Durante el último año, Japón ha estado sumido en una crisis política que culminó el pasado mes de junio con la dimisión del primer ministro Yukio Hatoyama nueve meses después de ganar las elecciones. El primer ministro no cumplió muchas de sus promesas electorales y su popularidad sufrió un duro revés a principios de este […]
Durante el último año, Japón ha estado sumido en una crisis política que culminó el pasado mes de junio con la dimisión del primer ministro Yukio Hatoyama nueve meses después de ganar las elecciones. El primer ministro no cumplió muchas de sus promesas electorales y su popularidad sufrió un duro revés a principios de este año debido a un escándalo causado por una serie de irregularidades en la financiación de su partido, pero la crisis dista mucho de ser un asunto meramente interno: la posición geoestratégica de Japón en Asia y las tensas relaciones del Gobierno de Hatoyama con Estados Unidos han desempeñado el papel principal. De hecho, lo que precipitó la caída de Hatoyama fue su incapacidad de cumplir la promesa de trasladar la base aérea estadounidense de Futenma fuera de la isla de Okinawa ante la feroz oposición de la administración Obama.
La histórica victoria del Partido Democrático de Japón (PDJ), de centro-izquierda, en las elecciones en agosto del año pasado supuso el final de más de cincuenta años de gobierno casi ininterrumpido del Partido Liberal Democrático (PLD), de centro derecha. Yukio Hatoyama ganó las elecciones con la promesa de introducir profundos cambios en la política japonesa: rebajar el poder de una burocracia casi omnipotente para aumentar el de los políticos y el pueblo, implantar reformas económicas para crear un estado del bienestar tras al neoliberalismo salvaje del PLD y, sobre todo, modificar la política exterior de Japón para acercarse más a los países de Asia oriental (con el objetivo a largo plazo de crear un mercado y moneda comunes) y reformular los estrechos vínculos con Estados Unidos para que ambos países llegaran a mantener unas relaciones en pie de igualdad y Japón dejara de desempeñar el papel de subordinado en una alianza que casi nadie, ni el propio Hatoyama, pone en duda en Japón.
El principal objetivo del Gobierno de Hatoyama con respecto a Estados Unidos era disminuir la cooperación militar entre ambos países. En enero puso fin a la operación de apoyo logístico a Estados Unidos y sus aliados en la guerra de Afganistán que la marina japonesa llevaba realizando desde hacía ocho años. A cambio, Hatoyama se comprometió a destinar cinco mil millones de dólares de ayuda para la reconstrucción civil de Afganistán. Además, el Gobierno japonés reconoció por primera vez en marzo la existencia de los acuerdos secretos firmados en los años sesenta por los que Japón permitía a Estados Unidos introducir armamento nuclear en el país, unos acuerdos ilegales que los gobiernos del único país del mundo que ha sufrido un bombardeo nuclear habían negado sistemáticamente hasta el momento. Aquella revelación era una clara declaración de intenciones muy clara: empezaba una nueva era en las relaciones entre ambos países.
El conflicto de Futenma
Estados Unidos miraba con desconfianza todas las decisiones del Gobierno de Hatoyama, pero había una que no estaba dispuesto a permitir bajo ningún concepto: la de desmantelar completamente la base aérea estadounidense de Futenma, situada en el centro de la ciudad de Ginowan, en Okinawa, sin construir otra base en la isla, lo que podría suponer el principio del fin de las bases norteamericanas en Japón y, por tanto, de una de las piezas fundamentales de su poderío militar en Asia oriental.
El PDJ ya había dejado clara su postura sobre las bases de Okinawa antes de las elecciones, por lo que, previendo el fin del Gobierno del PLD en Japón, Hilary Clinton se apresuró a cerrar un acuerdo definitivo con el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Nakasone Hirofumi. Ambos firmaron en febrero de 2009 el llamado «acuerdo internacional de Guam», según el cual, a cambio del cierre de Futenma, Japón se comprometía a construir una nueva base para Estados Unidos en Henoko, en la costa del norte de Okinawa, y a aportar más de seis mil millones de dólares para costear la construcción de unas instalaciones nuevas en Guam, es decir, en territorio estadounidense, para alojar a ocho mil marines procedentes de la base de Futenma.
El «acuerdo internacional de Guam» no sólo es profundamente injusto, ya que Japón debe costear la construcción de una base de un ejército extranjero en territorio estadounidense, sino que además es ilegal y anticonstitucional. Ilegal porque no tiene en cuenta un proceso abierto en un tribunal de San Francisco contra la construcción de la base en Henoko ni prevé el necesario estudio de impacto medioambiental, estudio que con toda seguridad impediría que se llevase a cabo el proyecto, ya que la construcción de la base supondría la destrucción del hábitat del dugongo, un mamífero marino en peligro de extinción. Inconstitucional porque según la Carta Magna japonesa se tendría que haber consultado a la población de Okinawa, que lleva años pidiendo el cierre de la base de Futenma y oponiéndose a su traslado a cualquier lugar dentro de su territorio, antes de firmar el acuerdo.
