Del 10 al 13 de mayo de 2006 tendrá lugar en Viena el Tribunal Permanente de los Pueblos – Tribunal a las empresas transnacionales europeas en América Latina en el marco del Encuentro «Enlazando Alternativas 2». Este tribunal surge de la Red bi-regional Europa Latinoamérica. El objetivo del Tribunal no es otro que buscar la […]
Del 10 al 13 de mayo de 2006 tendrá lugar en Viena el Tribunal Permanente de los Pueblos – Tribunal a las empresas transnacionales europeas en América Latina en el marco del Encuentro «Enlazando Alternativas 2». Este tribunal surge de la Red bi-regional Europa Latinoamérica.
El objetivo del Tribunal no es otro que buscar la verdad, la justicia y la reparación, así como determinar las responsabilidades de las empresas transnacionales europeas con actividad comercial o financiera en América Latina por las violaciones de los Derechos Humanos. Asimismo, intentará señalar instrumentos y caminos de superación de la impunidad con que actúan estas empresas.
Este es un Tribunal Permanente de los Pueblos, no una corte judicial. Sin embargo, este Tribunal se fundamenta y recoge lo mejor de diversas tradiciones jurídicas y éticas partiendo de una argumentación rigurosa y una documentación fidedigna. La acusación se basa en un amplio material documentado y aporta testimonios.
CONSIDERANDO:
1. QUE el sector de hidrocarburos es elemental para el funcionamiento de la economía global y fue la base para la internacionalización de las economías nacionales y regionales, así como para la transnacionalización de las empresas.
2. QUE los hidrocarburos son la fuente energética más importante en el mundo tanto para la producción de electricidad como para el transporte motorizado, siendo ambas actividades las causas fundamentales del cambio climático, que supone una de las crsisi ambientales más amenazantes para la humanidad, la flora y la fauna.
3. QUE el Estado español, como el resto de los países de la Unión Europea, tiene con América Latina y el Caribe una Deuda Ecológica, Histórica y Social por la apropiación ilegítima de los recursos naturales desde la época colonial hasta hoy día, además de por la actual imposición de un modelo económico que favorece los intereses de las empresas transnacionales europeas. Como dato que atestigua dicha Deuda Ecológica, puede señalarse la contaminación de suelo, agua y aire a causa de actividades industriales o extractivas -que además amenazan la soberanía alimentaría de las poblaciones afectadas y producen desechos tóxicos que ponen en riesgo la salud pública- del sector de los hidrocarburos. En este sector del< petróleo y gas, destaca la presencia de la empresa transnacional hispano-argentina Repsol YPF, que se convirtió en una transnacional global tras la compra de la empresa estatal argentina YPF en 1999. 4. QUE la empresa española Repsol YPF opera en 32 países en todo el mundo, y sólo en América Latina y el Caribe posee actividades en 14 países. En 2005, esta multinacional aumentó su beneficio un 29,2%, alcanzando la cifra histórica de 3.120 millones de euros. Según el ranking de la revista Fortune, Repsol YPF ocupa el puesto 97 en la lista de las 500 mayores multinacionales del planeta, y si sólo nos fijamos en las empresas transnacionales españolas, Repsol YPF es la mayor multinacional del país. En la lista de las mayores empresas del sector de los hidrocarburos (petróleo y gas) a nivel mundial, confeccionada por Petroleum Weekly International teniendo en cuenta la ponderación de varios criterios (reservas, producción, capacidad de refino, ventas, ingresos, beneficios, activos y empleados), Repsol YPF es la decimoctava empresa petrolera del mundo, pero, si descontamos las empresas estatales, es la octava mayor empresa transnacional del planeta en el sector de los hidrocarburos.
5. QUE América Latina es el continente que más beneficios aporta a Repsol YPF, puesto que de allí extrae gas y petróleo con muy bajo control y carga impositiva. En 2004, el 88% de su resultado operativo provino de esta región.
