UNO Al cumplirse un mes del gobierno de Rafael Correa, la debilidad de su política internacional y el desconocimiento de la historia de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, lo han hecho moverse al vaivén del presidente colombiano, Alvaro Uribe. Los anuncios hechos por Correa de que Ecuador demandará a Colombia ante el Tribunal […]
UNO Al cumplirse un mes del gobierno de Rafael Correa, la debilidad de su política internacional y el desconocimiento de la historia de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, lo han hecho moverse al vaivén del presidente colombiano, Alvaro Uribe. Los anuncios hechos por Correa de que Ecuador demandará a Colombia ante el Tribunal de La Haya, por los efectos de las fumigaciones aéreas con glifosato en la frontera común, y de que su gobierno prepara el «Plan Ecuador» como respuesta de paz al Plan Colombia, se parecen a correctivos desesperados tras los errores cometidos. En diciembre, durante la posesión del nuevo presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, Correa realizó un acuerdo verbal con Uribe, mediante el cual Ecuador y Colombia se comprometieron a conformar una comisión tripartita integrada por delegados de los dos países y de la OEA o la ONU. El acuerdo llegó en el momento más inoportuno: cuando Colombia todavía realizaba fumigaciones en la frontera. Según el mismo, la comisión verificará los daños de las fumigaciones con glifosato, en tanto que el gobierno colombiano se comprometió a avisar a Ecuador cada vez que estuviese fumigando. «Cada vez que vayan a fumigar cerca de la frontera nos avisarán el lugar para enviar inspectores y verificar que no esté pasando glifosato al lado ecuatoriano», afirmó el nuevo mandatario ecuatoriano, argumentando que el acuerdo se trataba de un inmenso paso adelante. Correa agregó que la misión estudiará «si el glifosato afecta o no a la salud, nosotros creemos que afecta», y «recogerá testimonios del lado colombiano y del lado ecuatoriano». Por su parte María Fernanda Espinosa declaró que se trataba de que «un gran logro diplomático para nosotros» y argumentó que Ecuador no puede prohibir a Colombia que no fumigue en su territorio, pero sí exigir que no se fumigue en territorio ecuatoriano. Por lo tanto, de un día para otro se caía la tesis ecuatoriana de solo aceptar que Colombia fumigue hasta una distancia de diez kilómetros de la frontera.
DOS Correa y Espinosa mostraban desconocimiento sobre política internacional, al dar a conocer como un acuerdo entre dos países, una propuesta surgida de una conversación entre dos mandatarios, uno de ellos todavía no posesionado. También mostraron desconocer la historia de las relaciones de su país con Colombia, al realizar un acuerdo similar al pactado en septiembre del 2003 entre Uribe y el entonces mandatario, Lucio Gutiérrez. En esa oportunidad Uribe y Gutiérrez resolvieron crear una comisión técnico-científica binacional, para que analice el impacto de las aspersiones aéreas con glifosato en las poblaciones fronterizas. El grupo científico de Ecuador estuvo formado por delegados del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador (INIAP), el Instituto Izquieta Pérez, Fundación Natura, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ministerio de Agricultura y las universidades Católica y San Francisco de Quito. La comisión de Colombia estaba integrada por delegados de organismos y entidades similares a las que formaron el grupo de investigación ecuatoriano. En esa oportunidad, Colombia también se comprometió a alertar a la comisión cuando fuese a fumigar, con el objetivo de que acuda a la frontera y verifiquen el impacto del glifosato y tome muestras del herbicida para realizar un estudio científico. Para el 2007, la nueva comisión mixta científica tendrá miembros de Ecuador, Colombia y de la ONU (Organización de Naciones Unidas) o la OEA (Organización de Estados Americanos) (OEA). Como antecedente de la OEA se puede mencionar que en la gestión de César Gaviria realizó un estudio sobre las secuelas del glifosato, a través de la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de las Drogas (CICAD). El resultado final señaló que el glifosato es inocuo, argumento que Uribe usa para defender la fumigación. En la práctica, la labor que cumplirá el grupo científico será la misma que ejecutó la comisión anterior, la cual no se fijó un plazo para entregar los resultados. Entre el 2003 y el 2005, el entonces vicecanciller Edwin Johnson decía que para este tipo de trabajos científicos no se podía imponer fechas. Desde septiembre del 2003 hasta abril del 2005, fecha en que Gutiérrez fue derrocado, el estudio que debía realizar no arrojó ningún resultado y, por lo tanto, continuaron las fumigaciones aéreas con el herbicida. El ex canciller Francisco Carrión, señaló al conocer el pacto de Uribe y Correa que era un retroceso porque desconocía un acuerdo anterior firmado el 7 de diciembre de 2005 entre él y la entonces canciller colombiana Carolina Barco. En ese acuerdo, Bogotá se comprometió a suspender las fumigaciones en una franja de 10 kilómetros desde la línea de frontera. Para el Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones, que reúne diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y ambientalistas, el acuerdo de Correa implica renunciar a la garantía de la franja de exclusión de 10 kilómetros.
