Uno de los elementos más sutiles de la desinformación es presentar unos hechos ajenos a un contexto. La guerra en Yemen, que empezó en 2014 y persiste en la actualidad, ha sido durante años uno de los asuntos más olvidados y, a veces, directamente obviados en los grandes medios de comunicación occidentales.
El desconocimiento sobre el conflicto interno, sus participantes y el carácter regional, pero sobre todo internacional de esta guerra, ayudan a la tergiversación actual que está favoreciendo un clima de injerencia occidental en uno de los puntos calientes del planeta.
En las últimas semanas veíamos cómo los principales medios de comunicación y líderes políticos desplazaban la atención desde el genocidio en Gaza hasta las costas del Mar Rojo. Hamás perdía protagonismo frente a los hutíes. Y la seguridad del mundo –según el presidente de los EE.UU.– estaba siendo amenazada.
Tras el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023, se construye una narrativa mediática que pretendía hacer olvidar a la opinión pública más de setenta años de colonización y limpieza étnica del pueblo palestino. Evidentemente, esta estrategia discursiva no tuvo éxito.
En las últimas semanas veíamos cómo los principales medios de comunicación y líderes políticos desplazaban la atención desde el genocidio en Gaza hasta las costas del Mar Rojo. Hamás perdía protagonismo frente a los hutíes.
Las protestas contra el Estado de Israel se multiplicaron por todo el planeta con el inicio de una represalia que se veía completamente desproporcionada contra Gaza y de la que, desde un inicio, se sospechaba que tenía otros fines. Sobre todo, atendiendo a declaraciones de varios políticos israelíes, que justificaban la erradicación del pueblo palestino, o al propio desarrollo histórico que ha tenido el Estado de Israel, con el cerco y apartheid al que se han visto sometidos los nativos palestinos y que es conocido en el mundo entero.
Mientras escribo este artículo, se están llevando a cabo las primeras audiencias sobre la acusación de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, contra Israel por tener «una intención genocida» en sus acciones en la franja de Gaza.
La demanda sudafricana ha sido apoyada tanto por la Liga Árabe como por distintos países latinoamericanos, como Chile, Venezuela y Colombia. Este escenario ha llevado a que Benjamín Netanyahu se haya visto en la necesidad de aclarar esta acusación a través de un comunicado, en inglés, presentado menos de 24 horas antes del inicio de estas audiencias, donde plantea que no tiene esa intención genocida. Hasta este momento, el premier israelí no parecía haber sentido la necesidad de aclararlo.
La acusación de Sudáfrica es especialmente relevante también en su carácter simbólico. Recordemos que el 10 de noviembre de 1975, la resolución 3379 de la Asamblea General de Naciones Unidas equiparaba el sionismo como una forma de racismo en sentido general, y comparaba la situación en Palestina con el apartheid sudafricano en sentido particular.
Independientemente de con quién nos queramos posicionar en esta guerra, lo que es evidente es que los llamados hutíes, lejos de la presentación habitual que se hace de ellos en los medios de comunicación, se consideran y están integrados en una entidad de organización estatalizada y no como un grupo insurgente que actúa de forma autónoma.
Así que, ¿quién mejor que Sudáfrica –que conoce esa experiencia- para presentar esta demanda? En otro sentido, esta resolución de 1975 se aprueba por un consenso creado entre los países árabes, el bloque de países socialistas y el bloque de los países No Alineados, y fue anulada en 1991 con el inicio del mundo unipolar. Por lo que, de nuevo, vemos cómo la decadencia de esta unipolaridad vuelve a ayudar a la causa palestina y a su vez a dar relevancia internacional a actores de países del llamado Tercer Mundo, rompiendo con la idea falaz y macabra de una «comunidad internacional», que se limita a los países occidentales.
Y es precisamente por todo esto que tenemos que hablar de Yemen. Este país es considerado el país más pobre de Oriente Medio, además, desde 2014 padece una terrible guerra que ha agudizado la crisis humanitaria dentro del país. En la actualidad, dos gobiernos rivales se disputan el control del Estado, uno con sede en la capital constitucional, Saná, y otro en la ciudad de Adén.