6. QUE la presencia de Repsol YPF en los países donde opera ha provocado violaciones a los Derechos Humanos, daños ambientales irreversibles e importantes impactos sociales, así como perjuicios económicos, vendiendo a estos mismos países los hidrocarburos a los precios del mercado internacional. Además, en caso de conflicto con los gobiernos locales, la transnacional hispano-argentina dispone de mecanismos internacionales -utilizando instrumentos jurídicos y diplomáticos de los organismos multilaterales y el Gobierno español- para proteger sus inversiones, como se ha podido comprobar recientemente en el caso de Bolivia y Guinea Ecuatorial.
7. QUE Repsol YPF está realizando su actividad en el interior de Áreas Protegidas de importancia mundial, tales como el Parque Nacional Madidi, la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, el Parque Nacional Isiboro Sécure, el Parque Nacional Amboró, el Parque Nacional Aguaragüe (todos ellos en Bolivia), el Parque Nacional Yasuní (Ecuador) y la Reserva Llancanelo (Argentina).
8. QUE Repsol YPF también está presente en 17 territorios indígenas en Bolivia, en el Resguardo Único U´wa en Colombia, en el Territorio Indígena Huaorani en Ecuador, en varios territorios indígenas de los pueblos Ashanika, Shuar y Shipibo en Perú, así como en territorios de las comunidades Mapuche en Argentina.
9. QUE Repsol YPF se enfrenta a varias causas judiciales abiertas:
a) En Argentina, destaca la demanda civil presentada en 2002 por las comunidades Mapuche de Loma de la Lata, donde Repsol YPF explota el mayor yacimiento de gas y petróleo de Argentina. Dichas comunidades demandan a la empresa 445 millones de dólares en concepto de los daños que sufrieron en su territorio: por un lado, 138 millones de dólares por impactos sobre la salud , vegetación y fauna; por otro, 307 millones de dólares como coste de remediación de la superficie afectada. La consultora Umweltschutz estima que los trabajos de recuperación llevarán, por los menos, 20 años. Otro juicio, esta vez con resolución firme en 2005, mantiene la prohibición de explotar hidrocarburos en la reserva de Laguna Llancanelo.
b) En 2003, en la refinería de Puerto Llano (Ciudad Real, España) murieron 9 trabajadores por un incendio que podría haber sido evitado con mejores medidas de seguridad. Las investigaciones de este suceso llevaron a que la Consejería de Industria de Castilla-La Mancha descubriera graves infracciones. En base a este informe, la Inspección de Trabajo propuso dos sanciones con la máxima cuantía que establece la ley, por un total de 1,2 millones de euros. Además, recientemente la refinería ha sido multada con 61.348 € por el vertido de hidrocarburos al río Ojailén.
ACUSAMOS a la empresa Repsol YPF, como responsable de las actividades de su empresa matriz y sus respectivas filiales en los países donde opera, de la comisión de los siguientes hechos:
1. En Colombia: las actividades de Repsol YPF afectan a los pueblos indígenas U’wa y guahibos y, además, la empresa está relacionada con la financiación de grupos paramilitares.
En el año 2004, Amnistía Internacional presentó su informe «Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca (Colombia)», donde se acusaba a las empresa petrolera española Repsol YPF y a la empresa petrolera estadounidense Oxy (Occidental Petroleum) de no respetar los derechos humanos, al facilitar ayuda financiera a unidades militares del ejército colombiano «con vínculos probados» con los grupos paramilitares en el departamento de Arauca, la región más miltarizada de Colombia, donde se cometen «abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, los paramilitares y la guerrilla».
Repsol YPF, en su asociación con la empresa estadounidense Oxy, con la cual explota la Asociación Cravo Norte (dentro de la cual se encuentra el yacimiento de Caño Limón), es corresponsable de la destrucción de la Laguna de Lipa así como del desplazamiento de los pueblos guahibos.
2. En Ecuador: Repsol YPF participó, junto a otras seis empresas petroleras, en la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), durante la cual se produjeron violaciones a derechos humanos como la libertad de expresión, la salud, la alimentación, el acceso al agua y el derecho a un medio ambiente sano.
