Al evocar la justicia social en China conviene evitar tanto la visión triunfalista que identifica automáticamente el ascenso geopolítico del país con la resolución de sus problemas internos a este nivel como la visión opuesta que interpreta cualquier dificultad social como síntoma de una crisis inminente. La realidad es más compleja. En cualquier caso, el punto de partida nos remite a que la contradicción principal de la China actual ya no es entre crecimiento y atraso, sino entre poder nacional y cohesión social.
En los últimos años, China ha logrado éxitos extraordinarios en industrialización, innovación tecnológica, infraestructuras y reducción de la pobreza, pero la construcción de una sociedad de prosperidad relativamente homogénea para más de 1.400 millones de habitantes constituye una tarea de una escala histórica sin precedentes.
Si la etapa de Deng Xiaoping estuvo marcada por la consigna de «hacerse rico es glorioso», y las décadas posteriores por la incorporación de China a la globalización y su conversión en una potencia económica, con Jiang Zemin exacerbando aquella tendencia y Hu Jintao alentando una corrección vía reivindicación de una “sociedad armoniosa”, la era de Xi Jinping afronta el desafío de transformar el poder nacional acumulado en bienestar social compartido. La cuestión ya no es únicamente cuánto crece China, sino quién se beneficia de ese crecimiento y en qué medida la modernización tecnológica, industrial y estratégica es capaz de traducirse en una prosperidad efectivamente común.
Hoy, se diría que los mayores obstáculos para la prosperidad común proceden precisamente de los éxitos del propio modelo. La robotización, la automatización, la sofisticación tecnológica y la concentración de recursos en sectores estratégicos son esenciales para competir con Estados Unidos y mantener el crecimiento, pero al mismo tiempo pueden dificultar la absorción laboral, aumentar determinadas brechas de renta y retrasar la expansión del consumo interno.
Una cuestión central
La prosperidad común ocupa un lugar central en el proyecto político de Xi Jinping. No se trata únicamente de mantener más o menos elevadas tasas de crecimiento económico, sino de culminar la transformación de China en una sociedad moderna, avanzada y relativamente acomodada, capaz de sostener el rejuvenecimiento nacional y consolidar su posición como gran potencia del siglo XXI. En el discurso oficial, este enfoque constituye una de las características definitorias de la modernización al estilo chino y uno de los rasgos que la diferencian de la experiencia occidental.
Xi Jinping ha insistido repetidamente en esta idea. En un discurso pronunciado ante altos cuadros del PCCh y posteriormente reproducido por la revista Qiushi, afirmó que la prosperidad común de todo el pueblo es una característica esencial de la modernización china. Frente a un modelo occidental que, según la interpretación oficial, estaría orientado a la maximización del beneficio y favorecería la concentración de riqueza, la vía china aspira a combinar crecimiento económico, fortaleza nacional y mejora progresiva del bienestar colectivo.
Sin embargo, precisamente ahí reside una de las principales contradicciones de la China contemporánea. Los avances en materia de poder económico, tecnológico y estratégico han sido extraordinarios, pero la reducción de las desigualdades y la construcción de un sistema de bienestar equiparable al de las economías desarrolladas avanzan a un ritmo considerablemente más lento.
La publicación, el 22 de mayo de 2026, de la «Opinión sobre la implementación de la prestación de servicios públicos básicos en el lugar de residencia permanente» constituye una muestra significativa de esta realidad. El documento desarrolla uno de los compromisos asumidos tras el Tercer Pleno del XX Comité Central y establece que los gobiernos locales deberán proporcionar servicios públicos esenciales a los residentes habituales con independencia de su estatus de hukou, el sistema de registro domiciliario que durante décadas ha dividido a la población entre ciudadanos urbanos y rurales.
La reforma supone un avance relevante. Facilita el acceso de millones de trabajadores migrantes a la educación, la vivienda pública de alquiler, los servicios de empleo, la atención social, el cuidado de mayores o las ayudas a personas con discapacidad. También promueve programas piloto de reconocimiento mutuo de permisos de residencia en algunas de las áreas metropolitanas más dinámicas del país, como la región Beijing-Tianjin-Hebei, el delta del Yangtsé o la Gran Área de la Bahía.