TRES El error inicial del acuerdo marcaría las idas y venidas del gobierno ecuatoriano desde que asumió el pasado 15 de enero. En estos treinta días de gobierno, la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, anunció reiteradas veces que Colombia había suspendido las fumigaciones por el acuerdo y la presión ecuatoriana. Cada anuncio fue mostrado como una victoria ecuatoriana, y en el mismo momento que hacía los anuncios, eran filmadas por cámaras aficionadas varias avionetas fumigando, custodiadas por helicópteros artillados, lo que causó sonrisas en algunos diplomáticos En este mismo período el vicepresidente, Lenin Moreno, anunció y defendió la propuesta de recurrir al tribunal de La Haya, pero la canciller reiteró que eso no estaba contemplado. Con el correr de las horas, la canciller fue cambiando su discurso. Primero dijo que no estaba descartada, y luego que Rafael Correa anunció la decisión de Ecuador de presentar la demanda, la asumió como una gran solución La idea es presentar la demanda para exigir el cese de las fumigaciones en la zona fronteriza y obtener compensaciones por los daños causados hasta ahora en territorio ecuatoriano. Pero las idas y venidas del gobierno ecuatoriano consolidaron la posición colombiana de asumir el acuerdo entre Correa y Uribe como un hecho consumado. Hasta ahora, cada vez que Correa exigía a Uribe respetar el compromiso realizado en el acuerdo de no fumigar en la frontera, está reafirmando el pacto y comprometiéndose más con él. Pero además daba la oportunidad a Uribe de resaltar su «respeto» hacia Ecuador, sin mencionar el compromiso de los diez kilómetros. «Tenemos que destruir drogas en nuestro territorio, pero nosotros tenemos que respetar el territorio de nuestro vecino», dijo Uribe en conferencia de prensa en la sede de la ONU tras un encuentro con el secretario general Ban Ki-Moon. «Y así como tenemos que fumigar en nuestro territorio, entendemos que no podemos fumigar en el territorio del vecino. Lo único que decimos es: respetamos a nuestros vecinos», repitió. Enfatizó además que se estaban realizando gestiones diplomáticas para resolver la disputa, y expresó confianza en que una comisión integrada por representantes de los dos países y de la OEA ayudará a cumplir ese objetivo. «Tenemos la esperanza de que una vez que los dos países y la OEA integren la comisión tripartita, y una vez que Ecuador nomine a sus delegados y a sus inspectores, nosotros tendremos ya una tercera parte para que podamos demostrar nuestra buena fe», dijo Uribe. «Yo he dicho que los países latinoamericanos deben avanzar hacia la unidad, pero cada uno tiene que respetar la diversidad en nuestra región, respetar las diferencias, es un punto clave sobre el cual se puede construir esa unidad que necesitamos», concluyó el presidente colombiano, quien sí tiene una política internacional. Uribe, quien no se ha cansado de revindicar el acuerdo realizado con Correa designó el 23 de enero al «ambientalista» Alberto Gómez Mejía como su representante en el comité conjunto con Ecuador y la OEA que deberá ejercer la verificación de las fumigaciones de cocales en la frontera de ambos países.. La cancillería colombiana presionó para que la comisión quedara integrada el martes 13 de febrero, mientras que la ecuatoriana, luego de la metida de pata del acuerdo y de reivindicarla como un triunfo en varias oportunidades todavía no dio a conocer su equipo. La canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, en diálogo con los corresponsales de prensa extranjera el jueves 15 de febrero aseguró que existe un compromiso con Colombia de dar a conocer los delegados en forma conjunta.
