecho que ahora, en 2014, apenas queden diez chicas boxeando. Parece absurdo dedicarse a boxear en un país en guerra: era una forma más de conseguir recursos, y las chicas nos miran tras la muralla de sus guantes de boxeo, todas con sus pañuelos en la cabeza, serias, tristes, alguna con un destello en los ojos que querría ser una sonrisa y sólo consigue ser una mirada extraña que parece interrogar al mundo sobre la razón de por qué es una desdicha ser mujer y afgana. O esas otras muchachas, las futbolistas, vestidas con sus camisetas deportivas y llevando un balón en las manos, que practican ese deporte en el estadio de Kabul, donde los talibán ejecutaban a los presos, donde cortaban las manos a quienes habían condenado, en orgías de fanatismo religioso. Es el lugar donde mataron públicamente a Zarmina, una madre de siete niños, en noviembre de 1999: fue la primera víctima de los talibán. Hoy, allí juegan al fútbol las chicas que están en mejor posición social, aunque su práctica es censurada por las tradiciones religiosas y por la costumbre.
Hay muchas otras historias como puñales. La de Mariam Durrani, por ejemplo, la única mujer, de las tres que fueron elegidas, que se atreve a ir a las reuniones del Consejo de Kandahar, siempre con burka y tomando muchas precauciones para evitar un atentado contra su vida. La de Azita Rafaat, una diputada que vive con su marido y con la primera mujer de éste, y que se ha visto obligada a disfrazar a una de sus cuatro hijas como si fuera un niño, para evitar las críticas porque no ha tenido ningún hijo varón. Y la de Shukria Barakzai, una diputada que se ha destacado por su defensa de los derechos de las mujeres, y que organizaba escuelas clandestinas bajo los talibán. Shukria fue objeto de un atentado con coche bomba en noviembre de 2014 en el que murieron tres personas, porque la vida sigue siendo apenas un soplo en Afganistán. O la historia de Arifa, una chica de 14 años que nos mira con ojos de miedo y de tristeza, a quien su tío obligó a casarse con un hombre viudo de 80 años: la vida en Afganistán es tan terrible que, en la casa de acogida donde ahora vive Arifa, no quieren denunciar a su tío por incumplir la ley porque, si lo hicieran, las cinco hermanitas de Arifa que dependen de su tío quedarían desamparadas. ¿Cómo podrían sobrevivir esas niñas si se denuncia al tío y es encarcelado? O la terrible historia de Jamila, una chica de 17 años, casada y embarazada, que se quemó viva y murió en 2012: nadie sabe por qué, pero todos lo intuyen: el sufrimiento llena de aflicción la vida de las mujeres afganas.
Hace décadas que esa dramática situación abruma nuestra conciencia. Organizaciones humanitarias calculan que casi el noventa por ciento de las mujeres afganas son maltratadas física o psicológicamente o padecen abusos sexuales. Los matrimonios no son libres, sino acordados entre las familias, y el hombre paga por la esposa, de forma que considera que es propiedad suya y puede hacer lo que quiera con ella, desde maltratarla hasta encerrarla en vida, sin contacto con los demás. No es fácil vivir. Según la OMS, 460 afganas de cada 100.000 mueren en el parto o durante el embarazo, de forma que Afganistán es uno de los peores lugares del mundo para ser madre. Y, además, el 8 % de los niños menores de 5 años sufren malnutrición severa; mientras que la malnutrición crónica alcanza al 60 % de los niños.
La violencia contra la mujer en Afganistán es persistente, una nube negra que ahoga su travesía diaria, una condena hija de una tradición feroz que se ha mantenido con distintos gobiernos: no es heredera del talibán, como decía la propaganda norteamericana cuando utilizaba la terrible situación de las mujeres en el país para justificar su intervención militar, para justificar la guerra; es el fruto de una sociedad patriarcal, religiosa, que ha visto cómo la ocupación militar y la guerra impedían la evolución y el progreso. La violencia en las familias, la venta de niñas en matrimonio a hombres mayores, el hecho de que la justicia afgana entregue la custodia de los hijos al padre, hace que muchas mujeres no se atrevan a divorciarse por miedo a perder a sus hijos para siempre. Dice Gervasio Sánchez que en Afganistán ha encontrado lo peor del ser humano: la incapacidad para la piedad hacia las víctimas.