No obstante, la medida ilustra igualmente los límites de la actual estrategia. El documento no modifica el sistema de hukou en sus aspectos fundamentales ni elimina las profundas diferencias existentes entre los sistemas de protección social urbanos y rurales. Tampoco altera significativamente los mecanismos de acceso a las pensiones, la sanidad o la educación superior, ámbitos donde persisten importantes desigualdades territoriales y administrativas.
Las cifras son elocuentes. En 2022, la pensión media de los residentes urbanos y rurales integrados en los regímenes básicos apenas rondaba los 205 yuanes mensuales, mientras que la correspondiente a los empleados urbanos superaba los 3.600. La diferencia, cercana a una proporción de 17 a 1, refleja la magnitud de las brechas acumuladas durante décadas de crecimiento desigual. Extender niveles homogéneos de protección social a una población de alrededor de 360 millones de personas que viven fuera de su lugar oficial de registro constituye una tarea de enorme complejidad financiera y administrativa.
De hecho, algunos economistas chinos han advertido de la insuficiencia de las medidas adoptadas. Tras el Tercer Pleno de 2024, Liu Shijin, antiguo subdirector del Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado, propuso un programa de estímulo centrado en los servicios públicos básicos que alcanzaría los 10 billones de yuanes, equivalente aproximadamente al 7 % del PIB anual. La propuesta pretendía convertir la integración de los trabajadores migrantes en uno de los principales motores de una nueva etapa de desarrollo. Las reformas finalmente aprobadas avanzan en esa dirección, pero están lejos de representar un esfuerzo de semejante magnitud.
Esta situación pone de manifiesto una disonancia creciente entre las prioridades estratégicas y las necesidades sociales. Durante los últimos años, China ha destinado enormes recursos a sectores considerados fundamentales para la competencia global como la inteligencia artificial, semiconductores, computación cuántica, robótica avanzada, energías renovables o industria aeroespacial. La apuesta responde a necesidades reales derivadas de la rivalidad tecnológica con Estados Unidos y de la búsqueda de una mayor autosuficiencia económica.
Sin embargo, estas prioridades no siempre se acompasan con los objetivos de redistribución y cohesión social. El fortalecimiento de la capacidad industrial y tecnológica nacional no se traduce automáticamente en una reducción de las desigualdades. En algunos casos incluso puede contribuir a acentuarlas. La rápida robotización de la economía china constituye un buen ejemplo. Aunque mejora la productividad y refuerza la competitividad internacional de las empresas, también reduce la demanda de mano de obra poco cualificada, precisamente el segmento laboral donde se concentran muchos trabajadores migrantes, protagonistas del milagro económico chino durante las últimas décadas.
La evolución del consumo y el ahorro refleja igualmente estas tensiones. Mientras la tasa de ahorro respecto al PIB ha aumentado de forma sostenida, alcanzando aproximadamente el 44 % en 2024, el peso del consumo en la economía ha descendido significativamente en comparación con décadas anteriores. Esta tendencia limita la capacidad de China para construir un modelo de crecimiento más equilibrado y dependiente de la demanda interna. Las familias continúan ahorrando masivamente debido a la incertidumbre asociada a las pensiones, la sanidad, la educación o el acceso a la vivienda, precisamente los ámbitos donde la protección pública sigue siendo insuficiente para amplios sectores de la población.
El contraste más revelador es quizá el que existe entre la posición internacional de China y su realidad social interna. El país ocupa ya el segundo lugar mundial por volumen de PIB y compite con Estados Unidos en numerosos ámbitos estratégicos. Sin embargo, su PIB per cápita en la posición 75 continúa situándose lejos de las economías desarrolladas, en niveles comparables a los de países de renta media. La distancia entre el poder agregado del Estado y el bienestar efectivo de una parte importante de la población sigue siendo considerable.
Por ello, la prosperidad común continúa siendo más una aspiración estratégica que una realidad plenamente consolidada. Los avances son indudables pues la pobreza extrema ha sido erradicada, la cobertura sanitaria y educativa se ha ampliado notablemente y las nuevas reformas buscan integrar progresivamente a millones de residentes migrantes. Sin embargo, las desigualdades territoriales, sociales y administrativas heredadas de décadas de crecimiento acelerado siguen representando un desafío de enorme magnitud.
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