A quince años de los atentados contra Estados Unidos, donde murieron 3 mil personas en las denominadas Torres Gemelas, el Pentágono y los pasajeros de los aviones involucrados en estos actos terroristas, ha comenzado a develarse la real implicancia de Arabia Saudita en estos hechos. Hasta ahora la versión de las administraciones estadounidenses, desde el […]
A quince años de los atentados contra Estados Unidos, donde murieron 3 mil personas en las denominadas Torres Gemelas, el Pentágono y los pasajeros de los aviones involucrados en estos actos terroristas, ha comenzado a develarse la real implicancia de Arabia Saudita en estos hechos.
Hasta ahora la versión de las administraciones estadounidenses, desde el año 2001 a la fecha, tanto con George W. Bush como las de Barack Obama ha sido el de descartar la participación de la Monarquía Wahabita en el financiamiento y apoyo al grupo de terroristas que ejecutaron los atentados del 11 de septiembre. Esto, a pesar de todas las líneas investigativas y pruebas que mostraban que la Casa al Saud está involucrada. ¿Por qué negarse a investigar a fondo, denunciar y sancionar a aquel país que aparece como cómplice en la muerte de miles de sus ciudadanos? La «Pista Interior» en el seno de los gobiernos estadounidenses, que permitiría hilar la madeja, que reúne al establishment político y empresarial norteamericano con el complejo militar-industrial y una clase política, capaz de todo con tal de no ver afectados sus intereses nacionales e internacionales, ha comenzado a salir a la superficie y su negación resulta imposible.
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El seguir negando lo que congresistas como Bob Graham o la candidata Presidencial por el Partido Verde, Jill Stein han exigido pesquisar -con relación a una investigación del Congreso estadounidense y 28 páginas que estuvieron bajo absoluto secreto desde el año 2002 a la fecha, suscitó interrogantes sobre la relación entre Arabia Saudí y Estados Unidos, al revelar hechos «respecto a que los autores del atentado del 2001, durante su estancia en Estados Unidos estuvieron en contacto, recibieron apoyo o asistencia de personas relacionadas con el gobierno de Riad» haciendo referencia a que de los 19 involucrados en estos hechos, quince de ellos eran de origen saudí e incluso el único preso por la causa del 11 de septiembre del 2001 Zacarías Moussauoi, francés de origen marroquí -y extrañamente detenido un mes antes de los atentados y vinculado con posterioridad- ha señalado a su abogado defensor que dos príncipes sauditas fueron los financistas de los atentados.
Para la Sra. Stein el sacar a la luz todo lo que se sabe «permitirá no seguir estafando a la nación. Bajo nuestra administración –señala Stein– una nueva comisión tendría acceso a las considerables investigaciones independientes que han surgido en los últimos quince años. Queremos crear una Comisión independiente, no una dominada por miembros con interés en proteger la reputación y la carrera de la comunidad diplomática y de inteligencia». Las declaraciones de la Sra. Stein se unen a las de políticos como las del Senador Bob Graham quien, como miembro de la Comisión Investigadora del Senado sobre los atentados señaló que «el documento que desclasifica 30 nombres de saudíes involucrados en los atentados -denominado archivo 17- ofrece pistas que podrían renovar los llamados de legisladores para aprobar una ley que permita a los miembros de las familias de las víctimas demandar al Gobierno de Arabia Saudí por tener vínculos con esos atentados». El Informe Final de esta Comisión señala que no se excluía la participación de entidades benéficas, vinculadas con el gobierno saudí, que desviaron fondos para la agrupación terrorista Al Qaeda.
Si bien es cierto la investigación está abierta a que los miembros del Congreso revisen la información, está prohibido que estén acompañados o saquen notas o fotografías. Esta confidencialidad, según el ex congresista republicano Porter Goss se debe «a las estrechas relaciones del ex mandatario George W. Bush con los saudíes». Relaciones, no sólo políticas, sino también económicas y empresariales , incluso con miembros de la familia Bin Laden, que incluían a personajes como el ex Secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el ex vicepresidente Dick Cheney. Negocios multimillonarios que involucran a empresas como Carlyle Group -donde aparecen nombres que han estado vinculados a Bush padre e hijo, Militares del Pentágono y Congresistas- y The Bin Laden Group que hicieron millonarios contratos tras la Guerra del Golfo del año 1991 y han participado con empresas filiales en la «reconstrucción» de Kuwait, Irak y la propia Afganistán.
