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Más de 10 mil mujeres mueren cada año en América Latina y el Caribe por abortos

28 de Septiembre: Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe

Fuentes: Mugarik Gabe

Más de 10 mil mujeres mueren cada año en América Latina y el Caribe por abortos mal practicados. La mayoría de ellas pertenecen a los sectores de bajos recursos de la población. Así lo reconoce la «Campaña 28 de septiembre. Día por la Despenalización del Aborto», iniciativa de grupos feministas y organizaciones sociales en Latinoamérica […]


Más de 10 mil mujeres mueren cada año en América Latina y el Caribe por abortos mal practicados. La mayoría de ellas pertenecen a los sectores de bajos recursos de la población. Así lo reconoce la «Campaña 28 de septiembre. Día por la Despenalización del Aborto», iniciativa de grupos feministas y organizaciones sociales en Latinoamérica y el Caribe. Esta campaña busca la construcción de una sociedad democrática donde las mujeres decidan sobre sus cuerpos y sobre sus proyectos de vida.

Entre 40 y 60 millones de abortos inducidos ocurren en el mundo anualmente. De ellos unos 20 millones se realizan bajo condiciones y procedimientos inseguros y ocurren en su mayoría en países donde el aborto está prohibido, restringido o severamente castigado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) concluye que un 95% ocurre en países en vías de desarrollo. Para las mujeres latinoamericanas y del Caribe las restricciones sobre el aborto aumentan el riesgo de mortalidad, encarcelamiento y estigma social.

Este drama humano, de salud pública y de trasgresión de derechos constituido por el aborto inseguro determinó en 1990 que las mujeres del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe decidieran establecer el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, para afirmar la reivindicación histórica de las mujeres por la libertad reproductiva y por el control del propio cuerpo. Desde entonces más organizaciones de mujeres se han sumado a la campaña de presión para demandar la despenalización del aborto en esta región. Hoy suman más de 600.

La penalización del aborto atenta contra el disfrute de una serie de derechos humanos y ciudadanos de las mujeres, entre otros: el derecho a la vida; a la libertad y seguridad personales; a la salud; a la igualdad y a la no discriminación; a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; a controlar su propia fecundidad; a contar con servicios de salud reproductiva y el acceso al aborto seguro para responder a sus necesidades de salud; a los beneficios del progreso científico, etc.

Muchos de estos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belén do Para). Y han sido explicitados en textos no vinculantes, pero de trascendencia histórica, como el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing.

En Nicaragua este año también se celebra este día, y con una necesidad aún mas urgente si cabe que otros años. El 26 de octubre del 2006 la Asamblea Nacional legislativa aprobó una ley anulatoria del artículo 165 del Código Penal de 1893, que establecía el Aborto Terapéutico como figura legal. Por tanto, quienes incurran en él (mujeres y personal médico) podrán ser castigados con 4 a 8 años de prisión. La decisión se adoptó en medio de una agitada campaña para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Desde hace más de 100 años se permitía el aborto terapéutico en Nicaragua, que contempla los casos «de riesgo para la vida de la madre, daños irreversibles al embrión o feto, o cuando el embarazo es fruto de una violación o incesto».

Para la OMS, el aborto terapéutico debe estar autorizado por las legislaciones de los países con el fin de evitar miles de muertes anualmente. De los 193 países que conforman las Naciones Unidas, el 97% permiten el aborto terapéutico para salvar la vida de las mujeres. Sólo El Salvador, Chile, Filipinas, Somalia, El Vaticano y Nicaragua lo penalizan. Este dato demuestra claramente que el acceso al aborto terapéutico es un principio universalmente aceptado que transciende diferencias culturales, credos religiosos e ideologías políticas. Es considerado internacionalmente como un servicio de salud especializado cuya finalidad es salvar la vida de las mujeres.

En el mundo existen distintos niveles de penalización del aborto, pero está demostrado que la existencia de más o menos abortos no está en relación a la penalización, pues hay países donde la interrupción del embarazo es totalmente permitida y sin embargo los abortos son una mínima proporción.

La OMS ha determinado que la multiplicación del aborto está asociada directamente a la falta de educación sexual, al poco o nulo acceso a anticonceptivos, al déficit de una paternidad responsable y a las deficiencias en la atención a la salud integral.

Condenamos la decisión tomada por el Estado nicaragüense, no sólo porque supone la vulneración de los derechos humanos más básicos, así como del principio constitucional laico del país, sino también por no haber tenido en cuenta las opiniones y criterios técnicos de especialistas (profesionales de la medicina) ni de las principales afectadas (las mujeres), condenando de esta forma a la muerte a muchas mujeres y a dilemas éticos a profesionales de la medicina.

Condenamos también el no tener en cuenta la realidad alarmante de muchas mujeres nicaragüenses. El 27% de todas las adolescentes del país o están embarazadas o ya han sido madres. Entre las víctimas de mortalidad materna, el 30% tiene menos de 19 años. Casi una tercera parte de los niños y niñas que nacen en el país nacen de niñas de entre 11 y 15 años. Por no hablar de la lacra social de los abusos sexuales y el incesto, responsables de la gran mayoría de estos embarazos.

Apoyamos la lucha del movimiento de mujeres y de organizaciones de mujeres, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, la Universidad Nacional, Sociedades médicas y Organismos que trabajan por la niñez y por la salud de las mujeres, quienes siguen denunciando y trabajando por la reincorporación del derecho al aborto terapéutico.

Y estamos a favor de un debate amplio sobre el aborto, sacándolo del espacio sórdido al que se le ha querido confinar, siendo conscientes de que se trata de un tema delicado y en el que se cruzan múltiples factores y diversidad de opiniones: derechos de la madre, derechos del padre, maternidad, paternidad, responsabilidad, obligación, reproducción, sexualidad, abuso sexual, violación, métodos anticonceptivos, creencias religiosas, conciencia, moral, asesinato, vida, muerte, libertad, derechos del no nacido, calidad de vida, culpabilización, estigmatización, pecado, destino natural de la mujer, control del cuerpo de la mujere, resignación, opción, …

Porque «para poder elegir hay que tener alternativas».

* Edurne Bengoetxea. Mugarik Gabe, ONGD www.mugarikgabe.org