La llamada desinversión de Shell en el delta del Níger, en Nigeria, es una maniobra calculada para eludir rendir cuentas, que deja tras de sí una devastación tanto medioambiental como económica.
A principios de 2024 Shell anunció sus planes de vender todos sus intereses petroleros y de gas en el Delta del Níger, en Nigeria, con el fin a concluir su salida de esta conflictiva zona, un proceso que empezó hace más de una década. La palabra “desinversión” se utiliza a menudo para estas ventas de acciones y de activos que afectan a todas las grandes corporaciones occidentales de petróleo y gas que obtuvieron enormes beneficios explotando durante décadas el “petróleo crudo dulce”. Las autoridades de regulación nigerianas autorizaron hace poco la venta de las participaciones terrestres que quedaban del gigante italiano ENI a empresas registradas en Nigeria.
El anuncio que Shell hizo en enero es el que más atención atrajo de todos estos acuerdos y provocó las protestas de las comunidades que han padecido estas últimas décadas el impacto de la contaminación. Una petición pública por parte de grupos de afectados pidió a los organismos reguladores nigerianos rechazar la venta de acciones, que calificaba de sofisticada estafa de la empresa para eludir sus responsabilidades valoradas en miles de millones de dólares debido a décadas de destrucción del medio ambiente, de la salud y de medios de subsistencia. Al vender sus intereses en el delta del Níger a Renaissance (un consorcio que al parecer crearon antiguos ejecutivos de Shell en Nigeria y personas vinculadas al poder estatal) Shell transfiere su responsabilidad a entidades que no tienen capacidad ni motivación para emprender la enorme tarea de descontaminación que habría que emprender.
El trasferir el coste real de la producción de combustibles fósiles a los Estados y a la ciudadanía, incluidas algunas de las personas más vulnerables, es parte integral del Big Oil [las Grandes Petroleras, las siete mayores empresas del petróleo del mundo]. Aparte del impacto que la extracción de petróleo tiene en el calentamiento global, succiona la vida de las tierras y de las personas que habitan en los lugares de extracción. El ejemplo más flagrante de ello es probablemente el delta de Níger en Nigeria, donde se ubican algunos de los centros de extracción de combustibles fósiles más devastados desde el punto de vista medioambiental del mundo. En el delta del Níger las empresas internacionales de petróleo y gas han eludido durante mucho tiempo su responsabilidad respecto a los monumentales niveles de contaminación calificados de “genocidio medioambiental” en un reciente informe de la Comisión de Petróleo y Medio Ambiente del Estado de Bayelsa (BSOEC, por sus siglas en inglés). La indignación por esta situación en el delta del Níger, además de la preocupación por el cambio climático, es lo que ha provocado los llamamientos a las empresas de combustibles fósiles a desinvertir a favor de combustibles más limpios.
Sin embargo, Shell y las demás corporaciones no están desinvirtiendo de Nigeria. Al mismo tiempo que abandonan sus actividades en tierra, Shell y ENI aumentan sus inversiones en perforaciones en aguas profundas del Golfo de Guinea, lejos de las comunidades y donde prácticamente no existe la notoriamente laxa regulación gubernamental.
La historia de Shell en Nigeria pone de manifiesto unas realidades complejas y preocupantes que se remontan a la década de 1930, durante el dominio colonial británico. Desde un principio Shell formó parte de la estrategia del Imperio [británico] de explotación de los recursos. Desde entonces, Shell ha dominado la industria petrolera de Nigeria y la empresa estableció unos fuertes vínculos con los sucesivos gobiernos nigerianos, incluidas algunas de las dictaduras militares más brutales y corruptas. Este legado permitió a Shell actual casi con impunidad total y adoptar unas prácticas temerarias de reducción de costes que dañaron gravemente el medio ambiente, a las comunidades y las economías locales. En la década de 1990 Bopp Van Dessel, un responsable de estudios medioambientales de la Shell Holandesa destinado en Nigeria, dimitió rápidamente tras quedar horrorizado por el total desprecio de la empresa por las normas medioambientales más básicas. En palabras de Van Dessel, “todas las explotaciones de Shell que vi estaban contaminadas”.
