El personal de 74 Media abandonó su ciudad natal para evitar el arresto, pero solo para encontrarse con fuego cruzado en su refugio de la frontera. El director del medio describe los riesgos a los que se enfrentan.
Bum. El ruido de la explosión de un proyectil de artillería me despertó en plena noche de julio. Aturdido, salí a trompicones de la cama para comprobar cómo estaba el grupo de periodistas que compartía dormitorio conmigo. Mientras corríamos hacia el exterior, nos sobrevoló otro proyectil.
Hacía cinco meses que los militares habían tomado el poder en Myanmar y tres que nos habían obligado a trasladarnos desde Myitkyina, la capital del estado Kachin, a cerca de la frontera con China, territorio controlado por uno de los grupos armados de las minorías étnicas luchando por la autodeterminación. En esos momentos, la zona estaba siendo bombardeada y todos estábamos aterrorizados. Hubo lloros entre mis colaboradores, quienes me buscaban para que les ofreciera consuelo y guía.
Este no fue ni nuestro primer ni nuestro último encuentro con el peligro. Desde que los militares tomaron el poder el 1 de febrero de 2021, pequeños medios de comunicación locales como el mío enfrentan inmensos riesgos y dificultades para poder sobrevivir.
Apenas dos semanas después del golpe de estado, fui uno de los primeros periodistas arrestados por la junta militar en su intento de encubrir la violenta represión del movimiento prodemocrático.
Estábamos grabando en directo la respuesta brutal militar a una manifestación en Myitkyina, cuando los soldados dispararon balas de goma para dispersar la protesta. Cuatro periodistas locales y yo fuimos arrestados por la policía y los soldados. Momentos antes de que nos confiscaran el equipo fotográfico y los teléfonos móviles, filmamos a un soldado dando la orden: «Arresten a todos los que estén filmando».
Tuvimos suerte. Tras pasar la noche bajo arresto, nos liberaron sin cargos. Desde entonces, los militares han arrestado al menos a 110 profesionales del periodismo. El 10 de enero, 44 seguían bajo detención.
Recientemente, se conoció el asesinato de tres periodistas. Uno de ellos, Soe Naing, detenido el 10 de diciembre mientras filmaba una protesta en Rangún, murió durante el interrogatorio posterior llevado a cabo por la junta.
Tras nuestro arresto, reanudamos inmediatamente la labor informativa, pero nuestra capacidad laboral se iba reduciendo con rapidez. La policía investigativa me seguía constantemente y, después de localizar nuestra oficina, todo mi equipo fue puesto bajo vigilancia.
El 28 de febrero detuvieron a otro de nuestros periodistas. Relató que lo desnudaron para el registro y que lo soltaron ocho horas después. El 7 de marzo cerramos nuestras oficinas y desaparecimos.
Nuestras dificultades se agravaron el 15 de marzo, cuando la junta militar bloqueó los datos móviles en todo el país obligándonos, para poder continuar trabajando, a depender de lugares con conexión wifi.
El 29 de marzo arrestaron a una periodista del equipo mientras cubría una protesta. Explicó que, durante su arresto de seis meses, fue sometida durante una semana a tortura psicológica en un centro de interrogación. En abril se emitieron nuevas órdenes de detención contra otros miembros del equipo.
En ese mismo mes, mientras los soldados seguían su represión de los medios, comprendimos que podíamos convertirnos en un objetivo más. Finalmente decidimos trasladarnos a la frontera con China. Un mes después de nuestra marcha, la junta militar nos retiró la licencia de prensa.
A partir de entonces, permanecimos en territorio de uno de los numerosos ejércitos de las minorías étnicas que habitan las zonas fronterizas de Myanmar. Varios de estos grupos llevan décadas luchando por la autodeterminación. Desde el golpe de estado, algunos de estos ejércitos han unido fuerzas con nuevos grupos armados que luchan contra los soldados de la junta en favor de la democracia.
En nuestra nueva ubicación ya no tememos la incesante persecución militar, ni la amenaza constante de arresto, pero nos enfrentamos a una nueva serie de preocupaciones.
Desde nuestra llegada, el conflicto entre los soldados de la junta y los grupos armados de la resistencia se ha intensificado en todo el país, y hay ocasiones en que los ataques cercanos a nuestra ubicación parecen inminentes.
En varias ocasiones hemos escuchado fuego de artillería y tenemos el equipaje preparado por si tenemos que huir de inmediato. Pero existen pocos lugares en los que poder refugiarse. No podemos volver a la ciudad de forma segura y una valla de tres metros de altura, con alambre de espino y cámaras de seguridad, nos impide cruzar la frontera con China.
Aunque agradecemos a las fuerzas armadas de las minorías étnicas que nos permitan refugiarnos en su territorio, también tenemos limitada la libertad de prensa. Periodistas y editores han recibido advertencias verbales de posibles medidas en contra nuestra si informamos sobre temas que no sean de su agrado.
Nosotros seguimos informando sobre las violaciones graves de los derechos humanos y el comportamiento anárquico del ejército de Myanmar en el estado Kachin y en las zonas vecinas.
Un año después del golpe de estado, la junta militar sigue limitando de forma brutal la libertad de los medios de comunicación en todo el país, intentando aterrorizar al sector de la información para que guarde silencio. Han huido casi todos los profesionales del periodismo trabajando en Myitkyina antes del golpe de estado. Un buen número ha tenido que suspender por completo su actividad periodística.
Mi gente ha llegado hasta aquí. Y el equipo está decidido a mantener viva la redacción, sean cuales sean los riesgos.
John Padang es el fundador y redactor jefe de 74 Media, una agencia de noticias regional con sede en el estado Kachin. Escribe bajo seudónimo por razones de seguridad.
Traducido por Zau Myet Awng. Edición adicional de Emily Fishbein.
Fuente original en inglés: https://www.theguardian.com/global-development/2022/feb/02/well-keep-reporting-whatever-the-risk-from-the-junta-say-myanmar-journalists