Justice For Myanmar revisa las sanciones internacionales desde el golpe de estado
Un año después del golpe de estado en Myanmar, el grupo activista Justice For Myanmar ha comparado las sanciones selectivas impuestas por algunas democracias. Las sanciones selectivas son un mecanismo crucial para detener la llegada de fondos a la junta militar terrorista y para actuar contra los responsables de la corrupción y las violaciones de los derechos humanos en el país.
Justice for Myanmar ha examinado el historial de sanciones de Australia, Canadá, la Unión Europea, India, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos desde el 1 de febrero de 2021.
Sorprendentemente, desde el golpe de estado de los militares birmanos, Australia, India, Japón y Corea del Sur no han impuesto ninguna sanción específica.
Las empresas de estos países y, en algunos casos, sus gobiernos, están implicados en negocios en marcha con la junta militar.
Por ejemplo, el proyecto Y Complex, respaldado por el estado japonés, involucra pagos a la Oficina de Intendencia General del Ejército de Myanmar, aunque los pagos se han suspendido desde el 1 de febrero de 2021.
El proyecto Shwe Gas, en el que colaboran la empresa estatal surcoreana KOGAS, POSCO Internacional y la Myanma Oil and Gas Enterprise, controlada por el ejército birmano, sigue financiando a la junta militar.
Bharat Electronics Limited, compañía india de propiedad mayoritariamente estatal, ha transferido tecnología al ejército de Myanmar desde el golpe de estado.
Estos negocios con la junta militar y sus conglomerados permiten la creciente campaña de terror en el país.
Australia, India, Japón y Corea del Sur, con su inacción en el mejor de los casos, y su complicidad, en el peor, están faltando a sus responsabilidades en materia de derechos humanos y fallando a la ciudadanía birmana. Justice for Myanmar hace un llamamiento a estos países para que cambien de rumbo y apoyen la democracia y los derechos humanos en Myanmar.
El 2 de diciembre de 2021 Australia aprobó un proyecto de ley para sancionar al estilo Magnitsky, pero todavía no se ha impuesto ninguna sanción en virtud de esta ley.
Nueva Zelanda actuó con rapidez para suspender formalmente los contactos de alto nivel con la junta militar birmana, pero tampoco ha continuado con sanciones específicas, con la sola excepción de la prohibición de viajar que se impuso a cinco altos funcionarios de la junta. Esto es insuficiente y Nueva Zelanda no cuenta con una ley Magnitsky.
Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la UE han impuesto algunas sanciones a altos cargos de la junta y a algunos intereses empresariales de la misma. Sin embargo, no se ha hecho lo suficiente para designar a personas y entidades de la junta militar birmana vinculadas a la corrupción y a las graves violaciones de los derechos humanos.
Un ejemplo evidente es que, aunque existen pruebas de que los ingresos del petróleo y el gas financian a la junta militar y permiten con ello la continuación de los crímenes atroces por parte del ejército, todavía no se han impuesto sanciones a la Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE). MOGE es la empresa estatal birmana bajo control militar que genera mayores ingresos a la junta terrorista.
Tampoco se ha sancionado a las principales empresas bajo control militar, ni a sus directores y asociados, a pesar de sus bien documentados vínculos con crímenes internacionales del ejército birmano.
EL ejemplo más notable es Telecom International Myanmar, la empresa propietaria de Mytel. Mytel proporciona una lucrativa fuente de ingresos a la junta terrorista, además de apoyar las capacidades del ejército en el ámbito de las comunicaciones.
Aparte de la designación de sanciones del Reino Unido contra el Grupo Htoo, y la designación de King Royal Technologies por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, no se han impuesto sanciones a las personas y empresas que suministran armas y productos de doble uso al ejército de Myanmar, pese a la creciente evidencia de una red de intermediarios privados para la provisión de armamento a la junta militar.
Las sanciones selectivas son una táctica importante que la comunidad internacional puede desplegar para apoyar el rechazo masivo de la población de Myanmar al golpe de estado y para construir una democracia federal. Justice For Myanmar hace un llamamiento para que se realice una acción internacional de amplio alcance, que incluya sanciones selectivas y un embargo mundial de armas.
Justice for Myanmar es un grupo de activistas que estudia las causas sistémicas de la desigualdad, la violencia, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad en Myanmar, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de toda la población birmana.
Fuente original en inglés: https://www.justiceformyanmar.org/stories/what-has-been-done-to-stop-the-myanmar-militarys-atrocity-crimes