Hasta la actualidad aún existen causas legales de parte de los afectados que no se han resuelto y la presencia del tubo significa daños ambientales y sociales. Las actividades que han venido realizando empresas europeas como Perenco, Eni Agip y Repsol YPF han aplicado las mismas características que tuvo la construcción del OCP. Las prácticas denunciadas por la construcción del nuevo oleoducto están relacionadas con las políticas de operación que estas compañías mantienen dentro de sus propias concesiones, como son los contratos de seguridad con los militares ecuatorianos, la inseguridad ambiental, el deterioro de la calidad de vida de los afectados, entre otros.
Después de treinta años de actividades petroleras en el Ecuador, la explotación de petróleo ha provocado la destrucción de aproximadamente cuatro millones de hectáreas de bosque tropical. Como consecuencia de esto, hoy en día la población amazónica –campesinos e indígenas que han vivido por varias generaciones en la Amazonia– ha perdido sus medios tradicionales de subsistencia, y las culturas se encuentran en riesgo de desaparecer, debido a la permanente destrucción de los ecosistemas, resultado del robo de los recursos naturales, de parte de las transnacionales.
Hace más de dos años y medio se terminó de construir el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el cual atraviesa 503 kilómetros de selva amazónica, páramo andino y costa ecuatoriana. Siete petroleras conformaron un consorcio para su construcción entre ellas la española Repsol YPF, la italiana ENI AGIP y la francesa Perenco. El financiamiento de este proyecto fue dado por varios bancos europeos liderados por el Banco de propiedad Estatal West-deutsche Landesbank (WestLB).
El funcionamiento del oleoducto ha permitido continuar con la búsqueda de nuevos yacimientos de petróleo sobre 2,4 millones de hectáreas de selva virgen, donde se encuentran los territorios ancestrales de numerosas comunidades indígenas: Shuar, Ashuar, Huaroni, Kechua, Shiwiar y Zapara y también reservas «protegidas» como el Yasuni, Cuyabe y Limoncocha.
Este proyecto ha generado un daño ambiental que ha afectado a 11 áreas protegidas. Durante su construcción, este proyecto ocasionó el taponamiento de fuentes de agua para el consumo humano de la población asentada a lo largo de la ruta. Además, durante las etapas de prueba del oleoducto se produjeron 5 derrames de crudo que contaminaron las áreas cercanas. Al ampliar la frontera petrolera se multiplicaron los desechos tóxicos que luego fueron arrojados al ambiente. La deforestación de 15 millones de m2 expropiados ha causado perdidas irreparables de biodiversidad y terrenos agrícolas a lo largo de la ruta.
La deuda ecológica en Ecuador, creada a partir de la presencia de la industria petrolera, se expresa en la devastación de la cuenca amazónica. Los pasivos ambientales generados han afectado gravemente tanto a las poblaciones locales como al medio ambiente. El deterioro ambiental ha conllevado a una extema situación de pobreza, pérdida de conocimientos ancestrales y afectaciones a la salud. Los indicadores de desarrollo humano en zonas petroleras son los más bajos en el país, lo cual demuestra el permanente saqueo y la irresponsabilidad socio ambiental con que operan las trasnacionales. Actualmente, la población amazónica presenta las mayores índices de cáncer en el Ecuador.
Este proyecto generó un amplio rechazo dentro de las organizaciones sociales y solo se pudo concretar de manera autoritaria, mediante el uso de la violencia y la represión de parte del ejército y la policía nacional: 73 personas fueron detenidas arbitrariamente por oponerse pacíficamente a su construcción. Actualmente, los campos operados por las empresas petroleras se encuentran militarizados impidiendo el libre ejercicio de organización social y denuncia, y el libre ingreso de los pueblos indígenas a sus territorios.