CUATRO El vicecanciller, Rafael Paredes, que es un funcionario de carrera en la Cancillería y que se muestra un poco como el apoyo diplomático de una canciller que tiene muchas lagunas en la materia, en la misma reunión mostró desconocer sobre el acuerdo anterior firmado entre Lucio Gutiérrez y Uribe. Tampoco supo explicar por qué no se tomó como punto de partida para cualquier acuerdo el ya firmado por Carrión y Barco en el que Colombia aceptaba los diez kilómetros, y así no significara un retroceso. Tanto la canciller como el vicecanciller dieron a entender que el denominado Plan Ecuador, recién se está delineando y catedrático Fernando Bustamante es uno de los que está trabajando en el proyecto. La comisión surgida del acuerdo de Lucio Gutiérrez y Uribe en 2003, solo sirvió para dilatar el tratamiento del tema y congeló cualquier acción internacional por parte de Ecuador. Con la comisión tripartita funcionando, si se presenta el caso en La Haya, lo más posible es que se pierda porque Ecuador está aceptando de hecho los resultados que la comisión arroje. A falta de una política internacional hacia Colombia, Correa pasa de reivindicar un acuerdo que significa un retroceso, a una radicalización de su discurso tras visitar la frontera. Entonces anuncia acciones que se parecen más a una reacción espontánea del momento que a una política de Estado. Y la Cancillería, en lugar de tener una política predefinida, la va creando de acuerdo al discurso coyuntural del mandatario. Eso ocurre con el acuerdo Correa-Uribe, eso ocurre con el Plan Ecuador que ni siguiera estaba trabajado, eso ocurre con la presentación del caso de las fumigaciones en La Haya, eso ocurre con el apoyo a las demandas presentadas por los damnificados por las fumigaciones. El martes 13, como parte de la radicalización de su discurso el mandatario anunció que la Fuerza Aérea Ecuatoriana «tiene la orden de interceptar cualquier avión que ose mancillar nuestro espacio aéreo» en alusión a las avionetas que fumigan plantaciones de coca en Colombia. «No permitiremos ni una vez más que se mancille el espacio aéreo ecuatoriano con la intromisión de aviones que ni siquiera son colombianos, sino norteamericanos», dijo Correa en la ciudad de Nueva Loja, capital de la provincia amazónica de Sucumbíos. En la zona fronteriza se ha denunciado en varias oportunidades, violaciones del espacio aéreo ecuatoriano por parte de aviones y helicópteros militares colombianos. Correa aseveró que Ecuador no permitirá más «agresiones» de Colombia y ofreció su ayuda a las autoridades locales y las comunidades indígenas que demanden al país vecino por los perjuicios que causa el herbicida glisofato a personas, animales y plantas. El presidente ecuatoriano también se comprometió a respaldar una demanda internacional interpuesta por las autoridades de Sucumbíos en contra de las fumigaciones colombianas en la frontera. El juicio se encuentra en las cortes de Florida (Estados Unidos) y que el objetivo es que se reparen los daños ambientales, ocasionados por las fumigaciones con glifosato, en la frontera. La demanda fue presentada por las autoridades locales de Sucumbíos en contra de la contratista norteamericana Dyncorp, con la que el Cuerpo de Guardacostas de Estados Unidos tiene tercerizadas algunas de sus operaciones, como el vuelo de las avionetas fumigadoras que operan en Colombia y, en especial, en la frontera con Ecuador. El mandatario dijo que Ecuador no está dispuesto a tolerar más «agresiones» del vecino país, por lo que comprometió su ayuda a las autoridades locales, así como a todas las comunidades indígenas que vayan a tramitar los juicios que sean necesarios por daños y perjuicios.
CINCO Hasta ahora, la política con Colombia se sustenta en acordar con Uribe pero enseguida atacarlo y radicalizar el discurso con respecto al tema colombiano para tapar el acuerdo o disfrazar el error. Aunque, al parecer esa política no es aplicada solamente en las relaciones con Colombia. Algo similar ocurre con el acuerdo realizado entre el gobierno y el Partido Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez para viabilizar la Constituyente. Algo similar ocurre en el tan difundido caso de la deuda externa. Algo similar ocurre con el ataque a León Febres Cordero en Guayaquil, mientras da el apoyo a Jaime Nebot y Nicolás Lapentti, promotores de las autonomías. La postura latinoamericanista de Rafael Correa no está en duda, lo que está en duda es que tengan políticas acordes con ese pensamiento. Alguien me decía que el presidente y su canciller deberían leer «El arte de callar». Sin duda, pero sobre todo, primero deberían delinear una política internacional. No es muy difícil. Cuando las políticas son claras no se necesitan discursos, porque hablan las acciones.