Unos misteriosos escuadrones de la muerte que parecen tener estrechas relaciones con el ejército están asesinando a líderes campesinos, defensores del medio ambiente y activistas del movimiento estudiantil en las Filipinas. Traducido para Rebelión por Mar Rodríguez
Los iniciadores de la campaña afirman que más de 900 personas han sido ejecutadas extrajudicialmente y que 200 más han «desaparecido» desde que la presidenta Gloria Arroyo llegó al poder en 2001.
Un informe de las Naciones Unidas de 2007 hacía responsable al ejército de la mayoría de los asesinatos, pero no se ha tomado acción alguna y los asesinatos continúan sin explicar.
Una de las zonas más peligrosas es el valle de Compostela, en la isla de Mindanao, al sur, un lugar de gran belleza natural y pobreza rural que acoge varias minas de oro de propiedad extranjera y un movimiento de insurgencia comunista desde hace mucho tiempo. En las últimas semanas de 2008, en esa zona resultaron muertos por disparos cinco hombres cumplidores de la ley y supuestamente pacíficos.
La primera víctima era Danilo Qualbar, un activista de 48 años del partido izquierdista Bayan Muna (primero la gente), a quien dispararon el 6 de noviembre. Algunos investigadores sobre derechos humanos afirman que no se realizó autopsia ni investigación alguna: la policía ni siquiera hizo preguntas a la familia de la víctima.
Según la viuda del Sr. Qualbar, un grupo de soldados gritó «ese» cuando su marido pasaba un control militar una semana antes de su asesinato.
La siguiente víctima se produjo cuatro días más tarde, cuando Rolando Antolihao, de 39 años, un trabajador en una plantación bananera y miembro del mismo partido, cayó abatido a tiros delante de su esposa y de su hija de 2 años. Había un pequeño puesto militar a apenas 50 metros de distancia pero, según los informes, los soldados de guardia no respondieron a los disparos.
Durante las semanas que siguieron murieron por disparos dos activistas más.
Por último, dos días antes de Navidad, Fernando Sarmiento, un defensor del medio ambiente de 39 años de edad que defendía la idea de que la mina de oro local resultaba dañina para los intereses de la población local, fue asesinado por asesinos que encajan con la misma descripción.
Los amigos del Sr. Sarmiento explican que fue arrestado por el ejército en julio y acusado de ser un guerrillero comunista.
Los testigos señalan que los asesinos en el valle de Compostela solían llegar en una motocicleta Honda de color rojo y usaban una pistola del 45. Los principales sospechosos son los soldados de los campamentos del ejército locales, pero no se ha realizado investigación oficial alguna sobre los tiroteos o sobre si las muertes estaban relacionadas de algún modo.
Los activistas en favor de los derechos humanos afirman que los asesinatos forman parte de una ofensiva iniciada por la presidenta Arroyo en un intento de derrotar a las guerrillas maoístas llamadas New People’s Army (NPA, Nuevo Ejército Popular) para el año 2010.
Aunque niegan los asesinatos, algunos oficiales superiores del ejército afirman que algunos partidos legales como Bayan Muna y otros grupos de activistas a los que pertenece la mayoría de las víctimas son sólo fachadas para los comunistas.
En su lugar, explica con frecuencia el ejército, las muertes son resultado de purgas y enemistades dentro del partido comunista.
Según el teniente coronel Ernesto Torres, un portavoz del ejército, «las fuerzas de seguridad son chivos expiatorios muy cómodos» para las muertes y afirma que las alegaciones contra el ejército provienen de «grupos que desean derrocar el gobierno y sustituirlo con el suyo propio».
No obstante, según Alan Davies, director del Proyecto en favor de los Derechos Humanos en Filipinas, «ninguna agencia, internacional ni local, está intentando investigar y ubicar correctamente estas muertes para ver cómo están relacionadas entre sí».
Una mujer que sabe del dolor que causa este silencio oficial es Erlinda Cadapan, cuya hija, Sherlyn, era una estudiante de 29 años que participaba en las campañas en defensa de los derechos campesinos cuando un grupo de personas que se sospecha eran soldados la secuestró junto con una amiga en 2006.
Un testigo, que afirma haberse encontrado a las dos mujeres mientras estaban bajo custodia del ejército, ha declarado que vio cómo las violaban y las torturaban algunos soldados y que éstos le dijeron que las habían matado más tarde.
La Sra. Cadapan ha escrito a la presidenta Arroyo, pero no ha recibido respuesta alguna.
En septiembre un tribunal sentenció que, si continuaban vivas, las mujeres deben dejarse en libertad.
«Esto realmente me hace sentirme furiosa porque, a pesar de la sentencia, ninguna persona del gobierno tiene intención de ayudarme. Intentan proteger a las fuerzas armadas», afirmó la Sra. Cadapan.
«Corren rumores de que mi hija continúa viva, así que esperamos y rezamos por que así sea», explicó. «Pero continúan negándolo todo».
La presidenta Arroyo ha permanecido en silencio en relación con los 900 asesinatos y las 200 «desapariciones» que se han producido durante su mandato; el ejército ninguna tener nada que ver con ellas y no se ha procesado a nadie.
URL al original: http://www.telegraph.co.uk/