«Asegurar la libertad de quienes torturaron y asesinaron desde el gobierno implica de hecho aceptar el terrorismo de Estado como amenaza siempre latente», afirman las organizaciones de la sociedad civil de Uruguay que se harán presentes en este domingo, día 27, en la Plaza Libertad de Montevideo para protestar contra la falta de «verdad y […]
«Asegurar la libertad de quienes torturaron y asesinaron desde el gobierno implica de hecho aceptar el terrorismo de Estado como amenaza siempre latente», afirman las organizaciones de la sociedad civil de Uruguay que se harán presentes en este domingo, día 27, en la Plaza Libertad de Montevideo para protestar contra la falta de «verdad y justicia» con relación a los hechos ocurridos durante la dictadura militar proclamada en el país hace 31 años. El movimiento ocurre dentro de las manifestaciones vinculadas al Día Internacional de Lucha contra la Tortura, mañana, día 26.
El día 27 de junio de 1973, el presidente uruguayo Juan María Bordaberry fue destituido por un golpe militar que suspendió la Constitución y anunciaba el recrudecimiento de la represión en Sudamérica, que culminaría en 11 de septiembre del mismo año con la sangrienta arremetida del general Augusto Pinochet al Palacio de la Moneda en Chile. La dictadura uruguaya sólo terminó con la elección en 1984 del representante del Partido Colorado Julio María Sanguinetti.
Reactivación de la Comisión Nacional contra la Tortura
«Hoy vivimos en un estado democrático que intenta consolidarse sobre las bases de la impunidad», justifican las entidades ante el temor de que en Uruguay ocurran nuevas violaciones estimuladas por el descaso en investigar y punir los hechos del pasado. Para contener estas amenazas y mismo casos de violaciones recurrentes, las organizaciones sociales uruguayas encabezadas por Amnistía Internacional reactivan mañana, día 26, la Comisión Nacional contra la Tortura, por ocasión del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura.
Esta Comisión Nacional contra la Tortura tiene por objetivo solicitar al Estado uruguayo la creación de una comisión investigadora sobre los crímenes de tortura en el pasado y de una base de datos sobre este asunto; la tipificación del delito de tortura; la tipificación del delito de desaparición forzada; y la reparación integral a las personas que sufrieron este terrible flagelo. Además, la comisión pretende pedir del gobierno uruguayo la ratificación con urgencia del Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a fin de combatir las recientes violaciones de este tipo registradas en el país.
La propia Amnistía Internacional impulsa campaña mundial exhortando a los países a adoptar las disposiciones adicionales de la ONU sobre torturas. El Protocolo Facultativo a la Convención, aprobado en el año 2002, presenta medidas concretas para prevenir la tortura en las comisarías de policía, cárceles y otros lugares donde las personas están privadas de libertad. Los Estados que ratifican el Protocolo Facultativo se comprometen a permitir que observadores internacionales realicen inspecciones periódicas y sin previo aviso de los lugares donde permanece la gente detenida. Asimismo, se comprometen a crear organismos nacionales independientes encargados de llevar a cabo inspecciones en el territorio nacional.
La adhesión al protocolo facultativo en contra la tortura, de acuerdo a Amnistía, se ha tornado todavía más necesario delante de la coyuntura global actual, marcada por la guerra al terrorismo que ha ampliado las violaciones a los derechos humanos en todo mundo, conforme documentado por el reporte de la propia organización sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2003. Por ello, el pedido de ratificación orientará los eventos del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura en varios países sudamericanos como Brasil, cuyas concentraciones ocurren hoy en São Paulo y prosiguen hasta lunes, día 28, con el acto del Grupo Tortura Nunca Mais en Rio de Janeiro.