Las concesiones son contratos de explotación de petróleo entre las transnacionales petroleras con el gobierno ecuatoriano, en lo que se ha denominado «Bloques Petroleros». Cada bloque tiene una extensión de 200.000 hectáreas de bosque amazónico. Los contratos firmados con Repsol YPF y Perenco aseguran un margen de ganancia para el Estado que va del 18 al 27%, respectivamente, mientras que la mayor ganancia se la llevan las empresas. Durante los años en que se construyó toda la infraestructura que beneficiaría a las transnacionales, la deuda externa del Ecuador creció casi 22 veces. La deuda actual, luego del la construcción del OCP, es de 13.906 millones de dólares. El 44% del presupuesto nacional está destinado al pago de la deuda externa, creando un perjuicio económico al Estado.
Con la construcción del nuevo oleoducto, las empresas privadas se han apoderado de la cadena productiva en su totalidad. Por un lado, se apropian de los territorios nacionales y sus recursos naturales (biodiversidad, petróleo, agua, conocimientos ancestrales) y por otro lado, se convierten en los propietarios absolutos de la cadena productiva y de la comercialización, dejando a un lado cualquier forma de intervención estatal o manejo social de este patrimonio. Las empresas transnacionales se toman el derecho de contratarse a sí mismas dentro de toda la cadena productiva, a través de la creación de holdings. De esta manera, los capitales invertidos regresan inmediatamente al país de origen, recuperando su capacidad de inversión, mientras que los Pueblos deben de pagar esta deuda por generaciones.
3. En Bolivia: según las leyes bolivianas y la Constitución Política del Estado Boliviano (CPE), las empresas asentadas en el país se sujetan a las leyes del mismo, y esta norma ha sido vulnerada reiteradas veces por la empresa Repsol YPF[1].
En Bolivia, Repsol es responsable (junto con otras empresas transnacionales y organismos multilaterales) de impulsar a través del Estado boliviano una serie de reformas cuyo fin es la transferencia del derecho propietario del Estado sobre sus empresas, bienes y recursos naturales a las empresas transnacionales y principalmente a Repsol YPF.
Todas las operaciones de Repsol YPF están sujetas al D.S. 24806, que le confiere propiedad sobre las reservas hidrocarburíferas de forma ilegal, ya que va en contra de la Constitución Boliviana en los artículos 136[2], 137[3] y 139[4] .
Además, los artículos 132[5] y 133[6] de la CPE han sido violados a través de las reformas de privatización y a partir de la entrega ilegal de los recursos hidrocarburíferos a Repsol YPF, eliminando los principios de justicia social, una existencia digna de sus habitantes, profundizando la dependencia nacional y eliminando su desarrollo.
Repsol controla, mediante su filial y mediante asociaciones, más del 50% de las reservas y la producción de hidrocarburos, lo que le permite ejercer un verdadero monopolio privado que pone en peligro la independencia económica del Estado, situación absolutamente ilegal dentro de la normativa del país según el artículo 134[7] de la Constitución.
Los contratos firmados con el Estado boliviano, mediante los cuales Repsol YPF opera en Bolivia, son ilegales y han sido declarados nulos por el Tribunal Constitucional (sentencia incumplida), ya que en ningún momento han sido aprobados por el Congreso Nacional como corresponde según la CPE[8].
Repsol YPF ha intervenido en la determinación de políticas de Estado y de Gobierno, en el proceso de privatización y en la elaboración de las políticas nacionales del sector de hidrocarburos, mediante sus operadores nacionales, violando el derecho a la autodeterminación, soberanía e independencia del país y su forma de gobierno democrático reconocidos en su Constitución[9] .
Mediante sus agentes en el gobierno nacional, Repsol YPF ha usado las fuerzas represivas del Estado (Guerra del Gas) para garantizar sus intereses (Proyecto Pacific LNG), en contra de los intereses del país y de la seguridad nacional. Las Fuerzas Armadas se constituyen en un órgano que resguarda la seguridad de la nación, siendo absolutamente ilegales sus operaciones para otros fines contrarios a la seguridad del Estado. Mediante esta represión se asesinó a 74 personas y se hirió a más de 500, siendo incalculables las violaciones a los DDHH en este periodo. Hasta el momento la empresa y sus operadores políticos y militares en el gobierno han quedado impunes.