Claramente, se requiere indagar por aquellos que estén alejados de los circuitos de poder y de complicidad. Dar a conocer lo que se investiga, pues si esto no es así se avala la tesis que estamos ante un encubrimiento de la actividad criminal de un país aliado de Washington, en común unión con políticos, militares y empresarios estadounidenses. En función de intereses que suelen denominarse de «seguridad nacional» y que con toda racionalidad podemos pensar que los atentados del 11 de septiembre del año 2001 fueron actos de bandera falsa, una gran impostura como lo sostiene el analista Thierry Meyssan en un libro publicado a pocos meses de los atentados del 11 de septiembre. Un atentado destinado a servir de base para desencadenar una guerra de alcance global y que explicaría las acciones desatadas por el ex presidente George W. Bush a partir de octubre del año 2001, primero contra Afganistán, luego contra Irak en el marco de la «Guerra Contra el Terror» que resultó ser una farsa monumental y las guerras de agresión contra Libia, Siria unido a la política de presión contra Irán y Rusia.
Para el ex piloto de la CIA y de la DEA, Phillip Marshall quien escribió un par de libros sobre los hechos del 11 de septiembre del 2001, uno de ellos «El Gran Engaño» sostiene la teoría que dichos atentados fueron actos deliberados destinados a justificar una política de guerra preventiva contra Irak, pero teniendo como objetivo posterior a Siria e Irán. Marshall aseguró que «los 3 mil muertos en Nueva York sirvieron de excusa para provocar los cambios que han ocurrido desde el 11 de septiembre. Era necesario un ataque estilo Pearl Harbor en Estados Unidos». Este ex piloto de agencias de gobierno estadounidense fue encontrado, en febrero del año 2013 muerto, junto a su mujer y sus dos hijas adolescentes. Las autoridades calificaron estas muertes como suicidio.
A la par de recibir los beneficios de la explotación del petróleo saudí, Estados Unidos ha permitido a Riad tejer una red de ampliación de su doctrina religiosa a través de escuela coránicas -madrasas- en una expansión del wahabismo haciendo fluir generosamente los dineros provenientes del petróleo, no importando si esa decisión de expansionismo político-religioso creaba criaturas como Al Qaeda y el Actual Estado Islámico de Irak y el Levante -Daesh en Árabe- y con ello toda una ramificación de actividades terroristas, incluso en suelo estadounidense. Ha podido más el dinero de las ventas de armas del complejo militar industrial estadounidense a Riad, que sólo bajo las administraciones de Barack Obama han significado acuerdos de ventas por 115 mil millones de dólares. No afectar los activos saudíes en bancos norteamericanos, que superan los 800.000 millones de dólares y que la Monarquía Wahabita amenazó con retirar si la investigación que los compromete, respecto a los atentados del 11 de septiembre, continuaba.
Tiene más valor los intereses geopolíticos que Washington y sus aliados occidentales manejan en Oriente Medio junto a la Casa al Saud, devenida en Gendarme de esos intereses y a su vez en activa agresora de los pueblos como Yemen, Bahréin, Siria e Irak. Las reservas de petróleo y los jugosos contratos que empresas estadounidenses e inglesas tienen con la compañía Aramco Service Company. Todo ello, para Washington tiene mayor valor que la muerte de sus ciudadanos, si el objetivo es la sobrevivencia de un sistema político, económico y de dominio que incluso requiere de estos mecanismos, para pretender seguir en su papel de potencia hegemónica.
El hedor ya no se Puede Ocultar
Los temores saudíes respecto a que la investigación que los compromete hará saltar por los aires el encubrimiento que hasta ahora se mantiene con el aval de los gobiernos estadounidenses, se está haciendo realidad. Efectivamente, el Congreso estadounidense aprobó este viernes 9 de septiembre, una legislación, la llamada Ley de Justicia Contra Los Patrocinadores del terrorismo -JASTA por sus siglas en inglés- acción que permitirá a las familias de los fallecidos en los atentados de septiembre del año 2001 demandar a Arabia Saudita, visto que 15 de los 19 involucrados eran de origen saudí, lo que alcanzaría también a miembros de la casa real wahabita, como cómplices de estos crímenes. Para el congresista republicano Peter King el aprobar esta ley «representa un hecho relevante, un gran día para Estados Unidos y los familiares de las víctimas». Si bien este paso adquiere enorme relevancia lo más probable es que Obama vete la aprobación de esta ley, tal como se comprometió con la Monarquía Wahabita. Si esto es así se generará un proceso de pugna entre el ejecutivo y el Congreso que seguirá tensionando la relación entre Washington y Riad.
Recordemos que Barack Obama, en el mes de abril del año 2016, cuando las noticias e informes sobre la participación de Arabia Saudita en los atentados del 11 de septiembre arreciaban, viajó a Arabia Saudí, para reafirmar su compromiso con el régimen wahabí, en varios aspectos. Entre ellos, tranquilizar a la Casa Al Saud., tal como ha sido prometido en su oportunidad a la entidad sionista, que Estados Unidos seguirá apoyando a Riad en el plano político, diplomático y militar en su pugna contra la creciente influencia de la República Islámica de Irán, considerada por ambos gobiernos como un enemigo de temer.
