La pobreza entre la población indígena es alarmante y vergonzosa en un país que se caracteriza por altos niveles de ingreso per capita y es catalogado como el segundo país de América con peor distribución del ingreso. La situación de los indígenas es todavía peor. En Panamá existen siete pueblos indígenas, ellos son los Ngöbe, […]
La pobreza entre la población indígena es alarmante y vergonzosa en un país que se caracteriza por altos niveles de ingreso per capita y es catalogado como el segundo país de América con peor distribución del ingreso. La situación de los indígenas es todavía peor. En Panamá existen siete pueblos indígenas, ellos son los Ngöbe, Bugle, Briri y Naso (en la región occidental) y los Kuna, Emberá y Wounaan en la región oriental. Suman casi 200 mil habitantes representando el 8,4% del total nacional. Sin embargo, según informaciones del anuario El Mundo Indígena 2006, elaborado por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), los indígenas cuentan con sólo cinco representantes indígenas en la Asamblea Nacional de diputados, de un total de 78. Estos representantes son tres de la Comarca Ngöbe-Bugle y dos de la Comarca de Kuna Yala, no obstante estos diputados indígenas son postulados por los partidos políticos y no por las propias comunidades lo que les hace perder independencia en sus criterios. Panamá cuenta además con cinco territorios legalizados a través de Comarcas Indígenas, que son divisiones políticas especiales para los pueblos indígenas. A pesar de que existen cinco territorios reconocidos legalmente, hay otros pueblos indígenas que aún no tienen dicho estatus. Este es el caso de los Nasos, los Bribri y parte de la población Emberá y Wounaan así como dos poblaciones Kunas. El documento señala que son muchos los conflictos de tierras que hay en los territorios indígenas, principalmente por la invasión de colonos. Estos no respetan si hay Comarcas o tierras legalizadas. La Comisión Interinsitucional, del el Ministerio de Gobierno y Justicia y la Dirección Nacional, realizó visitas a los lugares en conflicto, pero que aún no han presentado sus informes. La Comisión presentó, para el caso de Wargandi, varias recomendaciones a mediano, corto y largo plazo, sin que hasta ahora se tenga decisiones al respecto. Entre las recomendaciones de la comisión técnica el anuario menciona: a corto plazo, recopilar y analizar los datos del estudio tenencial de tierras realizado por la Dirección Nacional de Reforma Agraria; solicitar a la alcaldía de Chepigana el nombramiento del corregidor de Policía de Wargandi; y enviar un comunicado radial por dos semanas de aviso para informar las acciones y actividades del Gobierno Nacional. A mediano plazo: solicitar a Reforma Agraria, de acuerdo a lo estipulado en la ley, la definición de tenencia de tierras de los campesinos con derechos posesorios; empoderar a las autoridades tradicionales indígenas acompañado de la Policía y el Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de sus organismos competentes de decisión y expresión (Congreso General), la ejecución de desalojo, ya que la Ley ordena a los indígenas a preservar, conservar, y custodiar su jurisdicción Comarcal; y Solicitar a las autoridades comarcales realizar las demandas a través de los medios competentes administrativo.