Por otra parte, varias de las concesiones de la Repsol YPF se encuentran cercanas a las fronteras internacionales y por lo tanto son ilegales según las normas bolivianas[10].
Existen una serie de delitos de fraude económico realizados por la empresa al país, entre los que destacan el fraude fiscal, desde 2002 a 2006, inscribiendo en la Bolsa de Nueva York como reservas propias las reservas hidrocarburíferas bolivianas pertenecientes al Estado; el contrabando de diesel, en 2005, defraudando al Estado en aproximadamente 9,2 millones de dólares; el contrabando de equipos para la instalación de una planta de compresión, en 2006, ocasionando un fraude al Estado de aproximadamente 8 millones de dólares.
Repsol YPF se encuentra operando en territorios indígenas reconocidos por ley, provocando un verdadero etnocidio y violando la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)[11], el Convenio 169 de la OIT[12] y la propia Constitución Boliviana[13] .
La apropiación de los recursos y su explotación por parte de Repsol YPF han determinado el empobrecimiento del país, el saqueo de sus recursos, el debilitamiento fiscal del Estado y la violación de los derechos reconocidos por el Estado en su artículo 7º de la Constitución[14].
4. En Argentina: Repsol YPF ha originado graves impactos ambientales, como en el humedal de Llancanelo, impactos sobre la salud de las personas, como en los territorios mapuches de Neuquen, así como impactos laborales y económicos en la provincia de Salta, tras la privatización y compra de la empresa estatal YPF.
a) Repsol YPF ha invadido extrajudicialmente y contaminado varias comunidades indígenas Mapuche en la provincia de Neuquén. El conflicto más conocido es la contaminación del yacimiento de Loma de la Lata, donde las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil presentan niveles de intoxicación alarmantes por la acumulación de más de 17 metales pesados en sus tejidos corporales.
Loma de la Lata, que es uno de los yacimientos gasíferos más grandes de Sudamérica y una de las más grandes reservas petroleras, fue descubierto por la empresa argentina YPF en 1977. Desde la privatización y posterior venta a Repsol YPF, esta empresa multinacional española es el principal operador en la zona, que le proporciona el 70% de sus reservas de petróleo en los yacimientos de Argentina.
Ante las evidencias de contaminación con metales pesados y otras sustancias tóxicas de las aguas fluviales y subterráneas, muerte de animales de crianza, intoxicación en los organismos de niños y adultos, las comunidades decidieron efectuarse exámenes en centros especializados de Buenos Aires. En tanto el gobierno neuquino resolvió realizar una investigación toxicológica, de la que hasta la fecha se ignoran los resultados. Las primeras inspecciones y análisis realizados dieron lugar a una denuncia formal de la contaminación del suelo, aire y agua, además del impacto socio-cultural sobre las comunidades mapuche ante organismos oficiales. En 1997 el gobierno provincial solicitó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo la evaluación del impacto y daño ambiental producido por las empresas petroleras, que fue calculado en el orden de los 925 millones de pesos o dólares, según la paridad monetaria de la época.
Según la Evaluación de Daño Cultural/Ambiental (EDA) realizada en 2001 por la consultora Umweltschutz, los restos de metales pesados hallados en la zona investigada son 700 veces más altos de lo permitido por la legislación argentina. La consultora desarrolló labores de investigación sobre los niveles de contaminación en el organismo de los mapuches, comparándolos con los de las personas que trabajan en empresas siderúrgicas europeas. Los resultados de les muestras «determinan una fuerte exposición de las comunidades a metales pesados, que hacen que los valores detectados sean muy superiores a la mediana de comparación». En este punto, indica Umweltschutz, «el grupo de comparación está constituido por individuos que desarrollan su vida en grandes ciudades, rodeados de un ambiente fuertemente industrializado y con grandes emanaciones de Plomo, Cadmio y Mercurio», describe el informe. Los técnicos de Umweltschutz Norte Argentina SRL establecen en su informe que las comunidades tienen niveles de presencia de «elementos tóxicos» por encima de los normales. En el informe se detalla que se encontraron altos valores «principalmente de Aluminio, Magnesio y Talio», y «fueron encontrados algunos valores significativamente altos de Plomo, Cadmio, Arsénico y Níquel». En el caso del Aluminio se detectaron niveles altos en 11 personas, 5 mujeres y 6 hombres.
