Mientras el gobierno y la Fuerza Especial Policial (FEP) se defienden, los organismos de derechos humanos y líderes campesinos reaccionan ante el desalojo ocurrido ayer en la finca Nueva Linda, en Retalhuleu, en la cual seis trabajadores agrícolas y tres policías quedaron muertos, decenas de personas han sido heridas y varios periodistas agredidos. El Grupo […]
Mientras el gobierno y la Fuerza Especial Policial (FEP) se defienden, los organismos de derechos humanos y líderes campesinos reaccionan ante el desalojo ocurrido ayer en la finca Nueva Linda, en Retalhuleu, en la cual seis trabajadores agrícolas y tres policías quedaron muertos, decenas de personas han sido heridas y varios periodistas agredidos.
El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), en conjunto con otras entidades no gubernamentales, exigen a las autoridades guatemaltecas que los hechos del día 31 sean esclarecidos y que los responsables por los actos de violencias sean identificados y penalizados en conformidad de la ley.
Por su parte, el líder de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), Daniel Pascual, afirmó en el periódico Prensa Libre que no es con desalojos y enfrentamientos que se resuelve el problema agrario . En defensa de los trabajadores agrícolas que han sido expulsos de la tierra, Pascual resaltó que la ocupación de la finca se dio por causa de la falta de acciones de las autoridades en esclarecer hechos pasado, pero que aun siguen presentes en la memoria de los campesinos. El líder no descartó la posibilidad de nuevas manifestaciones a favor de los trabajadores.
Hoy por la mañana, cerca de 25 agrupaciones convocaron una marcha de protesta por causa de las muertes de los campesinos. La marcha siguió por las principales calles de la capital guatemalteca y culminó con una grande concentración al frente de la Casa Presidencial.
En sus declaraciones a la prensa local, el presidente Óscar Berger insiste en afirmar que los invasores integran grupos delictivos, organizados y armados para repeler el desalojo de las fincas (Siglo XXI). En otra oportunidad dijo que los campesinos no quisieron dialogar para buscar soluciones. Estaban actuando al margen de la ley y portaban armas de grueso calibre, como las AK-47, y morteros (El Periódico). El tema fue la noticia principal de los medios de comunicación en Guatemala.
Las agresiones a los periodistas que trabajaban en la cobertura del desalojo fueran rechazadas por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG). La entidad calificó las acciones de la Fuerza Especial Policial como una violación a la libertad de información y expresión , según divulgó Prensa Libre.
Según las informaciones, al menos cinco periodistas fueron agredidos, amenazados de muerte y tuvieron sus instrumentos de trabajo retenidos(cámaras fotográficas y de televisión).
Los hechos
Con la adjudicación de la finca Monte Cristo destinada a un grupo de campesinos que hace dos años ocupaba la carretera Champerico, uno de los beneficiados de la acción judicial fue Héctor René Reyes, ya administrador de la finca Nueva Linda y considerado uno de los dirigentes de los campesinos.
El propietario de la finca Monte Cristo, Carlos Vidal Fernández, se opuso de inmediato a que Reyes fuera vivir en el local. Según testigos, días después de la adjudicación, Reyes recibió una visita de agentes de seguridad de Carlos. Horas después, el agente retornó solo y desde entonces, el líder campesino no fue más visto y hasta hoy no se sabe de su paradero.
En septiembre de 2003, cerca de 500 familias de agricultores ocuparon la finca Nueva Linda, en Retalhuleu, exigiendo que las autoridades de Guatemala aclarasen el hecho y exigiendo el retorno de Héctor Reyes.
Luego de una ola de desalojos, el Gobierno autorizó la desocupación de la finca Nueva Linda, en medio a fuertes conflictos en el área abarcando a campesinos y al propietario. En la noche del día 31, las acciones por parte de la Fuerza Especial Policial tuvieron inicio, generando la violencia que los periódicos ahora están retratando.