– Todos los lunes piden al ministro de Exteriores que haga algo por los presos saharauis.
– Los presos saharauis viven en condiciones insoportables: han sido torturados, la comida y la higiene son deplorables y la asistencia médica inexistente y algunos llevan cuatro años y medio en aislamiento
– El ministro José Manuel Albares, que defiende los Derechos Humanos en otras partes del mundo, calla si se vulneran en el Sáhara Occidental.
Que haga algo por los presos políticos saharauis ante las autoridades marroquíes. Es lo que llevan pidiendo al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC) desde hace un año, tiempo en el que la única respuesta ha sido el silencio.
El 28 de febrero se han cumplido doce meses de concentraciones, los lunes de 13 a 14 horas, ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la plaza de la Provincia de Madrid, convocadas por el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS).
En la veintena de cartas entregadas en el Ministerio durante este año, primero dirigidas a Arancha González Laya y desde el 10 de julio de 2021 a José Manuel Albares, el MPPS ha denunciado la extrema situación en la que se encuentran los presos saharauis en cárceles marroquíes, fuera del Sáhara Occidental, a más de 1000 kilómetros de sus familias: padecen tortura, aislamiento, insalubridad, negligencia médica…
Actualmente hay 43 presos políticos saharauis, que cumplen las siguientes penas: 9 cadenas perpetuas, 3 condenas de 30 años, 5 de 25, 3 de 20, y 163 años para otros 23 reclusos. Fueron objeto de juicios farsa, sin garantías judiciales, acusados de cualquier delito para ser castigados por luchar por la autodeterminación del Sáhara Occidental, según denunciaron organizaciones de Derechos Humanos y comisiones de juristas internacionales.
En la última carta entregada en el MAEC, como motivo del año de concentraciones, el MPPS reitera al ministro Albares que los presos saharauis viven en condiciones insoportables: han sido torturados y humillados, la comida y la higiene son deplorables y la asistencia médica inexistente.
Agrega que “a la imposibilidad de recibir visitas desde hace dos años, supuestamente debido al COVID, se añaden las escasas y cortísimas comunicaciones telefónicas que les permiten. No tienen acceso a sus abogados. Varios de ellos llevan cuatro años y medio en aislamiento”, y “su única herramienta de protesta es la huelga de hambre”.
Precisamente la larga huelga de hambre que mantuvo el periodista Mohamed Lamin Haddi por los malos tratos padecidos en prisión, y al que se le impidió ver a su madre, que viajó desde El Aaiún hasta Rabat, fue el motivo por el que hace un año el MPPS empezó a acudir ante el Ministerio de Asuntos Exteriores para que, al ser España la potencia administradora de iure del Sáhara Occidental, interviniese por los presos saharauis ante el Gobierno marroquí.
El MPPS lamenta que no ha habido interés alguno por parte del Ministerio de Exteriores y que en todo este tiempo se ha mantenido en silencio. Dice que en las interpelaciones que le han hecho al respecto en el Parlamento el ministro Albares ha contestado con evasivas, cuando desde Exteriores se pregona la defensa de los Derechos Humanos “allá donde se conculquen”.
Se recuerda al ministro que él mismo ha protagonizado episodios concretos de reivindicación de los DDHH, como también lo acaba de hacer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo Europeo celebrado el 24 de febrero con motivo de la guerra de Rusia contra Ucrania. “Lo que vemos es en otras partes del mundo, sí, pero si es en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, no. Y eso que España tiene una especial responsabilidad en esa ocupación”, concreta el MPPS.
Los congregados ante el Ministerio afirman que los presos saharauis están condenados “a una muerte lenta fruto del maltrato y la falta de atención médica”, y recuerdan que ya ocurrió con Mohamed El Ayubi, de cuyo fallecimiento se cumplieron cuatro años el pasado día 21 de febrero.
Mención aparte merecen las hermanas Sultana y Luaara Jaya, que llevan confinadas en su casa por las fuerzas de ocupación marroquíes desde el 19 de noviembre de 2020, en la localidad de Bojador: “Son objeto de todo tipo de ataques, violaciones sexuales incluidas. Les cortan la luz y el agua, las envenenan, les impiden el sueño, destrozan sus enseres. Su delito: subir todos los días a la terraza a ondear la bandera de la Republica Árabe Saharaui Democrática (RASD)”.
El MPPS insiste al Ministerio de Asuntos Exteriores en que intervenga para conseguir la liberación y la protección de los presos políticos saharauis, “que no han cometido ningún delito si no es ejercer su derecho a la libertad de expresión en un territorio ocupado”.