Desde octubre del año pasado, tras la decisión del Gobierno pakistaní de no renovar las visas de cientos de miles de refugiados afganos que llegaron tras la victoria de los talibanes, el riesgo de ser arrestados y deportados se ha convertido en un espectro que les acecha de manera constante.
Mientras Islamabad ha ordenado razzias en todo el país, en procura de la detención de todo ciudadano afgano que no tenga sus papeles en orden, se han reportado denuncias de que tanto la policía como las autoridades de migraciones han “traspapelado” o “perdido” mucha documentación. Con este tipo de manejos, centenares de personas han sido detenidas y expulsadas sin respetar a los portadores de documentación vigente.
Estos procesos avanzan a pesar de que Pakistán, al no ser signatario de la Convención de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, no está obligado al “principio de no devolución”, pero acordó con Afganistán y la Agencia de Refugiados de la ONU permitir a ACNUR otorgar documentos para permanecer en el país a la espera de poder viajar a otros países donde les brinden asilo.
Esta cacería la articula el Primer Ministro, Shehbaz Sharif, quien llegó al poder de manera ilegítima en abril del año pasado tras la destitución de Imran Khan fraguada por los Estados Unidos, el ejército y el establishment local en un intento de distraer a la población, que está viviendo una crisis económica.
Diferentes factores se han conjugado para profundizar en los últimos meses ese desmadre económico y político: deuda externa, saltos inflacionarios, incremento de las tasas de desocupación, a lo que se sumaron las catastróficas inundaciones del año pasado, posteriores a una grave sequía, por lo que se han disparado los precios de los alimentos. Todo ello acompañado por el crecimiento de las operaciones del grupo terrorista Tehrik e Talibán Pakistán, sospechado de estar vinculados a los mullah de Kabul. Además del crecimiento de la popularidad de Imran Khan, que amenaza con volver al poder.
Más allá de cualquier análisis, lo real es que, Islamabad se ha lanzado a la búsqueda y captura de desterrados afganos desde diciembre pasado, por lo que el número de esas detenciones se ha incrementado de manera exponencial cuando expiraron muchas de las visas otorgadas a partir de la última gran ola de expatriados a partir de agosto del 2021, que se calcula en unas 250.000 personas, un número probablemente menor al real y al que se suman a los casi cuatro millones que, a lo largo de las imperecederas guerras de Afganistán, fueron llegando al país vecino, aunque ACNUR solo registra 1.320.000personas. En diciembre el Gobierno de Sharif anunció que no decretará una amnistía general que permita a los afganos indocumentados permanecer en el país. Si bien en agosto pasado ACNUR aumentó las subvenciones en efectivo que ofrece a quienes aceptan repatriarse voluntariamente a Afganistán, de 250 a 375 dólares o 700 por familia, la cifra de retorno siguen siendo baja, algo más de 6.000 en 2022, en un universo cercano a los cinco millones.
Las denuncias también señalan que centenares de esos expatriados están detenidos de manera ilegítima en las peores condiciones en diferentes prisiones en las que ya se registraron, al menos, cuatro muertes vinculadas a las condiciones del encierro a las que son sometidos. Entre los detenidos también, hay una importante cantidad de menores mantenidos en condiciones deplorables.
Islamabad acaba de anunciar nuevas políticas respecto a los refugiados ya afincados en el país, por lo que sus movimientos serán restringidos con la obligación de registrarse en la policía si viajan entre ciudades o provincias, ya que las fuerzas de seguridad creen que los afganos, al poder movilizarse sin control, pueden ser utilizados por los terroristas.
También se ha producido un aumento en la llegada de mujeres y jóvenes a quienes los talibanes han comenzado a prohibir el acceso a escuelas, universidades y a muchas áreas laborales. Defensores de los derechos humanos en Pakistán han dicho taxativamente que la mayoría de los ciudadanos afganos que están cruzando al país “lo hacen simplemente porque no tienen otra opción”.
La mayoría de ellos son particularmente perseguidos por los rigoristas, acusados de haber colaborado con los norteamericanos o actuar contra el Islam: soldados, jueces, periodistas, defensores de los derechos humanos, chiítas hazaras, LGBTQI, músicos y cantantes. A los que se agregan los inmigrantes económicos sin ninguna perspectiva en Afganistán. Para el trámite de renovación de visas, los afganos están obligados a retornar a su país e iniciar los trámites, por lo que la gran mayoría se exponen a ser detenidos.