Repsol YPF procede al entierro de los residuos de la explotación de manera que, cuando llueve, los residuos llegan a afectar a los niveles freáticos contaminando así las aguas, obligando así a la comunidad mapuche a dejar de utilizar el agua de los pozos y comenzar a potabilizar el agua de la lluvia. Las consecuencias más desastrosas se manifiestan en que la comunidad comienza a sufrir enfermedades en la piel, dolores de cabeza bastante fuertes, algún caso de cáncer y alguna malformación de feto.
Los dirigentes de la Coordinación de Organizaciones Mapuches denuncian que los niños, por efecto de la contaminación de sus organismos, sufren de poca capacidad de concentración, pérdida gradual de la vista, dolores en las articulaciones y problemas renales. Y que los más viejos empiezan a sufrir de manera anticipada la pérdida de memoria. La vibración producida en las tareas de exploración y cuando se encienden las chimeneas por donde se evacua el gas produce el agrietamiento de las casas de la comunidad. Muchos animales han muerto al beber el agua de los ríos, y las plantas, utilizadas para la medicina ancestral, mueren por exceso de plomo y mercurio.
b) Repsol YPF ha provocado un desempleo masivo en la población de General Mosconi, un pueblo de las sierras sub-andinas, en la provincia de Salta, zona gasífera y petrolera por excelencia. La privatización de YPF y la adquisición por parte de la empresa Repsol del 98% de las acciones de la ex compañía estatal implicó en General Mosconi un fuerte proceso de pérdida de puestos de trabajo, afectando al 60% de la población activa.
La empresa hispano-argentina ha provocado alteraciones del orden público y ha ordenado la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado argentino para reprimir las manifestaciones frente a la refinería de Repsol YPF y en otras manifestaciones, hechos que causaron la muerte de un número sin concretar de personas.
Repsol se apropió de una deuda contraída con los ex-trabajadores por el Estado, en el momento de la privatización, hace 12 años, en concepto del 14% del paquete accionario de YPF. Durante el proceso de privatización se acordó con el movimiento sindical que un porcentaje de las acciones de la empresa serían de los empleados como Propiedad Participada. Esto nunca se cumplió y los trabajadores y ex trabajadores aún se encuentran reclamando por ello. Existe además un juicio en curso en el cual se investiga que ocurrió al traspasarse la petrolera estatal con el llamado Programa de Propiedad Participada, se trata del 10 % del paquete accionario que estaba en mano de los trabajadores y terminó siendo propiedad de Repsol YPF.
5. En el Estado español, por su intención de desarrollar operaciones poniendo en grave riesgo espacios protegidos y a la población de las Islas Canarias.
En las Islas Canarias, plataformas ciudadanas de Lanzarote y Fuerteventura se movilizan para defender su litoral marino. Allí, Repsol YPF pretende explotar petróleo a 20 km de estas islas, abarcando un área de exploración de 616.000 hectáreas y poniendo en peligro más de 10 espacios naturales protegidos.
Además, teniendo en cuenta que el agua de consumo se obtiene desalando el agua del mar, cualquier vertido o fuga afectaría la calidad del agua y la salud de la población canaria. Ante esta situación, la ciudadanía ha mostrado su rechazo al proyecto, expresado en manifestaciones multitudinarias y en numerosos actos.
Ante todos estos hechos, DEMANDAMOS a la empresa transnacional española REPSOL YPF:
QUE devuelva todas las compañías públicas privatizadas fraudulentamente (como YPF en Argentina y YPFB en Bolivia) a los legítimos dueños que son según las legislaciones vigentes los pueblos de cada país.