La situación incluso empeoró cuando la empresa se enfrentaba a un cada vez mayor escrutinio mundial con la campaña de boicot de Shell. Esta campaña, que se llevó a cabo en Occidente, estuvo motivada en gran parte por la fuerte resistencia de las comunidades del delta del Níger, sobre todo el pueblo ogoni, cuyo líder Ken Saro-Wiwa encabezó el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP, por sus siglas en inglés). La lucha del pueblo ogoni atrajo la atención del mundo sobre el devastador impacto medioambiental tanto de los vertidos de petróleo, de la quema de gas y del vertido de residuos de Shell, como de la explotación más general de los recursos de Nigeria. Sin embargo, a pesar de la cada vez mayor condena internacional, la actividad de Shell siguió devastando el delta del Níger puesto que el gobierno nigeriano carecía de voluntad política para exigirle responsabilidades y debido a la complicidad de los gobiernos nacionales de la empresa, el británico y el holandés. La junta militar nigeriana de la época, que contaba con el apoyo material y el respaldo de Shell, suprimió brutalmente la resistencia local, e incluso ejecutó a Saro-Wiwa y a otros ocho activistas ogoni en 1995. En aquel momento Shell estaba obteniendo del delta del Níger sus mayores beneficios mundiales.
A raíz de las protestas de la sociedad, estudios científicos como el informe de 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre Ogonilandia y el informe 2023 del BSOEC sacaron a la luz una enorme contaminación del suelo debido a los constantes vertidos de petróleo que han dejado yermas amplias zonas agrícolas, lo que ha privado a las comunidades locales de su principal medio de vida. El suelo contaminado, que está saturado de hidrocarburos, ha dejado vastas extensiones de tierra tóxicas e inutilizables para la agricultura. Las fuentes de agua potable también se han visto muy dañadas. El informe del BSOEC documentó unos niveles alarmantes de sustancias tóxicas: en el estado de Bayelsa se detectaron unos niveles de cromo cancerígeno más de 1.000 veces superiores a los que la Organización Mundial de la Salud considera seguros. Estas conclusiones corroboran el informe del PNUMA, que descubrió que las concentraciones de benceno en el agua potable de Ogonilandia eran 900 veces superiores a los límites de seguridad de la OMS, una cifra escandalosa. La contaminación del aire agrava el problema, dado que la quema rutinaria de gas asociado libera continuamente a la atmósfera cócteles de sustancias nocivas que provocan todo tipo de problemas de salud, desde problemas respiratorios hasta cánceres.
El informe del PNUMA de 2011 calculó que solamente para limpiar completamente Ogonilandia se necesitarían al menos mil millones de dólares y se tardaría más de 30 años en terminar, mientras que el BSOEC calculó que abordar los daños ambientales en Bayelsa requeriría una inversión mínima de mil millones de dólares anuales durante un período de 12 años. Ogoniland y Bayelsa no son sino una parte del delta del Níger, lo que sugiere que el coste de rehabilitar toda la región sería exponencialmente mayor.
No es nuevo para Shell vender activos a empresas indígenas con el objetivo de librarse de su responsabilidad por haber contaminando. En 1985 la empresa vendió su refinería de Curaçao al gobierno local por un dólar simbólico y con un contrato de venta que garantizaba que Curaçao nunca podría exigir responsabilidades a Shell por la contaminación, pasada o presente. Décadas después Curaçao sigue lidiando con un paisaje totalmente contaminado, un legado de la actividad de Shell que dejó tras de sí suelos contaminados, emisiones tóxicas y una carga económica que la isla sigue soportando. Este modelo de desinversión de activos, disfrazado de un paso hacia la sostenibilidad, es un ejemplo de la estrategia de Shell de externalizar sus responsabilidades medioambientales a Estados y comunidades debilitados, mientras que maximiza sus beneficios y mantiene una imagen de responsabilidad corporativa.
El paso que Shell acaba de dar en Nigeria supondría el sello final de la privatización de las empresas conjuntas de Big Oil y el Estado, controladas ahora por una red de agentes de poder que van desde la presidencia hasta los matones locales. Estos poderes han creado un sistema en el que las élites se apoderan de la riqueza de los recursos mientras las comunidades que padecen los peores efectos de la extracción de fósiles siguen siendo pobres, están contaminadas y carecen de poder.
