El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, firmó este jueves el veto a una parte de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, fundamentalmente la que despenaliza el aborto, según informaron fuentes oficiales. Tal y como había advertido, el presidente de la República vetó la ley y firmó la decisión junto con los ministros Héctor Lescano, de […]
El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, firmó este jueves el veto a una parte de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, fundamentalmente la que despenaliza el aborto, según informaron fuentes oficiales.
Tal y como había advertido, el presidente de la República vetó la ley y firmó la decisión junto con los ministros Héctor Lescano, de Turismo, y María Julia Muñoz, de Salud Pública.
La coalición de izquierda Frente Amplio colocó el asunto como grave y urgente en la sesión matutina, lo que generó una protesta del Partido Nacional, el principal de la oposición.
La ley se aprobó por 17 votos (todos de la coalición de izquierda Frente Amplio) contra once del Partido Nacional (Blancos) y dos de los Colorados.
La recién aprobada Ley de Salud Sexual y Reproductiva incluye la despenalización parcial del aborto durante los primeros tres meses de embarazo, por riesgo para la madre y penurias económicas.
En el país regía una ley de 1938 que castigaba con prisión a las mujeres que aborten y a quienes colaboren con el procedimiento. La práctica sólo estaba permitida en casos de violación o de riesgo de vida para la madre o el feto.
Un polémico proyecto
El pasado 5 de noviembre el proyecto recibió media sanción de la Cámara de Diputados, por 49 a 48, en medio de fuertes presiones de los pro y anti abortistas en las inmediaciones del Parlamento.
Luego, en la Cámara de Diputados se eliminó el artículo segundo, que declaraba «universales» los derechos sexuales y reproductivos y hablaba de una sexualidad «placentera» y «responsable».
Por esa razón, el proyecto de ley debió retornar al Senado, tras los cambios de los diputados.
Se calcula que en Uruguay se practican unos 33.000 abortos clandestinos al año.
Ahora, para salvar el veto presidencial, se requieren tres quintos de los integrantes de cada Cámara, senadores y diputados, reunidos en Asamblea General, es decir al menos 18 senadores y 60 diputados, en total 78 votos, que es bastante difícil de lograr.
En caso de que la Asamblea General no rechace expresamente la observación del Poder Ejecutivo, a los 30 días de la primera convocatoria al cuerpo legislativo para pronunciarse, el veto quedará automáticamente confirmado según la norma Constitucional.