Ante la oposición al acuerdo por parte de la población de Okinawa y, sobre todo, del Partido Democrático de Japón, Hilary Clinton declaró el mismo día de la firma que se trataba de un acuerdo entre «dos naciones, independientemente de quién detente el poder» y negó que pudiera ser sometido a cualquier tipo de revisión por un futuro gobierno. Sin embargo, el Gobierno del PDJ anunció casi inmediatamente después de ganar las elecciones su intención de revisarlo y de cumplir con su promesa electoral de cerrar la base definitivamente. Comenzaba así un pulso entre los dos gobiernos sobre la base Futenma en el que, tras varios meses de fuertes presiones diplomática e incluso amenazas por parte de la administración Obama, el primer ministro Hatoyama se vio obligado a aceptar el «acuerdo internacional de Guam» y la construcción de la base en Henoko, tras lo cual dimitió de su cargo.
Lo único que se interpone ahora en el camino de Estados Unidos para construir la base en Henoko, además del ya mencionado proceso abierto en un tribunal de San Francisco, es la población de Okinawa, un 68 por ciento de la cual se opone rotundamente al traslado de la base de Futenma a cualquier otro lugar de la isla, y que ha organizado un sólido movimiento civil en contra de la presencia militar estadounidense en la isla.
Las bases estadounidenses en Okinawa
Estados Unidos mantiene una fuerte presencia militar en Japón desde el final de la segunda guerra mundial que le ha permitido proyectar su poderío militar en Asia oriental durante más de cinco décadas. De los poco más de 35.000 soldados estadounidenses que hay actualmente en Japón [pdf], más del 75 por ciento se hallan en las más de treinta instalaciones de la isla de Okinawa, la prefectura más meridional de Japón y también la más pobre.
Okinawa, que históricamente era el reino independiente de Ryukyu y no fue anexionada por Japón hasta 1879, fue el escenario de una de las últimas y más cruentas batallas de la segunda guerra mundial cuando en abril de 1945 unos 180.000 soldados aliados de Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron el mayor ataque anfibio del frente del Pacífico y combatieron a las tropas japonesas a sangre y fuego durante 82 días para tomar la isla. En aquella batalla quedó destruida la isla y murieron más de cien mil civiles entre el fuego indiscriminado de los aliados y el de unas tropas japonesas que desconfiaban de una población local cuyo dialecto a menudo no entendíaan.
En 1952 entró en vigor el «tratado de paz de san Francisco» entre las potencias aliadas y Japón. Okinawa estaba bajo administración directa de Estados Unidos y así quedaría durante los veinte años siguientes, en los cuales sus habitantes serían apátridas sin derechos mientras el ejército norteamericano situaría allí la base de operaciones del Mando del Pacífico. Con la excusa de defender a Japón de un hipotético ataque de sus vecinos comunistas soviéticos y chinos, Estados Unidos utilizaría la isla para librar la guerra de Corea y después la de Vietnam.
Estados Unidos devolvió Okinawa a Japón en 1972, pero no disminuyó en absoluto su presencia militar en la isla. El acuerdo firmado por ambos países para regular las bases es sumamente ventajoso para Estados Unidos. Aunque la ley japonesa es aplicable a los estadounidenses que se encuentren en su territorio, los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses no están sujetos a las leyes y regulaciones de visados y pasaportes japoneses, lo que en la práctica significa que el ejército estadounidense puede evacuar del país a los soldados acusados de haber cometido cualquier delito en Japón, como ha ocurrido en numerosas ocasiones. Además, Estados Unidos no está obligado a pagar a Japón por mantener las bases. Al contrario, es Japón el que paga la mayor parte de las facturas; en 2001, por ejemplo, desembolsó más de cuatro mil millones de dólares (un 75 por ciento del total) para sufragar los gastos militares de Estados Unidos en su territorio.
Las bases han tenido un impacto enormemente negativo en la isla [pdf]: desde el deterioro medioambiental hasta las repercusiones económicas negativas en la población local (en torno a 1,3 millones de habitantes), pasando por la contaminación acústica y los elevados niveles de delincuencia de unas fuerzas armadas a las que las leyes locales son casi ajenas en la práctica. Durante todos estos años, han sido frecuentes los episodios de violencia protagonizados por soldados estadounidenses, precisamente fue uno de ellos el detonante del movimiento ciudadano masivo en contra las bases que continúa en activo hasta la actualidad .