QUE cancele todos los contratos de exploración y explotación suscritos bajo procesos no democráticos, a espaldas del pueblo y bajo esferas corruptas.
QUE se retire de aquellos lugares en los que las poblaciones locales no quieren que desarrolle su actividad o donde represente un riesgo para la salud pública y ambiental.
QUE reinvierta sus beneficios en investigación para reparar el medio ambiente dañado, curar a los enfermos (pulmonares y leucemia entre otros) y resarcir a las víctimas de accidentes y a las comunidades afectadas.
QUE no intervenga en áreas protegidas y territorios indígenas.
QUE informe con transparencia al afectado de los impactos implícitos de la producción petrolera y al consumidor de los costos ambientales y sociales del producto.
1) En COLOMBIA:
QUE suspenda su acuerdo de asociación con la empresa estadounidense Oxy y con la empresa estatal colombiana Ecopetrol, dado que su actividad en la explotación de la Asociación Cravo Norte, en el Departamento de Arauca, es responsable del desplazamiento de pueblos indígenas, como es el caso de los U’wa y de los guahibos en los llanos orientales del país.
QUE deje de facilitar ayuda financiera a unidades militares del Ejército Nacional con vínculos probados con los grupos paramilitares, contribuyendo a perpetuar la dinámica de guerra sucia contra las organizaciones sociales de Arauca.
2) En ECUADOR:
[UTF-8?]QUE, sin dejar de tener presente la obligación primordial del Estado Ecuatoriano de respetar, proteger y garantizar todos los Derechos Humanos de todos sus ciudadanos, las empresas petroleras Eni Agip, Repsol YPF y Perenco, miembros del consorcio OCP, detengan inmediatamente la exploración de nuevas reservas de combustibles fósiles en áreas protegidas y territorios indígenas y restauren todas las aÌ?reas afectadas por la construcción del OCP y la exploración y explotación de petróleo e indemnicen a todas las poblaciones que han sido afectadas.
QUE el Estado español garantice que la Repsol no contribuyan a violaciones de Derechos Humanos en el Ecuador. El Estado español tiene que garantizar el respeto de la ley nacional respecto a Àreas Protegidas y territorios indígenas, como es el Parque Nacional Yasunì, y asumir su obligación en la reparación por las daños causadas a la Nacionalidad Indígena Huaorani y a los pueblos en Aislamiento Voluntario que allí viven. Que se reconozca la deuda ecológica causada por las operaciones de Repsol en Ecuador.
3) En BOLIVIA:
QUE cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulos los contratos firmados con el Estado boliviano, mediante los cuales Repsol YPF opera en Bolivia, puesto que son ilegales ya que en ningún momento han sido aprobados por el Congreso Nacional como corresponde según la Constitución Boliviana.
QUE respete la soberanía nacional y no intervenga en la determinación de políticas de Estado y de Gobierno, en el proceso de privatización y en la elaboración de las políticas nacionales del sector de hidrocarburos, porque esto supone una violación del derecho de autodeterminación, así como de la soberanía e independencia del país, derechos reconocidos en su Constitución.
QUE cese el etnocidio que provocan sus operaciones en territorios indígenas reconocidos por ley, que de hecho conlleva una violación de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución Boliviana.
4) En ARGENTINA:
QUE abandone y repare la contaminación de comunidades indígenas, como en el caso de los territorios mapuches de Loma de la Lata, en la provincia argentina de Neuquén, donde las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil presentan niveles de intoxicación alarmantes por la acumulación de metales pesados en sus tejidos corporales.
QUE devuelva la deuda contraída con los ex-trabajadores por el Estado cuando se privatizó la empresa hace 12 años, en concepto del 14% del paquete accionario de YPF.
QUE atienda a los reclamos laborales en la provincia de Santa Cruz, libere a los trabajadores detenidos y responda por los perjuicios ocasionados a las familias de los nueve detenidos durante un año en Caleta Olivia.