* * *
Al prohibir la educación a las niñas, el gobierno talibán forzó a la creación de escuelas clandestinas en el Kabul que, años antes con el gobierno de Najibulá aliado de Moscú, había visto una mayoría femenina en sus universidades. En toda la historia de Afganistán nunca las mujeres habían estado en mejores condiciones que bajo el régimen progresista que murió con Mohammad Najibulá. Las reformas progresistas que impulsó la «revolución de abril» de 1978 cambiaron la vida de las mujeres: se estableció la igualdad entre sexos, se prohibió la compra de niñas, y se impulsó su acceso al trabajo y a la enseñanza, en escuelas y universidades, y el velo dejó de ser obligatorio, junto a muchas otras medidas sociales, como la reforma agraria, la mejora de los salarios, programas de alfabetización para toda la población, la limitación de las prerrogativas religiosas, el combate a las drogas y el acceso de la mujer a los cargos públicos. Pero, apenas unos meses después de la «revolución de abril», Estados Unidos empezó a entrenar militarmente a grupos de fanáticos islamistas, y un año después del inicio de ese ambicioso programa de reformas, Estados Unidos lanzó su operación de apoyo al islamismo fundamentalista para derribar al gobierno progresista de Kabul. Zbigniew Brzezinski, consejero de seguridad nacional de Washington supervisó el programa de la CIA que, primero con Carter y después con Reagan, financió y armó a los mujahidines que luchaban contra el gobierno de Kabul. Estados Unidos impuso la guerra, que, desde 1979, no se ha detenido: 35 años condena, muerte y destrucción. Estados Unidos consigue el hundimiento del gobierno de Najibulá en 1992, cuando fue abandonado a su suerte por Yeltsin tras la desaparición de la URSS, y el establecimiento de un régimen mujahidin de señores de la guerra que, a partir de ese momento, arrasa Afganistán, que será ahogado bajo gobiernos tiránicos de asesinos y ladrones. En 1996, otra facción islamista, los talibán, grupos de fanáticos religiosos y de asesinos sin escrúpulos, derrota a los señores de la guerra, tortura y ahorca a Najibulá públicamente, de forma abyecta, e instaura un gobierno aberrante y feroz que aplasta cualquier atisbo de libertad, y que encarcela, mata y tortura a las mujeres. Habían impuesto leyes severas, y la educación estaba prohibida para las niñas. El régimen talibán cae en 2001, tras el ataque norteamericano que siguió a los atentados de las torres Gemelas.
Las mujeres retrocedieron décadas con los primeros gobiernos de los señores de la guerra apoyados por Estados Unidos tras la caída de Najibulá, se agravaron con los talibán, y apenas han mejorado con el presidente protegido de Washington, Karzai. Apenas nada cambió con la intervención militar y la ocupación norteamericana, pese a su obscena retórica de «defensa de la libertad y la democracia». La llamada «comunidad internacional» (que, en la práctica, se reduce a EE.UU. y los países de la OTAN) ha financiado durante años la «reconstrucción» del país, al tiempo que colaboraba con muchos de los asesinos, que continúan ocupando escaños en el Parlamento o tienen cargos en el gobierno. En los hechos, Occidente ha promovido la impunidad de los criminales. Pero no importaba: según Washington, había que transigir con muchos de los señores de la guerra para avanzar en la democracia y la libertad. Miserable retórica para tiempos sombríos.
Durante los trece años que dura ya la ocupación militar de la OTAN y de Estados Unidos no se ha hecho un intento serio para obligar al gobierno afgano a aplicar las leyes vigentes que aseguran, en teoría, la igualdad de la mujer. Se impone la tradición, y ésta es violencia contra la mujer, y eso supone la vulneración sistemática de los derechos de las mujeres, pese a las leyes formales que los aseguran. Existe un Ministerio de la Mujer, creado en 2002, y la Constitución de 2004 establece la igualdad entre ambos sexos; incluso en las elecciones de 2010, sesenta y nueve mujeres fueron elegidas diputadas, casi un 30 % del total de representantes, pero la condena persiste. La existencia de leyes que tipifican como delito la violencia contra las mujeres no sirve de gran cosa porque las leyes son ignoradas, y siguen existiendo una legislación que discrimina: las relaciones sexuales fuera del matrimonio son un delito y son castigadas con penas que oscilan entre los cinco y los quince años de prisión: una sencilla historia de amor de una jovencita, puede terminar en el horror de las cárceles, en la tortura o la muerte. Incluso si la chica es violada, le aplicarán la misma pena de prisión. La víctima, convertida en delincuente.