En 1995, dos marines y un soldado de la marina raptaron y violaron a una niña de doce años en una playa al norte de la isla. El suceso (que no es un caso aislado en absoluto) provocó la ira de los habitantes de Okinawa, que salieron a las calles para pedir el desmantelamiento de las bases. Ante las presiones populares, Estados Unidos y Japón crearon un comité conjunto para estudiar la situación que decidió desmantelar once instalaciones militares, y el traslado de la base aérea de Futenma, la cual, además de encontrarse en medio de una zona densamente poblada, se había quedado obsoleta. Cada uno de los dos gobiernos propuso un emplazamiento diferente para la base y fue finalmente la propuesta de Estados Unidos, en Henoko, la que prevaleció diez años después y, pese a la oposición de la población y de grandes personalidades de la cultura japonesa como el escritor Kenzaburo Oé, el Gobierno japonés del Partido Liberal Democrático decidió respaldar a Estados Unidos. Con el nuevo Gobierno, sigue prevaleciendo la voluntad de Washington y el nuevo primer ministro tras la dimisión de Hatoyama, Naoto Kan, es mucho más complaciente con los deseos de Estados Unidos que su predecesor.
La evolución militar japonesa
En agosto, tras la dimisión del primer ministro Yukio Hatoyama y con la popularidad de las fuerzas armadas estadounidenses en uno de sus puntos históricos más bajos en Japón, el Pentágono decidió publicar en Internet un comic manga para promover la alianza militar entre Estados Unidos y Japón, que este año cumple su quincuagésimo aniversario. El cómic, titulado «Nuestra alianza», está protagonizado por una niña japonesa y un niño estadounidense que «protege la casa» de la niña porque ambos mantienen «una alianza» y son «importantes amigos». Aparte de la condescendiente ramplonería de la idea y de la involuntaria y cruel ironía de la elección de los sexos de los protagonistas, teniendo en cuenta las numerosas violaciones sufridas por mujeres japonesas a manos de soldados estadounidenses, el mensaje del cómic es totalmente falso: ni Estados Unidos está en Japón para protegerlo, ni Japón necesita a Estados Unidos para asegurar su protección.
Según el artículo 9 de la Constitución de Japón el país se compromete expresamente a no mantener ningún tipo de fuerzas armadas y el Estado renuncia a su derecho de beligerancia. La constitución fue dictada por Estados Unidos durante la ocupación del país tras la segunda guerra mundial, y ese artículo se introdujo con el propósito de que Japón nuca volviera a erigirse en una potencia militar expansionista, pero fueron pocos los japoneses que objetaron tras los horrores de la guerra.
Pese a que Japón se convirtió en un país pacifista y su Carta Magna así lo refleja, poco a poco ha llegado a tener uno de los ejércitos más potentes y mejor equipados del mundo. En la actualidad, las fuerzas armadas japonesas cuentan con 240.000 efectivos, más que el Reino Unido, y el Estado japonés llegó a dedicar 46 mil millones de dólares al gasto militar en 2008 , un 1 por ciento del Producto Interior Bruto del país, lo que convierte a Japón en el séptimo país del mundo que más dinero destina a ese tipo de gasto.
La evolución de una nación que renunció al derecho a tener un ejército hasta llegar a tener unas fuerzas armadas convencionales comenzó en cuanto triunfó la revolución comunista china en 1949, entonces Estados Unidos cambió de idea sobre un Japón desmilitarizado y comenzó a presionar para rescindir el artículo 9 de la Constitución. Las presiones dieron resultado en 1954, cuando se crearon las Fuerzas de Autodefensa de Japón para «proteger la paz e independencia de Japón contra cualquier amenaza directa o indirecta».
Durante muchos años, las Fuerzas de Autodefensa se limitaron a participar en misiones humanitarias para la ONU en lugares en los que no hubiera combates, pero en enero de 2004 el presidente Junichiro Koizumi decidió enviar tropas a Iraq a petición de la administración Bush. Los quinientos cincuenta soldados japoneses destacados en una lujosa y sofisticada base a algo más de doscientos kilómetros al sur de Bagdad tenían prohibido combatir, su misión era humanitaria y, según Koizumi no se hallaban en una zona de combate (aunque según Estados Unidos todo Iraq lo era), pero el Gobierno japonés había violado la constitución al hacer partícipes a sus tropas en una guerra de agresión, que además era ilegal.
La actitud de Koizumi no es más que un reflejo del sometimiento militar, diplomático y político de Japón a Estados Unidos a lo largo de los últimos cincuenta y cinco años. Durante todo ese tiempo, Japón ha sido un estado cliente de la mayor potencia del mundo, a veces actuando en contra de sus principios y sus intereses. Ahora que China se presenta como una potencia emergente, probablemente imparable, Estados Unidos está menos dispuesto que nunca a permitir que Japón se escape de su órbita y a perder su influencia en Asia oriental. El primer ministro Yukio Hatoyama planteó el mayor desafío al dominio estadounidense en Japón desde el final de la segunda guerra mundial y perdió. El Gobierno del «Yes, we can» y el «change you can believe in» le hizo pagar muy caro la osadía de querer introducir los cambios que demandaba su electorado.