Una sombría realidad salió a la luz en una reciente reunión en Abuja con el director de la Nigerian National Petroleum Corporation Limited (NNPC): la llamada empresa nacional de la energía, que desde hace tiempo es una burocracia destinada a robar la riqueza pública, está al borde del colapso. Ese alto cargo dijo lo que todos sabemos: la industria petrolera nigeriana es una estafa generalizada. Resulta sorprendente que los oleoductos y los gaseoductos lleven décadas funcionando sin un sistema de medición, lo que impide a las autoridades reguladoras determinar con exactitud el volumen de petróleo que llega a las terminales de exportación. Esta arraigada opacidad ha permitido el descomunal robo de petróleo tanto por parte de empresas petroleras internacionales como de agentes estatales, al tiempo que ambos se quejan hipócritamente de los robos a menor escala vinculados a refinerías artesanales.
Aunque las refinerías artesanales son visibles y a menudo se les culpa de la contaminación, ocultan la devastación medioambiental causada por Shell y otras grandes empresas. Al permitir que proliferen estas operaciones informales, el Estado, Shell y otras empresas petroleras internacionales evitan convenientemente rendir cuentas de sus propios robos y del papel que desempeñan en la destrucción del medio ambiente. Echan la culpa a las comunidades empobrecidas que se ven obligadas a recurrir al refinado artesanal debido a la pobreza sistémica, la falta de acceso a la energía en los lugares de extracción y la ausencia de alternativas económicas viables. Este mecanismo corrupto desvía la atención de fallos estructurales más profundos y deja impunes a los verdaderos culpables, al tiempo que las comunidades del delta del Níger siguen soportando el peso de esta explotación.
Mientras los ecologistas presionan para que se lleve a cabo la descarbonización, el delta del Níger lanza un duro aviso: si en el ámbito local no se exigen responsabilidades medioambiental ni se dan indemnizaciones a las comunidades afectadas, la transición energética no puede ser justa ni completa.
Es innegable que desinvertir de combustibles fósiles es fundamental para hacer frente al cambio climático. No obstante, no se puede dejar atrás a las comunidades más castigadas por la extracción mientras tratamos de lograr nuestros objetivos de descarbonización. Una transición justa debe incorporar un marco de desinversión justo que dé prioridad a las indemnizaciones, a la recuperación del medioambiente y al desarrollo sostenible de esas mismas comunidades cuyas tierras y vidas han sido devastadas a causa de los beneficios de los combustibles fósiles. La energía verde no se puede convertir en otro capítulo de una larga historia de desigualdad. No se debe permitir que persista en el futuro la misma dinámica de poder que permitió la extracción de combustibles fósiles.
No se debe dejar a Shell que simplemente haga las maletas, ponga fin a su actividad en el delta del Níger, y deje abandonadas a las personas y a las comunidades que han soportado décadas de daño medioambiental y social. Una salida responsable exige que Shell cumpla con sus obligaciones con la tierra de la que se ha beneficiado y se haga cargo del catastrófico legado de su actividad. Esto debe incluir en primer lugar una reparación medioambiental integral. Shell debe pagar todo el coste de la limpieza de la contaminación del suelo, el agua y el aire. Estas tareas deben cumplir unas normas rigurosas e implicar una verificación independiente para garantizar una recuperación completa. En segundo lugar, debe incluir indemnizaciones: es esencial que se compensen las crisis sanitarias, las pérdidas económicas y los trastornos sociales provocados por la actividad de Shell.
El delta del Níger es un testimonio de la urgente necesidad de un planteamiento de la transición energética centrado en la justicia y que dé prioridad al bienestar de quienes han soportado los costes medioambientales y sociales de la extracción de combustibles fósiles. La acción climática es incompleta si no se aborda el coste humano de la extracción. Después de los constatados fracasos de la COP29 de Bakú, el debate sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático debe abordar la dura realidad a la que se enfrentan las comunidades en las que ha habido actividad extractiva y hacer que las empresas petroleras asuman sus responsabilidades: ¡quien contamina paga!
Isaac «Asume» Osuoka es un académico y activista nigeriano, coordinador de Acción Social Internacional, que desde hace treinta años desempeña trabaja activamente en los ámbitos de la democracia y la justicia medioambiental.
Texto original: https://africasacountry.com/2024/12/shells-exit-scam
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