La tradición se impone, y la violencia contra las niñas es constante, impidiendo en muchas ocasiones que asistan a las escuelas, o de donde se las saca a edad muy temprana. Bernabé y Sánchez mantienen que el verdadero drama no es ni el burka ni la falta de acceso al trabajo, sino la violencia constante contra las mujeres dentro de sus propias familias, al margen del poder político. Para acabar de completar la maldición, tampoco se ha frenado la malnutrición infantil severa, que afecta a un diez por ciento de la población infantil. En general, el sesenta por ciento de los niños de hasta cinco años padecen malnutrición crónica.
Es cierto que, desde los años siniestros de los talibán, han cambiado algunas cosas. Hoy, sobre el papel, las mujeres pueden estudiar, trabajar, tienen acceso a hospitales y medicinas, incluso un 28 % de los diputados son mujeres, y hay miles de universitarias. La Constitución de 2004 garantiza la igualdad entre ambos sexos, aunque ese compromiso sigue siendo una declaración vacía, porque no se cumple: una ley aprobada por el Parlamento en 2009 declaró delito la violencia contra las mujeres, e introdujo penas de prisión para quien obligue a una mujer a casarse contra su voluntad, pero se calcula que casi el 60 % de las chicas siguen siendo obligadas a casarse antes de que cumplan 16 años. El sistema sanitario ha mejorado gracias a que el Banco Mundial, la Unión Europea y la agencia norteamericana USAID se hacen cargo de la totalidad de los gastos, aunque eso no impide que la mayoría de los centros de salud y hospitales sean precarios, inservibles, o no funcionen, y que la corrupción aplaste el derecho a la salud. Cada año mueren veintiséis mil mujeres durante el período del embarazo o en el parto, de manera que la mortalidad de las afganas es de las más altas del mundo, hasta el punto de dobla el número de muertos que cada año causa la guerra. Todas las desgracias van a veces de la mano: la cooperación internacional es también un foco de corrupción, y muchas ONGs han derivado muchas veces en prácticas corruptas y en negocios sucios.
Bajo el régimen talibán, las mujeres eran azotadas en las calles o ejecutadas públicamente en las plazas. Ya no es así, pero, hoy, 400 mujeres están presas en las cárceles por «crímenes contra la moral»; a veces, por el «delito» de oponerse a matrimonios forzosos. Existen incluso mujeres presas ¡por haber sido violadas! Ese es el escenario de la desesperación: Afganistán es el único país del mundo en donde el número de mujeres que se suicidan es superior al de hombres. Las mujeres se queman vivas, ingieren matarratas, opio o sobredosis de medicamentos para morir. La mayoría de las mujeres suicidas son chicas de entre 14 y 21 años, y se arrancan la vida porque su vida es un infierno, porque son maltratadas o porque las obligan a casarse con hombres a quienes no quieren. Algunas, se queman como bonzos.
El cultivo de opio no ha parado de crecer. Según la oficina de la ONU contra las drogas, en 2002, un año después de la ocupación militar norteamericana, se dedicaban al opio 74.000 hectáreas; en 2014, son ya 224.000 hectáreas, cifra que demuestra el fracaso (también, la complicidad) de la política norteamericana en el país. Estados Unidos impulsó programas de erradicación, pero la miseria de los campesinos ha hecho fracasar todas las campañas. Con el nuevo gobierno de Ashraf Ghani o con el anterior de Karzai, el país se ha convertido en un «narcoestado», con complicidades que llegan incluso al gobierno y al ejército, gracias al fracaso político de la intervención norteamericana, que ha llevado muerte y destrucción pero ha sido incapaz de levantar un país con una estructura viable fuera de los infiernos de la droga: así, se ha consolidado una economía criminal. Guerra, pobreza y desempleo son los nuevos jinetes del apocalipsis que arrastran a los campesinos afganos a la droga, que deben pagar impuestos a los insurgentes talibán, y cuyos beneficios lubrican las redes de los señores de la guerra, de los políticos de Kabul e incluso de mercenarios ligados a las tropas de ocupación norteamericanas. «Nuestro Parlamento es una colección de señores de la guerra, señores de la droga y señores del crimen», afirmó la diputada Shukria Barakzai, que hace responsable a la incompetencia de Estados Unidos de la miseria de la población, de la violencia, la corrupción y las redes mafiosas del narcotráfico.