El «gobierno reconocido internacionalmente» es el que tiene sede en Adén, pero en realidad no opera desde dentro de Yemen, sino desde Riad, donde se encuentran exiliados desde febrero de 2015. Por su parte, los llamados «rebeldes hutíes» forman parte de lo que se denomina Gobierno de Salvación Nacional, que ejerce autoridad directa sobre el 85% de toda la población de Yemen.
Aunque no existe ninguna constitución de Yemen que otorgue a Ansharollah, movimiento popular en el que se integran los hutíes, un papel fundamental en el gobierno y el Estado, estos se presentan dentro de lógicas estatales y no como un grupo insurgente o guerrillero. Una muestra de ello fue el comunicado del día 10 de enero de Yahya Sarea, presentado en los medios de comunicación como portavoz militar de los hutíes y que, sin embargo, en su alocución hacía referencia constante a ser portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes o las Fuerzas Armadas de Yemen.
Independientemente de con quién nos queramos posicionar en esta guerra, lo que es evidente es que los llamados hutíes, lejos de la presentación habitual que se hace de ellos en los medios de comunicación, se consideran y están integrados en una entidad de organización estatalizada y no como un grupo insurgente que actúa de forma autónoma.
La desestabilización en ambas orillas durante todos estos años ha sido utilizada para justificar operaciones internacionales, como la Operación Atlanta en Somalia, que sirven como una base para la injerencia occidental en este punto clave del planeta.
En un sentido interno, en estos momentos un fin político y negociado para esta guerra se presenta como algo posible debido a la recuperación de las relaciones entre Irán y Arabia Saudita. Recordemos que cada uno de ellos ha apoyado a bandos opuestos durante el conflicto.
Arabia Saudita lideró una coalición de agresión en Yemen para proteger sus propios intereses, ya que este país ha sido históricamente su «patio trasero», y la destitución de un gobierno afín ponía en cuestión estos intereses. Mientras que Irán ha prestado ayuda de forma pública a los «hutíes», y aunque no ha entrado de forma directa en la guerra, ha facilitado asistencia técnica y apoyo político, incluyendo el reconocimiento del Gobierno de Salvación Nacional como la administración legítima de Yemen, además de la apertura de una embajada yemení en Teherán.
La coalición saudita no obtuvo el éxito fugaz que esperaban y se ha demostrado, sobre todo en el terreno militar, como un auténtico fracaso. Ante este escenario inesperado, los saudíes no se han visto respaldados por su aliado tradicional, EE.UU., lo que ha llevado también a tensiones entre estos históricos socios.
En el cruce de Yemen, Djibouti, Eritrea y Somalia, el estrecho de Bab el-Mandeb, se conecta el Golfo de Adén y el Mar de Arabia. El petróleo y otras mercancías procedentes del Golfo Pérsico deben franquear esta ruta antes de entrar en el Mar Rojo y en el canal de Suez. La desestabilización en ambas orillas durante todos estos años ha sido utilizada para justificar operaciones internacionales, como la Operación Atlanta en Somalia, que sirven como una base para la injerencia occidental en este punto clave del planeta.
Occidente ataca a los hutíes en Yemen: ¿qué se sabe y cómo afectará al mundo?
El comunicado de Yahya Sarea, del 10 de enero, finaliza puntualizando que «las Fuerzas Armadas de Yemen confirman su pleno compromiso con la continuación del tráfico marítimo en los mares Rojo y Arábigo hacia todos los destinos excepto los puertos de la Palestina ocupada». Ya que, como previamente recordó, esta operación es una respuesta a la agresión contra Gaza y finalizará cuando se levante el asedio contra la Franja; sin embargo, sí que aclararon que responderían ante todas las amenazas hostiles dentro del derecho a la legítima defensa de su país.
La información o desinformación sobre los distintos conflictos una vez más marca la diferencia, y mientras se está debatiendo si Israel está cometiendo un genocidio en Gaza en los organismos internacionales, gracias a la presión popular y al liderazgo sólido de algunos Estados, solo un día antes, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se adoptaba una resolución de condena a Yemen por los recientes acontecimientos en el Mar Rojo que, no nos quepa la menor duda, va a servir para allanar el camino a los intereses de EE.UU. y su operación de intervención en la zona. Esta resolución solo contó con la abstención de cuatro países: Argelia, China, Mozambique y Rusia.