Igualmente, Obama se comprometió -en lo que quedaba de su mandato- a no dejar avanzar la posibilidad que el Congreso estadounidense apruebe una investigación que responsabilice a las autoridades saudíes de los atentados del 11 de septiembre del año 2011 en tierras norteamericanas, Prima, en esta promesa de Obama, el hecho que la Monarquía saudí señaló que si esa decisión se concretaba retiraría sus fondos de inversión en bancos Estadounidenses, convertidos en los nuevos paraísos fiscales tras el estallido mediático de los Panamá Papers, lo que generó la alarma del establishment político, empresarial y financiero de ese país. Un antiguo aforismo consigna «no se puede ocultar el sol con un dedo» y menos aún, por más productos que camuflen un olor nauseabundo, se puede ocultar la estrecha alianza entre los servicios de inteligencia de Estado Unidos y Arabia Saudita, sus gobiernos y clase política. Una alianza tejida en 71 años de relaciones, donde Estados Unidos, devenido en padre putativo de la Casa al Saud ha engendrado un monstruo que no tiene control, donde la propia concepción de dominio wahabita lleva en su seno la consolidación de una doctrina basada en el terror.
No es extraño entonces que la relación incestuosa entre Washington y Riad tenga ramificaciones, que derivan en la creación de grupos como Al Qaeda, cuyo origen se encuentra en la decisión de Washington de combatir a la ex Unión Soviética en Afganistán, en el campo de la que se denominaba Guerra Fría. Luego, en la consolidación del Nuevo Orden Mundial, donde la hegemonía estadounidense se asienta para, posteriormente, comenzar el desarrollo, financiamiento y apoyo militar para crear grupos como Daesh, Frente al Nusra, Boko Haram, Fath al Sham que han servido para desarrollar la estrategia del leading from behind estadounidense. Ello, con el proyecto de balcanizar y fragmentar naciones en pos de objetivos políticos, económicos y militares, entre Washington, sus socios occidentales y la triada conformada por Ankara- Tel Aviv y Riad
Los propios documentos estadounidenses revelan la estrecha conexión entre el terrorismo y la Casa al Saud. Un despacho estadounidense -el denominado documento nº 242073- enviado por la Secretaria de Estado dirigido, en ese entonces por Hillary Clinton, a sus Embajadas de Riad, Abu Dhabi, Doha, Kuwait e Islamabad, el año 2010, y dado a conocer, junto a otros 1.100 cables, por diverso medios de comunicación en el mundo, confirmó lo que era un secreto a voces y que sustenta la acusación contra la Casa al Saud como principales financistas del terror takfirí en el Magreb, Medio Oriente y Asia Central: «los donantes de Arabia Saudita constituyen la fuente más significativa de financiación de los grupos terroristas suníes en todo el mundo… aunque Arabia saudita se toma muy en serio la amenaza del terrorismo interno, ha sido un continuo reto convencer a los funcionarios de ese país, para que aborden el financiamiento terrorista que emana de Arabia Saudita como prioridad estratégica. Este país continúa siendo una base de apoyo crítico para Al Qaeda, Los talibán, Lashkar e Tayba y otros grupos terroristas, que probablemente recaudan millones de dólares anualmente de fuentes saudíes, a menudo durante el hach y ramadán«. Situación que se conocía y que se sustentaba en los informes del año 2001 tras los atentados en Washington y Nueva York.
A 15 años de los atentados del 11 de septiembre, la verdad sale a la luz, ya no se puede ocultar. Se desentraña la relación criminal entre Washington y Riad, devenido en el principal impulsor del terrorismo a nivel global. Queda al descubierto que el derribo de las Torres Gemelas, el ataque – que aún genera interrogantes respecto a su ejecución -contra el Pentágono- y la caída, derribo o acto heroico de uno de los aviones secuestrados -el llamado Vuelo 93- son hechos que permanecen en una nebulosa difícil de despejar pues involucran a los gobiernos de Washington y Riad.
Dan cuenta de relaciones que explican no sólo una férrea alianza política y militar, sino también la complicidad en guerras de agresión, la desestabilización del Magreb, de Oriente Medio y Asia Central, el cerco contra la República Islámica de Irán y la Federación Rusa y, sobre todo, la complicidad en operaciones que involucran a ciudadanos estadounidenses. Mientras ello no se aclare, mientras no aflore la verdad, seguirá rondando en el aire la responsabilidad de los gobiernos de Estado Unidos y la Monarquía wahabita en la muerte de 3 mil persona un 11 de septiembre del año 2001. Quince años de una historia truculenta, que aún tiene mucho que decirnos y donde a la par de Estados Unidos, la Casa al Saud debe responder y la ciudadanos estadounidenses exigir la verdad frente a una farsa, que ya no se sustenta.
Fuente: http://www.hispantv.com/noticias/opinion/287653/atentados-11-septiembre-papel-arabia-saudi
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