Luego de que uno de los seis enjuiciados en India por la violación y el asesinato de una joven fuera absuelto por ser adolescente, defensores de los derechos infantiles se enfrentan a la ira popular, que exige la pena de muerte incluso para menores de edad. La violación de una mujer de 23 años, perpetrada […]
Luego de que uno de los seis enjuiciados en India por la violación y el asesinato de una joven fuera absuelto por ser adolescente, defensores de los derechos infantiles se enfrentan a la ira popular, que exige la pena de muerte incluso para menores de edad.
La violación de una mujer de 23 años, perpetrada el 16 de diciembre en un autobús en Nueva Delhi, desató indignación general y pedidos de que se realizaran juicios sumarios y de que se aplicaran los máximos castigos a los perpetradores, incluyendo al adolescente pese a que aún no cumplió 18 años.
La violación también motivó llamados a reducir a 16 años la edad de imputabilidad. La Suprema Corte de Justicia de Nueva Delhi recibió una petición de Subramanian Swamy, líder del opositor Partido Bharatiya Janata, exigiendo que el adolescente (cuyo nombre la ley prohíbe divulgar) sea juzgado como adulto. El pedido fue rechazado.
«Lo que no se está viendo aquí es que el acusado es uno de los más de 80.000 trabajadores infantiles que hay en la capital india y que nunca tuvo la posibilidad de recibir educación o una vida decente desde que tuvo 10 años», señaló Bhuwan Ribu, abogado del Bachpan Bachao Andolan (BBA, Movimiento para Salvar a la Infancia).
Según Ribu, el adolescente también fue víctima del tráfico de personas, fenómeno contra el cual lucha el BBA desde hace años.
«Las leyes existen solo en el papel, y entre estas se encuentran algunas de 2006 que buscan impedir que niños y niñas sean empleados como ayuda doméstica o en restaurantes de carreteras», indicó.
Estudios realizados por la Organización Nacional de Encuestas y Muestreos (NSSO, por sus siglas en inglés) indican una tendencia decreciente en el número de niños que trabajan, que pasaron de nueve millones en 2005 a cinco millones en 2010.
El gobierno asegura que, a través de su Proyecto Nacional contra el Trabajo Infantil, rescató y rehabilitó en los últimos tres años a 354.877 niños trabajadores y presentó 25.006 denuncias contra sus patrones, que derivaron en 3.394 condenas.
Pero «la mayoría de los perpetradores se salen con la suya porque sobornan a funcionarios para que apliquen leyes con castigos más benignos», apuntó Ribu.
Swami Agnivesh, activista que lidera el Bandhua Mukti Morcha (BMM, Frente de Liberación del Trabajo Forzado), lamentó que existieran dificultades prácticas para asegurar las condenas a los responsables.
«El proceso judicial es lento, y por eso nuestra atención se concentra en rehabilitar a las víctimas y ayudarlas a que vuelvan a la escuela», indicó.
Agnivesh, expresidente del Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para Luchar contra las formas Contemporáneas de la Esclavitud, dijo a IPS que el gobierno parecía incapaz de implementar leyes contra el trabajo infantil, a pesar de que varios estudios demostraron que ese fenómeno es un factor que perpetúa la pobreza, el analfabetismo y el desempleo.
«Creemos que, a pesar de las leyes, más de 12 millones de niños menores de 14 años todavía trabajan en ayuda doméstica, en minas o en la hostelería», dijo Agnivesh.
«Las cifras de la NSSO son grandes subestimaciones, y el gobierno no tiene mecanismos para realizar inspecciones en las industrias que emplean a esos niños ni para juzgar a los patrones», lamentó.
Una dificultad para juzgarlos es certificar la identidad de los niños traficados desde aldeas aisladas hasta Nueva Delhi.
En el caso del adolescente acusado por la violación, los investigadores, para autenticar su edad, se basaron en registros provistos por el director de la escuela donde estudió en el distrito de Badaun, a 220 kilómetros de la capital. Pero esto no frenó los llamados a que fuera juzgado como un adulto.
En un carta abierta publicada en el periódico Hindustan Times el 15 de enero, Minna Kabir, activista por la infancia y esposa de Altamas Kabir, jefe de justicia de India, opinó que «cada sociedad es responsable del bienestar y la atención de sus niños hasta los 18 años, especialmente si estos son marginados, si carecen de ayuda o poder para hacer algo por ellos mismos».
La mayoría de los niños indios terminan en la delincuencia «porque hemos fracasado en proveerles un sistema básico de apoyo», dijo Kabir.
La pobreza, las familias disfuncionales y el hambre son factores que contribuyen a esto, añadió.
Activistas esperan que la situación cambie con la Ley sobre Trabajo Infantil y Adolescente, que se espera sea aprobada en las próximas sesiones del parlamento a partir del 22 de este mes.
El proyecto busca prohibir el empleo de cualquier menor de 18 años en ocupaciones peligrosas y en cualquier trabajo a los menores de 14.
La ley además definirá como «adolescentes» a los que tengan entre 14 y 18 años.
Como el trabajo infantil es un gran obstáculo para que niños y niñas puedan estudiar, se espera que la nueva legislación permita implementar la enseñanza gratuita y obligatoria hasta los 14 años, como establece una ley de 2009.
Más de 100.000 ciudadanos indios firmaron una petición por Internet divulgada por el BBA y por la Marcha Global contra el Trabajo Infantil apoyando la nueva ley, como parte de una campaña para que India ratifique las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo.