Las recientes movilizaciones de refugiados y sin papeles en Zúrich, la capital económica de Suiza, han logrado llamar la atención sobre las consecuencias de una de las legislaciones de extranjería más discriminatorias de Europa.
«La organización de los sin papeles da resultados», resumía una sindicalista suiza el 4 de enero. Ese día, en el centro de Zúrich, en la parte alemana del país, los 150 solicitantes de asilo, refugiados, inmigrantes con y sin documentación que llevaban dos semanas ocupando la céntrica Iglesia del Predicador para exigir su regularización, abandonaban el templo y trasladaban el encierro a otra iglesia. Pese a las fortísimas presiones y amenazas de desalojo policial, habían logrado uno de sus objetivos: que la máxima autoridad del cantón de Zúrich aceptase entrevistarse con ellos el 5 de enero. Días antes, bajo el lema «nadie es ilegal, regularización de los sin papeles», unas 2.500 personas habían recorrido el centro de la capital económica de la Confederación helvética. Como muestra de su disposición a negociar, los ocupantes, originarios en su mayor parte de África, Irán, Iraq y Afganistán, desalojaron la primera iglesia, pero, para dejar claro su voluntad de seguir las protestas hasta lograr resultados concretos, se trasladaron a otra. Sus reivindicaciones eran dos: papeles para todos y el fin de la prohibición que les impide trabajar legalmente. Pero más en general, la movilización buscaba llamar la atención sobre las condiciones de vida de los inmigrantes no comunitarios a los que las leyes de extranjería dejan sin recursos. Según activistas que participaron en las protestas, eso se logró plenamente, consiguiendo además un amplio seguimiento mediático.
Más del 20% de los 7,5 millones de los residentes en Suiza son extranjeros. El 58% de los inmigrantes tienen un título universitario y ocupa el 60% de los puestos directivos de las empresas que cotizan en Bolsa. Pero también hay unos 300.000 inmigrantes sin papeles que trabajan en la clandestinidad, más del 30% de ellos en el servicio doméstico. Desde septiembre de 2006, tras su aprobación en referéndum con el 68% de los votos, Suiza tiene la legislación sobre extranjería y derecho de asilo más restrictiva de Europa. Según los movimientos sociales, dicha legislación abre la puerta a los extranjeros originarios de la UE, pero se la cierra definitivamente a los extracomunitarios, incluidos los demandantes de asilo, que no tengan alto nivel de estudios. Para estos, prevé duros mecanismos de expulsión a la par que impide casi totalmente su regularización. La ley contempla penas de hasta dos años de cárcel a todo extranjero, incluidos los demandantes de asilo cuya solicitud se ha rechazado, que se niegue a abandonar el país por propia voluntad. E incluye penas de hasta cinco años de cárcel y multas de 300.000 euros para quien albergue a extranjeros con orden de expulsión. Según el movimiento Derecho a Quedarse para Todos y Todas, una de las pocas salidas que le quedan a los sin papeles, es lograr que las autoridades de los cantones soliciten al Estado federal su regularización en casos especiales, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones como llevar más de cinco años y demostrar su integración en el país. En este contexto, pese a que ha habido movilizaciones y ocupaciones de edificios públicos e iglesias en 2001 y entre 2004 y 2006, el movimiento por los derechos de los sin papeles y de los solicitantes de asilo no ha logrado muchas conquistas. La aplicación de estas leyes es diferente en los diversos cantones suizos.
Según la plataforma Bleiberecht Für Alle (Derechos para Todos), el de Zúrich se ha destacado por ser uno de los más duros. A diferencia de otros cantones, durante 2008, Zúrich no ha concedido ningún estatuto de refugiado, a pesar del gran número de solicitudes.
Por eso, con la ocupación de la iglesia en el centro de la ciudad, los sin papeles reclamaban también que se les aplicase la legislación federal sobre inmigración, menos restrictiva, y que las autoridades del cantón revisaran «con mayor sentido humano» sus peticiones de regularización. En la reunión con los ocupantes, el 5 de enero, las autoridades no aportaron una solución inmediata, pero, en lo que fue considerado por los activistas como una victoria parcial, se comprometieron a llevar ante el Parlamento del cantón una propuesta para poder revisar los informes presentados. Las diferentes organizaciones de sin papeles aceptaron entonces conceder un tiempo de espera y parar las protestas, pero acordaron mantenerse vigilantes para reiniciar las movilizaciones si fuese necesario.
Bleiberecht Für Alle
Terminaba así una campaña, impulsada por diversas organizaciones como la Bleiberecht Für Alle (www.bleiberecht. ch), que arrancó a principios de diciembre con diversas acciones y manifestaciones semanales y que desembocó en la ocupación de la iglesia el 19 de diciembre. Las organizaciones ponen como ejemplo del maltrato institucional hacia los inmigrantes sin recursos la situación de los solicitantes de asilo. Son personas que no son deportadas por razones humanitarias, ya que las autoridades reconocen oficialmente que sus vidas corren peligro en sus países de origen, pero al mismo tiempo, les niegan el estatuto de refugiado. El asilado, hasta que no logra ser reconocido oficialmente como tal, no tiene derecho a buscar trabajo. Para asegurar su subsistencia, puede optar a la ayuda de emergencia que conceden las autoridades. En la ciudad de Zúrich, quien haya visto rechazada dos veces la solicitud de asilo empieza a recibir la ayuda de emergencia, que le asegura cobijo y alimentación básicos -una cama en un refugio con habitaciones con capacidad de hasta 50 personas, un bono de compra diario en los supermercados Migros por valor de 5,30 euros- y derecho a la atención médica únicamente en casos de urgencia. El bono Migros (una cadena de supermercados) implica que sólo pueden comprar productos de esa cadena y que no tienen dinero en efectivo.
Esto supone, por ejemplo, que al no poder comprar billetes para el transporte público, tengan que colarse, lo que acaba acarreándoles problemas judiciales. Por otro lado, mientras se examina el recurso, el refugiado -y su familia- cuya primera solicitud ha sido rechazada, pasa al llamado Programa de dinamización: tiene que abandonar su vivienda y trasladarse a una casa refugio. Cada siete días, le cambian de refugio, agudizando así su sensación de inestabilidad, desarraigo, aislamiento e imposibilitando su integración. Y esta situación se puede prolongar durante años.
La red Bleiberecht denuncia que estas políticas son una forma más de criminalización sistemática de los extranjeros sin recursos.