Mientras, estas políticas antirrefugiados decididas por el Gobierno pakistaní, en la sociedad de este país ha comenzado a generarse la falsa creencia de que todo afgano es un talibán. Este sentimiento forjado por el Gobierno y los medios de comunicación que controla, permiten al Primer Ministro Sharif seguir rechazando las solicitudes de asilo de millones de personas apremiadas por la cada vez más acuciante realidad afgana.
Afganistán acaba de pasar un invierno brutalmente frío, con lluvias y nevadas que obligaron a suspender una gran cantidad de operaciones humanitarias de agencias internacionales, lo que también ha sido propiciado por Kabul, ya que el nuevo Gobierno del Estado Islámico de Afganistán ve en cada extranjero un agente norteamericano.
Igual que sus vecinos del sur, Afganistán también sufrió sequías, inundaciones y terremotos, acompañados de pésimas gestiones administrativas, lo que ha hecho la vida de los locales cada vez más difícil. Afganistán tiene poco más de 28 millones de habitantes, de los cuales 20 millones enfrentan “hambre aguda” y nueve millones son desplazados internos, por lo que se ha clasificado la problemática, como la crisis humanitaria más grande del mundo.
Islamabad o la política del egoísmo
El hecho que Pakistán no haya adoptado la Convención de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, lo que impide a los estados firmantes castigar a las personas que ingresan ilegalmente a un país, le permite invocar la Ley de Extranjería Nacional de 1946, por lo que pude castigar a los indocumentados, multarlos, detenerlos, aplicarles penas de prisión y deportarlos.
De hecho, un juez en audiencia pública ha dicho que “los refugiados no merecían ser vistos desde una perspectiva humanitaria, que eran criminales que estaban involucrados en actividades terroristas en nuestro país”. Amparándose en el espíritu de hostilidad contra los afganos que no sólo se estableció en vastos sectores de la sociedad, sino también en el grueso del poder judicial en franca connivencia con el ejecutivo. Por lo que los afganos están siendo especialmente maltratados tanto por las autoridades penitenciarias como por los reclusos.
Por otra parte se les ha prohibido trabajar y por carecer de documentación tienen vedado el acceso a viviendas, ya sea alquilar o comprar, no pueden abrir cuentas bancarias, se les hace muy difícil conseguir un teléfono móvil y no se les permite recibir tratamiento médico en instalaciones oficiales.
Si bien las autoridades paquistaníes insisten en que sólo se detiene a los ilegales, ya se ha registrado que 450 afganos, con estatus de refugiados, también han sido arrestados. Sólo en tres días de enero fueron deportados 600 mientras miles siguen detenidos. El pasado sábado 25 de marzo fueron expulsados 331 personas, 70 de ellas después de haber estado detenidas varias semanas.
Con este reposicionamiento de Pakistán se rompe la vieja tradición de brindar asilo y protección a los afganos desplazados, tradición que se había iniciado con el comienzo de la guerra antisoviética que provocó las primeras grandes oleadas en búsqueda de asilo, alcanzando a los seis millones. Sólo 3,3 millones fueron localizados en 340 campamentos a lo largo de la frontera en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa hacia fines de 1988, lo que Estados Unidos utilizó publicitariamente para mostrar la brutalidad soviética. Brutalidad que los norteamericanos perfeccionaron al extremo durante sus 20 años de ocupación.
En este marco de la grave situación que afrontan los afganos de las diferentes etnias que han llegado a Pakistán, tayikos, uzbekos, pashtunes, son los hazaras quienes se llevan la peor parte, ya que esta etnia chiita es considerada herética por el sunismo, lo que la ha convertido en blanco de ataques y persecuciones a ambos lados de la frontera.
También se conoció el pasado día 24 de marzo que unos 61.000 refugiados afganos, localizados en la provincia iraní de Nimruz, fueron expulsados o regresaron voluntariamente a su país en marzo. Lo que, según fuentes occidentales, sería prácticamente más del doble del mes de febrero, en el que se habían superado los 37.000.
Estados Unidos estableció una línea de programas para refugiados conocidos como Prioridad 1 y Prioridad 2 (P1 y P2) destinados a acelerar las visas para afganos en riesgo después de que los talibanes tomaran el poder. Millones de solicitantes de esas visas esperan en Pakistán hace más de año y medio acceder a ellas en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Pero más allá de números, esperas y protestas, la cuestión de los refugiados afganos se ha convertido en un drama olvidado por el principal responsable de esta situación, Estados Unidos, que tras su derrota ha terminado abandonándolos como despojos de una guerra jamás librada.
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.
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