En noviembre de 2014, Obama firmaba una orden secreta para prolongar la presencia de las tropas norteamericanas en el país, autorizar su entrada en combate, seguir con los bombardeos sobre poblaciones civiles, y utilizar drones en operaciones de castigo. Unos diez mil soldados norteamericanos permanecerán en el país, al margen de los numerosos mercenarios que siguen presentes. El nuevo gobierno de Ashraf Ghani ha firmado con Estados Unidos y la OTAN un acuerdo ratificando que las tropas de ocupación continúen en el país, más allá de 2014. Washington habla ahora de una retirada a finales de 2016, pero sus palabras no merecen ningún crédito.
Para consumo internacional, Washington vende el espejismo de que Afganistán es un país en desarrollo y que la democratización avanza: es falso, porque la guerra sigue, la misma guerra que iniciaron los norteamericanos hace treinta y cinco años financiando y armando el fanatismo islamista. Dos generaciones de afganos no han conocido más que la guerra. Por eso, no es extraño que Reto Stocker, responsable de la Cruz Roja Internacional en Afganistán, dijese a finales de 2010 que nunca se había encontrado con condiciones tan duras para la población, sin asistencia médica elemental y con cada vez más personas sin casa. Una tercera parte de la población no tiene ni siquiera agua potable, mientras el narcotráfico es el sector económico más importante del país. Ese mismo año, un informe de Afghanistan Rights Monitor afirmaba que la nueva era prometida por los norteamericanos en Afganistán sólo había creado un sistema corrupto que favorece a los señores de la guerra, los asesinos y criminales, y el tráfico de drogas.
Ha terminado una larga era de destrucción: tras los acuerdos de Bonn, en 2001, Estados Unidos impuso una Autoridad Transitoria, con Karzai, que se convirtió en presidente tras las correspondientes elecciones, sin garantías de ningún tipo; ha gobernado hasta las elecciones de junio de 2014, donde se impuso Ashraf Ghani, también sin garantías: no sólo no se ofrecieron resultados oficiales, sino que fue el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, quién otorgó legitimidad a Ghani sobre el otro candidato, Abdullah Abdullah, y anunció que ambos gobernarían juntos. Las decisiones de Washington son la ley, y el resto de «occidente», calla: pese a que la Unión Europea, que envió observadores a los comicios, apuntó a un «fraude a gran escala» en las elecciones, el pragmatismo y la sumisión ante los deseos de Washington han ganado la partida. Los atentados terroristas, los bombardeos sobre la población civil, los asesinatos selectivos ordenados por los responsables militares norteamericanos, aprisionan la vida de los afganos. Muchas matanzas entre la población civil son justificadas por los mandos militares norteamericanos tildando a los muertos de «presuntos terroristas». Estados Unidos, además, ha organizado grupos irregulares en «milicias civiles» (en realidad, criminales y saqueadores) que asuelan las zonas rurales.
La intervención militar norteamericana se ha convertido en un gigantesco fracaso. Estados Unidos, que impulsó la guerra en 1979, tras la que llegaron los mercenarios, los islamistas fanáticos, las tropas de ocupación, ha conseguido hacer retroceder al país a una edad media de ladrones, señores de la guerra, clérigos y asesinos. La guerra sigue, y sus principales víctimas son las mujeres. Según el Center for Strategic and International Studies, CSIS, de Washington, ha costado ya 641.700 millones de dólares, entre gastos bélicos y «ayudas a la reconstrucción». Treinta y cinco años de guerra explican esa mirada de las niñas, la tristeza de las mujeres, que nos persigue en todas las fotografías de Gervasio Sánchez. La opresión de la mujer, que fue una de las grandes excusas propagandísticas para invadir el país en 2001, sigue siendo estremecedora: trece años de ocupación militar norteamericana (la guerra más larga librada por Estados Unidos en toda su historia) para conseguir más destrucción, más miseria, más sufrimiento, porque Afganistán es hoy un país de lisiados, de mutilados que se arrastran por los caminos, de niños subalimentados, de corruptos y narcotraficantes, de señores de la guerra, de mercenarios, de mujeres condenadas y niñas de ojos tristes.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.