El 18 de noviembre al mediodía se presentó un recurso de amparo preventivo solicitando que se instruya a Carabineros para que en estas manifestaciones no se cometan ilegalidades tales como impedir el acceso de abogados a las comisarías, y maltratar detenidos. Un grupo de abogados y procuradores reunidos para dar apoyo a los manifestantes contra […]
El 18 de noviembre al mediodía se presentó un recurso de amparo preventivo solicitando que se instruya a Carabineros para que en estas manifestaciones no se cometan ilegalidades tales como impedir el acceso de abogados a las comisarías, y maltratar detenidos.
Un grupo de abogados y procuradores reunidos para dar apoyo a los manifestantes contra la APEC expresaron hoy su preocupación por la situación policial represiva que se vive en la capital a través de una carta dirigida al Subsecretario del Interior y a la Dirección General de Carabineros.
Este colectivo jurídico en conjunto con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile presentó hoy al mediodía un recurso de amparo preventivo solicitando que se instruya a Carabineros para que en estas manifestaciones no se cometan ilegalidades tales como impedir el acceso de abogados a las comisarías, y maltratar detenidos.
Dado que estas situaciones no son excepcionales, sino que se ha constituido que forman parte de la política habitual frente a manifestaciones y movilizaciones sociales, el grupo de abogados señala tener el fundado temor de que una vez más, en el contexto de las manifestaciones antiAPEC, vuelvan a repetirse el tipo de acciones como las que se señalan a continuación:
-No identificación de funcionarios mediante placas; detenciones masivas por sospecha (supuestamente derogada en los 90); maltrato en buses y comisarías. Asimismo, es indispensable que ante una eventual detención se informe oportunamente del motivo y la comisaría a la cual será llevada la persona.
En la carta dirigida al Gobierno se pone especial énfasis en la detención de abogados en circunstancias en que se encuentran ejerciendo su profesión, ya que se afirma que en oportunidades ha ocurrido que luego de conferenciar con oficiales a cargo de un operativo disuasivo, abogados son detenidos mientras se alejaban del lugar, inmediatamente después de haber conversado con el respectivo oficial.
En el mismo espíritu de resguardar los derechos de los ciudadanos se hace hincapié en que Carabineros no puede negar el ingreso de abogados a comisarías, no pueden agredir físicamente ni a profesionales ni a detenidos y que no se pueden producir demoras injustificadas para permitir dicho ingreso.
Otros hechos irregulares que se pretenden evitar a través de estas acciones son la detención de gente fuera de las comisarías, en circunstancias en que se encuentran a la espera de obtener información sobre detenidos, y utilización de gases lacrimógenos al interior de vehículos policiales o de comisarías, contra los manifestantes ya detenidos.
En otras oportunidades, se han recibido denuncias además de negativas en comisarías y postas a estampar constancias o recibir denuncias si es que se refieren a ilícitos cometidos por la policía, así como negativa a aceptar el pago de fianzas para poner en libertad a detenidos, previa citación, por señalar que lo que procede es la comprobación de domicilios (siendo que la ley no distingue). Estas comprobaciones han tenido en estos días demoras de hasta más de 14 horas.
Derechos de los niños
Una situación especialmente preocupante es la de los niños que se ven detenidos en manifestaciones, ya que por más que existen normas que obligan a que la detención de menores sea excepcional y muy breve, en la práctica el hecho de ser trasladados a Comisarías de Menores y la negativa a dejarlos en libertad si no aparecen adultos a retirarlos ha significado que muchas veces permanezcan detenidos mucho más tiempo que los adultos.
A esta serie de irregularidades administrativas, se suman aquellas que tienen que ver con una abundancia de insultos, garabatos, desinformación y amedrentamientos a los detenidos. Además de los consiguientes golpes de luma, puñetazos, patadas; amontonamiento innecesario de manifestantes al interior de vehículos policiales y utilización deliberada de esposas de manera que causen daño y heridas cortantes en las muñecas del esposado.
Asimismo, se han utilizados carros lanzaaguas a los que se les agregan componentes químicos desconocidos con capacidad de generar irritación y picazón, además de utilización de perdigones de goma y acero, e incluso de balas.
Por último se ha detectado lanzamiento de piedras por parte de la policía y utilización de bombas lacrimógenas en una función de arma muy peligrosa, por la vía de lanzarlas directamente al cuerpo
El Grupo firmante de esta carta señala que «exigimos que el Estado de Chile respete las normas constitucionales y aquellas provenientes del derecho internacional de los derechos humanos que impiden que con el pretexto de la mantención del orden público se cometan violencias ilegítimas y desproporcionadas por parte del Estado y sus agentes. El Presidente de la República ha hecho llamadas a que las manifestaciones se realicen con «civilidad», pero nada ha dispuesto en relación a la ilegalidad de los agentes de Estado que defienden su urden en esta cumbre de poderosos».
El grupo señala que el objetivo de esta carta es que se instruya a quien corresponda para que los funcionarios policiales que actúen en la represión de estos días sean identificables de alguna manera, preferentemente con su número de placa y para que no se niegue el acceso de abogados a las Comisarías de la Región Metropolitana, y para que no se detenga a abogados y procuradores que estén en las movilizaciones ejerciendo su función jurídica.
Asimismo, se exige la instrucción de que las lacrimógenas no sean lanzadas al cuerpo, para que no se utilicen balas, y para que el agua de los carros lanza-aguas no esté mezclada con elementos químicos nocivos, además de que no se practiquen detenciones por sospecha.
También es indispensable que se instruya a quien corresponda para que los detenidos puedan ser dejados en libertad no sólo previa comprobación de domicilio, sino también mediante pago de fianza, de acuerdo a la dispuesto por la legislación procesal penal vigente. En caso de comprobaciones de domicilio, instruir para que éstas no sean demoradas por la policía más allá de un plazo razonable (3 horas como máximo), y aceptar comprobaciones mediante certificados de residencia, llamadas telefónicas o testigos.
Finalmente, instruir a quien corresponda para tener especial consideración con los menores de edad detenidos, procurando que sean puestos en libertad antes que el resto de los detenidos, en razón del artículo 37 b de la Convención sobre Derechos del Niño.
El grupo de abogados se ha constituido como grupo para dar apoyo jurídico a todos los manifestantes detenidos en estas fechas y que con posterioridad a la realización de la cumbre se reunirá un dossier acerca de la actuación policial represiva, que será comunicado a la brevedad. El día 19 se podrá contactar a este grupo de abogados llamando al número 689 60 48.