¿Se da una relación entre el expansionismo militar y el lucro mercantil? El centenar de mayores compañías de armas y servicios militares del mundo aumentaron, en 2023, los ingresos por venta de material de guerra en un 4,2% respecto a 2022.
A partir de los datos del Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), publicados el pasado 2 de diciembre, el Grup Antimilitarista Tortuga resaltó que las ventas totales alcanzaron 632.000 millones de dólares en 2023.
Se da la circunstancia que, en este capítulo, 41 empresas con sede en Estados Unidos –situadas entre las 100 mayores del sector- sumaron 317.000 millones de dólares el pasado año; entre las principales figuran Lockheed Martin, RTX o Northrop Grumman.
La Unión Europea (UE) no es ajena a la creciente militarización; en septiembre de 2024, el Centre Delàs de Estudios por la Paz y la Red Europea contra el Comercio de Armas (ENAAT) llegaron a la misma conclusión en el Informe Por una política de paz y desarme en Europa:
“El presupuesto militar europeo ha alcanzado cifras récord en 2023, cuando llegó a 289.300 millones de euros en gasto militar, lo que representó un aumento del 21,3% respecto a 2022”; asimismo Europa es, tras Estados Unidos, el segundo exportador mundial de armas (36.000 millones de euros en 2022, de los que 4.800 millones tuvieron Ucrania como destino).
Tal vez una expresión de la tendencia señalada pueda observarse a otra escala en las ciudades; en concreto, por la introducción/aplicación en el espacio urbano de medidas seguritarias, para así hacer frente a desigualdades y conflictos.
Difundido en pasado 14 de noviembre, un Informe del Centre Delàs en colaboración con el Institut de Drets Humans de Catalunya (Securitización en las ciudades) aborda la cuestión a partir de cuatro ejemplos: Los Ángeles, París, Barcelona y Jerusalén.
El artículo sobre la ciudad californiana de 3,7 millones de habitantes –Segregación y expulsión en la ciudad multirracial global-, de Ainhoa Ruiz Benedicto, parte de Los Ángeles como objeto de consumo y recoge una denuncia de la organización Street Watch LA: en 2022 las detenciones de personas sin techo se incrementaron un 49% respecto a 2021.
Asimismo, “se producen brutales batidas policiales para expulsar a las personas sin hogar del espacio público o de la ciudad”.
Otro ejemplo apuntado por la investigadora es la actuación policial –con el despliegue de unidades de élite- denominada Operación Martillo, en 1988; fueron detenidos más de 1.400 jóvenes de barrios racializados; la mayor parte de los arrestos tuvo como origen delitos menores.
En 2021, la represión policial estuvo asociada al desalojo de un campamento (autoorganizado) de ciudadanos sin casa en Echo Park (parque y lago de Los Ángeles); activistas de movimientos sociales protestaron contra la expulsión, circunstancia que motivó numerosas detenciones.
La investigación recoge diversos casos de desequilibrio; por ejemplo, la diferencia del valor de la vivienda de un propietario blanco y el de una comunidad racializada pasó de cerca de 20.000 dólares en 1960, a 150.000 dólares en 2015.
“Históricamente, y de manera continuada, se ha otorgado más territorio para desechos y residuos en barrios racializados que en blancos, lo que ha impactado en el precio de la vivienda, en la salud y el bienestar de estas comunidades”, subraya Ainhoa López Ruiz; añade que en el último quinquenio –entre 2018 y 2023-, el precio de la vivienda en Los Ángeles ha aumentado un 30%.
El artículo se apoya en textos como Ciudad de cuarzo: Arqueología del futuro en Los Ángeles (2023), del geógrafo marxista Mike Davis; el activista estadounidense desarrolla en el libro la idea de una ciudad para las élites, a cuyo servicio actuaría la maquinaria policial.
Pero no sólo se trata de las fuerzas de seguridad públicas; un cometido similar –mantener la segregación espacial- tienen los guardias de seguridad privada que contratan las comunidades de las White Citadels.
Con la participación de de 206 países, París fue la sede de los Juegos Olímpicos en el verano de 2024; éste es el punto de partida de un artículo de Anna Montull García sobre la securitización de las personas migradas; la autora destaca, citando al periódico Le Figaro, que en las fechas cercanas a las Olimpiadas estaba prevista la movilización de cerca de 45.000 policías, en la jornada inaugural; y de 35.000 agentes cada día del gran evento.
El documento del Centre Delàs añade, al citado despliegue, el de al menos 18.000 militares y entre 18.000 y 22.000 guardias privados.
Cuestión diferente es la legislación, también prevista para los Juegos Olímpicos, sobre el establecimiento de sistemas de algoritmos en las cámaras de vigilancia; la medida seguritaria tenía como destino tanto París como otros municipios franceses.
“Estas tecnologías amplifican la actuación policial racista y amenazan el derecho a la protesta”, declaró la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnés Callamard (Las tecnologías de vigilancia invasiva para las Olimpiadas podrían abrir la puerta a un futuro distópico, marzo 2023).
En otro de los apartados, Marc Díaz Planas y Mar Ortega Jordà abordan el caso del top manta en Barcelona; señalan ejemplos como las acciones de la Policía Portuaria y los Mossos d’Esquadra contra las personas dedicadas a la venta ambulante, en las cercanías del Port Vell.
O también los policías emplazados en la Plaça Catalunya y el Intercambiador multimodal de Cercanías y metro; el objetivo de la presencia policial permanente es que los vendedores, a quienes se requisan productos e imponen sanciones, abandonen la zona.
Las autoras citan, como elemento de contexto, la Estrategia de Inclusión publicada en 2015 por el Ayuntamiento de Barcelona; el documento municipal señala que al top manta se dedican -principalmente- jóvenes que proceden de Senegal y en situación considerada (por las Administraciones) irregular; las ventas se realizan sobre todo en las calles turísticas.
En cuanto a Jerusalén, capital Palestina sometida a la ocupación sionista, concluyen Dúnia Camps-Febrer y Max Carbonell Ballestero:
“En cada momento de protesta o resistencia se activan todas las fuerzas israelíes, militares, policiales y civiles, a la vez que intensifican las detenciones masivas, a menudo basadas en algoritmos que controlan las redes sociales de la población palestina”.
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