QUE no aplique sobre precios en el suministro de las garrafas de gas, la cual, con un aumento del 150% en los últimos tres años, se ha convertido en una carga para las ya de por sí debilitadas economías familiares.
5) En el ESTADO ESPAÑOL:
QUE reconozca la deuda ecológica adquirida con los países latinoamericanos -lo que implica pedir públicamente perdón por los daños y perjuicios causados-, estableciendo mecanismos para su restitución y aplicando políticas empresariales que eviten su generación.
QUE cree un fondo de compensación por los daños producidos a causa de la deuda ecológica adquirida en los países donde opera.
QUE respete la prohibición de no invertir en proyectos que no cumplan los estándares ambientales, laborales y sociales aplicables en el país de origen, además de derogar todos aquellos modelos de producción, transporte y comercialización dependientes de la importación de energías no renovables así como la utilización de espacios ambientales fuera del territorio español.
Firmado:
Acción Ecológica (Ecuador)
Asamblea del Pueblo Guaraní (Bolivia)
Campaña ¿Quién debe a quién? (Estado español)
Campaña Contrajunta de afectad@s por Repsol YPF 2006 (Estado español)
Campaña de Solidaridad con Colombia (Inglaterra)
Centro de Documentación e Información de Bolivia, CEDIB (Bolivia)
Cono Sur Sustentable (Argentina)
Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria en Casanare (Colombia)
Ecologistas en Acción (Estado español)
Ekologistak Martxan (Estado español)
FIAN International (Alemania)
Global 2000 (Austria)
Instituto Nacional Sindical, CED-INS (Colombia)
Libres del Sur (Argentina)
Observatorio de la Deuda en la Globalización (Estado español)
Observatorio de Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad (Estado español)
Observatorio sobre Turismo y Sostenibilidad (Estado español)
Observatorio de Corporaciones Transnacionales (Estado español)
Repsol Mata (Estado español)
Viva Amazonía (Austria)
Viena, 11 de mayo de 2006
[1] Según el artículo 24º de la CPE, las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas, sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas.
[2] Artículo 136º. I. Son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los que la Ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento.
[3] Artículo 137º. Los bienes del patrimonio de la Nación constituyen propiedad pública, inviolable, siendo deber de todo habitante del territorio nacional respetarla y protegerla.
[4] Artículo 139º. Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. La exploración, explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados, corresponden al Estado.
[5] Artículo 132º. La organización económica debe responder esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar para todos los habitantes, una existencia digna del ser humano.
[6] Artículo 133º. El régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo de la seguridad del Estado y en procura del bienestar del pueblo boliviano.
[7] CPE.-Artículo 134º. No se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la independencia económica del Estado. No se reconoce ninguna forma de monopolio privado.
[8] CPE: Artículo 59º. Son atribuciones del Poder Legislativo: 5ª. Autorizar y aprobar (…) los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales. 7ª. Autorizar la enajenación de bienes nacionales.
[9] Artículo 1º. I. Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural constituida en República Unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa y participativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos.
[10] CPE.-Artículo 25º: Dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por ningún título, suelo ni subsuelo, directa o indirectamente, individualmente o en sociedad.
[11] Que reconoce los territorios indígenas como territorios inalienables y sobre los cuales no se puede intervenir sin una consulta previa a las comunidades afectadas y sin una declaratoria de Utilidad Pública realizada por el Estado.
[12] En el que se establecen los derechos de los pueblos indígenas al territorio y a la organización de este según sus usos y costumbres, la protección del Estado y el derecho a la consulta para cualquier intervención.
[13] CPE.- Artículo 171º. I. Se reconocen, se respetan y protegen en el marco de la Ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones.
[14] CPE: Artículo 7º. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: a la vida, la salud y la seguridad; a recibir instrucción y adquirir cultura; a la propiedad privada, individual y colectivamente, siempre que cumpla una función social; a una remuneración justa por su trabajo que le asegure para sí y su familia una existencia digna del ser humano; a la seguridad social, en la forma determinada por esta Constitución y las leyes.