De acuerdo a una nota de la Agencia EFE los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania han oficializado el proceso de retirada del Tratado de Ottawa o la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona la que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona. También Ucrania, Polonia y Finlandia han anunciado planes para hacer lo mismo.
Esta decisión es un retroceso y un claro peligro para la población civil si es que nuevamente se usan este tipo de armas en sus fronteras las que, hoy por hoy, producto de los conflictos en curso, son transitadas por la misma población o por migrantes que justamente quieren escapar de la guerra o la pobreza. Se conoce que el 80 % de las personas que mueren o quedan discapacitadas a causa de las minas terrestres son civiles y muchas veces niños.
De acuerdo con la Cruz Roja Internacional “La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (“Tratado de Ottawa”) forma parte de la respuesta internacional al sufrimiento generalizado que producen las minas antipersonal. La Convención se basa en normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario aplicables a todos los Estados. Estas normas prohíben el empleo de armas que, por su índole, no distingan entre personas civiles y combatientes o causen sufrimientos innecesarios o daños superfluos. La Convención se abrió a la firma el 3 de diciembre de 1997 en Ottawa y entró en vigor el 1 de marzo de 1999”.
En un comunicado de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL), coalición de ONG fundada en 1992 y ganadora del Premio Nobel de la Paz, sobre la retirada de los países bálticos, anunciada en la última reunión de los Estados parte del tratado, “representa un retroceso sin precedentes en un acuerdo de desarme humanitario que ha salvado innumerables vidas desde su adopción 1997”, señalaron.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, según la nota de EFE, “firmó un decreto el 29 de junio para retirarse del tratado, aunque éste prohíbe que los Estados lo abandonen si se encuentran en conflicto”. Ucrania había ratificado el Tratado de Ottawa en 2005.
La organización Handicap International, con sede en Francia y Bélgica, lamentó en otro comunicado la decisión ucraniana.
“Las minas antipersonal causan contaminación a largo plazo y representan graves riesgos para la población civil. A nivel mundial, más del 84 % de las víctimas de minas terrestres son civiles. El uso de estas armas pone en peligro vidas no solo durante los conflictos, sino también durante décadas posteriores, lo que dificulta la reconstrucción, el retorno seguro de las comunidades desplazadas y la consolidación de la paz a largo plazo. Instamos a Ucrania y a todos los Estados a que respeten las normas humanitarias internacionales y prioricen la protección de los civiles por encima de todo. Nos preocupa profundamente la decisión de Ucrania de retirarse del Tratado sobre la Prohibición de Minas Antipersonal. Además, la Convención no autoriza la retirada de la Convención de Ottawa durante un conflicto armado activo., señaló la ONG Handicap International.
¿Por qué es necesario prohibir las minas antipersona?
“Las minas antipersonal no pueden distinguir entre soldados y personas civiles y suelen matar o mutilar gravemente. Al ser relativamente baratas, pequeñas y de fácil manejo, han proliferado por decenas de millones, causando indecibles sufrimientos y devastando social y económicamente a docenas de países en todo el mundo. Dado que resulta mucho más fácil colocarlas que retirarlas, ha sido difícil o imposible utilizar esta arma de conformidad con las normas del derecho internacional humanitario en la mayoría de los conflictos en que se ha empleado”, indica la Cruz Roja Internacional.
Para Shabia Mantoo, portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), “la presencia de minas y otros artefactos explosivos sigue causando un elevado número de muertes y lesiones graves, que a menudo provocan discapacidades permanentes, con un impacto desproporcionado en los niños, las personas con discapacidad y las personas que se ven obligadas a regresar en condiciones desesperadas», señaló a IPS .
De acuerdo a la ONU, “más de 143.000 personas han muerto o han resultado heridas a causa de la explosión de minas antipersona u otro tipo de artefactos terrestres entre 1999 y 2020”.
El caso de Chile
En el caso de Chile, por ejemplo, Chile suscribió la Convención de Ottawa el 3 de diciembre de 1997 y el 10 de septiembre de 2001 depositó el instrumento de ratificación ante el Secretario General de las Naciones Unidas. En función de este compromiso posteriormente creó la Comisión Nacional de Desminado (CNAD).
De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores el año 2020 “Chile culminó las operaciones de desminado humanitario, despejando todos los campos minados del territorio nacional. En total, se trató de 200 áreas, en las que fueron destruidas 179.815 minas y liberados más de 27 millones de m2, trabajo especializado en terreno que concluyó el pasado 27 de febrero”.
“Las minas (estaban) ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Magallanes, así como, la identificación de un campo minado en la región de Valparaíso y de un área considerada de peligro por contener posiblemente estos artefactos, en la región Metropolitana, fueron el centro de las áreas de trabajo” de la CNAD, señala un informe de Blanca Bórquez Polloni.
En la actualidad, 164 países habían suscrito el tratado: todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como la mayoría de los países africanos, asiáticos y americanos. En cambio, Rusia, China, India, Estados Unidos e Israel figuran entre los que no han suscrito el Tratado de Ottawa.
Pablo Ruiz es integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile y editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org.