Miles de manifestantes acusaron hoy al Gobierno de planear la eliminación física de los militantes de la izquierda de Filipinas, donde más de 600 han sido asesinados desde 2001, año en el que llegó al poder la presidenta Gloria Macapagal Arroyo. Retratos de algunas de esas víctimas fueron enarboladas en las inmediaciones del Palacio Presidencial, […]
Miles de manifestantes acusaron hoy al Gobierno de planear la eliminación física de los militantes de la izquierda de Filipinas, donde más de 600 han sido asesinados desde 2001, año en el que llegó al poder la presidenta Gloria Macapagal Arroyo.
Retratos de algunas de esas víctimas fueron enarboladas en las inmediaciones del Palacio Presidencial, en Manila, por los cerca de 3.000 activistas convocados por Bayan (País), la principal plataforma de la izquierda legal.
La marcha fue dispersada por la policía cuando alcanzó el puente de Mendiola, que abre el camino hacía Malacañang, el nombre de la sede presidencial, y donde hace un año el Gobierno prohibió las protestas políticas por motivos de seguridad.
Antes de ser disueltos con cañones de agua y porras, los participantes gritaron consignas contra la presidenta, a la que exigieron el «fin de la política de asesinatos adoptada por el Estado» para atemorizar a las fuerzas de izquierda.
Los organizadores del acto culparon también al Ejército de ser el responsable de esos crímenes y resaltaron la indefensión en la que viven los dirigentes de la izquierda en las provincias, donde se han registrado la mayor parte de los atentados.
«Quitad a los militares fascistas de las áreas rurales», corearon los manifestantes, una clara referencia al general Jovito Palparan, acusado por la izquierda de ser el «cerebro» del pogromo contra sus militantes.
El ciclo de violencia abierto contra la izquierda filipina tuvo su último capítulo el jueves con el asesinato de Markus Bangit, un miembro del consejo regional de la Alianza del Pueblo de Cordillera.
Bangit fue disparado por varios encapuchados en un restaurante de la localidad de San Isidro, en la provincia de Isabela, unos 330 kilómetros al noroeste de Manila, donde acaba de llegar en autobús. Varios impactos de bala alcanzaron accidentalmente a Gloria Casuga, directora de una escuela local que falleció en el acto, mientras que Bangit lo hizo en un hospital.
Según la organización de vigilancia de derechos humanos Karapatan (Derecho), un total de 679 izquierdistas han sido asesinados en el archipiélago desde que la presidenta asumiera su cargo.
La mayoría de las víctimas son militantes de grupos campesinos centrados en la consecución de la reforma agraria, de asociaciones juveniles y de otros sectores de la sociedad.
El grupo más golpeado por la espiral violenta es Bayan Muna (Pueblo Primero), que cuenta con tres parlamentarios, y que desde 2001 ha perdido a 104 de sus integrantes en asesinatos que permanecen sin ser esclarecidos por la justicia.
El congresista Satur Ocampo, uno de los fundadores de Bayan Muna, dijo al final de la manifestación de hoy que la intervención de la policía demuestra la dinámica «fascista» que mueve al Gobierno.
«El Gobierno de nuevo mostró sus fauces fascistas a quienes solo pedían el fin de los asesinatos políticos. El pueblo nunca se olvidará ni perdonará el bárbaro modo de tratar a sus adversarios y críticos», dijo Ocampo.
Bayan Muna es una de las formaciones políticas más críticas con el Gobierno de Macapagal Arroyo, a la que acusan, junto a otros grupos de la oposición, de ganar las elecciones de 2004 mediante un fraude a gran escala.
El pasado febrero, el Gobierno decretó el estado de emergencia nacional tras denunciar que había frustrado un golpe de Estado gestado por la derecha, la izquierda, militares descontentos y la guerrilla del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP).
Para Bayan Muna, esa supuesta conspiración carece de toda lógica y es una fabricación del Gobierno para zanjar la crisis abierta por las acusaciones de pucherazo y de paso desmantelar a esa formación, partidaria de una negociación con el NEP que acabe con más de 35 años de rebelión maoísta.